Luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidiera la resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, brindando esa amplia porción de tierra, los integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Comité Santurbán)empezaron a recibir amenazas, estigmatizaciones y señalamientos en redes sociales por lograr “una victoria en defensa del agua”. Así lo han denunciado. 

Una de esas estigmatizaciones se generó después del uso descontextualizado de imágenes publicadas por la Defensoría del Pueblo en una reunión con el Comité Santurbán, donde una cuenta en X que se hace llamar Caroladino. (Leer más en: En X deslegitiman y estigmatizan labor de defensores del páramo de Santurbán)

La Defensoría del Pueblo respondió directamente a esa publicación solicitando la no estigmatización a los líderes del Comité y explicó que se encontraban en una mesa de trabajo con ellos y con pequeños mineros de la región. “Acordamos enviar un oficio a autoridades y empresas mineras para que eviten mensajes estigmatizantes en contra de los integrantes del Comité”.

Además, la Defensoría pidió rutas de protección individual para líderes amenazados, y “seremos garantes de los puntos acordados y de su cumplimiento”.

Hernán Morantes, quien es abogado y hace parte de la comisión jurídica del Comité Santurbán, dice que desde que se creó esa organización ambiental en 2010, sus miembros han sido objeto de múltiples campañas de estigmatización, “que buscan posicionar la idea de que nosotros somos aliados de grupos armados ilegales, que nuestro activismo lo hacemos para favorecer que grupos armados exploten el páramo de Santurbán. Y esto lo hacen por medio de redes sociales, en espacios y reuniones públicas, tienen hasta canciones contra nosotros. Y su mensaje repetitivo es que el Comité es para hacer política”.

La amenaza a la que se refiere la Defensoría del Pueblo y que cuenta Morantes es a una que recibieron dos miembros del Comité el 4 de diciembre, después de que la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese entonces, Susana Muhamad, anunciara la propuesta de declarar Zona de Reserva Temporal en el Macizo de Santurbán.

El 4 de diciembre empezó a circular en redes sociales un panfleto donde señalan a “Danovis, Ferley, Fabian Diaz, Hernán Morantes, Mayerli López, se quieren adueñar a la fuerza del oro de la provincia, los declaramos personas no gratas” que fue firmado por el “Comité de Resistencia Soto Norte”. Allí dice que la provincia de Soto Norte, conformada por seis municipios ubicados dentro del páramo, se declara en “desobediencia civil por las Zona de Reserva Temporal que afecta a Campesinos, empresarios y mineros (...) Por la ingerencia (sic) de oportunistas disfrazados de ambientalistas”.

También señala este panfleto que desde el 9 de diciembre cerrarán los sitios de El Tanque y Mortiño, que, como asegura Morantes, son puntos de conexión del territorio, y que “estará prohibida la entrada a personas extrañas a la provincia”. Esto, para Morantes y para algunos líderes que viven en el área metropolitana de Bucaramanga, es un atropello. “Nosotros allá no podemos subir por toda la estigmatización. Básicamente nos afecta nuestro derecho de locomoción, de movilizarnos en nuestro mismo territorio del departamento de Santander”, dice el líder del Comité.

Agrega Morantes que esta situación los tiene muy preocupados porque “es una campaña sistemática en donde tratan de dañarle a uno la honra, el buen nombre, manifestando que nosotros pertenecemos a grupos armados ilegales. Y eso básicamente nos vuelve objetivo militar del mismo Estado y de grupos que acá históricamente están asentados; además deslegitima nuestro ejercicio de defensa del páramo de Santurbán, cohíbe a varios de pertenecer a la organización afecta y condiciona el accionar de la organización”.

Sobre ese panfleto, Mayerli López y Hernán Morantes denunciaron ante la Fiscalía por injuria, calumnia y amenazas a Fabio Mauro Toulouse, “líder de Gran Pacto Social y Con Soto Norte, organizaciones patrocinadas por la multinacional Mineros Santander para apoyar la explotación minera por parte de esta empresa”; Holmes Valbuena, exalcalde de California y tío del actual alcalde; Édgar Ochoa Flórez, servidor público de los Bomberos de Bucaramanga; Jorge Abad Maldonado, representante legal de la empresa minera Calimineros; Édgar Henao Osma, Gerardo García, secretario de gobierno del municipio de California, quienes aún hoy difunden el panfleto y lo tienen como portada en sus redes sociales, especialmente en Facebook.

Dice la denuncia que todas las personas que nombran “tienen un factor común, y es su relación contractual o de afinidad con el proyecto minero Soto Norte, en cabeza de la multinacional canadiense Aris Mining y Mineros Santander (Minesa), que pretenden explotar oro en el Macizo occidental de Santurbán”.

En 2019, cuando fue archivada la primera solicitud de licencia ambiental para el proyecto en Soto Norte, el comité junto con otras organizaciones salieron a marchar por la defensa del páramo, y ahí hubo una fuerte campaña de estigmatización, señalando que “eran apoyados por los grupos armados para que negaran la licencia ambiental y así permitieran que esos grupos explotaran Santurbán”, dice el abogado del Comité.

Y agrega que ese mismo año, el alcalde de Vetas de ese entonces, Orlando Rodríguez, dio declaraciones en el medio de comunicación Construyendo Región, diciendo que los que salieron a marchar en Bucaramanga “están siendo engañados por politiqueros y por exmiembros de las Farc y por los mismos miembros del ELN sin conocer la verdad, la realidad y el transfondo de esa invitación”.

El 10 de abril, la Defensoría del Pueblo, Regional Santander, solicitó al gobernador de este departamento, Juvenal Díaz Mateus, parar la estigmatización contra personas defensoras de los derechos humanos que integran el Comité Santurbán. 

En este documento, la Defensoría dice que hay tres prácticas de señalamiento que se han vuelto frecuentes y que han sido identificadas por el Comité: declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos adscritos a entidades de orden local y departamental; divulgación en redes sociales como X y Facebook de videos, imágenes y mensajes que falsamente señalan como ilegales las acciones de la plataforma y las vinculan sin fundamento con grupos armados ilegales; presuntos actos de hostigamientos, intimidación y perfilamientos ilegales.

Además, dice que la campaña de estigmatización “se ha intensificado a raíz de la expedición de la resolución sobre las Zonas de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán. En tal sentido cesar toda afirmación que estigmatice a este colectivo, ya que podrían activarse nuevos repertorios de violencia en contra de sus integrantes”.

Por lo tanto, la Defensoría solicita al gobernador y a los alcaldes municipales de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, (que hacen parte de la Provincia de Soto Norte) a socializar con los servidores públicos lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores de derechos humanos y abstenerse de realizar señalamientos estigmatizantes, socialización que debe extenderse a la comunidad en general y empresas mineras que realizan labores en el territorio.

Protección del páramo de Santurbán

El páramo de Santurbán está ubicado entre los departamentos de Santander (28 por ciento) y Norte de Santander (72 por ciento) y es una de las fuentes de agua más importantes de Colombia. Sin embargo, desde el año 2010 es epicentro de conflictos socioambientales por intereses extractivistas donde empresas mineras multinacionales buscan explotar los recursos. 

Ante esto, las comunidades se han organizado para defender el territorio haciendo movilizaciones, denuncias, demandas y todo tipo de acciones para oponerse a la minería. Los municipios de California, Vetas y una parte de Suratá donde hay minería a pequeña escala, concentran la mayor parte de la conflictividad porque empresas multinacionales quieren explotar a gran escala. Oro y plata son los minerales más apetecidos para el extractivismo. 

La ley 1382 de 2010 prohíbe otorgar títulos mineros o contratos de concesiones en los páramos de Colombia. Las empresas mineras alegan que se debe delimitar de nuevo el páramo para que se puedan otorgar las licencias; las comunidades, por el contrario, dicen que no se debe delimitar y sí limitar las acciones humanas cerca de estos ecosistemas, pues los animales silvestres no saben de líneas divisorias.

Dice Morantes que desde 2009 varias empresas mineras, que han ido cambiando de nombres, han solicitado licencias ambientales y que no han prosperado por la misma acción ciudadana. En California y Suratá opera el “Proyecto Soto Norte” que inició bajo el título de Minesa, ahora es de propiedad de la empresa canadiense Aris Mining con un 51 por ciento y de la multinacional Mubadala Aris que tiene su sede principal en Abu Dhabi. 

Gobiernos anteriores otorgaron títulos en esta zona de conservación, en 2020, la autoridad ambiental le negó la licencia que busca extraer 9 millones de onzas de oro durante 25 años, haciendo socavones hasta 800 metros de profundidad. Sin embargo, líderes de la región insisten en que esas empresas mineras siguen promoviendo ese proyecto en la región. 

La resolución que declara Zona de Reserva Temporal el costado occidental del Macizo de Santurbán, fue celebrada por el Comité Santurbán en un comunicado público donde aseguran que es “una victoria de la ciudadanía que con dignidad durante más de 15 años han defendido su agua y Santurbán”. Sin embargo, esas declaraciones les ha costado más estigmatizaciones y amenazas.

Esta resolución busca que por dos años, con posibilidad de prórroga, se adelanten estudios técnicos en un área de 75.344 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, sobre las cuencas hidrográficas altas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur, para definir en qué lugares se puede o no hacer una minería que proteja el ciclo del agua.

Uno de los propósitos de esta resolución, mientras esté vigente, es frenar nuevos proyectos mineros en la zona y no dar trámite a licencias ambientales dentro de los límites del páramo. 

Sin embargo, dice Morantes que la pequeña minería, que realizan los campesinos de manera ancestral no se verá afectada y tampoco la agricultura que no sea extensiva, como lo han hecho ver los que están en contra de la resolución y quienes se han encargado de estigmatizar y amenazar a quienes defienden el páramo.

“La multinacional no tiene legitimidad real en toda la provincia, entonces la manera de ganar adeptos, de ganar apoyos, es mintiendo y diciendo a la gente que ellos son los que se van a ver afectados cuando en realidad la que se ve afectada es la multinacional”, dice el integrante del Comité Santurbán. Agrega que estas empresas están aliadas con “políticos corruptos” que hacen lo que esté a su alcance para deslegitimar, criminalizar y estigmatizar a los liderazgos sociales y a los movimientos ambientales.

En el comunicado del comité sobre la declaración del Ministerio de Ambiente de crear la Zona de Reserva Temporal dicen que iniciarán una campaña jurídica y de movilización social que permita defender la resolución, “porque sabemos que se viene una campaña mediática y jurídica de las mineras de tumbarla. Rechazamos la posición del gobernador Juvenal Díaz que se ha puesto de lado de Minesa - Aris Mining y de la explotación de Santurbán. (...) Seguiremos en nuestro objetivo principal que es defender Santurbán, el agua y la vida contra todo tipo de codicia que la amenace”.