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Estado Mayor Central de las Farc
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La disputa territorial de grupos armados en la Amazonía colombiana tiene atemorizada a la población por las constantes amenazas contra la vida.
La Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas para esta región, donde advierte el peligro que corre la población civil al estar en medio de ese conflicto y desprotegidos por el Estado.
Las comunidades buscan alternativas para proteger la vida y piden al gobierno que resuelva esos temas de violencia y que llegue con propuestas para resolver problemas en educación, salud, vivienda y tierras.
08 de octubre de 2024 * Colombia
El Estado Mayor Central (EMC) desde el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, bajo el mando de ‘Iván Lozada’ o ‘Mordisco’, hizo circular un panfleto el 15 de septiembre, donde advierte y amenaza a organizaciones sociales de los departamentos de Meta y Caquetá. Nombra específicamente a líderes y guardias campesinas de Puerto Rico, Guacamayas, Pato Balsillas, San Vicente del Caguán, Llanos del Yarí y La Macarena, Meta y las organizaciones Asambp, Amcop, Ascalg.
A estas organizaciones, que defienden derechos humanos y medio ambiente en Caquetá y Meta, les dice que se abstengan de colaborar o servir al Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias ‘Calarcá’ con quien se disputa el territorio, y con quienes tendrán “duras confrontaciones” para retomar esas áreas. “No queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada por los ya mencionados traidores seria (sic) muy doloroso para nosotros que en esta retoma de nuestras históricas áreas mueran habitantes de las regiones mencionadas por el solo hecho de no acatar las orientaciones de las FARC-EP”, se lee en el panfleto.
Además, dice que apoyar a la otra estructura armada, “se tomará como una traición y afrenta a la lucha del pueblo por la toma del poder”. También incita a que los líderes socialicen el anuncio en sus respectivas asambleas, “para no tener lamentaciones posteriores como ya vienen ocurriendo en zonas del territorio como lo es Cartagena del Chairá”.
Finalmente, en el panfleto aseguran que tienen informaciones concretas de líderes sociales y de guardias campesinas que están prestando apoyo a la estructura al mando de ‘Calarcá’.
Carlos Rodríguez, líder social de La Macarena y los Llanos del Yarí, quien hace parte del Consejo Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, tuvo conocimiento del panfleto y dice que desde que existen las Farc han habido señalamientos contra los campesinos de afirmar que “estos apoyan tal estructura armada con la que disputan tierra o economías o al Ejército colombiano y por ello nos convertimos en enemigos, cuando la guerra nos llegó, se instaló en nuestros territorios y nada pudimos hacer”.
Para Rodríguez, todos los líderes sociales y comunidades de la Amazonía colombiana, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc, era una esperanza para resolver las necesidades básicas, el abandono estatal y el conflicto armado que por más de 50 años han vivido con intensidad. Pero no fue así. “Ese desengaño lo tuvimos muy prontamente después del proceso de paz, pues a unos los llevó al letargo, a quedarnos dormidos y a otros, inclusive, a hacer maleta y retirarse del territorio por el miedo, porque empezaron nuevas amenazas, muchos comentarios contra los líderes y comunidades”, dice Rodríguez. Muchas organizaciones sociales que llevaban más de una década de trabajo se desarticularon.
Para el caso específico de Rodríguez, en esta ocasión se resiste a salir, porque siempre ha vivido en La Macarena, proviene de las primeras familias que colonizaron, hace 86 años, esas tierras. Rodríguez y su familia fueron desplazados de los Llanos del Yarí, a algunos los asesinaron. Le ha tocado esconderse en varias ocasiones. Después de la zona de distensión en los Llanos, con el gobierno de Pastrana en 1998, el líder pudo regresar y desde ahí no ha parado de defender los derechos humanos junto con algunas organizaciones de la región.
Pero la persecución y estigmatización no ha sido solamente de grupos armados, también la reciben por parte del Estado, principalmente por estar ubicados dentro de los Parques Naturales Nacionales La Macarena, Cordillera de los Picachos, Tinigua y Chiribiquete. Rodríguez argumenta que antes de que se creara la figura de Parques, ya había gente habitando esas tierras. (Leer más en: Ministra de Medio Ambiente comparó a campesinos con estructuras criminales)
Tener ganadería a pequeña escala también los ha convertido en foco de señalamientos, porque según el líder, les echan toda la culpa de la deforestación.
“Eso inclusive lo discutíamos dentro de las organizaciones, cómo nos estigmatizan por ser La Macarena el municipio del Meta con mayor ganadería. Y si uno echa una miradita hacia atrás, en el 2000, los proyectos de las Naciones Unidas eran de fomento ganadero. También para acceder a proyectos del Incora había que tener potreros. Entonces fue una contradicción que hoy nos cobran a nosotros”, dice Rodríguez.
Tanto para Meta como para Caquetá, la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas Tempranas este año advirtiendo de la retoma del poder de dos estructuras armadas que se dividieron y que hacían parte del Estado Mayor Central: el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, con el Frente Carolina Ramírez a cargo de ‘Mordisco’ y el Bloque Jorge Suárez Briceño de ‘Calarcá’.
La Alerta Temprana 018 de 2024 emitida el 15 de julio para el departamento de Meta, dice que “las facciones disidentes de las Farc vienen reposicionándose a lo largo y ancho de la franja del territorio entre los ríos Duda y Guayabero, constituyendo un corredor de movilidad que viene desde el departamento del Caquetá, pasando por el municipio de La Macarena. Dicho corredor de movilidad busca interconectar el sur del Meta con la subregión del Sumapaz”.
En esa zona las estructuras armadas citan a los comerciantes y sectores productivos a quienes les imponen extorsiones para robustecerse económicamente. Dice la Alerta Temprana que estas disidencias tienen dos propósitos directos: incrementar el poderío militar y número de hombres en sus filas, y lograr pleno control sobre la población civil mediante la imposición de parámetros y normas de conducta.
Además, las violaciones a los derechos humanos sobre diversas comunidades que habitan el territorio son alarmantes, como amenazas a líderes sociales, restricciones a la movilidad, imposición de tributos ilegales, homicidios, desplazamientos forzados, carnetización, extorsiones, prohibiciones, entre otros, generando temor e inseguridad en la población.
En la Alerta Temprana 023 de 2024, emitida el 10 de septiembre para Caquetá, y en especial para Cartagena del Chairá, dice que es donde se está dando la mayor confrontación armada de esas dos estructuras del EMC, así como lo señala el panfleto difundido el 15 de septiembre.
Esas rencillas territoriales, que iniciaron en agosto de 2024, “han estado acompañadas de un repertorio de acusaciones directas e indirectas sobre la población civil, por su supuesta simpatía respecto de uno u otro bando, Frentes que hasta abril de 2024 se encontraban organizados bajo unidad de mando en una única estructura, del que era llamado Estado Mayor Central”.
Advierte el documento de la Defensoría que la situación es grave porque hay una doble imposición de regulaciones a la vida cotidiana de la población civil, “que antes resultaba unánime en el dominio del Estado Mayor Central, pero que, ante su actual fraccionamiento, parece indicar a las comunidades que ‘deben elegir el bando que van a apoyar’, ya sea a favor del Frente Carolina Ramírez o del Frente Jorge Suárez Briceño”.
Es por ello que Rodríguez insiste al gobierno que se instale una mesa interinstitucional en la región de la Amazonía, promovida por el gobierno nacional. “Aquí hay cosas para resolver en educación, en salud, en el tema de las tierras. Aquí sigue la gente viviendo, haciendo su trabajo, su plan familiar, su plan de subsistencia en terrenos baldíos de la nación”.
Señala el líder de La Macarena que no han visto un empeño grande de la Agencia Nacional de Tierras para que vaya a cumplir esa función. “Aquí a la hora de aterrizar proyectos, corremos el riesgo de que nos dicen esto estamos en la Ley Segunda (creada en 1959 donde las reservas forestales no se pueden ocupar con fines agrícolas o ganaderos) o esto está en un distrito especial para la conservación. Y bajo ese escudo nunca se traen soluciones para la gente”.
Frente a las amenazas que reciben a diario por parte de los grupos armados, Rodríguez dice que la salida es denunciar, buscar acompañamiento institucional, y en los casos más complejos, para cuidar la vida es moverse del territorio, “doblar la cobijita y tener la maleta empacada”, como lo hizo él en la época que llegó el paramilitarismo a La Macarena.
“Si me hubiera quedado allá hace mucho tiempo hubiera sido un hombre muerto”, dice Rodríguez. “Entonces huir, dicen algunos que es de cobardes. Para mí huir es de inteligentes”.
Entre el 14 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2024
Asesinatos en todo Meta
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