Juliana Palacio en X le dice criminales a líderes campesinos de Jericó

Desde el 3 de abril, cuando campesinos de Jericó, Antioquia, que se oponen a los planes mineros de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, salieron a un nuevo plantón pacífico en la vereda La Soledad, han recibido señalamientos y estigmatizaciones en redes sociales que pone en riesgo sus vidas y agudizan los procesos judiciales que se están presentando contra ellos.

Juliana Palacio, quien se presenta como opositora del “gobierno criminal de Gustavo Petro”, quien tiene 65.000 seguidores, el  5 abril compartió un video que fue grabado por una “simpatizante” de la AngloGold donde dice que están “siendo retenidos y hay secuestro simple”, descontextualizando sobre el plantón que realizan los campesinos. 

Juliana Palacio en su publicación difama a quienes hacen uso del derecho a la protesta: “Criminales se están tomando a Antioquia. Con la falsa bandera del ‘ambientalismo’ grupos de criminales se están metiendo a invadir las fincas en el suroeste antioqueño (Jericó). Poco a poco Petro les va entregando territorios a estos grupos de dudosa procedencia”.

Tanto ella, como las usuarias Ani Abello y Doña Pily, estigmatizaron y desinformaron sobre esas protestas. Ya lo habían hecho de manera similar en el pasado: así lo da cuenta este análisis publicado por VERIFICO sobre la estigmatización en redes sociales contra campesinos de Jericó, por una acción de protesta contra la empresa minera en 2023.

Dice Fernando Jaramillo, de la Mesa Ambiental de Jericó, que las estigmatizaciones son constantes desde que los campesinos se empezaron a oponer al proyecto minero desde hace más de 15 años. “Todas apuntan a decir que los campesinos están actuando no solamente de manera ilegal, sino movidos por intereses personales de algunas personas y por instigación de grupos ilegales, guerrilleros, delincuenciales, etcétera. Y esto, lógicamente nos pone en peligro, en este país donde se indique a comunidades de estar trabajando para el ELN (Ejército de Liberación Nacional), como lo han dicho en las redes sociales, es simplemente perfilarlos para que les ocurra cualquier cosa”.

En cuanto a los retenes ilegales, de lo que tanto se les acusa a los campesinos que han estado impidiendo las labores de exploración de la AngloGold, dice Jaramillo que hay dos predios de familias que están a favor de la empresa minera que han entrado y salido con material de perforación a escondidas.

“A ellos se les pide que cuando van a ingresar o van a movilizarse por ahí, que muestren, que permitan ver qué es lo que llevan en sus carros. El retén no es tal, hay una libre circulación, inclusive para esas familias cuando pasan sin nada extraño en sus vehículos. Lo que pasa es que cuando se les nota que pueden llevar algo y se les pide que dejen ver qué es lo que llevan, pues no lo aceptan y eso agrava la sospecha de que están haciendo algo indebido”, explica.

Dice Jaramillo que los campesinos están realizando estas acciones de protesta pacífica “porque en octubre de 2013, en una asamblea que se tuvo en la cancha de fútbol de la vereda Palocabildo, la empresa públicamente se comprometió a no realizar ningún tipo de actividades en las veredas Vallecitos y La Soledad y en otras del corregimiento. Sin embargo, ha incumplido ese compromiso, por eso quienes están resistiendo se quedan allí plantados en la carretera hasta que haya retroceso de parte de las camionetas y su ocupante, o hasta que llegue la administración municipal, la Policía o el Ejército, y trata de disuadirlos de que no realicen esa actividad”.

Judicialización contra campesinos que protestan pacíficamente

En el suroeste de Antioquia la empresa minera AngloGold Ashanti ha intentado desde 2009 explotar depósitos de cobre y otros minerales en la zona a través de su proyecto La Quebradona, encontrando oposición por parte de la población campesina que tiene vocación agrícola.

Por su oposición, miembros de la Mesa Ambiental de Jericó, líderes y campesinos han sido estigmatizados en redes sociales, especialmente en X por parte de influencers, bots y cuentas falsas, como se evidenció en el análisis Las redes sociales como un escenario más de amenaza. Todas estas cuentas tienen en común intereses claros en defender la minería a gran escala.

Este conflicto socioambiental se ha centrado en las veredas La Hermosa, Vallecitos y La Soledad del corregimiento Palocabildo. Dice Jaramillo que este año han tenido un nuevo episodio de verse confrontados con actividades clandestinas de parte de la empresa AngloGold, “que ya venían presentándose: una en noviembre de 2022 y otra en noviembre de 2023. Ambas acciones pretendían ubicar plataformas de perforación en predios rurales de acá de Jericó, de la vereda Vallecitos y La Soledad”. Los campesinos no dejaron que la empresa ingresara.

Por esas acciones 80 personas fueron querelladas ante la Policía, entre ellas campesinos, estudiantes, activistas, comunicadores, menores de edad y hasta una monja. Después de varias audiencias, estas se convirtieron en espacios muy hostiles para los querellados y sintieron que hubo arbitrariedad con el proceso. 

“El inspector evidentemente mostraba que no era ecuánime en el tratamiento de este conflicto. Y muchas de sus posturas terminaban defendiendo la acción de la minera. No nos permitió presentar los elementos de prueba que nosotros teníamos para hacer esta defensa. Cerró el caso y aún no ha dado la respuesta de la decisión”, dice Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).

El 3 de abril de 2025 los campesinos se percataron de nuevas labores de construcción de instalaciones para exploración que eran realizadas en el predio de Rafael Arteaga, exalcalde del municipio. Se instaló el plantón que se mantuvo hasta el 11 de mayo. Por ejercer la acción de protesta, que es un derecho constitucional, 11 campesinos enfrentan una demanda judicial para la cual  fueron citados por la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia el 23 de abril por la imputación de cargos de secuestro simple, hurto calificado, daño a bien ajeno y lesiones personales.

Dice Jaramillo que esa judicialización que ha emprendido la empresa desde hace varios años, es para hacer ver que los líderes ambientales vienen cometiendo delitos de gravedad. “Pretenden privar de la libertad a 11 campesinos jericoanos, que son personas que han venido participando en la defensa del territorio y que no tienen ningún antecedente judicial, no le hacen mal a nadie”.

Desde la CJL advierten que hay que atender de distintas maneras ese conflicto y que las autoridades deben reconocer que es socioambiental, y no con el derecho penal, que debe ser la última razón para resolverlo; es decir, eliminar el tratamiento policivo. Serna dice que la Fiscalía habla de nueve eventos de secuestro, todos enmarcados en la protesta, y en la primera audiencia la defensa pidió que aclarara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esos hechos. Ante la petición, la Fiscalía solicitó un tiempo para tener esa información y la juez aplazó la audiencia para el 13 de mayo, la cuál duró seis horas y se continúa el 26 de mayo.

Afirma la abogada que la minera ha intentado aminorar esta actividad de reivindicación tan fuerte que tienen los líderes de distintas formas. “Una de ellas es la judicialización de los líderes y lideresas que son muy visibles en la oposición al proyecto, particularmente porque son miembros de Juntas de Acción Comunal o miembros de los acueductos comunitarios que tienen un interés en la preservación de las aguas y en la riqueza ambiental. La Fiscalía está pidiendo que haya una medida de aseguramiento que sea privativa de la libertad”, dice Serna.

Frente a esto último, hay bastante preocupación porque según la abogada, una medida de aseguramiento contra los campesinos “implicaría la pérdida de las labores agrícolas y la pérdida del empleo y los ingresos y la entrada de recursos para la familia. Algunos tienen niños menores de edad o hijos estudiantes en la universidad, que para ellos trabajan”, dice la abogada y asegura que no representan ningún peligro para la sociedad.

Además de dicha judicialización, algunos líderes de Jericó han recibido amenazas de manera directa. A uno de los  imputados por la Fiscalía lo llamó por teléfono un supuesto miembro del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde le decía que debería desocupar el departamento de Antioquia con su familia. Dos personas más fueron amenazadas por redes sociales (se omiten los nombres por petición de las fuentes y por seguridad).

De Jaramillo han dicho de que es el instigador general y responsable de que haya una división social en Jericó, “cuando la división social empezó en este municipio por la empresa minera que llegó a perturbar una vocación agropecuaria muy establecida para empezar a tratar de convencer a la población de que el progreso que requieren es por medio de la minería. Todos sabemos que es una falacia”, dice Jaramillo.

“Lo que pretende la empresa es apabullar el movimiento de resistencia frente al proyecto minero que no tiene ningún tipo de licencia social ni licencia ambiental. Es una empresa que no es bienvenida en el territorio”, agrega el líder social. Serna y Jaramillo concuerdan que la empresa no ha logrado el propósito. (Leer más en Defensores medioambientales bajo el estigma de ser opositores al desarrollo)

La región del Suroeste de Antioquia fue identificada como Zona de Protección para la Producción de Alimentos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante resolución 0377 del 26 de diciembre de 2024. Además, en diciembre de 2025, se acaba la tercera prórroga de un programa de trabajos y obras que la Secretaría de Minas de Antioquia aprobó a la AngloGold para que pueda solicitar nuevamente la licencia ambiental.Jaramillo dice que esas prórrogas son ilegales, por ello la empresa emprendió una campaña de desprestigio contra sus opositores, “para poder seguir con las exploraciones antes de que se acabe el año”.