Por medio de la red social X, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), denunció que uno de los consejeros de esta organización fue amenazado directamente en su casa en Popayán el 10 de abril, mediante una nota escrita a mano en un papel rasgado que dice. “HP consejero te vas a morir”. Es la más reciente, en un largo historial de acoso contra el liderazgo indígena.

En esta denuncia, Capaz manifestó su preocupación por la amenaza. Y aunque dijo a VERIFICO que no podía dar muchos detalles del hecho ni el nombre del consejero amenazado por temas de seguridad y por el proceso de investigación que está adelantando la justicia ordinaria, dice que fue necesario denunciar porque este tipo de acciones, “se han constituido como una forma de intimidación, de control y de sabotaje, especialmente en cuestiones de organización o de índole de construcción organizativa social, siendo las amenazas la mayor afectación en el Cauca. En su mayoría se hacen pasar por actores armados, aunque sabemos que no todos corresponden a los actores armados”.  

Resalta Capaz que las amenazas van dirigidas a autoridades indígenas, guardias o voceros y defensores de derechos humanos, y la preocupación es porque en ocasiones anteriores esas amenazas han concluido en asesinatos o desapariciones.  “Por eso no nos lo tomamos tan a la ligera cuando hay este tipo de mensajes y activamos los protocolos de autocuidado y seguridad”, dice.

Antes de estas amenazas, el grupo armado denominado Estado Mayor Central (EMC), surgido tras la dejación de armas de las extintas Farc, difundió un comunicado donde prohibió el ingreso de la misión de verificación, conformada por la Organización de Naciones Unidas, Apoyo al Proceso de Paz y la Defensoría del Pueblo, donde opera este grupo armado, entre ellos en el departamento de Cauca a partir del 18 de marzo. 

Indicó que esa “medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”, aludiendo a que estas misiones están siendo usadas para recoger información de sus posiciones, “facilitando operaciones militares en su contra”.

Además, el EMC señaló a la Defensoría del Pueblo de, supuestamente, manipular las Alertas Tempranas, para “sembrar pánico, aversión contra las Farc-Ep y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”. Sobre esta restricción del grupo armado, dice Capaz que los impactos humanitarios en el departamento son lamentables: “Esta limitación implicará un vacío en la atención a las víctimas y a la protección e impedir la acción defensorial trae consecuencias como las amenazas, el desplazamiento y los asesinatos”.

El coordinador de derechos humanos del Cric dice que estas acciones del EMC son desafortunadas para Cauca, porque es uno de los departamentos con mayores impactos en términos humanitarios contra la población civil por todo el accionar de actores armados o la delincuencia. Las acciones humanitarias de estas organizaciones “tenían un rol importante, especialmente en zonas rurales, y eran un apoyo para organizaciones sociales como el Cric, organizaciones campesinas y afrocolombianas y ahora nosotros estamos asumiendo casi toda la acción humanitaria. La estrategia que están utilizando esos actores es desconectar el apoyo institucional hacia las comunidades y eso trae graves consecuencias”.

Según el informe anual sobre la situación de defensores de derechos humanos, llamado Promesas Rotas, realizado por el Programa Somos Defensores, en 2025 hubo 165 asesinatos de líderes sociales, donde Cauca encabeza la lista con 37 en 22 de los 42 municipios.

Somos Defensores registró 874 agresiones a nivel nacional, siendo las amenazas la agresión más repetitiva con 482 casos, asesinatos en segundo lugar, atentados y desplazamientos ocupan el tercer y cuarto lugar con 72 casos. El departamento del Cauca, donde se verificaron 238 agresiones, permanece en el primer lugar, con un incremento del 21 por ciento. Las agresiones en el Cauca incluyen 153 amenazas, 18 atentados, dos hechos de tortura, tres desapariciones forzadas, 12 secuestros, un hecho de violencia sexual, dos robos de información y 10 desplazamientos forzados, dice el informe.

Estas acciones, señala, vinieron de parte de grupos armados y de la fuerza pública, poniendo en riesgo a comunidades rurales y procesos étnicos organizativos que realizan acciones legítimas en defensa de la tierra, el territorio y la autonomía, y que además están en una continua lucha por la pervivencia y por evitar que los niños y niñas sean vinculados al conflicto a través del reclutamiento forzado y se pone el caso de la Guardia Indígena que por recuperar a niños y niñas reclutados, terminan siendo blanco de violencias y agresiones.

El liderazgo indígena continúa siendo el sector más agredido en el país con 257 casos, incrementándose el 32 por ciento frente al 2024, y se desagregan en 169 amenazas, 27 asesinatos y 22 atentados, siendo el departamento del Cauca el más afectado. Después está el liderazgo comunitario con 206 casos de agresiones y el liderazgo comunal con 124 casos.

“El alarmante comportamiento de las amenazas se debe valorar, entre otras cosas, a la luz de una institucionalidad que no ha logrado hacer frente a una problemática generalizada pese a sus ajustes administrativos”, recalca el informe de Somos Defensores y afirma que dentro de los perpetradores de las agresiones se encuentran autores desconocidos, luego están los grupos postacuerdo, paramilitares y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Amenazas persistentes contra el Cric

El Consejo Regional Indígena del Cauca se compone de diez consejeros que representan los diez territorios indígenas de ese departamento del suroccidente. Tienen la responsabilidad de orientación política, orientación organizativa, social, económica; son personas que deciden todo el tiempo, que orientan todo el tiempo, que están en este contexto de contradicciones políticas, electorales y económicas, dice Capaz. “Por el hecho de ser visibles, son personas que reciben todo el impacto, que tienen que dar respuesta a lo que hace la organización en los territorios”.

Afirma Capaz que de los diez consejeros, hay cuatro con riesgos particulares de amenazas, pero más allá de eso, “hay amenazas y riesgos alrededor de la Consejería, del cuerpo colegiado. Esto es otra cosa que hemos denunciado, a veces no es a la persona sino que es el rol y las funciones que realiza dentro del colectivo. En el caso de la Consejería Mayor del Cric, las amenazas siempre están relacionadas con el ejercicio de control, de liderazgo, de vocerías, de denuncia que realizan este tipo de representantes o autoridades indígenas”.

Una de las falencias que hay dentro de la justicia ordinaria y la justicia indígena es encontrar los responsables de las amenazas, dice el coordinador de derechos humanos del Cric. “El nivel de impunidad de las amenazas es muy alto. Ninguna justicia ha podido establecer el origen de estas amenazas. Es sólo la lectura en que se envuelven o el rol de las personas amenazadas o el contexto en que se da”, dice. “Lo que sí es muy difícil es poder ignorarlas porque en los casos anteriores en donde se actuó de la misma forma, han concluido en asesinatos o en desapariciones”.

Esto no deja de preocuparles porque la labor de la Consejería no puede detenerse a pesar de los riesgos, además, la labor implica movimientos constantes dentro del territorio, realizar denuncias o visibilización permanente de las situaciones humanitarias.

“Nuestras acciones siempre están en contexto de emergencia, aún así, activamos protocolos de autocuidado, hay observación permanente del territorio para establecer puntos críticos. En la medida que los liderazgos restringen sus vocerías, restringen sus roles, los limitan, salvan su vida, pero perdemos en democracia organizativa, indígena y social del país”, dice Capaz.