Cada vez que hay comicios en Colombia, ya sean territoriales o nacionales, las mujeres que deciden participar en la política para ser elegidas llevan la peor parte.  La violencia política recae sobre ellas con burlas sobre sus cuerpos, son estereotipadas por su género, atacadas en redes sociales y en eventos públicos con discursos machistas y excluyentes. En muchos casos son usadas como adorno dentro de los partidos políticos para cumplir con la cuota de género, aunque la elección de mujeres sigue siendo minoritaria como se pudo ver en el resultado de las recientes elecciones al Congreso.

En esta contienda se inscribieron 1.303 mujeres para Senado y Cámara de Representantes frente a la inscripción de 1.881 hombres. En total 85 mujeres salieron electas ocupando el 29 por ciento de las curules. Esto da cuenta de que, aún con los avances que se han dado en temas de participación política, todavía hay una brecha grande en la paridad dentro del poder legislativo. Y mucho tiene que ver con las violencias a las que se enfrentan las candidatas, dicen analistas. 

“Asuntos como la violencia política hace que las mujeres se desincentiven mucho de estar en esos espacios porque son espacios violentos para ellas, espacios no seguros por la falta de la redistribución de las labores domésticas, de aportes económicos para campañas, etc,” dice Luisa Fernanda Pineda, codirectora de la corporación feminista Mujeres que Crean, que gestiona e impulsa propuestas políticas de mujeres. 

La Misión de Observación Electoral (MOE) para estas elecciones advirtió, mediante un comunicado, que Colombia permanece entre los países con menor cantidad de herramientas legales para promover la participación femenina y durante los periodos de campaña electoral “se intensifican las expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política mediante ataques a su vida personal, señalamientos a su apariencia física y sexualización de su imagen, entre otros”. 

Natalia Solís Arrieta, investigadora senior de la organización feminista Sisma Mujer, reconoce el fenómeno de violencia sociopolítica de género. “En la medida en que se enrarece el clima democrático, se cierra el espacio para que las mujeres participen de la vida pública, y en caso de que participen en los comicios pero no resulten electas, por ejemplo, tienen también una serie de penalizaciones o retaliaciones luego de eso, también sufren cierto desamparo, y pues si son electas también van a ser víctimas de formas particulares de violencia”.

En 2025 se creó la Ley 2453 que establece medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles. 

Dice esta ley que la violencia contra las mujeres en política puede ser verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital, simbólica, vicaria y le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar que sean sancionados los incumplimientos de esta por parte de las organizaciones políticas.

Y aunque empezó a operar la ley en las elecciones legislativas, “al ser tan nueva es poco conocida y tiene sus dificultades de implementación y la tarea como organizaciones es hacer pedagogía con la ley para que sea efectiva”, dice Sofía Bernal, investigadora de Mujeres que Crean.

Marelen Castillo, Representante a la Cámara y presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, dice que esta ley es un avance, “pero su efectividad es limitada porque los partidos políticos y las instituciones del Estado siguen siendo renuentes a cumplir las obligaciones que esta impone. Aunque existen rutas de atención, las denuncias se estancan en procesos burocráticos lentos que permiten que los agresores sigan en campañas sin sanciones, demostrando que la ley no será disuasiva mientras las instituciones sigan protegiendo el estatus quo por omisión o falta de voluntad”.

Foto: Corporación Mujeres que Crean.

En busca de la paridad

La Defensoría del Pueblo, en un análisis sobre los resultados de las elecciones, dice que “estamos lejos de la paridad en el Congreso de la República”, al resaltar que habrá cuatro mujeres menos en el periodo 2026-2030. 

La paridad de género en el Congreso no ha sido un camino fácil para las mujeres. Desde el año 2000 se ha intentado impulsar la igualdad en cargos públicos con la Ley 581 que reglamentaba la participación de las mujeres en diferentes ramas y órganos del poder público, pero fue declarada inconstitucional. En el 2011 se propuso la Ley 1475 o de cuotas, que obliga a las listas, donde se elijan cinco o más curules, estar conformadas con el 30 por ciento de mujeres. Esta ley se aplicó por primera vez en el año 2014.

En el año 2024 se creó la Ley 2424 y aumentó el porcentaje de 30 a 50 de los cargos de máximo nivel decisorio tendrán que ser desempeñados por mujeres.  Pero esto aún no es cumplido por los partidos políticos.

Dice la Defensoría del Pueblo en su análisis que el lento crecimiento en la representación de mujeres en el Congreso “constituye una señal de alerta que demanda una revisión profunda de los mecanismos de promoción de la participación política de las mujeres, especialmente en las regiones, donde persisten las brechas más pronunciadas. La representación efectiva no es un privilegio, sino un derecho fundamental”.

Pineda dice que después de la implementación de la ley de cuotas hubo un crecimiento en el porcentaje de mujeres candidatas al Congreso, pero para este año se detuvo y no hubo paridad en las candidaturas.

“Eso demuestra que los partidos políticos siguen teniendo muchos problemas de base con fortalecer más procesos de mujeres; es decir, apoyar a que más mujeres sean candidatas, crear más procesos donde haya más mujeres que tengan incentivos por parte de estas organizaciones, para que ellas puedan sumarse a la vida pública”, dice Pineda. 

ONU Mujeres recopiló y analizó las experiencias de 3.027 mujeres candidatas en las elecciones territoriales de octubre de 2023. El estudio, llamado 3000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra mujeres en política, encontró que el mayor obstáculo de las mujeres para participar en las campañas fue el económico, por lo que no podían competir en igualdad de condiciones. Además, muchas de ellas fueron avaladas por un partido para cumplir con el requisito pero luego no fueron apoyadas.

El 72,4 por ciento de las encuestadas sufrieron una o más situaciones de violencia psicológica durante la campaña. Esta se evidenció a través de comentarios despectivos sobre el rol y las capacidades de las candidatas para ejercer cargos y liderazgo político, dada su condición de mujeres. El 40,6 por ciento fue víctima de violencia económica como el robo, la destrucción o la vandalización de materiales o de la sede de campaña.

El 25,4 por ciento fue víctima de una o más situaciones de violencia sexual al recibir comentarios o sugerencias sexuales, solicitudes de favores sexuales a cambio de apoyo político, financiero o de otro tipo para las elecciones o ser objeto de acciones sexualmente explícitas no deseadas como tocar, abrazar o ser besadas en contra de su voluntad. El 4,6 por ciento reportó haber sido víctima de violencia física referida a ataques como patear, abofetear, sacudir con fuerza, arrojar cosas o ser atacada con un arma.

El estudio encontró que durante la campaña electoral, tres de cada cuatro candidatas experimentaron uno o más hechos de violencia política. El 47 por ciento de las candidatas participó de debates, eventos o tuvo apariciones en los medios de comunicación durante la campaña y el 31,5 por ciento de ellas reportó una o más situaciones de violencia en esos espacios, como, por ejemplo, menor tiempo de intervención que los hombres, comentarios centrados en el aspecto físico o agravios de oponentes.

Además, el estudio de ONU Mujeres resaltó que en el caso de las redes sociales u otros medios asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 41,2 por ciento de las candidatas reportó una o más situaciones de violencia en dichos medios. “Ello es consonante con diversas investigaciones que vienen mostrando cómo los espacios digitales –cada vez más centrales para las campañas– son ámbitos hostiles para las voces de las mujeres”.

Las principales conductas referidas en las redes sociales fueron comentarios despectivos sobre sus capacidades o las de las mujeres en general; referencias a la cuota como única razón de la postulación; mensajes abusivos o de odio por ser mujer o publicación de información falsa sobre su conducta o experiencia profesional.

“Este estudio ha evidenciado que la violencia en política contra las mujeres candidatas tiene un carácter estructural, generalizado y diferenciado en función de las situaciones de discriminación superpuesta que enfrentan las mujeres. Primero, ha mostrado cómo mayoritariamente son víctimas de diferentes tipos de violencia (predominantemente psicológica, económica y sexual), que suelen experimentar, a la vez, y que se agravan en función de su pertenencia a grupos diversos, por región y según variables socio económicas”, dice el estudio.

Ataques en redes sociales contra mujeres en la política

Las campañas de las mujeres al Congreso de este año estuvieron cargadas de múltiples violencias digitales, en foros o en la calle, provenientes, en su mayoría, de parte de hombres candidatos y con casos particulares, provenientes de otras mujeres. Aquí haremos una compilación de las que VERIFICO pudo registrar para analizar esos discursos que afectan la participación femenina en la política.

El principal caso donde se expuso la violencia política fue el del aspirante al Senado por el Pacto Histórico y reconocido caricuturista, Julio César González, conocido como Matador el 12 de enero en la red social X donde se burló del cuerpo de la senadora y precandidata (en ese momento) a la presidencia Paloma Valencia por medio de una caricatura.

En esta, Matador hizo una comparación gráfica entre la paloma esculpida por Fernando Botero y una foto de la senadora Paloma Valencia, acompañada de la frase: “La paloma que pides vs. la paloma que te llega”. En la misma publicación, compartió un video de Valencia en un evento en el municipio de Sabaneta, Antioquia, degustando algunas preparaciones típicas de allí, donde incluyó una frase que citaba al humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país’”. Ese trino tuvo 2.428.745 visualizaciones.

Sumado a esto, al día siguiente Matador publicó: “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda (sic)”.

La frase está acompañada de una caricatura que se titula “dieta parlamentaria”. En un recuadro está la figura de una mujer delgada y con harapos y en la otra es la imagen de Paloma Valencia, obesa, comiendo pollo y con la frase: “En el fondo envidio a los pobres. Siempre tan delgados”.  Allí comparte el mismo video de la publicación anterior.

De inmediato hubo rechazo por parte de organizaciones de mujeres, sectores políticos y diferentes usuarios de redes sociales contra esos mensajes violentos hacia el cuerpo de la precandidata.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó estas expresiones del caricaturista como “discriminación contra la mujer en la política” y señaló que se trata de una burla “vacía de contenido” que apela a estereotipos sobre el cuerpo femenino. “Esto es absolutamente fuera de lugar, irrespetuoso, estigmatiza y es ofensivo”, dijo la Defensora en X.

Mónica Gaitán, exfiscal de derechos humanos y quien también fue candidata a la Cámara de Representantes del Valle de Cauca por el Centro Democrático, hizo una denuncia ante la Fiscalía contra el caricaturista; además, extendió el caso ante el Consejo Nacional Electoral y destacó que su acción “busca defender no solo a la senadora Paloma Valencia sino a todas las mujeres en el ámbito político”.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal salió en defensa de Valencia cuestionando a Matador: “No es crítica, es cobardía disfrazada de sátira”, y más tarde atacó a la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, donde retuiteó un post mostrando su nuevo tatuaje de un jaguar con un frailejón. El mensaje de Cabal decía lo siguiente: “Ya no puede ir a El Salvador. Parece una representante de los Maras Salvatruchas”. Este tuvo 1.200.200 visualizaciones y representa un ataque directo contra el cuerpo de la congresista quien también le respondió en X: “¿No que era despreciable burlarse del físico? Parece que su moral es selectiva”.

Por otro lado, el partido Alianza Verde solicitó el 10 de febrero la revocatoria del aval otorgado al candidato al Senado Juan David Gómez Camacho por “hechos de violencia ejercida a través de un video publicado en redes sociales en contra de nuestra Representante a la Cámara y candidata al Senado Katherine Miranda. Conducta que constituye violencia basada en género”.

En el video, que fue retirado de las redes sociales, dice la siguiente frase que quedó registrada en algunos medios de comunicación: “No nos olvidemos que este proceso empezó con la demanda de la malparida traidora de Katherine Miranda. Esta hijueputa que traicionó al pueblo, que hizo campaña disfrazándose de la Minga y que hoy aspira a ser senadora (sic)”. Los insultos se dieron porque Miranda fue la demandante de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del 8 de marzo. Aún así, el aval no fue retirado.

Luego, el 26 de febrero la Universidad Eafit de Medellín realizó un foro académico con siete candidatos al Senado, entre ellos la senadora Sandra Ramírez del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz. El candidato a la Cámara por Antioquia David Toledo, del partido Centro Democrático, increpó a Ramírez en medio del foro con insultos e interrumpió la actividad gritándole: “guerrillera, terrorista, violadora, abortera (sic)”. También le dijo que “merecía estar en la cárcel” y agregó que la candidata no debía estar en “su universidad”. Por estas acciones fue retirado por la policía del lugar.

Y luego de las elecciones, con los resultados preliminares, hubo denuncias de casos donde mujeres que quedaron electas, el triunfo o incluso la misma campaña, estuvo “usurpada” por hombres. Por ejemplo la candidata Valencia hace campaña a la presidencia como “la de Uribe”, más no por su propio mérito. 

O lo sucedido con la senadora electa Jennifer Pedraza, donde Sergio Fajardo le acaricia el rostro y dice que ese fue un triunfo de todos y que “le da mucha alegría darle consejos de vez en cuando”. Este último hecho fue rechazado por organizaciones feministas que lo califican como paternalista o de apropiarse de la victoria alcanzada por las mujeres en la política. 

Dice Solís, de Sisma Mujer, que las principales violencias contra las mujeres en la política son las estigmatizaciones y amenazas y las razones tienen que ver con “su ejercicio de autonomía, su cuerpo, su sexualidad, las formas de expresarse. Hay una fuerte fiscalización por parte de los hombres, de su comportamiento, un cuestionamiento, una puesta en tela de juicio de su estabilidad mental, emocional. También encontramos ataques que se refieren a su capacidad intelectual o incluso cognitiva. Hay descrédito a partir de su trayectoria con divulgación de información falsa o tergiversada”.

Por su parte, Pineda, de Mujeres que Crean, dice que el cuerpo de las mujeres históricamente ha sido utilizado como una herramienta de disputa por el poder y en este caso, el poder político. “Quien ejerce la violencia se ubica a sí mismo o a sí misma en un lugar de autoridad y se atribuye la apropiación sobre ese cuerpo en el que recae la violencia. Es decir, la persona no se concibe solamente dueño, porque la violencia en razón del género es ejercida principalmente por hombres, sino que además de creerse dueño de la palabra y con el derecho de dañar también se cree dueño de que ese cuerpo o cree que ese cuerpo le pertenece y que puede entonces a través de la violencia imponer su poder”.

Agrega Pineda que la violencia que se ejerce contra los cuerpos de las mujeres “es una práctica que responde a estructuras de poder patriarcales, a lógicas de guerra y a estrategias de control y de dominación. Porque cuando se agrede a una mujer, el mensaje no solamente es contra ella, sino contra el grupo al que pertenece, contra todas las mujeres. Y en política es una forma de exclusión, una manera de decirte que este no es su lugar en la estructura, que para nosotras, la estructura es el orden de estatus de género patriarcal y a través de la violencia simbólica”.

Bernal, de Mujeres que Crean dice que la caricatura, cuando deja de ser crítica política y se vuelve personal, ya no es un debate político “sino una forma de cancelación, es una forma en la que el machismo sigue marginando a las mujeres haciendo alusión a la vida íntima, privada, al cuerpo, a la familia, cuando se meten con las decisiones sentimentales de alguien, ya es violencia simbólica”.

Castillo, presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, dice que es común desacreditar a las mujeres por su físico porque “es la forma más rápida y efectiva de desviar la atención de un debate que el atacante no puede ganar con argumentos de peso. Esta táctica se fundamenta en un sesgo que desde hace años ve a la mujer como una intrusa en el espacio político y asume que su valor está condicionado a cumplir con ciertos estándares de belleza. Al atacar la imagen, el agresor intenta devolver a la mujer a una posición de vulnerabilidad, recordándole que sin importar su inteligencia, preparación o trayectoria, siempre será juzgada primero por su condición de mujer”. 

Las investigadoras concuerdan en que hay múltiples barreras impuestas hacia las mujeres para limitar su participación en la política, por ejemplo barreras estructurales como económicas, culturales, brechas educativas, laborales, acceso a la información, al tiempo por la sobrecarga de trabajos de cuidado de sus hijos y del hogar o imposiciones de actitudes masculinizadas para tener cargos públicos.

Hay cuatro mujeres candidatas para las elecciones presidenciales de mayo y siete mujeres como fórmulas vicepresidenciales donde se espera que desaparezca esa violencia contra las mujeres y se den debates sobre las ideas y propuestas que traen, más no por sus roles de mujeres.