Desde inicios de este año, el Catatumbo vive una oleada de violencia que ha sumergido la región en una de las peores crisis humanitarias que le ha tocado padecer a sus habitantes durante décadas. Esta vez los enfrentamientos entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han dejado al pueblo en medio de una guerra que ya había sido advertida por diferentes organizaciones sociales y derechos humanos que trabajan allí. Más de 50.000 personas desplazadas y 52 asesinatos es el saldo que queda hasta ahora. (Leer más en Crisis en el Catatumbo: el pueblo en medio de una guerra anunciada)

Y justamente por denunciar y advertir la situación, y por el hecho de buscar la pacificación de esta región del nororiente del país muchos líderes sociales han sido desplazados, estigmatizados y asesinados. Los grupos armados presentes no dan tregua en disputa por el control de esa zona limítrofe con Venezuela que es significativa para el narcotráfico, y apetecida por los recursos naturales que les permiten realizar minería ilegal para su financiamiento.

La población viene exigiendo a los diferentes gobiernos de turno que atiendan la situación en el Catatumbo de manera integral; sin embargo, la respuesta es poca. Cuando el gobierno de Gustavo Petro declaró un estado de conmoción interior en la zona para intentar hacerle frente a la crisis, muchas organizaciones sociales se opusieron porque consideran que la solución no es militar en primera instancia sino de resolver la crisis económica, de salud, vivienda o educación que no es atendida.

Sin embargo, esas mismas organizaciones sociales fueron estigmatizadas por parte del presidente Petro en el marco del Consejo de Ministros realizado el 3 de marzo. Este encuentro, que fue televisado en vivo, estuvo enfocado en la situación del Catatumbo. Cuando iban dos horas de la discusión, tomó la palabra Alexander López Maya, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y después de dar un panorama de cómo está esta región, dijo que se ha reunido con comunidades para avanzar en una transformación del territorio.

López Maya dijo que han tenido reuniones permanentes desde hace 18 meses con quienes han venido trabajando, incluyendo a Asojuntas en todo el Catatumbo, el Movimiento con la Constituyente Popular, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Comité por la Integración del Catatumbo (Cisca) y la Asociación Campesina del Catatumbo (Asuncat), además de otras organizaciones y comunidades en general con las que están haciendo la construcción del llamado Pacto Social en el Catatumbo que apunta a la erradicación de cultivos de coca, la implementación de programas sociales e infraestructura vial para la región.

Después de escuchar a varios ministros dar sus informes, Petro dijo que “sabemos que muchas de las organizaciones que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas. Aún así hay que quitarle la población a las armas. No se trata de llevarle recursos a las armas que hay allá”.

El Espacio Autónomo de la Sociedad Civil de Norte de Santander, del que hacen parte las organizaciones mencionadas por el director del DNP, se pronunció mediante un comunicado público, firmado por 12 colectividades, rechazando las palabras del mandatario nacional. Dicen que ese señalamiento es irresponsable y pone en riesgo la vida e integridad de las comunidades.

Además, el presidente Petro lo hace en un contexto de emergencia humanitaria, “producto de los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales y en el marco de la declaratoria de una conmoción interior que destina cuantiosos recursos para sostener una gran operación militar en marcha en nuestro territorio, que no va a resolver los problemas de fondo, agravando la condición de alto riesgo de centenares de líderes y lideresas que hoy tratan de salvaguardar su vida de la violencia generada por unos y otros”, dice el comunicado.

Por su parte, Ascamcat le pidió al Jefe de Estado que rectifique tales declaraciones, “porque agudiza la estigmatización de nuestra organización campesina, suprime nuestras garantías para la participación política, (y) profundiza las condiciones de riesgo”, dice el comunicado. Resaltan la organización que durante sus 20 años de existencia ha tenido que afrontar la alta carga de estigmatización y amenazas, el asesinato de 17 líderes y decenas de montajes judiciales.

Cisca también se refirió a las palabras del presidente Petro por medio de una carta donde le dice que él conoce a la organización y que han caminado a su lado durante muchos años, apoyando sus iniciativas. “Lamentamos el giro drástico que ha decidido dar su gobierno. (...) Sin embargo eso no le da derecho a señalarnos, a poner una lápida en la misma espalda que lleva el peso de la incapacidad y falta de voluntad de su gobierno en este territorio. Presidente: en el marco de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el Catatumbo, nuestras vidas quedan en sus manos”.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo apoyó a las comunidades del Catatumbo, reconociendo que estas han estado en “contextos extremadamente hostiles” y que han sido vulneradas por todos los actores armados, presionadas para que se alineen con uno o con otro, con la ausencia de una protección integral y efectiva por parte del Estado.

“No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”, dice la entidad.

Muchas otras organizaciones sociales del Catatumbo y de otras regiones del país se pronunciaron apoyando a quienes fueron señalados y rechazando las acusaciones del presidente. La Coordinadora Nacional Agraria (CNA) dijo que esas palabras declaran objetivo militar a las organizaciones y comunidades. “Tales declaraciones se parecen mucho, demasiado, a las mismas que históricamente los gobiernos de derecha y ultraderecha realizaban constantemente en un ejercicio de criminalización de las legítimas e históricas luchas sociales”, dijo CNA en un comunicado.

Carmen García, presidenta de la organización Madres del Catatumbo, que también firmó el comunicado de rechazo, dice que esa aseveración del mandatario “pone en peligro a muchas defensoras de derechos humanos que no tenemos nada que ver en esa situación en la que dice el presidente”.

Sin embargo, reconoce que una estrategia que desde hace mucho tiempo han implementado los grupos armados es la de entrar a las organizaciones haciéndose pasar por líderes sociales para tener información. “Es cierto que en la región hay falsos líderes que se camuflan en las organizaciones, y eso en cualquier momento lo íbamos a decir”, dice García. Pero enfatiza: “Lo que sí estuvo mal por parte del presidente fue generalizar”.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, instituto que viene trabajando en el Catatumbo hace años, dice que el presidente Petro, con sus afirmaciones, desconoce la realidad de ese territorio y que es apresurado hacer este tipo de señalamientos porque “sí puede haber una afiliación entre armados y civiles, pero es una afiliación que está mediada por la coacción, la violencia y el control en medio de un Estado que ha estado ausente en los territorios”.

Agrega la investigadora que tanto los grupos armados como el Estado ven a los líderes como un objetivo para sus intereses. “Los grupos armados han funcionado como mediadores entre el gobierno y las comunidades, lo que es nefasto porque el primer actor a negociar serían las comunidades, pero quien tiene el control territorial son los grupos y por eso negociamos con ellos”.

Amenazas contra los liderazgos

Ascamcat denunció que el 23 de enero fueron amenazados, desterrados y despojados por el ELN tres presidentes de Junta de Acción Comunal de veredas de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander. “Este conjunto de agresiones representa un ataque deliberado contra el liderazgo social y la construcción de paz territorial debido a su labor comunitaria en defensa de los derechos de las comunidades campesinas del Catatumbo”, dice el comunicado.

El 7 de febrero, Cisca también denunció que su proceso social está en riesgo y que sus líderes y miembros deben ser protegidos porque hay un acoso sistemático contra ellos por parte de todos los grupos armados que hay en la región: “Denunciamos los perfilamientos, estigmatizaciones, señalamientos y acusaciones que buscan nuestra muerte política y física. A la fecha han sido perfilados más de 20 de nuestros líderes provocando confinamiento, desplazamiento y temor generalizado”.

García, de Madres del Catatumbo, dice que como mujeres también han sido estigmatizadas y violentadas. Ella misma ha sido amenazada en varias ocasiones. “Hay más de 30 mujeres de la organización que han sido desplazadas. El machismo no ha dejado de existir en Colombia y nuestro trabajo nunca ha sido reconocido en ningún lado. Nos agreden a diario y eso no es visibilizado”, dice.

Esas violencias por parte de los grupos armados contra las comunidades y que son denunciadas con insistencia, están basadas en que para uno y otro bando los líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y población en general son el apoyo de su enemigo, por el sólo hecho de vivir en un territorio controlado por algún grupo armado.

La revista Punto de Encuentro Nº 82, publicada en enero de 2025 por Indepaz y dedicada al Catatumbo, dice que este territorio, históricamente marcado por la violencia, la exclusión y las economías ilícitas, sigue siendo el escenario de la reconfiguración del conflicto armado. La reciente arremetida del ELN, señala, “ha reavivado tensiones y disputas que no sólo afectan a las comunidades locales sino que también condicionan los esfuerzos para alcanzar una paz total”.

La declaración de conmoción interior por parte del presidente a finales de enero generó rechazo por parte de las organizaciones sociales, porque nuevamente la región se llenaría de militares y, una vez más, las soluciones de fondo no se concretarán. “Para las comunidades, en el discurso puede sonar muy bonito, pero la dificultad está en ejecutarlo porque siempre les han prometido eso. Entonces, claro, que se decrete la conmoción interior, la población necesita ver resultados frente a esos decretos. Y hasta el momento no se han visto”, dice Cabezas, de Indepaz.

“No hemos estado de acuerdo y no ha cambiado nada con la conmoción interior”, dice García. Agrega que no están de acuerdo porque ese decreto les trae más guerra, “eso viene desde gobiernos pasados. Nosotros veníamos diciendo que esta pelea se iba a prender en el territorio y que había que meterle inversión para que nuestros niños y niñas pudieran tener una oportunidad y nuestros campesinos pudieran hacer otra cosa diferente a la coca”.

Agrega Cabezas que ningún gobierno ha escuchado las advertencias ni las alertas tempranas porque no hay un interés de resolver la problemática social, pero sí hay interés por la explotación de hidrocarburos. “Hay batallones mineroenergéticos dedicados a proteger a las multinacionales. Porque hay un interés por recibir o captar los recursos de allí. Pero como la población, en ese sentido, ¿qué le podría ofrecer al Estado? Es perverso, pero así lo ven. Entonces, finalmente no nos interesa, no los protegemos (a la población)”.

Entre el  3 y 6 de marzo más de 40 organizaciones sociales realizaron una comisión de verificación llamada Abracemos el Catatumbo. Esta comisión, que empezó en Tibú y terminó en la vereda Caño Negro de este municipio, documentó las violaciones a derechos humanos que se venían presentando desde la arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc a mitad de enero.

El informe preliminar de esta comisión denuncia abusos de las fuerzas militares, reclutamiento de menores, la continuación de los enfrentamientos armados, desplazamiento forzado, amenazas a líderes y lideresas, desaparición forzada, restricciones a la movilidad y el evidente abandono estatal.

García, de Madres del Catatumbo, estuvo en esta comisión y dice que pudieron recibir cientos de denuncias sobre confinamiento, violación a los derechos humanos, además del poco retorno de las familias a las veredas después del desplazamiento ocurrido en enero. “Vimos las veredas casi vacías. Los que retornaron tienen miedo de movilizarse a otras partes, el miedo de salir, hasta arrancar un palo de yuca porque los territorios están minados, y el temor de qué va a pasar con sus vidas ahorita”, dice la lideresa.

En cuanto al Pacto Social por el Catatumbo, firmado en Tibú el 6 de marzo, al que también asistieron las mismas organizaciones que fueron estigmatizadas por el presidente Gustavo Petro, estas fueron claras en exigir que los recursos que se destinarán para esta medida en la que tienen algo de esperanza, no queden en manos de la corrupción, que no se priorice la inversión militar sobre la inversión social y que no se maltrate más a las comunidades en las intervenciones militares.

Este pacto, según el gobierno, con una inversión de 2,7 billones de pesos, consiste en la erradicación de 25.000 hectáreas de hoja de coca, la implementación de programas que contrarresten la siembra de cultivos de coca, la construcción de infraestructura vial y el desarrollo de un proceso de paz.

Cabezas plantea que la estrategia principal para que ese pacto funcione es que el gobierno nacional dialogue con la población y con los grupos armados, “no sólo con una parte. Aprovechar la decisión de desmovilización del Frente 33. Creo que puede ser la oportunidad para agilizar los diálogos y empezar a implementar lo que se ha acordado y con eso se puede llegar a una transformación territorial real que involucre a las comunidades, sus problemáticas”.

Los investigadores de Indepaz, en la publicación antes mencionada, proponen rutas para la reconversión productiva y económica para el Catatumbo, vista y trabajada con la población campesina y étnica, no con los intereses de empresarios, terratenientes o explotaciones mineras, pero sobre todo es necesaria la pacificación de esta región y la protección de liderazgos.

* Foto de portada: Ascamcat.