La lideresa de Yuranis Velasco Garrido, del corregimiento El Salado, pasó cinco largos años luchando contra cargos de haber orquestado una campaña de ‘terror’ contra otros líderes de la región. Pasó siete meses en la cárcel, vivió la estigmatización que vino con la acusación, y su familia sufrió las consecuencias. 

El 7 de mayo de 2026 se acabó parte del martirio judicial. Ese día el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartagena ratificó su inocencia frente a los cargos de la Fiscalía que le acusó de la difusión de mensajes de texto y audio y panfletos firmados con el nombre de “Águilas Negras” con amenazas contra líderes y lideresas del corregimiento. Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público interpusieron un recurso de apelación contra esa decisión. 

“Tras una investigación atravesada por múltiples irregularidades, el fallo confirma lo que la comunidad, su defensa y la representación de víctimas sostuvieron desde el primer día: Yuranis fue vinculada a un proceso judicial que buscó desacreditar y silenciar su labor, así como la de su hermana Yirley Judith Velasco Garrido, reconocida defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en el territorio”, dice un comunicado conjunto de la Corporación Sisma Mujer y la Corporación Colombiana de Juristas (CCJ), quienes llevaron la defensa del caso.

Las organizaciones aseguran que la acusación muestra las irregularidades en el proceso contra Yuranis y un intento de criminalizar su liderazgo y el de su hermana Yirley en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado. Además, tanto Sisma Mujer como la CCJ ven con preocupación la insistencia en reducir las amenazas que enfrentan las mujeres defensoras de El Salado, que sufrió un de las más brutales y recordadas masacres paramilitares en el año 2000, a "conflictos interpersonales", desconociendo el contexto de violencia y control territorial que persiste en la región.

Los delitos que fueron imputados a Yuranis, según la sentencia que la absuelve, son amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, desplazamiento forzado y amenazas. Las pruebas para declararla culpable en primera instancia, incluyen un computador portátil, teléfonos celulares y tarjetas SIM desde donde salieron los mensajes intimidantes contra líderes sociales del corregimiento, incluyendo a algunos familiares de Yuranis.

La Policía la detuvo en su casa de El Salado, donde tenía un negocio de papelería que ofrecía servicios de impresión y vendía minutos a celulares. 

“Básicamente, las razones que se daban al inicio del proceso contra Yuranis fue con base en las pruebas de tipo técnico, sobre todo en lo que tiene que ver con unas conexiones entre las líneas de las cuales se emitían las amenazas con los dispositivos móviles que manejaba Yurani en su negocio”, dice Viviana España, abogada de la CCJ que brindó asesoría jurídica a la defensora.

Agrega España que el acceso a los dispositivos utilizados para hacer las amenazas no fue exclusivo, ya que la vivienda de Yuranis es un local comercial abierto a la comunidad. Incluso, dice, miembros de la fuerza pública hacían uso de este espacio como cocinar y usar los teléfonos.

La Fiscalía sindicó a Yuranis de 19 eventos en los que fueron enviados mensajes de texto y audios desde cuatro líneas telefónicas y distribución de panfletos, entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2021, a diferentes líderes sociales, defensores de derechos humanos, personas del común y sus propios familiares que viven en El Salado y que a algunos les causó desplazamiento forzado.

Uno de los mensajes con amenazas que llegaron a las personas de la comunidad dice: “Todavía sigue viendo maldad en el salado pero esta vez se akabara la buachafita de las drogadictos de los ladrones de los líderes que lo unico que hacen es robarle a la comunidad (...) si ninguno se va el plomo les llegara a ustedes (sic)”. 

Otro mensaje decía: “Si asi empesamos hace 21 años entonces ya saben de lo que somos capaces. no advertimos mas nada. ya sabemos donde viven cada miembro de las familia de los que tenemos fichados, o desaparecen esta misma noche o esta misma noche vivirán su propio via crusis.estamos cercas para ir por urtedes esta misma noche y nos llevamos al que le toque y ya la lista esa y los conoce, si no salen esta misma noche sus familiares serán muertos, estamisma noche. limpieza al el salado - bolívar, tenemos las entradas al salado cogidas y no estamos jugando (sic)”.

En otros mensajes prohibían a la gente salir a las calles después de las 9 de la noche y con insultos declaraban sentencia de muerte a líderes sociales, ladrones, drogadictos y expendedores de droga después de exigirles salir del corregimiento en un tiempo determinado. Además, había un listado de las personas amenazadas.

Estos mensajes también llegaban al propio número de Yuranis, a los de sus hermanas Yirley y Yobelis. “Esto hace parte de la sistematicidad de amenazas que ha sufrido la comunidad de El Salado, que a su vez hace parte de la sistematicidad de amenazas en las que también se encontraba Yirley y otras personas de su familia, incluida la misma Yuranis”, dice Alejandra Garzón Cortés, abogada de Sisma Mujer.

Agrega Garzón que antes de capturar a Yuranis, la comunidad había hecho denuncias de las amenazas que se estaban dando en el corregimiento desde años atrás pero la Fiscalía sólo investigó en un pequeño lapso de tiempo de tres meses, “en esa lógica, esa es la investigación que se estructura y que se abre sin tener una relación con las amenazas anteriores que se han dado a la comunidad, a otras defensoras y otros defensores de El Salado y también a Yirley”.

Además, el tribunal encontró que hubo inconsistencias en la evidencia técnica utilizada para sustentar la acusación, incluyendo alteraciones en los registros de voz o en las fechas del material probatorio, registros contradictorios y fallas en la cadena de custodia; y el incumplimiento de estándares básicos forense digital, particularmente relevante dado que el teléfono incautado era de acceso público en un negocio de venta de minutos. Hubo vulneración a la intimidad de la vida de Yuranis, pues agentes del CTI y del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, quienes estuvieron ingresando constantemente al negocio y a la vivienda con la excusa de que necesitaban sus servicios de cocina y de papelería, aprovechándose de una necesidad económica de ella.

La Fiscalía atribuyó las amenazas a rivalidades entre mujeres o que era una estrategia de las hermanas para que a Yirley no le quitaran el esquema de seguridad. Pero este argumento quedó desestimado. 

“No existe ninguna construcción técnica de pruebas en donde se haya establecido la razón por la que Yuranis amenazara a su familia. Esto es la aplicación del estereotipo de género, que estas cosas no les pasan a las mujeres sino que son inventos de las mujeres. Entonces creo que ese contexto también está allí, porque parte de la base de la acusación y de la imputación, es una aplicación de una discriminación de género”, dice Garzón.

“Durante los siete meses que Yuranis permaneció privada de su libertad, las amenazas contra los liderazgos en El Salado no cesaron. Por el contrario, las intimidaciones dirigidas a Yirley y su familia se intensificaron y se prolongaron hasta 2025. Todo ello demuestra que quienes perpetraron estas acciones continuaron y continúan operando en el territorio”, dice el comunicado de CCJ y Sisma Mujer.

Las abogadas concluyen que hay elementos de conocimiento que permiten inferir que el objetivo real de este proceso ha sido amedrentar a su hermana, la defensora Yirley, quien lleva 16 años denunciando la violencia sexual y los abusos de actores armados en la región.

La cárcel no frenó el liderazgo

Yirley y Yuranis cuentan que durante esos siete meses en que Yuranis estuvo privada de la libertad la familia sufrió muchas afectaciones psicológicas y resultaron físicamente desgastados. Además, Yuranis tuvo quebrantos de salud porque inicialmente estuvo en la estación de Policía del municipio de San Jacinto en malas condiciones de salubridad. Era pandemia, así que no permitían visitas. Luego la trasladaron para la cárcel de Cartagena donde todo se puso más tenso para la familia.

“Nunca habíamos vivido una situación de estas. Yo dije, mi hermana ya en la cárcel me la van a matar, a mi hermana ya me la van a desaparecer. Estábamos en plena pandemia, la aislaron, no la podíamos ver. Mi familia y yo nos mudamos a Cartagena. Prácticamente todos los días íbamos y la veíamos desde la celda que estaba allá arriba y desde abajo la saludábamos. Luego empecé a tocar el portón de la cárcel, a hablar con la directora y le dije, yo necesito entrar, necesito darle fuerza a mi hermana y accedieron”, cuenta Yirley.

Yuranis dice que este proceso no fue nada fácil pero “logramos siempre mantener la frente en alto, la dignidad, sobre todo de la familia, a pesar de tantos prejuicios que de este proceso nos lanzaron, siempre nos hemos mantenido unidos, nos hemos mantenido fuertes y siempre tuvimos el apoyo de Sisma, de la CCJ, que han sido ángeles en este proceso y del apoyo siempre de la comunidad, las víctimas, nunca dudaron de mi inocencia y siempre estuvieron ahí como que el apoyo positivo para mi caso”.

Yuranis nunca decayó y su hermana hizo parte fundamental en cuidar a su hijo, en entrar a visitarla y llevar esa voz de aliento a la cárcel. Yirley recuerda que le llevaba libros a Yuranis porque siempre le ha gustado leer. Ese gesto le dio ideas para crear el proyecto de hacer una biblioteca allí, para luchar contra la monotonía  La mayoría de las mujeres que estaban allí no sabía leer, escribir o prender un computador y ella se encargó de enseñarles. “Ayudé a muchas mujeres a terminar el bachillerato”, cuenta Yuranis.

El liderazgo de Yuranis en El Salado lo ejercía con proyectos deportivos, siendo monitora durante seis años de la corporación deportiva. “En la cárcel también hice parte del comité deportivo. Empecé a implementar la práctica del deporte porque era una vida muy básica, permanecíamos sentadas, de la celda al comedor”. 

“Es un proceso que nos marcó psicológicamente, pero también nos hemos levantado” afirma Yirley, quien dice estar segura que todo esto fue orquestado para intimidarlas, “para silenciarme por todo el trabajo de liderazgo que hago, una estrategia para sembrarnos miedo”. Recuerda que el alcalde del Carmen de Bolívar, el municipio donde queda ubicado El Salado, era uno de los que más la atacaba en 2021 y fue el primero en decir que esas amenazas eran líos de faldas.

“Nosotras siempre hemos dicho que hay que denunciar las injusticias, no nos podemos quedar calladas. Todo esto nos ha hecho más fuertes a las dos y en mi caso personal, haber estado esos meses en la cárcel he aprendido a ser más fuerte de lo que ya he sido”, asegura Yuranis.

Para Yirley, la captura de su hermana fue un momento de muchas contradicciones, pues llegó a sentirse culpable. “Yo decía, ‘si yo no tuviera este rol de ser líder, si yo no me hubiese metido en este puesto, quizás mi hermana no estuviera viviendo este episodio, quizás mi mamá tampoco no lo estuviera viviendo, quizás el resto de mi familia no lo estuviera viviendo’”. 

Al principio Yirley se  encerró en su casa y no quería salir, pero después se dio cuenta que no podía dejar sola a su hermana, y pensó: “Nosotras lo único que estamos haciendo es exigir y alzar la voz, y si esto le está costando la libertad de Yuranis pues yo creo que voy a hacer todo lo contrario, yo creo que voy a seguir hablando, voy a seguir denunciando”.

Una de las situaciones que más les duele a las dos es que los medios de comunicación de Cartagena se encargaron de dar la noticia reafirmando la acusación y que fue replicada por los medios nacionales. “Yo recuerdo que cuando la captura de Yuranis, todos los medios de comunicación nos atacaron tan fuerte, pero tan fuerte, y creo que están un poco en deuda de que también esos mismos medios nos escuchen la otra historia, nos den la oportunidad de contar y que seamos nosotras las que hablemos y las que contemos lo que vivimos día a día”.

Por ejemplo El Heraldo tituló: “Cae hermana de líder social de El Salado por amenazas”. En la nota citan al Fiscal General de ese entonces, Francisco Barbosa, quien dijo que fueron capturados los responsables de las amenazas contra líderes en El Salado y calificó el hecho como “un engaño al país y a las instituciones”.

Ana María Rodríguez, directora de la CCJ, dice que el fiscal salió de inmediato a anunciar la captura y presentó públicamente las evidencias sin aún realizar investigación de todo ese material que supuestamente incautaron, “casualmente, la Fiscalía avanza muy rápidamente en un proceso en el que dice tener todas las pruebas que demuestran que ella es la responsable de estas amenazas, pero no adelantaron ninguna investigación con las denuncias que se hacían años antes”.

Rodríguez indica que con todo lo anterior, desde la defensa pudieron afirmar que se trataba de un montaje judicial donde la investigación se adelantó a partir de prejuicios de género, “porque los argumentos de la Fiscalía no tienen lógica si están investigando amenazas de manera reiterada contra un número amplio de personas y en una comunidad que ha sufrido graves vulneraciones a sus derechos en el pasado, es irresponsable decir que se trató de una rivalidad entre mujeres o un lío de faldas”.

Lideresas revictimizadas

El Salado es sujeto de reparación colectiva porque entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, unos 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia entraron al corregimiento y masacraron a 60 personas, cometiendo las más duras atrocidades, además violaron a mujeres y a niñas. Una de ellas fue Yirley cuando tenía apenas catorce años.

En el 2006, cuando rompió con el silencio y decidió contar su historia, se dio cuenta que a otras mujeres de El Salado también les había sucedido lo mismo, y sintió la necesidad de empezar a trabajar por la defensa de derechos humanos con enfoque en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con las que inició un proceso de formación y preparación para organizarse colectivamente.

Con Sisma Mujer, documentó su caso y lo presentó ante la justicia. Yirley empezó a ser muy activa dentro de los grupos de acompañamiento psicosocial y psicológico de Sisma, y creó grupos de autoayuda para las mujeres víctimas de violencia sexual ejercida por grupos armados en su territorio. Participaba no solo como víctima sino como lideresa en procesos de formación que la llevaron a crear la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, en el Carmen de Bolívar.

Con la asociación y su liderazgo ayuda a más de 70 mujeres víctimas de violencia sexual, quienes han recibido acompañamiento en la activación de rutas de protección. Treinta de estas mujeres han podido trabajar en la unidad productiva, mejorando radicalmente su calidad de vida. Su hermana Yuranis también participaba en la asociación, pero se ha dedicado más a liderar procesos deportivos en el corregimiento.

Sin embargo, en todo esta situación se han presentado dificultades como la estigmatización y la revictimización por parte de instituciones del Estado y de la misma sociedad. “Llevo 24 años ejerciendo esta labor tan bonita de ser lideresa social y poder apoyar a las víctimas de violencia sexual en el corregimiento. La primera amenaza nosotras la recibimos en el 2017 y esto lo recuerdo perfectamente porque había fallecido mi papá y como a los dos meses llegó la primera amenaza, luego siguieron las amenazas a otras de mis hermanas y continuaron en el 2018, en el 2019, en el 2020”, dice Yirley.

Las persecuciones judiciales y estigmatizaciones se volvieron constantes. Hasta la puerta de su casa llegaron panfletos, y por mensajes de texto y llamadas la intimidaban. “Eso de los mensajes de texto con amenazas no es nada nuevo”, dice la lideresa. A pesar de que ella pidió garantías de protección, no recibió una respuesta adecuada por parte del Estado en su momento.

En julio de 2020 recibió otra amenaza que generó un segundo desplazamiento después de la masacre. “Llegaron hasta mi casa y dejaron un panfleto con un mensaje que decía que me iban a matar y una cinta negra, ahí yo sentí que la situación se estaba poniendo más compleja y es cuando yo decido salir del corregimiento, dejar todas las cosas que yo tenía ya construidas allá y me fui de El Salado definitivamente”, cuenta Yirley.

En esa ocasión la Unidad Nacional de Protección le otorgó un esquema de seguridad. Sisma Mujer hizo una solicitud de medidas cautelares y protección para Yirley y su núcleo familiar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , quien emitió el 17 de julio de 2020 la Resolución 40/2020, notificando al Estado colombiano que debía adoptar las medidas de seguridad para la lideresa. El organismo internacional consideró que ella se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, pues podría sufrir daños irreparables a sus derechos.

Yirley pensó que con su salida del corregimiento las amenazas iban a parar, pero no fue así. Luego ocurrió el arresto de Yuranis. Sisma Mujer y la CCJ califican estos hechos como una guerra jurídica contra Yuranis que busca intimidar a toda una comunidad. “La violencia contra las mujeres, en particular contra las defensoras, se ha reconfigurado mediante el uso de herramientas legales para obstaculizar sus procesos y silenciar sus denuncias”, dicen.