En su informe sobre 2022, la organización internacional Front Line Defenders registró que nuevamente Colombia fue el país con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas a nivel mundial. Con 138 víctimas, ocupa el primer lugar, dejando en el camino a países como Ucrania (50), México (45), Brasil (26) y Honduras (17).

Esa cifra es un poco más baja de la reportada por organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo, que registraron la comisión de por lo menos 200 asesinatos, cientos de amenazas y decenas de atentados, robos de información, desapariciones forzadas y judicializaciones arbitrarias. Y, en menor medida, casos de secuestro, tortura y violencia sexual.

Esos casos son parte de una trágica tendencia que se ha sostenido desde la firma e implementación del Acuerdo de Paz que alcanzó el Estado colombiano el 24 de noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc: la violencia arrecia sin cesar contra quienes defienden los derechos humanos. En medio de los detallados diagnósticos -salvo un reciente informe de la Defensoría del Pueblo- hay una situación que ha pasado sin medición y que es considerada por amplios sectores como un factor desencadenante de violencia: la estigmatización.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que además de litigar estudia los ataques contra ese sector, considera que existe una estrecha relación entre la estigmatización y diferentes tipos de agresiones que padecen líderes y lideresas sociales. De hecho, considera que, en sí misma, es una forma de agresión.

“Muchas veces suele desestimarse porque no es una agresión física, pero es, tal vez, una de las agresiones más frecuentes, menos visibilizada y más subestimada en el caso de personas defensoras y de quienes ejercen liderazgo. Sin embargo, tiene una importancia fundamental, porque muchas veces suele ser o uno de los primeros pasos, o uno de los eventos que de alguna manera da pie a la comisión de agresiones más graves”, plantea.

Rodríguez, quien también es representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), instancia creada por el Acuerdo de Paz con el propósito de construir una política pública que brinde condiciones para la defensa de derechos humanos y la vida de los excombatientes de las Farc, considera que la estigmatización genera factores de riesgo porque “tiene el potencial de cambiar los imaginarios y la manera de ver el trabajo que hacen las personas defensoras de derechos humanos, de manera negativa”.

Ese planteamiento es compartido por Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores, que desde hace más de una década produce informes trimestrales y anuales sobre las agresiones que reciben líderes y lideresas sociales.

“La estigmatización en Colombia ha sido una práctica histórica y es un factor estructural de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Se han normalizado situaciones donde los defensores de derechos humanos son señalados de distintas cosas y eso crea un imaginario colectivo que deslegitima su labor”, indica.

Y añade: “Se dan casos de señalamiento normalizado en el imaginario social, como supuestos vínculos de defensores con guerrillas. Eso está muy marcado y afecta la labor de las personas defensoras de derechos humanos, porque genera desconfianzas contra ellas; y dependiendo de los territorios en donde se encuentren, puede generar aislamiento y rechazo de su labor. Y escenarios que desemboquen o avalen otro tipo de agresiones”.

Ambas investigadoras coinciden en que la estigmatización genera violencia física contra personas defensoras de derechos humanos porque crea supuestos o imaginarios negativos del trabajo que realizan. Y que se ha normalizado hasta un punto en el que muchas veces es imperceptible o avalada por amplios sectores de la sociedad.

Líderes y lideresas asesinados

Fuente: Programa Somos Defensores.

Agresión 'invisible'

Al revisar informes sobre violencia contra líderes y lideresas sociales, la estigmatización se destaca por su ausencia en todos sus indicadores. A pesar de los constantes análisis de sus efectos y llamados de atención para que cese, no se encuentran conteos específicos.

Tan sólo hasta el pasado 29 de mayo se rompió esa tendencia, cuando la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019-23, que detalló la situación de las personas defensoras de derechos humanos entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. El panorama que expone es desolador. A pesar de que esa agencia del Ministerio Público emitió 232 informes advirtiendo riesgos a los que estaban expuestos, ocurrieron 2.974 agresiones. Entre ellas se encuentran 2.060 amenazas, 593 asesinatos, 125 atentados, 60 desplazamientos forzados y 16 casos de estigmatización, entre otras.

Ricardo Arias, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, aclara que, aunque la Alerta Temprana 019-23 es la primera sobre personas defensoras de derechos humanos que presenta cifras de casos de estigmatización, esa entidad ha publicado 52 alertas con énfasis puntuales sobre sus consecuencias.

“El origen viene de los decretos 885 de 2017 y el 1444 de 2022 (relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz), especialmente del 885, porque establece que el país necesita, para cerrar la página del conflicto y refrendar lo acordado en La Habana, una política pública de convivencia, reconciliación y no estigmatización. Lamentablemente no se ha llegado a un plan de acción claro aún para la implementación de esta política, pero cada vez que podemos hacemos énfasis en las Alertas Tempranas de la importancia de avanzar en este propósito”, detalla.

No obstante, el director del SAT reconoce que los 16 casos documentados en la Alerta Temprana 019-23 son producto de un gran subregistro porque muchos no son denunciados ni percibidos como un tipo de agresión: “Nos tomamos 42 meses construyendo ese documento de advertencia y tratando de recoger la mayor cantidad de casos. No hay una regla general de estigmatización, hay zonas con características diferentes las unas a las otras”.

Para Castro, del Programa Somos Defensores, el subregistro obedece a que la estigmatización se ha normalizado, en parte, por la falta de sanción de las autoridades competentes: “Cuando viene de altos funcionarios del Estado, de personas con representación en las instituciones públicas, esto no ha tenido ninguna consecuencia nunca. Es como si no pasara nada. Declaraciones de ministros, presidentes, fiscales y demás, nunca han sido investigadas tan siquiera disciplinariamente. La impunidad es otro de los factores determinantes en la violencia contra los líderes, no sólo se da en las agresiones, sino también con prácticas estigmatizantes que han sido recurrentes”.

Al respecto, Rodríguez, directora de la CCJ e integrante de la CNGS, indica que no es fácil que las personas caigan en cuenta de la estigmatización y la denuncien, de hecho, no tiene tipificación penal. Pero recalca que ese fenómeno debe ser monitoreado porque “aumenta el nivel de riesgo al que se exponen las personas defensoras y en otras ocasiones es el detonante de formas de violencia”.

Sin distinción

“Cuando se tienen prejuicios, se hacen acusaciones falsas y se estigmatiza a otro, simplemente se le pone en riesgo”, lamenta Marino Córdoba, presidente de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), quien, por luchar por la titulación colectiva de las comunidades negras de Chocó a mediados de los años noventa, tuvo que exiliarse en Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte por grupos paramilitares.

Este curtido líder considera que defender el derecho a la consulta previa, ha situado a las comunidades étnicas y sus líderes, como supuestos opositores del desarrollo económico del país. Esa es, a su juicio, una de las principales causas de estigmatización que padecen, la cual les ha producido asesinatos y desplazamientos forzados.

“Los sectores empresariales y políticos en Colombia ven el desarrollo sólo desde lo económico, pero nosotros lo vemos desde un punto de vista distinto, que no significa plata. El desarrollo para los pueblos negros e indígenas se puede ver como la conservación del medioambiente y de los recursos naturales, pero para otros como la posibilidad de extraerlos y generar riquezas. Son conceptos totalmente opuestos, pero no nos pueden llevar a estigmatizar a la comunidad que defiende su punto de vista y el derecho a vivir como quiera en su territorio”, explica.

Para Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la estigmatización se ha utilizado en Colombia para invalidar, neutralizar y atacar a quienes defienden de derechos humanos y, en su caso particular, la autonomía al gobierno propio que la Constitución Política y la Ley les reconocen a los pueblos originarios.

“Es un patrón de conducta casi institucionalizado porque la Fuerza Pública, sectores políticos y otros la han empleado como una forma de contrarrestar lo que defensores de derechos humanos, líderes y voceros sociales han hecho”, indica.

Y, como Córdoba, cuenta que el derecho a la consulta previa y la autonomía para vivir libremente en sus territorios, es el principal foco de señalamientos y estigmatización que padecen: “A nuestro movimiento le ha costado su defensa territorial. De alguna forma, estamentos poderosos y grupos armados, pretenden control social, económico, político y territorial”.

La estigmatización, cuenta Capaz, proviene de amplios sectores: “No sólo recibimos señalamientos de actores armados ilegales que nos señalan de colaboradores del Ejército o al revés, sino que hay un nivel de persecución estatal por parte de Fiscalía, voces de políticos poderosos, medios de comunicación y otros, que nos sitúan como peligrosos, delincuentes o sus enemigos”.

En el caso de las defensoras de derechos humanos, la organización Sisma Mujer ha identificado que suelen ser discriminadas y señaladas por su condición de mujer, indicando que no deben ejercer el activismo social. “Un elemento característico es señalar que no pertenecen a esos espacios y reciben agresiones con una característica estigmatizante, en el que suelen recibir mensajes descalificadores, como que deberían estar cocinando, haciendo aseo en la casa, atendiendo al esposo o cuidando a los hijos”, explica Katerine Jurado Díaz, subdirectora del Área de Movilidad.

Y agrega que “otro elemento adicional está relacionado con su orientación sexual: regularmente a las mujeres defensoras se les dice perra lesbiana como una característica recurrente en las amenazas, como si el ser lesbiana fuera una condición descalificante”.

Para Nikita Vargas, hombre transexual que en la organización Colombia Diversa monitorea asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI, la estigmatización contra los líderes de este sector volvió público algo tan privado con lo son la identidad de género y la orientación sexual. De ese modo, sufren violencia simbólica y física producto de la estigmatización.

“Cuando alguien se pone en el rol político de hacer activismo, no debe preguntarse si su orientación sexual y de género lo pondrá en riesgo, pero las personas LGBTI sí. Hacer activismo desde sectores LGBTI sí genera la pregunta porque sufren campañas de desprestigio contra su identidad y orientación sexual, como no le sucede a personas cisgénero”, plantea como caso de violencia simbólica.

Y en cuanto la física, señala que tiene un impacto más profundo, pues las amenazas y asesinatos contra un líder de esa comunidad impactan contra otros integrantes de ella. “El efecto no lo vive solamente la víctima directa, sino las personas que se sienten identificadas con ella. Si al líder de la comunidad, visiblemente gay, lo amenazan y lo desplazan, todas las personas LGBTI de la mesa del municipio, por ejemplo, dejan de hacer activismo, porque se sienten en riesgo por su identidad. 'La amenaza fue por marica y por eso me meto al closet de nuevo'. ¿Se entiende la metáfora?”, explica.

Por otro lado, Luis Ramírez, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera (USO), considera que la estigmatización es uno de los principales combustibles de la violencia política en Colombia: “Alrededor de cuatro mil sindicalistas fueron asesinados en las décadas de los 80 y de los 90; el genocidio de la UP les costó la vida a cinco mil miembros de la Unión Patriótica. Detrás de todo eso hay un elemento previo que es el de la estigmatización, pues en el momento, a las organizaciones sociales se les calificó como afines a grupos alzados en armas”.

Y reitera: “Ese hálito y asignación del movimiento o del líder social como un subversivo, terrorista o comunista, de antemano le colgaba una lápida en el cuello. Quien reclamara sus derechos era comparado con alguien al margen de la ley”.

Si bien la estigmatización no tiene los mismos niveles de antaño, aún persiste en la actualidad y construye escenarios que propician agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.