Intimidación contra promotor de derechos humanos de la Fundación DHOC

Mediante un comunicado firmado el 14 de junio, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro Colombiano (DHOC), informó que ese mismo día el fiscal y promotor de esta fundación en el departamento de Guaviare, Julio Armando Fuentes, fue amenazado mediante un mensaje de texto por un grupo armado que se hace llamar Renacer del Erpac.

El mensaje, que llegó a su celular personal, dice lo siguiente: “senor (sic) julio reciba un cordial saludo del comandante andresito jefe del renacer del erpac queremos realizarle la última advertencia sabemos que usted es un líder social al servicio de las Farc”.

Según el comunicado, este mensaje que es intimidatorio y estigmatizante, lo recibió Fuentes mientras participaba en el espacio para constituir la mesa interinstitucional del gobierno nacional con las organizaciones campesinas de los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico y San José del Guaviare.

“El mensaje hace señalamientos, además de falsos, pone en peligro la vida del coordinador de la fundación DHOC en el Guaviare y dirigente campesino de la cooperativa Cooagroguaviare”, dice el comunicado. 

El identificador de llamadas de Fuentes logró mostrar la ubicación del teléfono de donde salió el mensaje. “Del famoso Andresito sí conocemos que efectivamente es el que nos amenaza. Está detenido en una cárcel porque de ahí salió el mensaje”, dice el líder.

Fuentes dice que la acusación de que trabaja para las Farc (Estado Mayor Central) es falsa. “Nosotros en la Fundación DHOC tendemos puentes con todos los actores armados para que haya acercamientos en la construcción de la paz”, argumenta. Dice que como prueba de ello, preside desde hace cuatro años el Comité Técnico del Consejo de Paz del departamento de Guaviare y también el Consejo de Paz de Reconciliación y Convivencia del municipio de San José.

Hace parte de los consejos de política social del municipio de San José, del Consejo de Derechos Humanos del Departamento de Guaviare y del Consejo de Planeación del departamento. “Todo en aras de la construcción de la paz. Convencidos de que si nosotros estamos en estos espacios de participación, damos nuestras opiniones. Y, por supuesto, cuando no estamos de acuerdo, sentamos los precedentes y de esa manera podemos hacer procesos de construcción de paz en todo el territorio”, señala Fuentes.

Dice el comunicado que en el mes de marzo del presente año, “salió una lista, proveniente al parecer del grupo armado que hace presencia en el caserío La Paz, del municipio de El Retorno, en la que aparece el señor Julio Armando Fuentes y otras personas, como personas indeseables en la región, a las cuales había que limpiar”.

Fuentes dice que recibió información el 29 de mayo de unos campesinos de la región de la Lindosa, que habían escuchado comentarios en los que se decían que “tuviera cuidado cuando fuera a movilizarse por la vía que de San José del Guaviare conduce al corregimiento El Capricho, que era mejor que evitara problemas”.

Inseguridad para defender derechos humanos en Guaviare

El departamento de Guaviare ha sido nombrado popularmente, desde décadas atrás, como ‘zona roja’ y, por el Estado, como ‘zona especial de orden público’. Los gobiernos nacionales han llegado a este territorio con intervención militar y poca inversión social. El Plan Colombia en 1999 y el Plan Patriota, entre 2002-2010, ambos financiados por Estados Unidos, se implementaron con más fuerza en este departamento, con el objetivo de dar solución al narcotráfico pero no a las causas sociales y económicas a las que llevaba el cultivo de hoja de coca y su transformación en cocaína.

En cambio, se implementó la política antidrogas con la fumigación aérea, grandes operativos entre la Policía Antinarcóticos, el Ejército y la Armada Nacional contra grupos armados ilegales y campesinos que la cultivaban. Desde entonces, la población civil ha estado en medio, recibiendo las mayores afectaciones. Han sido señalados de ser colaboradores o militantes de las antiguas Farc, por lo que se han dado asesinatos, persecución y desplazamiento.

En el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, en Guaviare pocos combatientes dejaron las armas, según dice Fuentes. “Con esa situación y con los incumplimientos del gobierno hacia el Acuerdo de Paz, otros sectores de la guerrilla se reactivaron. Y en ese contexto nos hemos venido moviendo”.

Los incumplimientos a los que se refiere Fuentes son con el Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales, los mismos actores armados han impedido el avance de estos. Las estructuras post Farc como el Estado Mayor Central con los frentes 1, 41 Antonio Ricaurte y 39 Arcesio Niño, están activas, configurando nuevas formas de control de la tierra, llevando a la deforestación de la Amazonía para sembrar grandes extensiones de palma africana y ganadería.

Las nuevas insurgencias que se quedaron en el territorio señalaron a la organización como traidora, y declararon a sus miembros  objetivos militares en el 2017. “Esa situación fue superada por iniciativa nuestra. Tomamos la decisión de decirles que nosotros no estábamos allá traicionando a nadie, que nuestra labor era fundamentalmente promotora y defensora de derechos humanos”, dice el líder de la Fundación DHOC.

A la vez, en Guaviare se fueron activando actores armados de derecha que señalaban a la organización de hacer parte de las guerrillas. “Encontramos que hace más o menos un año, se viene reactivando una cosa que se llama Erpac, que es una organización heredera de los paramilitares en la región, de alias 'Cuchillo', quien ya no nos acompaña en este mundo, pero sí sus hermanos. Uno de ellos es el que viene haciendo estos señalamientos y acusaciones contra nosotros”, asegura Fuentes.

El Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac) nació con el fin de suplir al gobierno colombiano para luchar contra las guerrillas izquierdistas, dice InSight Crime, un medio de comunicación dedicado a investigar el crimen organizado en América Latina. Este grupo armado surgió a principios del 2000 en los Llanos Orientales, en los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Casanare, controlando la producción de base de coca y cocaína procesada.

En el año 2011, el Erpac hizo negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos pero menos de la mitad de sus integrantes entregaron las armas; el resto siguió combatiendo en esa región. Se dividieron en dos grupos, Libertadores de Vichada y Bloque Meta, ambos  empezaron a hacer negocios con la guerrilla y otros exparamilitares. (Leer más en: El Erpac se desmoviliza en Meta)

Cuenta Fuentes que ese mismo grupo intentó asesinar a la secretaria de la Fundación DHOC en el municipio de Uribe, Meta, el 31 de enero de este año: “Al que mandaron a matarla no la conocía, habló con nuestra secretaria y pues como no la conocía no la pudo matar. Esas son de las cosas que uno aprende en el diario, a saberse camuflar, a decir cosas contrarias para proteger la vida”.

El 8 de mayo un miembro de la Junta Directiva de DHOC recibió amenazas a través de mensajes de texto y el 15 de mayo, el representante legal recibió amenazas de la misma manera, pero antes, en marzo fue hostigado. “Lo persiguieron varios vehículos, y como él anda con un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, no pudieron agarrarlo porque los escoltas que andan con él hicieron varias acciones evasivas”, comenta Fuentes.

Todas esas amenazas, persecuciones y hostigamientos generan una grave crisis en la defensa de derechos humanos en Guaviare y dejan a los líderes desprotegidos. “Como organización promotora y defensora de derechos humanos, nacida del seno del campesinado, siempre hemos estado pendientes de atender las quejas que tiene el campesinado frente a las violaciones a los derechos humanos a los que estamos sometidos”, dice Fuentes.

Al denunciar estos hechos también, como respuestas, reciben amenazas e intimidaciones. “Yo, personalmente vengo denunciando a ese grupo (Erpac), evitando que sigan pasando este tipo de cosas. Hemos estado hablando con las autoridades, con el gobierno, analizando la situación. Pero bueno, las autoridades a eso no se le ha puesto atención todavía. Eso es bastante delicado”, concluye.