VERIFICO puso la lupa en las redes sociales como un espacio no seguro para defender los derechos humanos; se indagó por un par de casos representativos donde hay amenaza y estigmatización por medio de influencers, bots o cuentas con pocos seguidores que tienen unos intereses claros y es defender la minería a gran escala en los territorios o el control de estos por parte de grupos armados.

El primer caso se refiere a las últimas amenazas que recibió la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) por medio de un chat de Facebook donde los señalan de ser guerrilleros y les dan un tiempo de 72 horas para dejar el territorio. El segundo caso es en el suroeste de Antioquia contra la Mesa Ambiental de Jericó y algunos de sus integrantes que se oponen a la minería en este municipio y por lo tanto, han recibido amenazas, estigmatizaciones y persecución en las redes sociales, especialmente en X.

Este patrón de amenaza a través de redes sociales se enmarca en el actual panorama de la defensa de derechos humanos en Colombia. Hasta el 17 de marzo de 2024, 33 líderes fueron asesinados en 2024, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las redes sociales tienen pocos filtros, lo que conlleva a que se publique gran cantidad de información sin un proceso de selección o contraste. Cuantificar las amenazas o estigmatizaciones en estos medios es una tarea prácticamente imposible porque muchas víctimas no denuncian y otras dejan de ejercer su rol de defensores ante el asedio. Lo cierto es que es una constante atacar, de manera anónima, a líderes a través de las redes.

Juana Cabezas, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, dice que con las redes sociales se genera una recepción masiva de esas amenazas. “Todos tienen Whatsapp o Facebook y hacen visible lo que trabajan con sus comunidades. Por medio de eso, los grupos armados generan una identificación más fácil, no sólo de líderes, sino de su círculo familiar, de su círculo laboral, comunitario, lo que los hace más susceptibles de amenazas en su contra y de sus familias”.

Explica Cabezas que esa modalidad de amenazas ha venido incrementando y genera zozobra en los líderes. “Si el contexto nos indica que en un mismo municipio pueden haber tres o más estructuras armadas y si ninguno se atribuye la autoría de las amenazas, ahí queda atada de manos la población, porque no saben de dónde vienen y no pueden denunciar o si denuncian, saben que cualquiera de los grupos podría atacarlos”, dice.

Además, anota la investigadora de Indepaz, que por parte de las entidades estatales se le pone menos atención a estas nuevas formas de amenaza que ejercen los grupos armados. “Muchos de los grupos, en la actualidad, tienden a amenazar por redes sociales y ahora más, que están en procesos de paz, para que no se les atañe a ellos la autoría de la amenaza; generan acciones sin nombrarse, lo que hace mucho más compleja, no sólo la investigación, sino todo el aparataje que debe desmontarse para poder responder a esas amenazas”.

Todas estas situaciones las han denunciado las organizaciones sociales y líderes desde hace años, mediante comunicados o campañas digitales que se difunden por las mismas redes sociales y que luego sirven de prueba para denuncias ante las autoridades estatales. Sin embargo, sienten que aún no hay una protección integral para la defensa de los derechos humanos en Colombia y menos para defender el territorio y el medio ambiente, como en los casos del Nordeste y Suroeste antioqueños.

Con el Suroeste, dice la investigadora, “las empresas mineras que buscan tener un espacio en esos territorios, ejercen presión mucho más fuerte sobre los liderazgos que se oponen a que haya este tipo de explotaciones”. Presiones que se hacen a través de personas que están a favor de estas formas de explotación.

Nordeste antioqueño

En el Nordeste antioqueño, las comunidades han vivido de la minería desde hace décadas que alternan con la agricultura. A su vez, los grupos armados han azotado esta región disputándose el territorio y el control de esa economía. 

A la organización Cahucopana, que acompaña comunidades en esta región, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo, la ha declarado objetivo militar en tres ocasiones en los últimos dos años. El día 21 enero de 2024 recibieron una amenaza vía messenger de Facebook a su perfil oficial por medio de alguien que se hace llamar Alexander Vargas: “Perros hijueputas, todos ustedes son guerrilleros”.

Dos días después, les llegó otro mensaje del mismo perfil, con palabras más duras. “Pondremos mano dura contra ustedes por llorones. Y no queremos más Cahucopana aquí en el Nordeste. Si no se retiran del territorio y dejan de ayudar a los chirretes de las guerrillas tomaremos precauciones (sic) contra su integridad y la de sus seres queridos. Tienen a partir de ya para desaparecer del territorio”.

Es la primera vez que reciben amenazas por las redes sociales, dice Carlos Morales, representante legal de esta organización. “Para nosotros esto es una grave violación a los derechos humanos, esto es difundir el terror. Ya Cahucopana ha sido víctima del conflicto, algunos miembros han sido detenidos por falsos montajes judiciales, otros han sido asesinados por el Ejército Nacional y posteriormente presentados como bajas en combate como guerrilleros, hemos recibido atentados, amenazas vía telefónica, por medio de panfletos. Y ahora esta nueva modalidad”.

Desde esta organización social creen que puede ser una estrategia de algún actor armado que quiere amedrentarlos como respuesta frente a lo que denuncian. También han detectado que algunos miembros de las Agc han hecho comentarios a publicaciones que hacen en las redes sociales en tono amenazante y desprestigiando la labor de defensa de derechos humanos.

La organización es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 y desde 2019 cuenta con medidas colectivas diferenciadas de la Unidad Nacional de Protección que se extienden a las comunidades que acompañan.

Morales es enfático en que seguirán denunciando la violación a los derechos humanos en la región. Hasta ahora no han recibido ningún apoyo del gobierno y exigen medidas urgentes para frenar esta situación que pone en riesgo a Cahucopana y a las comunidades que están siendo desplazadas del territorio.

Esa organización defensora de derechos humanos fue creada en 2004 por un grupo de campesinos e indígenas de la zona rural y municipal de Remedios y Segovia ante la crisis humanitaria que estaban viviendo, en la que la explotación de oro, de manera legal e ilegal, atrajo todo tipo de actores armados. Los paramilitares tenían bloqueada económicamente la zona rural en esa época, situación que en la actualidad se mantiene pero lo hacen diferentes actores armados que se siguen enfrentado por la economía y el control social en el Nordeste.

Morales dice que durante los dos últimos años en esta región existe una disputa territorial entre miembros del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln y el Bloque Jorge Iván Arboleda Garcés de las Agc y también con grupos disidentes de las Farc como el Cuarto Frente del Estado Mayor Central. Además, hace presencia el Ejército Nacional a través de la Decimocuarta Brigada y su Batallón Energético y Vial Nº 8.

Esta mezcla de actores significa que los enfrentamientos son constantes, situación que Cahucopana viene denunciando reiteradamente: por ejemplo, que entre 2023 y este año, las Agc han realizado más de diez incursiones en diferentes veredas de Segovia donde hay confinamiento a la comunidad, violación de mujeres, hurto de pertenencias a las comunidades, cultivos de pancoger quemados, desplazamientos internos entre sus habitantes a diferentes veredas y desplazamientos masivos a cascos urbanos de los municipios de Remedios, Segovia, El Bagre y Caucasia.

“Debido a todo este confinamiento y crisis humanitaria, la organización campesina ha venido denunciando estas violaciones de derechos humanos, pero lo único que hemos recibido por parte de los actores armados es la amenaza constante hacia miembros de Cahucopana”, afirma Morales.

Suroeste antioqueño

En el suroeste la empresa minera AngloGold Ashanti ha intentado desde 2009 explotar depósitos de cobre y otros minerales en la zona a través de su proyecto La Quebradona, encontrando oposición de la población campesina. Por su oposición, miembros de la Mesa Ambiental de Jericó han sido estigmatizados en redes sociales, especialmente en X, por parte de influencers, bots y cuentas falsas. 

El último acontecimiento sucedió a principios de diciembre de 2023 cuando la AngloGold entró maquinaria de perforación de tierra a un predio que había alquilado en la vereda La Soledad de Jericó, en horas de la noche, y en vehículos con las luces apagadas. Esto sin socializar a las comunidades a pesar de que se habían comprometido en 2013 a no ingresar sin consulta previa, como lo expresó Lina María Velázquez, miembro de la Mesa Ambiental de Jericó. Del acuerdo verbal que hicieron entre las partes en la cancha del corregimiento de Palocabildo no quedó ningún documento firmado.

“Cuando los campesinos se enteraron, iniciaron un plantón para impedir la instalación de la plataforma minera”, detalla Velázquez. Esta situación generó confusión en las comunidades porque luego la empresa dijo que no estaban haciendo explotación minera sino estudios de suelo.

Además, dice la integrante de la Mesa Ambiental que el 13 de diciembre más de cien personas, entre campesinos, líderes de Jericó y del Suroeste antioqueño, entraron al predio y desinstalaron la plataforma. Los equipos los subieron a un camión y se los entregaron a la Policía Nacional. 

“El despliegue de información que se dio en medios de comunicación y en redes sociales estuvo plagado de desinformación y estigmatización”, dice Velázquez. Muchos de los señalamientos fueron dirigidos directamente a ella. 

De las cuentas de los influencers cercanos al partido Centro Democrático, están Diego A. Santos (72 mil seguidores); Pilar Rodriguez, a través de su cuenta “DoñaPily” (68 mil seguidores); Ana María Abello, por medio de la cuenta “Ani Abello” (163 mil seguidores); y Juliana Palacio (58 mil seguidores), desde donde se divulgaron mensajes estigmatizantes y de desinformación sobre la situación de la desinstalación de la plataforma de Jericó: 

Juliana Palacio: “¿Por qué hay milicianos del ELN apoyando estos actos violentos?”. “Campesinos ´retienen ilegalmente a tres mujeres´. Eso se llama secuestro”. 

Diego Santos: “En Jericó está surgiendo un grupo delincuencial de campesinos y activistas que está sentando precedente sobre cómo resolver las disputas”. 

Ani Abello publicó el 13 de diciembre: “A esta hora ingresan encapuchados antimineros que hurtan y destruyen motores y máquinas que serían utilizadas para analizar el agua en vereda de Jericó”.

Doña Pily: “Cómo les parece que los don nadies que detienen la libre movilidad de los habitantes de su vereda al mejor estilo de los guerrilleros, que no los dejan pasar, tampoco, son tan sinvergüenzas y descarados que deciden llamarle ‘plantón’. Como hacen los mismos que deciden llamarle retención a un secuestro”.

Luego, la cuenta El Tamesino, identificada por Velázquez como un bot, se ha encargado de difundir información estigmatizante contra ella por lo que denunció ese perfil digital. Además, el medio de comunicación Al Día Suroeste, ha estigmatizado a los campesinos divulgando información parcializada del conflicto ambiental de Jericó. 

El medio independiente El Armadillo publicó a finales de febrero una investigación donde revela que los directivos de Al Día Suroeste son o fueron empleados de AngloGold. También reveló la estrategia en la plataforma X a favor de la empresa minera donde dice que 30 cuentas fueron creadas para amplificar el discurso del proyecto Quebradona, las cuales usan el mismo lenguaje, imágenes y etiquetas.

Las comunidades indígenas y campesinas se han organizado para hacer oposición pacífica a este proyecto que amenaza su autonomía y los recursos naturales que han protegido durante generaciones. Además temen que estarían sometidos a conflictos sociales como ha sucedido en otras subregiones mineras del departamento como Bajo Cauca y el Nordeste. En 2022 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le negó la licencia para operar.  

Con el contexto anterior, Velázquez ve con preocupación que se vincule a los campesinos o líderes con grupos armados, que se les diga secuestradores o que se genere más división, pues hay una segmentación marcada entre las comunidades, al interior de instituciones educativas o familias desintegradas. “Existe el temor constante a procesos judiciales, a desplazamiento por amenazas, inclusive se teme por la vida, por situaciones similares ocurridas en otros territorios”, recalca y menciona que el 16 de marzo de 20224 fueron querellados por segunda vez por parte de la empresa minera y un propietario de un predio.

Defender derechos humanos en Colombia

Las amenazas, estigmatizaciones y desinformación en contra de los defensores de derechos humanos, tanto en las redes como fuera de ellas, tienen consecuencias reales. 

En 2020, 199 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas; 139 en 2021; y 197 en 2022, según el Programa Somos Defensores. En 2023, Indepaz documentó 181 asesinatos, de los que 37 eran líderes comunales, 37 indígenas, 36 comunitarios, además, cuatro eran defensores del medio ambiente.. El departamento de Cauca encabezó la lista con 36 asesinatos y le siguió Antioquia con 21, según la Defensoría del Pueblo.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos han identificado que las regiones más afectadas son Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo y Catatumbo, donde las acciones se recrudecen contra líderes sociales que además defienden temas que van ligados al territorio, al medio ambiente, a los derechos de las mujeres.

Cabezas ve con preocupación que no solo hoy se perpetran asesinatos en contra de los líderes, “sino también en contra de sus familias y de las mismas comunidades. Los repertorios de violencia, (…) han cambiado: las comunidades hablan de acciones que parecen más invisibles, como el control social y la  capacidad que tienen los grupos de generar zozobra y miedo a través de las amenazas”.