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Ministra de Medio Ambiente comparó a campesinos con estructuras criminales

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Susana Muhamad

DESCONTEXTUALIZACION
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Los campesinos que están dentro del Parque Natural Nacional Chiribiquete fueron sorprendidos con un operativo militar donde se destruyeron algunas casas, puentes y la única vía de acceso que tienen.

En este operativo, la ministra de Medio Ambiente dijo que habían dado un golpe a las estructuras criminales que están deforestando esa zona de protección ambiental, sin embargo eran campesinos que quedaron dentro del parque con la ampliación de Chiribiquete en 2019.

Esas declaraciones generan más estigmatización contra los campesinos y los pone en la mira de los grupos armados, pues la Ministra no tenía claridad de quiénes estaban en esa zona.

30 de septiembre de 2024 * Colombia

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En la red social X, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, publicó un video el 18 de agosto anunciando que bajo la planificación del Ministerio de Defensa, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y la Fiscalía, y en el marco del Consejo contra la Deforestación y otros Delitos Ambientales (Conaldef), “se realizó un operativo para desmantelar la estructura criminal que fomenta la deforestación en el Parque Nacional Chiribiquete”.

 

En este mensaje dijo que se desmantelaron laboratorios de coca, una vía que atravesaba el Parque y varios puentes. Además, aseguró que el Gobierno Nacional “no permitirá la instrumentalización del campesinado por parte de actores armados, y seguiremos trabajando con las comunidades en una alternativa social y económica para proteger la Amazonía”. Esta publicación alcanzó 46.000 reproducciones.

 

Dos días después, César Jerez, vocero de la Agenda Nacional Campesina, denunció en la misma red social que esa información era falsa y que se estaba estigmatizando a los campesinos quienes fueron atacados en dicho operativo y que no hacían parte de ninguna estructura militar, según las versiones de quienes estaban en la zona.

 

Allí, Jerez dice que se afectó a campesinos del Remanso y Caño Jeimy y que estas familias que sufrieron por la destrucción de una vía y puentes se encuentran dentro de la ampliación del Parque Natural Chiribiquete que se realizó en 2019 y que inmediatamente los cobija la Ley Segunda de 1959 donde las reservas forestales no se pueden ocupar con fines agrícolas o ganaderos. También dice que destruyeron una casa y su cocina y los hicieron pasar por laboratorios de cocaína. De los seis puentes que dinamitaron, sólo dos están dentro del Parque. Agrega que en esa zona apenas hay una hectárea de cultivos de coca.

 

VERIFICO se comunicó con Carlos Rodríguez, campesino y líder social en La Macarena, Meta, quien fue a monitorear la situación y dijo que este fue un operativo contra los comuneros que habitan esa región.

 

“Me llamaron y fui para la parte que me quedó más cerquita, aquí en La Macarena, que era Caño Jeimy, a mirar lo que estaba pasando y, claro, realmente ahí lo que hubo fue un atropello bárbaro. Un atropello de los mismos que nos hicieron gobiernos anteriores como el de Álvaro Uribe, por ejemplo, luego el de Santos, y después el de Duque con las famosas operaciones Artemisa. Prácticamente no estamos haciendo el cambio. Están haciendo la misma cosa que nos hicieron esos gobiernos anteriores, atropellar a la población”, dice Rodríguez.  El gobierno de  Iván Duque desarrolló  la Operación Artemisa entre 2019 y 2021 buscando detener la deforestación.


Según el líder de La Macarena, en este último operativo fueron afectados entre 300 y 400 campesinos que están asentados en el margen noroccidental del parque, zona que se conoce localmente como Cachicamo.

 

Cuenta Rodríguez que abordó a la ministra de Medio Ambiente en una cumbre campesina que se realizó el 29 y el 30 de agosto en Fusagasugá, diciéndole que no era cierto que habían atacado a estructuras criminales en la zona de Parques Naturales, sino que eran campesinos.

 

Rodríguez aprovechó para invitar a la ministra Muhamad a La Macarena para que se sentara con las comunidades de allí, también de Guaviare, San Vicente del Caguán, “inclusive (con) los municipios que tengan jurisdicción en esas áreas protegidas y que les aclare cuáles son las políticas que ustedes tienen encaminadas para el tratamiento de la gente que vive en parque naturales”.

 

Según Rodríguez, la Ministra dijo que el 1 y 2 de octubre iría con la homóloga de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio y otras instituciones. Rodríguez, a su vez, le sugirió que debía ayudar a esas familias que perdieron todo con esos operativos. “Lo primero que puede usted hacer es pagarle a esa gente esas obras comunitarias que había hecho; en segunda instancia, las casas, que no son cocinas de laboratorio de coca, sino son casitas humildes de personas, porque ahí no hay cultivo de coca como para tener laboratorio, habrá una que otro cultivo, pero eso no es una empresa cocalera”, recuerda Rodriguez que le dijo a la ministra.


VERIFICO intentó hablar con la ministra Muhamad pero no hubo respuesta. 

 

Rodríguez también dice que le propuso a la funcionaria del Ejecutivo que haga una reunión con estas personas y “tracen la línea, delimiten; lo que esté de la línea para fuera del Parque, legalicen la tenencia de la tierra a esos campesinos y campesinas que están asentados ahí en ese territorio. Y de ahí para adelante, la gente que ya no se puede, porque está muy adentro del Parque, páguele esa mejora y llévelos a ser partícipes de la famosa compra de tierras para dotación de tierras y hagan lo que se llama la reubicación, que la venimos planteando desde el 2000”.

 

Sin embargo, dice Rodríguez que esa reunión fue cancelada por temas de agenda, por lo tanto la incertidumbre seguirá y quienes perdieron sus bienes no tendrán manera de recuperarlos, por ahora.

 

Ante estos hechos en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, la Procuraduría pidió informe al Ministerio Defensa sobre este operativo realizado el 17 de agosto. “La viceministra (E) deberá referir si se tiene conocimiento de presuntas violaciones de derechos humanos y/o afectaciones a algunos pobladores de la región, al igual que posibles afectaciones a 80 familias quienes, según denuncias en medio de comunicación, fueron los que construyeron algunos de los puentes afectados en el operativo, sobre la única vía que conducía a una vereda en la Macarena – Meta del tramo de vía afectado”, dice la petición.

 

Hasta la fecha no se ha dado ningún pronunciamiento de algún ministerio sobre la situación ni ninguna aclaración de lo sucedido.

Conflicto de tierras en áreas protegidas

En ese territorio, conocido como la Amazonía colombiana, se han dado procesos de colonización desde hace décadas, lo que ha llevado a que el Estado cree figuras de protección y conservación de la selva como los Parques Naturales Nacionales. El problema es que lo hizo después de que las familias llegaran a esta zona y sin ningún tipo de concertación y desatendiendo sus propuestas de preservación.

 

Explica Rodríguez que cuando se crearon los parques naturales Serranía de la Macarena, Cordillera de los Picachos, Tinigua y Chiribiquete, ya había gente asentada ahí. “Eso fue en el 89, ya teníamos veredas, escuelas, Juntas de Acción Comunal en esos territorios y eso no se le ha podido hacer entender a nadie, a ninguno de los directores de Parques ni a ninguna autoridad. No hicieron el papel de socializar qué era la figura, a qué se refería cuando la gente no tenía ni un televisor para ver las noticias. Entonces, la gente hizo la finca, hizo su plan de vida acá, de un momento a otro amaneció en un parque, sin tener conocimiento”.

 

Dice Rodríguez que la población que habita estos territorios, antes que culpables, son víctimas. “Aquí nosotros hemos hecho un contexto muy general de qué significa la colonización en esta región, tanto de Macarena, de Guaviare, de San Vicente del Caguán. Aquí la gente llegó porque la mayoría de los abuelos e incluso padres fueron desplazados de otras regiones del país por ocasión de la guerra, de los conflictos”.

 

Y asegura que a esta región la gente llegó sin ningún apoyo del Estado e “inclusive dejaron de hacer lo más importante que tenía que haber hecho, que era sensibilizarlos para que trataran con cuidado estos ecosistemas. Pero aquí las instituciones del Estado ayudaron a que la gente talara”.

 

El antiguo Incora, por ejemplo, denuncia Rodríguez, ayudó a fomentar la ganadería de esos territorios y el requisito principal para un aspirante a un apoyo de esa entidad era que debía tener finca. “Entre más potreros tuviera la finca, más posibilidades tenía de ser beneficiario del proyecto. Esa fue una de las cosas que generó buena parte del daño ambiental”, dice.

 

La deforestación en la Amazonía es uno de los delitos ambientales que por décadas ha azotado esta región y que aumentó con la salida de las Farc en 2016. Los principales motivos de la deforestación en la actualidad, según el primer reporte trimestral de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), son la conversión masiva del bosque natural a pastos con fines de acaparamiento de tierras o prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, expansión de la frontera agropecuaria, tala ilegal de bosques, expansión de la infraestructura de transporte no planificada, y los incendios forestales.

 

Dice este informe del Ideam, que entre enero y marzo de 2024, en los departamentos de la Amazonía colombiana: Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía, se estimó una deforestación de alrededor de 40.219 hectáreas. Esto marca un aumento de la deforestación respecto del mismo trimestre del 2023, cuando se estimaron 12.042 hectáreas. Específicamente, se destacan aumentos de deforestación en los departamentos de Meta (+12.598 hectáreas), Caquetá (+11.583 hectáreas) y Guaviare (+4.098 hectáreas).

 

Ante estas cifras alarmantes, dice Rodríguez, que el campesino no es el principal deforestador, sino que hay empresas, grandes ganaderos y actores armados que invierten para que se talen bosques, pues los comuneros no tienen suficientes fondos para realizar esas acciones costosas. Es por ello que relacionar a los campesinos con estructuras armadas trae graves consecuencias contra la seguridad y contra la vida misma.

 

A partir de las declaraciones de la ministra, Rodríguez dice que se puede abrir una persecución judicial como ya ha ocurrido en otras ocasiones con otros operativos, además, teme que vaya a haber retaliación en el territorio por las estructuras armadas. “Muy seguramente lo puede coger la otra estructura y va a decir ‘es que aquí hay gente ya haciéndole juego a eso o viceversa. Y ahí llegan las amenazas, los desplazamientos”.

 

Y frente al otro argumento de la ministra de Medio Ambiente, es que hay instrumentalización de los grupos armados hacia los campesinos. “No es que lo instrumentalicen”, dice Rodríguez, “es que el hecho de la guerra, el conflicto armado de este país nos llevó a estar en medio, a hacer lo que un grupo u otro diga porque sino nos sacan de la tierra o nos matan. Aquí siempre nos han estigmatizado por todo”.

Si conoce algún caso de desinformación y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, envíelo al correo contacto@verdadabierta.com para ser analizado por el equipo de VERIFICO e incluirlo en su base de datos.

DATOS DE CONTEXTO
#NOSESTÁNMATANDO
Asesinato de Líderes y lideresas

Entre el 14 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2024

26

Asesinatos en todo Meta

Género

3 mujeres
23 hombres

Étnico

1 indígenas

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Categoría:
Descontextualización
Datos generales de la estigmatización
Fecha:
9/30/2024
Medio:
X
Datos del emisor
Verificado:
Susana Muhamad
Sector:
Político
Datos Liderazgo afectado
Liderazgo:
Comunal
Género:
Todos
Departamento:
Meta
Municipio:
La Macarena