Alexander Pinto, quien tiene poliomielitis desde niño, atravesó medio país en muletas. Salió de Puerto Asís, Putumayo, el 3 de abril con la intención de estar el día 28 de ese mes en Bogotá para encontrarse con otros compañeros de varias regiones del Colombia que salieron en caravana y hacer un plantón como forma de protesta en la Plaza de Bolívar. De este modo buscaban exigirle al gobierno garantías en derechos humanos a personas con discapacidad.

En videos que compartió a VERIFICO se puede ver parte de su recorrido, que en unas ocasiones hizo caminando. En Casanare se encontró con más compañeros quienes salieron hacia la capital del país. En el camino dialogaron con familias que viven al borde de carretera y vieron que varios de sus integrantes tienen discapacidad sin ningún apoyo para una mejor calidad de vida, incluyendo una familia donde hay tres personas con discapacidad y en alto grado de pobreza.

Precisamente, esto es uno de los motivos por los que varios líderes que hacen parte de la Federación Colombiana de Discapacidad (Fediscol), decidieron ir directamente a dialogar con el gobierno central. Desde los departamentos de Bolívar, Córdoba, Casanare, Putumayo, Neiva y Norte de Santander, personas en situación de discapacidad se plantaron durante tres días en la Plaza de Bolívar para exigir una educación inclusiva, mayores garantías en salud, vivienda, empleo y apoyo a las personas cuidadoras.

El único censo nacional que se ha hecho en Colombia sobre la población con discapacidad fue en el año 2018, que arrojó que hay 3.100.000 personas en esta situación, que equivale al siete por ciento de la población nacional. Para Hernán Molina, que trabaja con la Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, ese censo no da cuenta de la realidad actual sobre la discapacidad en el país siendo la población rural la más excluida ya que hay lugares donde hay poco acceso.

Fernando Estupiñán, presidente de Fediscol calcula que para el 2025 pueden haber cinco millones de personas con discapacidad en todo el país, para las cuales no hay garantía de derechos. Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las personas en situación de discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

En 1991 quedó consignada en la Constitución Política de Colombia la protección especial para las personas con discapacidad. En 1997 se empezó a trabajar en una política pública nacional para este sector donde en 2004 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) publicó el Conpes 80 para reducir la vulnerabilidad de la población con discapacidad. En 2013 se publicó el Conpes 166 que garantiza condiciones de igualdad para esta población.

En el 2007, mediante la Ley 1145, se organizó el Sistema Nacional de Discapacidad. En 2010 se creó la Ley 1429 para promover la inclusión laboral. En 2013 se creó la Ley 1618, la más conocida en el país, que establece medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de niños y niñas.

“En Colombia hay un marco normativo a favor de la discapacidad, donde vamos a encontrar más de 60 leyes, normas, decretos, resoluciones, pero que todo se queda en el papel. Realmente no hay plena garantía de derechos. Lo poco que hoy en día se garantiza a la población con discapacidad es porque las personas o el familiar cuidador todo lo pelea con derechos de petición y tutelas”, dice Estupiñán, y agrega que todo el sistema nacional de discapacidad se debe reorganizar.

Los derechos a la salud, educación y empleo digno son los más vulnerados a esta población que enfrenta barreras diarias de discriminación que afectan su calidad de vida. Barreras físicas que se traducen en falta de accesibilidad y las de comunicación afectan a quienes tienen deficiencias auditivas, visuales o del habla. Además, existen prejuicios, estigmas al subvalorar sus capacidades y falta de sensibilización social, lo cual restringe aún más las oportunidades de estas personas. 

Molina, quien tiene discapacidad auditiva desde el nacimiento, dice que no hay acceso ni pleno cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y eso se manifiesta en las brechas e inequidades que hay en esta población, tanto en la urbana como en la rural. 

“La inclusión es un tema incipiente, a pesar de existir política pública y capítulo especial en el actual Plan Nacional de Desarrollo, falta mucho por hacer en los niveles nacional, regional y local. La inclusión a las personas con discapacidad debe llevar implícitamente una garantía por parte del Estado en lo relacionado con los derechos, económicos, sociales y culturales, pero también es una tarea que desde todos los sectores de la sociedad se debe asumir en procura del bienestar de este sector de la población”, dice.

En zonas rurales hay poca visibilización de esta población dadas las situaciones de orden geográfico, social y económico, dice. “Afrontan problemáticas estructurales como el acceso a servicios de calidad en los centros hospitalarios, donde en muchos casos se carecen de profesionales en distintas disciplinas médicas y hay muchas barreras en los servicios y de personas especializadas con sus patologías”, agrega Molina.

Cuando la atención a la salud debe ser prioritaria para esta población, tienen que hacer filas, poner tutelas para medicamentos, incluso existen centros hospitalarios sin la infraestructura para garantizar el acceso en sillas de ruedas o a personas sin el sentido de la vista. Diferentes líderes manifiestan que la población en discapacidad se encuentra en abandono total y la salud es el derecho más vulnerado, lo que se traduce en discriminación.

Estupiñán, de Fediscol, hizo un ejercicio para revisar cómo estaba el tema de inclusión escolar y solicitó a las 116 alcaldías de Cundinamarca y a las 132 alcaldías de Boyacá un informe para conocer la cantidad de estudiantes con discapacidad que hay en escuelas y colegios. “Realmente nos pifiamos, no tienen esos datos. La población con discapacidad sigue encerrada porque no hay garantías de derechos, no hay accesibilidad, no hay escuelas y colegios accesibles, no hay docentes de apoyo”, dice. Cree que la educación temprana a esta población es un derecho primordial para que tengan más herramientas para acceder a educación superior y al mercado laboral.

En cuanto al empleo, es uno de los derechos donde más se presenta discriminación y estigmatización a la población con discapacidad como lo manifiestan algunos de los líderes entrevistados. Según el informe trimestral del Departamento Nacional de Estadística (Dane), entre enero y marzo de 2025, la tasa global de participación de la población con discapacidad en el mercado laboral fue 22 por ciento en comparación con la población sin discapacidad de 66.8 por ciento, “lo que significó una diferencia negativa de 44.8 puntos porcentuales entre ambas poblaciones” dice el informe.

Claudia Duque, quien tiene discapacidad visual, es presidenta y fundadora del Movimiento Latinoamericano de Personas con Discapacidad, Familia y Cuidadores. Dice que a los empresarios no les interesa dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad. “Tener una discapacidad en Colombia es prácticamente tener las puertas cerradas. Oportunidades laborales no hay, porque tanto la empresa pública como la privada tienen mucho miedo a darnos trabajo a nosotras las personas con discapacidad, porque tienen que adecuar los espacios y no quieren invertir en ello”, dice, y agrega que ella lleva tres años desempleada.

Estupiñán hizo un recorrido por todos los departamentos del país, con recursos propios, para verificar la situación de las personas con discapacidad y se encontró con condiciones de precariedad. “La gente aguanta hambre, no tienen viviendas dignas, no hay atención a la salud, sufren humillaciones, maltratos, matoneo, no hay quien los defienda. No se conoce lo que hoy vive una población con discapacidad. Hoy vivimos en la peor miseria”, afirma.

La exclusión en todos los derechos básicos reflejan la discriminación que tienen que padecer a diario por su condición. Molina, por ejemplo, dice que ha sido discriminado por su discapacidad auditiva, “hablo muy fuerte, por la razón que necesito escuchar lo que hablo. Observo que no hay tolerancia por parte de las personas para saber entender que esa cualidad hace parte o es consecuencia de mi problema auditivo”.

En general, la información estadística o investigaciones sobre la situación de la discapacidad en Colombia es muy poca. Muchas de las situaciones de discapacidad que han tenido las más de 3 millones de personas son de nacimiento, otra parte por accidentes, y el conflicto armado también ha dejado un saldo grande. Según la Unidad para las Víctimas, de las 9.943.287 víctimas del conflicto armado, 433.460 han quedado con alguna discapacidad física, auditiva, intelectual, visual, psicosocial, múltiple o por establecer.

Después de tres días de plantón en Bogotá, donde participaron al rededor de 70 personas, y donde fueron atendidos por algunos representantes del gobierno, la mayoría retornó a sus casas por falta de presupuesto y Alexander Pinto, junto con otros líderes se quedó en Bogotá para adelantar gestiones y reuniones con las entidades estatales, buscando que en las regiones se atienda de manera integral a la población con discapacidad, sin discriminación.

Al cierre de este artículo, los líderes no han concretado ningún acuerdo con el gobierno, sólo encuentros de diálogo social con los ministerios de Salud e Igualdad y buscan reunirse con el presidente Gustavo Petro.  

“Queremos que la sociedad nos vea no con ojos de lástima, sino como personas constructoras de un tejido social”, dice Claudia Duque.

Voces que hablan desde la discapacidad

A continuación, personas con alguna discapacidad de varias regiones del país cuentan de sus procesos, sus luchas y las discriminaciones que han vivido.

Edgar Benítez Patiño 

Es una persona con discapacidad física desde el nacimiento y se moviliza en silla de ruedas. Es oriundo del municipio de Socha, Boyacá y tiene 44 años de edad. Se ha desempeñado como instructor de música y director de bandas musicales, creador de orquestas y comunicador en la radio del municipio y algunas en el departamento de Boyacá. Actualmente trabaja como comerciante, instructor de música en entidades privadas, corista en la iglesia local y concejal del municipio de Socha.

“En la sociedad en la cual estamos no es fácil salir adelante, pero eso es como una partida de ajedrez, hay que mover las fichas y salir al ruedo sin saber qué puede pasar, si fallas en el intento o triunfas. En este proceso considero que hay tres soportes fundamentales, el primero es Dios que es como la fuerza sobrenatural, el segundo la familia y el tercero la forma de pensar”, dice.

Se ha encontrado con muchas dificultades por su discapacidad: las barreras arquitectónicas para movilizarse, poca priorización en los servicios de salud, poca educación inclusiva y con docentes competentes para los diversos temas de discapacidad, escasos planes y proyectos de educación superior para esta población. En la inclusión laboral, la parte pública y privada no contrata a las personas en condición de discapacidad y esto genera discriminación, dice. Mal diseño de viviendas para la población en estas condiciones y falta de incentivos especiales para adquirir vivienda.

En temas de discriminación, dice que se siente más en el ámbito de los funcionarios públicos, donde se prestan servicios básicos y fundamentales. “A veces se ignora a la población con estas condiciones o nunca se les atiende. Lo viví en universidades y en algunos entes estatales. Todos los días se violan los derechos a la salud, al buen trato, vemos personas con discapacidad muriendo en las calles sin ninguna atención, personas que mendigan un plato de comida y muchas entidades no les tienden la mano, nos estigmatizan como si fuéramos bichos raros. Aunque el Estado tiene leyes no se cumple o no se aplican en pro de nuestra población”.

Claudia Patricia Duque Tovar

Nació en Yopal, Casanare. Tiene 52 años de edad. Desde el 2003 tiene ceguera total a causa de un atentado en su ciudad relacionado con el conflicto armado. Es administradora de empresas con una especialización en formulación de proyectos y gestión a nivel nacional e internacional. Desde que quedó con discapacidad se dedicó a hacer activismo y a ayudar a esta población, incluso a nivel internacional. 

Dice que la población en general no está concientizada de cómo vive una persona con discapacidad visual. “En las narices tuyas te pueden negar las cosas o te pueden decir que no está tal funcionario. No se aplica la ley en algunos municipios para el diseño de espacios inclusivos como son las rampas, de que la gente tome conciencia de los negocios y no saquen las mesas, las sillas, los maniquíes, los tendidos en las aceras, porque uno se choca con todo eso. En el transporte público no esperan a que uno esté sentado. Todo esto genera muchos accidentes”.

Uno de los enfoques de su trabajo es buscar mejores condiciones para las personas cuidadoras de personas con discapacidad, sobre todo mujeres que son las que más cumplen con este rol y que necesitan apoyo económico, psicosocial, “porque hay mamitas que desde que parieron sus hijos al día de hoy, ya no han podido salir a trabajar porque sus hijos son dependientes totalmente de ellas. Y el cargar a un joven que tiene 30 años que prácticamente es como si fuera un bebé, la fuerza, todo lo que ellas tienen que hacer, realmente con el tiempo adquieren también una discapacidad”.

Ha participado de audiencias públicas para trabajar en la política pública de discapacidad. En 2023 y 2024, con Fediscol se tomaron el Ministerio del Interior para ser escuchados, pero no les han prestado mucha atención, dice. “Nuestra población tiene cara de miseria, se mueren en los territorios de hambre, de necesidad, no es la que están viendo los funcionarios públicos detrás de un escritorio, es lo que se vive en la realidad, donde nosotros llegamos a un ranchito de paja, sin piso, y mi gente solamente come una comida al día”.

Yeison Andrés Timoteo Sogamoso

Es firmante del Acuerdo de Paz. Vive en el Espacio Territorial de Capacitación Heider Mosquera, ubicado en Puerto Asís, Putumayo. Es coordinador del Movimiento Juvenil por la Paz en el departamento, una organización a nivel nacional con representación territorial y tiene 26 años de edad. En el marco del conflicto armado, cuando hacía parte de las antiguas Farc, perdió un brazo por la manipulación de una bomba, hace 10 años.

Dice que dentro de los programas de reincorporación no hay un enfoque específico para la discapacidad. “Nos atienden con los mismos derechos que atienden a cualquier compañero o compañera firmante de paz o reincorporada. No hay como un tema diferencial por tener discapacidad”.

Desde que empezó su proceso de reincorporación, en 2016, ha luchado por una prótesis para su brazo, pero hasta ahora no ha sido posible tener una que se adapte a su cuerpo. Ha recibido discriminación, primero por ser excombatiente, además de amenazas y luego por su discapacidad. “En la calle me dicen mocho, a veces me siento mal porque yo tengo un nombre y un apellido, soy una persona”.

Trabajó en la Agencia Nacional de Reincorporación durante dos años y medio pero desde diciembre no tiene empleo. “Es difícil buscar trabajo con un solo brazo y porque una empresa o una institución busca alguien para trabajo pesado y creen que uno no tiene esa habilidad o no se dan a la tarea de indagar por otras habilidades que uno pueda tener. Por ahora el trabajo es volver a la finca a coger un machete y ganarme el día porque no me puedo quedar sin hacer nada, no puedo quedarme sin con qué comer”.

Víctor Vargas Plazas

Es oriundo de Palermo, Huila y actualmente vive en El Pital, tiene 53 años de edad. Hace siete años sufrió un atentado, donde dos hombres le dispararon y quedó en silla de ruedas. Las causas de este ataque aún están en investigación. Se desempeña como comerciante y fue concejal durante tres periodos en El Pital. Hace parte de Fediscol y está creando una organización en pro de los discapacitados en este municipio.

“Siempre lucha uno contra el sistema para poder tener las cositas necesarias, pero hay mucha gente en total abandono y no solamente quien tiene la discapacidad, sino que también lo padece toda la familia, es todo el entorno. Hoy pertenecemos a una población vulnerable, yo siempre digo que nos tienen en cuenta solamente para los votos y para hacer algo más del montón”, dice.

Afirma que en Colombia culturalmente no estamos preparados para ver y respetar a una persona con discapacidad. “Uno sale a la calle y nos miran como un bicho raro. Pero igual también uno tiene que empoderarse. No tenemos piernas pero tenemos ruedas”.

Cree con firmeza en la lucha por mejorar las condiciones para esta población en su municipio y su departamento. Busca crear una casa para personas con discapacidad, un centro de rehabilitación, hacer inventario de los lugares críticos para estas personas y que desde la alcaldía los adecúen. “Todos nuestros derechos son vulnerados. Vivimos excluidos”.

Alexander Pinto

Desde niño pasó muchos años postrado en una cama, con dolores en las piernas. Cuando pudo levantarse vio que no era el único en esas condiciones y desde ahí decidió liderar procesos que ayuden a su población. Tiene 51 años de edad. Propone que haya cooperativas para la discapacidad y personas cuidadoras en el Putumayo. Aunque no sabe leer ni escribir, no ha sido impedimento para ser un líder.

Ha sentido todo el tiempo discriminación. “Cuando fui a hablar a la alcaldía con la persona que hace los censos sobre discapacidad, le dije que hacía parte de Fediscol y que me había puesto la camiseta para la población con discapacidad en el territorio de Putumayo, ella llegó y me dijo, pero nosotros no tenemos líderes, a usted nadie lo mandó e inmediatamente me cerró la puerta”.

Trabaja la fibra de vidrio y tiene una propuesta para hacer ambulancias acuáticas con este material o prótesis, “de esta forma mostrarle al mundo entero y al estado que nosotros sí podemos trabajar, que sí podemos producir. Lo que necesitamos es que nos apoyen con proyectos y valoren nuestras cualidades y capacidades”.

Hernán Molina Echeverry

Nació en el municipio de Marulanda, Caldas. Dice que el sentido de la discapacidad lleva implícito una carga emocional y motivacional para las personas que a diario deben convivir con esta situación. “Algunos hemos aprendido a superar estas limitaciones desde el plano académico, profesional, social y laboral; lo anterior porque tuvimos la posibilidad de poner nuestro empeño en la formación universitaria. La contraparte, es para aquellos quienes no tuvieron esas posibilidades, hecho que se traduce en el difícil acceso a la igualdad material de sus derechos fundamentales”.

Dice que se requiere una mayor discusión a profundidad de las problemáticas que afronta esta población, al mismo tiempo, mayor apertura en el derecho a la participación en la formulación, implementación y ejecución de las políticas públicas dirigidas a las personas en situación de discapacidad.