Desde hace dos años Colombia encabeza el ranking mundial de países con más defensores de la tierra y del medioambiente asesinados, que realiza la organización Global Witness. Para el año pasado reportó el asesinato de 79 personas que dedicaron su vida a esas causas; lo siguieron Brasil y Honduras, con 25 y 18 víctimas, respectivamente. Y en 2022 la cifra también fue la más alta: 60 defensores colombianos fueron asesinados.

Ese nivel de violencia contra quienes protegen la naturaleza no es coyuntural. Entre enero de 2016 y septiembre de 2024, la ONU Derechos Humanos verificó el asesinato de 248 personas defensoras ambientales.

“El 89 por ciento de los homicidios documentados fue de personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura. En 139 casos de homicidio las personas eran indígenas y en 18 casos afrodescendientes. En 64 casos eran personas campesinas”, indica el más reciente reporte de ese organismo multilateral.

La agencia de Naciones Unidas reporta que esos asesinatos han ido en aumento desde 2016 y se han concentrado en los departamentos de Cauca, con 76 casos (representando el 31 por ciento de los homicidios), Chocó con 23 (nueve por ciento), Nariño con 21 (ocho por ciento), Valle de Cauca con 18 casos (siete por ciento), Antioquia con 15 (seis por ciento) y Norte de Santander con 8 casos (tres por ciento).

Esas muertes suelen darse en medio de ambientes hostiles no sólo por las dinámicas del conflicto armado en diferentes regiones del país y el abandono estatal, sino por la estigmatización que padecen quienes defienden los recursos naturales. 

Y sobre los señalamientos ONU Derechos Humanos hace un claro llamado: “Que las autoridades nacionales, departamentales y municipales se abstengan de incurrir en la estigmatización y combatan mediante campañas informativas y de reconocimiento la estigmatización que otros actores puedan realizar a las personas defensoras del medio ambiente”.

Este portal, que desde junio de 2023 chequea mensajes de desinformación y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, ha analizado 70 afirmaciones e insinuaciones realizadas por sectores con influencia en la opinión pública. De ellas, 41 están relacionadas con sectores que se dedican a defender el medioambiente y los territorios de comunidades étnicas.

La mayoría, 30, son contra comunidades indígenas, que han sido señaladas por políticos, periodistas, medios de comunicación y grupos armados ilegales, de acaparar tierras, de no ser productivos, de ser violentos y de ser parte del conflicto armado. (Leer más en: Defensores y liderazgos indígenas, los más estigmatizados en Colombia)

También estamos analizando un caso de estigmatización contra comunidades afrodescendientes que se movilizaron para reclamar la adecuada implementación de la Ley 70, que es la que define la conformación de los consejos comunitarios en los que habitan.

De funcionarios del actual gobierno nacional se han verificado tres casos. Todos están relacionados con la incidencia del Comité Salvemos Gorgona, que se opone a la construcción de una base militar en esa isla del departamento de Cauca porque puede afectar sus ecosistemas y también aboga por el respeto del derecho a la consulta previa de las comunidades negras, cuyos integrantes fueron señalados de ser funcionales al narcotráfico. Dichas insinuaciones fueron realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro; el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; y el expresidente del Congreso y actual embajador en Londres, Roy Barreras.

Oponerse a la minería legal a gran escala también es una causa de estigmatización. En las regiones Nordeste y Suroeste de Antioquia VERIFICO encontró cuatro casos de acoso vía redes sociales. (Leer más en: Las redes sociales como un escenario más de amenaza)

Dos casos más de estigmatización y desinformación están relacionados con una manifestación en la sede de la empresa petrolera Emerald Energy, en Los Pozos, San Vicente del Caguán, que fue escalando y terminó con la muerte de un protestante y un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, que fue calificada por la senadora María Fernanda Cabal y el exministro Juan Camilo Restrepo, como una toma guerrillera y un secuestro, respectivamente.

También hay amenazas, estigmatización de por medio, por parte de grupos armados ilegales contra organizaciones que se dedican a la defensa del medioambiente. Una fue realizada por un grupo de origen paramilitar y la otra por una disidencia de las Farc. 

Los 41 casos chequeados demuestran que quienes defienden la naturaleza son estigmatizados por sectores de diferentes ideologías y afinidades políticas.

La estigmatización y sus efectos

De manera unánime, defensores del medioambiente responden que el principal motivo por el que son estigmatizados es por ser supuestos opositores al desarrollo.

“Lamentablemente en Colombia defender la naturaleza genera riesgos. A nosotros nos han señalado de ser obstáculo del desarrollo y del progreso porque hacemos denuncias y seguimientos a empresas que extraen petróleo y gas en el territorio”, cuenta Óscar Sampayo, de la Corporación Regional Yariguíes, que hace labor de incidencia en el Magdalena Medio.

Los pueblos étnicos también son señalados por ese motivo, al exigir el respeto a la consulta previa e impedir el desarrollo de proyectos industriales en sus territorios colectivos. Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, ha identificado que también existen otras narrativas que giran alrededor de las afirmaciones que los sindican de impedir el progreso en regiones rurales: ser opositores de la riqueza; ser perezosos; y ser conservacionistas mientras aguantan hambre.

Sin embargo, para este defensor de derechos humanos, que también lidera el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, esas afirmaciones son producto del desconocimiento de una visión de vida que se aleja de un modelo extractivista, acumulador e irrespetuoso de los territorios.

“¿Pero qué tipo de riqueza? ¿Esa que acumula en manos de pocos y empobrece a muchos? Pues no, esa no es la que queremos nosotros”, responde Moreno. Y, sobre los señalamientos de que las comunidades étnicas son perezosas y conservacionistas en exceso, responde: “Una cosa es que tengamos respeto por el territorito y queramos hacer aprovechamiento racional y responsable de recursos naturales, y otra es la explotación irracional que otros sectores quieren hacer”.

Esos planteamientos son compartidos por Aída Quilcué, lideresa indígena de Cauca que desde hace dos años es senadora de la República. “Nosotros consideramos que la naturaleza es un ser viviente, que por lo tanto tenemos que cuidarla. Eso no implica que los indios no le hayamos aportado al país. Al contrario, gracias a los indígenas, hoy existe la biodiversidad que tenemos”.

Por otro lado, Andrés Pachón, uno de los voceros del Comité Salvemos Gorgona, cuestionado en varias ocasiones por el actual gobierno nacional por oponerse a la expansión de instalaciones militares en esa isla del Pacífico, indica que cuando los defensores del medioambiente no son señalados de ser opositores al desarrollo, lo son de tener supuestos nexos con actores armados ilegales.

“Los mensajes más comunes son relacionados con que estamos siendo instrumentalizados o somos unos instrumentos de diferentes grupos. Entonces se nos dice muchas veces que estamos representando los intereses del narcotráfico porque nos oponemos a una base guardacostas en pleno Parque Nacional y uno de los lugares más biodiversos del mundo”, refiere.

Esos mensajes no sólo alientan violencia contra quienes defienden derechos de comunidades y territorios marginados, sino que también producen deslegitimación y choques al interior de los procesos sociales que lideran.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, organización que desde hace 25 años monitorea todo tipo de agresiones contra lideresas y líderes sociales, advierte que señalar a los defensores de la naturaleza como opositores del desarrollo o representantes de intereses ilegales es muy grave porque afecta su representación en los territorios.

“Cuando a un líder, a una organización o a un proceso social se le dice: '¡Usted se opone al desarrollo!', en lugares muy vulnerables, se generan conflictividades muy fuertes porque las comunidades pueden entender que impiden la llegada de empleos, carreteras, kits escolares y todos los beneficios que ofrece la llamada responsabilidad empresarial”, plantea Torres.

Esa clase de señalamientos también genera afectaciones externas o directas a los defensores de derechos humanos. “La estigmatización genera intimidación contra la persona y su núcleo familiar. Se genera por difamaciones, injurias y calumnias, que vienen acompañadas de series de relatos y perfiles falsos en redes sociales, en donde quieren destruir y afectar la credibilidad de defensores de derechos humanos en temas ambientales”, indica Sampayo, quien en 2021 debió salir desplazado del Magdalena Medio por amenazas que recibió producto de la estigmatización por denunciar la contaminación en ríos.

Finalmente, la estigmatización también ha llegado a esferas judiciales, pues algunos activistas han resultado denunciados por protestar en contra de grandes proyectos.

Campesinos querellados por AngloGold Ashanti

Desde hace 14 años, campesinos y líderes ambientales de Jericó, Suroeste de Antioquia han defendido el territorio contra la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti, que quiere convertir esta zona cafetera y agrícola en distrito minero. Ese proyecto, nombrado por la empresa como Quebradona, pretende extraer cobre y otros minerales.

Sin embargo, el Suroeste no tiene vocación minera, por el contrario, es una región que surte de alimentos a gran parte del departamento, tiene gran diversidad ecológica y abundan las fuentes de agua. En el 2010, cuando llegó la AngloGold a Jericó, los campesinos de la vereda La Soledad notaron que el caudal de agua se había disminuido con las perforaciones en el suelo que la empresa estaba haciendo para iniciar la exploración.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, dice que este fue el detonante para que la gente se organizara y desde ahí no han permitido que la minería se instale en ninguno de los cinco puntos del municipio identificados por la empresa donde hay yacimientos de cobre. 

Lo que ha logrado hacer la empresa, anota Jaramillo, es crear una capacidad de publicidad y de propaganda que ha venido socavando esa resistencia. “Desde hace ya varias administraciones municipales no hay una sola actividad social, cultural y deportiva que no esté patrocinada por la empresa minera y lógicamente todas esas actividades llevan detrás un componente publicitario muy fuerte que ataca la defensa territorial y a algunas personas” dice.

La propaganda en redes sociales ha generado estigmatización contra los campesinos, estudiantes, activistas, comunicadores sociales, artistas, religiosas y todos los que se han opuesto al proyecto minero. Dice Jaramillo que muchos de los mensajes provienen de algunas personas de Jericó “que están muy comprometidas con la empresa minera porque reciben algún tipo de beneficio. Hay otra cantidad de bots en las redes sociales que nos están acusando de tener compromisos con grupos armados como el ELN”. (Leer más en: Las redes sociales como un escenario más de amenaza)

Otro de los ataques de la AngloGold contra líderes ambientales y campesinos de Jericó es que interpuso querellas por dos hechos puntuales donde sacaron a la empresa del territorio. La primera fue en noviembre de 2022, cuando se presentaron unos  trabajadores de la empresa minera en un predio cafetero de la vereda Vallecitos para preparar la instalación de una plataforma de perforación minera.  “Se inició una acción de protesta y a partir de ese momento 45 personas fueron querelladas entre ellas menores de edad, ancianos”, cuenta Jaramillo.

La segunda querella fue en diciembre de 2023 cuando AngloGold ingresó maquinaria a la vereda La Soledad e instaló una plataforma minera. Los campesinos y defensores del territorio entraron al predio y la desinstalaron. Esa vez fueron querellados 61 campesinos.

Después de varias audiencias públicas que se han suspendido y postergado, la defensa de los afectados ha pedido nulidad de esas querellas. El 19 de septiembre de 2024, cuando se dio la última audiencia, el inspector de Policía negó la solicitud y citó nuevamente para el 25 de noviembre para continuar con el juicio.

Esta situación ha generado tensión en los más de 80 campesinos querellados y sus familias; sin embargo, el compromiso de defender el territorio crece y cada día se suman más sectores sociales a la lucha. Dice Jaramillo que en 14 años han logrado que la respuesta de las comunidades sea pacífica. “No hemos creado enfrentamientos, no nos hemos exacerbado. Por el contrario, hemos tratado de ser respetuosos y claros con argumentos de por qué defender el agua y el territorio”.

Los campesinos de Jericó y de los otros 23 municipios del suroeste, tienen la esperanza de que este gobierno apoye la idea de convertir la región en un distrito agroecológico y sea una zona protegida para la producción de alimentos o que los cobije el Decreto 004 de 2024 del Ministerio de Medio Ambiente, que declararía áreas de reserva natural temporales en varios lugares de Colombia en el marco del ordenamiento minero ambiental.

Esas áreas temporales, según Jaramillo, significarían un gran avance y permitirían un alivio durante cinco o 10 años para seguirse organizando en la defensa del territorio sin que haya ninguna amenaza. “El objetivo de este decreto es crear un espacio donde se hagan estudios científicos y técnicos que demuestren, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, cuáles áreas son aptas para minería y cuáles deben de ser protegidas por su riqueza en recursos naturales”.