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Norte de Santander
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Gabriel Silva Luján
Unidad de análisis de Verifico
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De nuevo, la Guardia Campesina del Catatumbo es equiparada con grupos armados. Antes era con las guerrillas y ahora también con grupos paramilitares.
La Guardia Campesina hace acompañamiento a líderes sociales que dialogan con el gobierno exigiendo inversión social en el Catatumbo, ya que las amenazas de muerte son constantes por parte de quienes se oponen a estos diálogos.
La estigmatización contra estas guardias genera riesgos para defender derechos humanos en el Catatumbo y se agudiza la crisis humanitaria que allí se vive.
12 de julio de 2024 * Colombia
En la red social X, Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa (2009-2010) reposteó una noticia de la W Radio donde, en un video, muestra a una Guardia Campesina a las afueras de la Gobernación de Norte de Santander. El medio informa que allí se realiza una reunión de la Mesa de Interlocución del Catatumbo (MIC) donde se buscan acuerdos para evitar un paro en la región.
Luján, quien también es columnista de la revista Cambio, compartió la noticia con la siguiente frase: “Paramilitarismo popular a plena luz del día”. Esa publicación fue compartida el 19 de junio y alcanzó los 57.700 reproducciones y 387 comentarios. El ex ministro respondió a algunos comentarios que defienden a la Guardia Campesina, continuando con la estigmatización y justificando su comparación con el paramilitarismo.
“El ‘paramilitarismo’ cobija a toda organización que en sus formas y misión sustituye o asume total o parcialmente las funciones de las fuerzas del Estado y aplican la fuerza, la coacción y la intimidación. Las guardias que promueve el gobierno caben ampliamente en esa definición”, dijo.
La guardia que se ve en el vídeo es de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). Sin embargo, el exministro se refiere a la Guardia Campesina en general.
Para Evelio Torres, coordinador general de la Guardia Campesina de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), esa afirmación acarrea un riesgo grande para las diferentes guardias que hay en la región del Catatumbo. “Pone en peligro nuestra seguridad y nuestra vida. La idea es tratar de dejar una imagen oscura frente a lo que es nuestra figura”, dice.
Torres afirma que esas acusaciones hacen mucho daño y no permiten que el gobierno reconozca legalmente a las guardias campesinas. “De esa comparación se puede decir que el exministro de Defensa Gabriel Silva desconoce nuestra figura como guardia y nuestra función como defensores de los derechos humanos y la paz”, agrega.
Orangel Galvis, coordinador de la Guardia Campesina de Asuncat, explica que más que estar custodiando la Gobernación, estaban “haciendo acompañamiento a todos los líderes que estaban negociando con el gobierno, ya que no había garantía para que estuvieran ese día ahí en la mesa”. Muchos de ellos han recibido amenazas por estar interlocutando con el gobierno.
Cerca de cien integrantes de la Guardia Campesina esperaban a los alrededores de la Gobernación de Norte de Santander donde se adelantó, durante dos días, la Mesa de Interlocución del Catatumbo que se había instalado en marzo pero que no se había cumplido nada de lo acordado, como la declaratoria por parte del gobierno nacional de emergencia social, económica y ecológica en el Catatumbo. O la inversión social que desde hace décadas están solicitando.
Otro de los comentarios de Silva Luján afirma que las guardias no tienen bastones sino garrotes, “que el código penal define como arma contundente”. Ese bastón, dice Galvis, “es un símbolo de resistencia. No hay una ley que diga que el bastón patriótico es un arma. Sólo es un bastón que nosotros cargamos como símbolo y lleva nuestras insignias representativas como campesinos”.
Crisis alimentaria en el Catatumbo
Para el 15 de marzo, los campesinos de esta región del país tenían planeado un paro debido a la crisis alimentaria que están viviendo por la caída de compra de pasta base de coca y el incumplimiento en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito para todas las familias que siembran hoja de coca.
El 3 de marzo, después de la presión al gobierno nacional desde las alcaldías locales que decían que no aguantan un paro más y los mismos campesinos que insistían en salir a paro, se creó la MIC para intentar resolver la crisis. Los campesinos se declararon en asamblea permanente esperando cómo evolucionan las respuestas del gobierno y en ese sentido poder determinar si hay o no paro.
Para los días 20 y 21 de junio se iba a realizar la quinta sesión de la MIC pero, alegando incumplimientos, los campesinos decidieron levantar la mesa el 25 de junio, según un comunicado público firmado por seis organizaciones sociales del Catatumbo, entre ellas Asuncat.
“Desafortunadamente fue imposible abordar la agenda (...) la jornada empezó en horas de la tarde del primer día porque no se había solicitado el espacio en la Gobernación. (...) En el segundo día el Gobierno planteó que solo podía tocar tres puntos de la agenda por cuestión de tiempo”, dice el comunicado.
Ante la situación, la delegación del Catatumbo propuso al gobierno desarrollar la sesión completa los días 25 y 26 de junio en La Gabarra, Tibú. El anterior ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, propuso que se desarrollara el 2 y 3 de julio en Cúcuta. Y ahí todo quedó estancado nuevamente, por ello la decisión de levantarse de la mesa.
Los incumplimientos que reclaman las organizaciones incluyen la asistencia humanitaria a las comunidades en la zona, la seguridad de los líderes sociales y campesinos amenazados por grupos armados y los escasos avances en los planes de sustitución de cultivos ilícitos siguen sin resolverse.
Uno de los puntos en los que más hace énfasis y más preocupa a la delegación de la MIC está relacionado con la desfinanciación de los Planes de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pues del presidente Gustavo Petro ha indicado que faltan recursos para ejecutar esos programas.
Además, no se desarrollaron las 11 asambleas cocaleras propuestas, los jóvenes se quedaron esperando al viceministerio de la Juventud para los programas Jóvenes en Paz, el Ministerio de Minas no llegó a la región, el Departamento Nacional de Planeación no realizó el programa de atención al Sisben, y el diálogo para la atención a la reparación tampoco avanzó. Las líneas productivas no se han podido abordar, las denuncias de amenazas no han parado y no hay ninguna respuesta del gobierno.
“Ante el panorama de incumplimiento nos vemos en la necesidad de no continuar con la MIC que no avanza en las soluciones concretas. Queda abierto, entonces, el camino de la movilización para reclamar efectivo cumplimiento de los acuerdos que hagan realidad los derechos de los campesinos y la construcción de paz en el Catatumbo”, dice al final el comunicado de la delegación de la MIC.
Tanto Galvis de Asuncat, como Torres de Ascamcat, dicen que la situación de violencia ha estado calmada en el Catatumbo después de tres años con el cese al fuego y los diálogos de paz con los diferentes actores armados que allí confluyen: Estado Mayor Central y ELN. Ahora, los problemas estructurales son los que faltan por resolver y la seguridad para los líderes sociales que insisten en que los gobiernos lleguen con inversión social, pues hay bandas delincuenciales y de narcotráfico que generan zozobra, sobre todo en las zonas urbanas.
Es por ello que la Guardia Campesina llegó a estas reuniones en Cúcuta “para acompañar a los líderes campesinos por la falta de garantías por parte del Gobierno frente a las amenazas de muerte a los líderes del paro cocalero”, señala el comunicado en el punto 10.
La Guardia Campesina de Asuncat existe hace cuatro años. El objetivo es la defensa del territorio y la defensa de los derechos humanos, dice Galvis, el coordinador de esta guardia. Las Guardias Campesinas son conformadas por delegados de las Juntas de Acción Comunal y de las organizaciones sociales que hay en cada territorio.
Otra de las funciones de las guardias campesinas es “arrebatarle a hombres, mujeres y niños a la guerra. Ese es nuestro objetivo para que sean personas protectoras del territorio y de todos los derechos humanos”, dice Galvis.
Entre el 14 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2024
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