Colombia ha pasado por más de medio siglo de constantes conflictos armados y en los últimos años se convirtió en el país en donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas. Casi la mitad de los casos son de colombianos, sobre todo de quienes protegen la tierra y el medio ambiente. 

En una nueva investigación, titulada como Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y comunicadores/as comunitarios/as, Protection International (PI) encontró que la estigmatización de los activistas se ha vuelto una forma de justificar la violencia en contra de ellos. 

La investigación se realizó entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, en medio de una alianza conformada por PI y VerdadAbierta.com. Contó con la participación activa de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de comunicadores comunitarios de Norte de Santander, Vichada, Bolívar, Cauca, Huila y Putumayo, y de la región Montes de María, ubicada entre Bolívar y Sucre.

Este documento es parte del proyecto Nuevas narrativas locales para combatir la desinformación y la estigmatización sobre la acción de defensa de los derechos humanos y el periodismo comunitario en Colombia, que cuenta con el apoyo del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Unión Europea. 

A raíz de los múltiples conflictos (armado, político, económico, socioambiental y por la tierra) que ha padecido el país, “aparece la estigmatización como una estrategia utilizada para justificar las acciones violentas de actores armados, políticos, económicos y que, incluso, afecta la percepción que la opinión pública tiene de estos sujetos sociales”, dice el estudio.

Por esa razón, quienes promueven los derechos humanos en Colombia, terminan cuestionando al statu quo y alterando el orden social e institucional. Citando a la Comisión Colombiana de Juristas, la publicación indica que “esta concepción desconoce la legitimidad de las reclamaciones sociales y ha sido históricamente uno de los principales argumentos para justificar la violencia contra este sector de la población”.

Es así como la estigmatización ha sido uno de los factores principales que viene alimentando la violencia en su contra. El documento plantea que el señalamiento a activistas y defensores busca definirlos como negativos y susceptibles de discriminación, exclusión y racialización: “aspectos que intentan posibilitar y justificar la violencia”. 

Y prosigue: “Eso lleva a afirmar que, en Colombia, igual que en otros países de América Latina, la estigmatización tiene sus bases en relaciones sociales de poder que reproducen violencias derivadas de la colonización y violencias interseccionales (clase, género y étnico racial), y que convierten a las personas defensoras en los grupos más afectados”.

De ese modo, la investigación concluye que los discursos y las narrativas estigmatizantes reproducen lógicas racistas, machistas y de subordinación, que se materializan a través de narrativas de desprecio y odio ampliamente difundidas por medios de comunicación masivos y diversos líderes de opinión a nivel nacional y regional. 

Y hace la siguiente alerta: “De esta forma, se reproducen y perpetúan los fenómenos violentos, los prejuicios y estereotipos dentro de los imaginarios colectivos, razón por la cual, es clave poder caracterizar el fenómeno, sus mecanismos de acción y los modos como se materializa en la cotidianidad del liderazgo social”.

La investigación también presenta datos de los casos de estigmatización que chequeó o contrastó VERIFICO durante 18 meses.

Efectos de los estigmas y la desinformación

La investigación asocia a la estigmatización con nociones como desprestigio, descrédito, difamación que se ejercen hacia el “otro”. Dichas marcas suponen una desaprobación social y conducen injustamente a la discriminación y la exclusión. Por lo tanto, PI plantea que bajo esa lógica, la persona estigmatizada no es “merecedora” de la aceptación social, pues sus condiciones vitales se convierten en defectos, fallas o desventajas que pueden ser sancionadas por los otros. 

En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos, estos estigmas suelen asociarse a objetivos específicos, como “justificar la violencia, castigar la 'desobediencia', desarticular los procesos de luchas, crear y difundir el terror, aislar a la persona y al colectivo, romper los lazos de solidaridad y debilitar psicológica y moralmente a la persona defensora y su colectivo”. 

En general, produce un gran efecto negativo: “Se resume en una ruptura del tejido social y organizativo que propicia, a su vez, la posibilidad de ejercer dominación y control”.

La investigación también dedica un apartado a la desinformación que sufren las personas que lideran diversas reivindicaciones y plantea que tiene una correlación con la estigmatización: “La inmediatez, el exceso de datos sin verificación y la necesidad de capturar audiencias de manera rápida, deviene en una reproducción de discursos estigmatizantes y de noticias falsas que, muchas veces, son tomadas como verdaderas”. 

De acuerdo con lo documentado por PI, la circulación de información falsa tiene efectos devastadores, que “se dan a nivel personal, familiar y organizativo, ya que la desinformación implica discursos que incitan al odio, a la discriminación, la hostilidad y a varias formas de violencia, además de violar varios derechos; por ejemplo, el derecho a la reputación”. 

A pesar de ser una práctica nociva y evidente, la investigación señala que combatirla genera una dicotomía en la respuesta del Estado para garantizar la protección de las personas defensoras, pues para intentar evitarla o controlarla, “no puede devenir en acciones de represión o criminalización del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”.

Patrones de estigmatización

El trabajo de revisión documental y de recolección de testimonios en seis regiones del país, llevó a la identificación de cuatro conductas de señalamiento. Dichos patrones se han insertado en la cultura y en las prácticas cotidianas de la sociedad colombiana, volviéndose un ejercicio “sistémico” y “frecuente”, que establecen unas características particularmente negativas sobre quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y los liderazgos sociales. 

“Es clave entender que no corresponden a directrices fijas y estáticas con las cuales opera la estigmatización: estos patrones se entrecruzan y se potencian entre ellos, particularmente cuando se dirigen a determinadas comunidades o sujetos sociales", sostiene el documento.

“Estas estructuras discursivas utilizan formas simbólicas y reproducen narrativas que descalifican al denominado opositor o, que generan etiquetas que lo convierten en un sujeto excluido e indeseable por causa de su identidad social, étnica o actividad política”.

1. Doctrina del enemigo interno 

Este patrón nace hace más de 40 años con la implementación de la política de seguridad nacional que encasilló a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales como enemigos del Estado. La investigación aclara que si bien esa percepción se implementó principalmente en las Fuerzas Armadas, se extendió a otros sectores estatales y sociales. 

“Un ejemplo de esta estrategia ha sido la manera como se nombran o se etiquetan a las personas defensoras de los derechos humanos o a quienes ejercen un liderazgo social y/o político, tanto en escenarios públicos como a través de panfletos, en donde se les tilda de “guerrilleros” y subversivos”, indica el documento. 

Esta situación se presenta incluso dentro de  las comunidades, donde se estigmatiza a quienes son sus voceros o referentes. “De esta manera, se profundiza la condición de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos, pese a que no existe una evidencia fáctica sobre un comportamiento o actividad reprochable. En este sentido, la desinformación genera la idea de que existe un vínculo con la insurgencia armada o se les designa como delincuentes, insurgentes, criminales, terroristas o enemigos” dice el estudio. 

Este patrón implica  que las personas dejen de ser vistas como ciudadanas y se convierten en una amenaza que debe ser exterminada en nombre del bien común. “Bajo esta premisa, diferentes países han formulado normativas y leyes de seguridad nacional que parecen justificar los excesos y la violencia por parte de los Estados contra activistas sociales, sobre todo, en el marco de las protestas sociales”, concluye sobre este apartado. 

2. Enemigos del desarrollo  

De manera similar al patrón del enemigo interno, este plantea que quienes cuestionen o se opongan a imaginarios negativos producidos desde afuera sobre el territorio y las comunidades, se convierten en adversarios. También los perfilan como obstáculos para el crecimiento y el progreso de comunidades, ciudades o el país.

En él suelen estar relacionados autoridades y grupos económicos que tienen intereses en los recursos que existen en los territorios de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. “De acuerdo con este principio, son los sujetos quienes no permiten que a la región lleguen los beneficios de los megaproyectos y las actividades extractivas a gran escala. De esta manera, se consolida la idea de que son el obstáculo o la oposición injustificada para el bienestar colectivo”, indica el documento.

Los señalamientos comienzan cuando las comunidades se resisten a la imposición de modelos económicos provenientes hacia los territorios: “Estas dinámicas emparentadas con el 'progreso' cambian drásticamente el equilibrio del ecosistema a partir de la contaminación de ríos, la perforación del suelo para la extracción de hidrocarburos, la deforestación y hasta el cambio de la vocación agrícola de las comunidades”. El oponerse a esos cambios se traduce en amenazas, desplazamientos y asesinatos de personas defensoras. 

La investigación advierte que “con el fin de intervenir en los territorios bajo una visión de desarrollo que se aleja de las preocupaciones y aspiraciones de las comunidades étnicas o las organizaciones sociales campesinas que en ellos habitan, medios de comunicación e instituciones del Estado normalizan las agresiones contra éstas”.

3. Banalización de la labor de defensa de los derechos humanos     

Las entrevistas con comunidades y líderes sociales de Cauca, Putumayo, Huila, Vichada, Norte de Santander y Montes de María llevaron a identificar que la labor de las personas defensoras de derechos humanos es menospreciada por funcionarios estatales, sectores sociales y en algunos casos hasta por personas de sus propias comunidades. Lo anterior, a partir de la supuesta inutilidad de su labor y su falta de capacidad para mejorar sus entornos.

Los testimonios recopilados plantean que las denuncias y acciones que realizan estos activistas son vistas como insignificantes. El documento indica que a esa invisibilización se suman otros fenómenos como la discriminación racial, étnica, etaria o de género; y que “se banaliza la labor del liderazgo” debido a su origen y condiciones sociales.

Además, la respuesta que, por parte de autoridades competentes,  estos activistas  suelen recibir a sus reclamos es “que las comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes cuentan con la atención suficiente y que, incluso, son objeto de un trato 'especial' que los ha llenado de beneficios con los que el resto de la población, que no tiene origen étnico o que es 'mestiza', no tiene y que, por lo mismo, no goza de dichos 'privilegios'”. 

Por lo anterior, PI plantea que dicha banalización alimenta un “discurso simbólico para crear poder y articular relaciones de dominación mediante la descalificación del opositor, el amedrentamiento o la intimidación”.

4. Racismo estructural y discriminación      

El último patrón identificado es la estigmatización a causa de una práctica histórica de racismo, discriminación y exclusión social, sea por el género o por la identidad étnica. 

La investigación señala que la lucha por los derechos ha justificado acciones materiales y simbólicas para la eliminación de quienes la promueven, instaurando una cultura política de imaginarios de odio y desprecio. “Esta dinámica es alimentada por un racismo estructural donde permanece la idea de superioridad de cierta clase social y política sobre comunidades y poblaciones que, se considera, no tienen los mismos derechos, necesidades o capacidades”, indica. 

Y agrega: “Es innegable que, en el marco del conflicto armado, socioambiental y de la tierra, la estigmatización en Colombia se articula con la discriminación racial por medio de graves señalamientos a las personas defensoras. Por lo tanto, basados en esa idea racista, diferentes actores estatales y no estatales, han ejercido una serie de prácticas discriminatorias de manera sistemática y en todos los espacios de la vida social”. 

Por otro lado, esta investigación detalla siete tipos de impactos que produce la estigmatización; recopila una análisis de chequeos de afirmaciones estigmatizantes realizadas por la plataforma VERIFICO; presenta testimonios de las comunidades en donde se implementó el proyecto, que recoge sus respuestas y acciones resilientes; y realiza una serie de conclusiones y recomendaciones.

Haga clic aquí para descargar el resumen de Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y comunicadores/as comunitarios/as.