La iniciativa VERIFICO fue creada para que quienes asumen la vocería de diversas causas y comunidades tengan mejores condiciones para realizar su labor. Desde hace varios años Colombia encabeza el listado de países con más personas defensoras asesinadas anualmente, según los registros de Global Witness y Front Line Defenders.

Esta última organización acaba de publicar que el año pasado fueron ultimadas 358 que ejercían el derecho a defender derechos. Y, nuevamente, con 165 casos, Colombia fue el país más letal en 2025. Le sacó amplia ventaja a sus seguidores en la medición: México (43), Palestina (43), Brasil (22) y Honduras (13).

Ante ese panorama, esta iniciativa busca cortar hilos de desinformación y estigmatización porque dichas narrativas suelen alentar y justificar agresiones contra quienes promueven los derechos humanos que suelen ir desde amenazas y atentados, hasta desplazamientos y asesinatos.

Hace tres años VERIFICO se puso en línea gracias a una alianza entre VerdadAbierta.com y Protection International (PI), con el apoyo del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Unión Europea, en medio del proyecto Nuevas narrativas locales para combatir la desinformación y la estigmatización sobre la acción de defensa de los derechos humanos y el periodismo comunitario en Colombia.

Por medio de la contrastación y el análisis del discurso, esta iniciativa busca llenar un vacío de información, puesto que en el país se documentan casos de asesinatos, atentados, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otros, pero no había registros sobre casos de esas narrativas que generan riesgos para quienes ejercen el activismo social.

De este modo, en los últimos 36 meses chequeamos 136 mensajes de desinformación y estigmatización. Esa labor se realiza a partir de las prácticas del periodismo de investigación y de datos.

Adicionalmente, se analiza el discurso de los emisores de cada mensaje para clasificarlo en alguna de las categorías que emplea esta iniciativa: Descontextualización, Difamación, Ironía, Discriminación, Ataque Político y Engaño. 

Para conocer más sobre esta metodología, consulte este enlace. 

De este modo, se han logrado identificar algunas prácticas y patrones de estigmatización y desinformación contra las personas defensoras de derechos. Entre ellas están el hecho de que se agudizan en momentos coyunturales; este año tuvieron énfasis en manifestaciones pro Palestina; que se emplean para realizar ataques a sectores opositores, que buscan deslegitimar los reclamos de comunidades y que hacen parte de historias contadas parcialmente.

De acuerdo con el monitoreo de VERIFICO, políticos, periodistas y medios de comunicación son los sectores que más desinformación y estigmatización produjeron en los dos últimos años. 

El sector que más estigmatiza a los liderazgos sociales es el político. La mayoría de sus casos se concentran en sectores de derecha, que suelen señalar a las personas defensoras de derechos humanos de ser ‘opositores al desarrollo’, ‘perezosos’, ‘violentos’ o ‘enemigos del Estado’. (Leer más en: Defensores medioambientales, bajo el estigma de ser opositores al desarrollo)

No obstante, la labor de VERIFICO demuestra que la estigmatización y la desinformación no distinguen entre ideologías, pues ha chequeado mensajes de esas prácticas por parte de  funcionarios del actual gobierno, que tiene un corte progresista y de izquierda. 

Entre ellos están el propio presidente Gustavo Petro y algunas de las personas más cercanas a él como el ministro del Interior Armando Benedetti, quien, por órden de una sentencia de tutela, el pasado 25 de noviembre, se tuvo que retractar por estigmatizar al personero de Ocaña. En años anteriores chequeamos casos de Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social; de Roy Barreras, expresidente del Congreso de la República y exembajador en Reino Unido; y Susana Muhammad, exministra de Medioambiente. 

Entre los emisores con más mensajes verificados se encuentran la senadora María Fernanda Cabal (nueve casos), la disidencia de las Farc identificada como Estado Mayor Central (seis casos), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (cinco casos), el representante Miguel Polo Polo (cinco casos), la revista Semana (cuatro casos) y el electo senador Enrique Gómez (cuatro casos). Otros que empatan con tres casos verificados entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2026: Álvaro Uribe, expresidente de la República; Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio; Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por Bogotá; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; el diario El Colombiano y el presidente Gustavo Petro.

El 37,2 por ciento de los casos se concentra en contra de liderazgos indígenas, lo cual demuestra que además de ser el sector más señalado, aún persisten claras marcas de racismo y desconocimiento de la cosmovisión y las leyes que amparan los derechos de ese pueblo originario.

Por otro lado, hay una afectación similar entre los liderazgos asociados a medioambiente, víctimas, campesinos, comunal y derechos humanos. En este año hubo menos señalamientos contra sectores medioambientales y de víctimas del conflicto armado, pero aumentaron contra quienes se movilizaron para denunciar violaciones de derechos humanos en Palestina.

Se mantiene la tendencia de estigmatizar a las comunidades indígenas cuando se movilizan para reclamar derechos o hacer acción política. En Medellín se concentraron estos señalamientos, por parte de algunos concejales y del mandatario de la ciudad. (Leer más en: En Medellín es vulnerado el derecho a la protesta social)

La mayor cantidad de los mensajes son publicados en la red social X (88), y son seguidos de publicaciones en páginas web de medios (14), panfletos (13), radio (6), discursos públicos (4), Tik Tok (2), comunicados oficiales (2), Facebook (2), WhatsApp (2), discursos públicos (2), televisión (2) y periódicos (1).

La descontextualización y la difamación son las principales modalidades para estigmatizar o desinformar. Llama la atención que el segundo sector con más casos es la prensa, representada por medios de comunicación y periodistas que hacen publicaciones en sus redes sociales. 

Impacto de la estigmatización

Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, organización que desde 2002 documenta diferentes tipos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, por lo general, no se suele tener en cuenta los efectos que generan la desinformación y la estigmatización en esta clase de activistas.

“Al desinformar y estigmatizar, se generan marcas en contra de quienes defienden derechos. Como (se ha) documentado en VERIFICO, se producen por medio de discursos de políticos, empresarios medios de comunicación e incluso gente del gobierno, que tienen una voz muy fuerte que resuena ante la opinión pública regularmente y que generan un efecto muy alto y directo sobre la vida de estas personas”, señala.

Y agrega: “Cuando una figura pública realiza señalamientos contra personas defensoras, lo que hace es decirle a la sociedad colombiana que ese defensor o defensora no es una persona democrática, no es una persona que defiende derechos, sino que es todo lo contrario. Y eso, obviamente, en un país como nuestro tiene cuestiones como que afecta la vida integridad de la persona defensora hasta que le puede costar la vida”.

En gran medida, Torres atribuye a esas dos prácticas la indiferencia de amplios sectores de la sociedad sobre la violencia que padecen quienes defienden los derechos humanos. “La desinformación y la estigmatización hacen que para muchos no sea importante que asesinen a una persona defensoras cada dos días en el país.”

Edwin Mauricio Capaz es un curtido líder indígena de la comunidad Nasa, ubicada en el norte de Cauca y actualmente es el coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Coincide con la coordinadora de Somos Defensores y señala que con la estigmatización se busca silenciar las reclamaciones de los pueblos originarios.

“Cuando salimos de nuestros territorios a reclamar nuestros derechos o a pensarnos como país, nos hemos encontrado con este escenario, en el que nos dicen: ‘Sigan en sus resguardos, construyan sus territorios, no molesten acá’. Y ese tipo de cosas han hecho mucho daño al movimiento indígena. Parece algo particular de la sociedad colombiana, pero que se ha institucionalizado y se ha consolidado la idea de querer ver al movimiento indígena como una figura simplemente simbólica y cultural, pero no como un actor político transformador o de aporte a la sociedad colombiana”.

El monitoreo realizado por VERIFICO concuerda con lo expresado por Capaz. Cuando organizan movilizaciones o Mingas para denunciar la violencia de grupos armados en sus territorios, reclamar el cumplimientos del Estado o respaldar proyectos de ley que impulsa el gobierno del cual hacen parte, las comunidades sufren falsos señalamientos en los que son calificados como los más grandes terratenientes del país, borregos del gobierno nacional o personas que se movilizan por dinero y no por convicción. Mientras estén en sus resguardos, no reciben señalamientos en contra.  

El vocero del Cric señala que lo anterior obedece a un racismo estructural en la sociedad colombiana y el Estado colombiano: “Es muy difícil poder cambiar este estilo, porque ha escalado hasta el nivel nacional e institucional, desde hace muchas décadas”.

Por otro lado, Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al combatir la estigmatización, se puede prevenir la violencia que padecen las personas defensoras o los líderes sociales del país.

Señala que se debe trabajar desde todos los niveles del Estado para ver a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como un modelo a seguir y no como un lastre para el desarrollo, como muchos lo quieren vender.

“Todo este tiempo de estigmas y de discursos del odio, lo que hacen es justificar una violencia contra las comunidades y contra los líderes sociales; o alentarla en algunos casos. A veces escuchamos por parte de senadores discursos de odio en contra de comunidades y en algunos casos los grupos armados repiten este tipo de discursos y convierten en blanco a estas personas, por supuesto el grupo armado tiene toda la responsabilidad en la violencia que se ejerce contra las comunidades”, indica. 

Y concluye: “Los discursos de odio son un peligro porque pretenden justificar violencias en contra de población civil que no está armada, que está resistiendo a la guerra y resistiendo a la imposición de las normas que vienen generando los grupos armados”.