Amenazan a líder y activista ambiental

El 12 de enero, Juan David Amaya salía de su casa cuando fue interceptado por un hombre en moto que, al detenerse, lo amenazó. Amaya es un joven de 19 años que ha dedicado su vida a liderar iniciativas por los jóvenes, la protección y cuidado del medio ambiente y la crisis climática. Es cofundador y director ejecutivo del colectivo ambiental Life of Pachamama.

“Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, cuando salía de mi casa para caminar cerca de una vereda, un hombre que se desplazaba en una motocicleta pequeña –calculo que tenía menos de 30 años– se me acercó. Me tomó del brazo y me dijo que, por seguir hablando de ‘esas maricadas’, me iban a mandar a tres metros bajo tierra. Es algo que no esperaba y que me ha dejado bastante preocupado y con miedo, sobre todo porque no solo se trata de mí: vivo con mi familia, con mi mamá”, denuncia Amaya.

Un comunicado de Life of Pachamama, firmado por otras 16 organizaciones, asevera que las amenazas “ponen en riesgo su vida y seguridad, junto a la de su entorno más cercano. Este tipo de ataques no solo vulneran derechos fundamentales –la vida, la libertad, la integridad física– sino que erosiona el tejido democratico y la posibilidad de participación ciudadana efectiva”.

Amaya le dijo a VERIFICO que es posible que estas acciones estén relacionadas con su activismo en contra del uso de hidrocarburos y la defensa del medio ambiente y el territorio. 

“Durante mucho tiempo me he movilizado en defensa de la naturaleza, especialmente a favor de la salida de los combustibles fósiles en la región. También me he movilizado en defensa de que la palma de aceite, como no nos lo han hecho ver, no es vida. Y me he movilizado por Escazú. No sé exactamente cuál de estos tres temas fue el detonante de lo que pasó. Eso me deja en una incertidumbre constante. Son temas que generan molestia; no en toda la gente, pero sí en ciertos sectores”, explica Amaya.

El acuerdo de Escazú es un pacto regional para garantizar el acceso a la información y justicia ambiental y para promover la participación pública y ciudadana en los proyectos de esta materia. Además, con este se busca garantizar entornos seguros para los líderes, activistas y comunidades que se dedican a proteger los territorios. 

Además de las denuncias que ya se hicieron a la Fiscalía General, las organizaciones piden que inmediatamente se dé la apertura de una investigación “sin espacios para la impunidad”, la adopción de medidas integrales de protección, la garantía del derecho a la participación ciudadana y el rechazo rotundo de todos los sectores a lo sucedido.

“Hacemos un llamado urgente y sentido a la comunidad internacional para que se unan a la defensa de quienes se juegan la vida para promover un futuro más justo y respetuoso de la dignidad humana (...) La defensa de la vida la justicia, la libertad no es negociable”, concluye el llamado de Life of ̀Pachamama. 

El activismo de Amaya comenzó desde los 13 años y no se ha detenido. Su trabajo lo ha llevado a participar en las Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas y fue nombrado por la revista Forbes a su lista de ‘30 Under 30’ por su liderazgo.

“En defensa de estos principios he venido generando diferentes iniciativas, proyectos, campañas y procesos que permitan en que las niñeces, las adolescencias y las juventudes van a tener una acción e incidencia directa en los diferentes escenarios donde se decide sobre su futuro”, afirma el joven. Uno de sus mayores logros fue llevar a la COP30 en Belem, Brasil, una declaratoria para pedir una participación de jóvenes en la gobernanza socio-ambiental.

El caso de Amaya no es un hecho de violencia contra líderes ambientales aislado. Colombia completa siete años consecutivos como el país con más asesinatos de defensores sociales y de derechos humanos en el mundo, de acuerdo con los informes globales de la organización Front Line Defenders. A esto se suma que el país, por tercer año seguido, encabeza la lista de los países más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente, según Global Witness.

Las cifras reflejan un panorama alarmante. En su informe más reciente, de 2024, Front Line Defenders documentó 157 asesinatos de líderes sociales en Colombia, de un total de 324 registrados en 32 países, lo que representa el 48 por ciento del total mundial. Esta cifra supera ampliamente a la de México, el segundo país con más casos, que reportó 32 asesinatos (10 por ciento).

En cuanto a los defensores ambientales, Global Witness señala que entre 2012 y 2024 se registraron en Colombia 509 asesinatos. El año 2023 marcó un récord histórico con 79 líderes ambientales asesinados, la cifra anual más alta jamás documentada.