​​Las Agc amenazan a líderes de Magdalena Medio

Por medio de WhatsApp, varios líderes y organizaciones sociales del Magdalena Medio santandereano recibieron amenazas el 17 de abril por parte del grupo armado autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia.

Uno de los panfletos, que contiene los logos de ese grupo, inicia con un saludo a la opinión pública de los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, y se refiere “a esas mal llamadas organizaciones de derechos humanos que escudan a los terroristas de las Farc y Eln que siguen afectando la tranquilidad de toda la región”.

Allí amenazan a los reconocidos defensores de derechos humanos María del Socorro Abril Cediel, Ramón Abril, Judith Zabaleta, José Pérez, Liliana Torres, Beatriz Alemán, Luis González, Tania Mogollón y Georgina Atehortúa, “por la complicidad en el derramamiento de sangre que se ha generado en toda la región”. 

Los declaran objetivo militar y rechazan todo el apoyo que reciben estos líderes “que solo meten las manos por delincuentes”, como se lee en el panfleto. También mencionan a diferentes organizaciones sociales de las que estos defensores de derechos humanos pertenecen: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, la Federación de Pescadores de Santander y todas las Juntas de Acción Comunal. Estas organizaciones hacen parte de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos (CCEEU).

Les dieron 48 horas para abandonar el territorio, advirtiendo que “de lo contrario actuaremos de manera contundente”.

Dice Santiago Gamboa, abogado y vocero de la CCEEU, que no es la primera amenaza para estos liderazgos y sus organizaciones en lo que va del 2024. “El día 2 de febrero llegó una amenaza con otro miembro de Credhos y el 22 de enero se realizó otra amenaza contra Socorro Abril y otras dos lideresas más, realizadas por el Clan del Golfo”.

En un comunicado publicado pocos días antes de las amenazas del 17 de abril, la Coordinación dice que las amenazas de muerte que hoy sufren estas personas y organizaciones, “se suman a la sistemática y constante agresión y hostigamiento a que son sometidos defensores y defensoras de derechos humanos en diferentes partes del departamento de Santander”.

Frente a esta situación, los líderes, junto con otras organizaciones sociales tomaron medidas de autoprotección, se activaron las rutas institucionales, y se interpusieron las denuncias. Agrega Gamboa, quien también hace parte de la Corporación Compromiso, que están a la espera de las respuestas de Unidad Nacional de Protección (UNP) y “que desde las administraciones municipales y departamental se tomen acciones reales en materia de prevención y protección que vayan más allá de la militarización que no está dando ningún resultado”.

Defender derechos humanos en Santander

Las amenazas y asesinatos en el Magdalena Medio no son nuevos. Por el contrario, desde décadas las comunidades y liderazgos, en esta región, han sido hostigados constantemente y hecho denuncias pidiendo atención estatal, pero no han sido atendidas las problemáticas.

En gran medida, se debe a la cantidad de actores armados, tanto legales como ilegales, que allí confluyen. El Clan del Golfo cada día se fortalece más y es quien controla la región. Está el Frente 33 del Estado Mayor Central, grupo surgido tras la dejación de armas de las extintas Farc; además el Eln también tiene presencia. Al mismo tiempo están el Ejército Nacional, la Policía y la Armada, por lo que no cesan los enfrentamientos. Es una región estratégica para el tráfico de armas, droga, existen cultivos ilícitos y el control de las minas.

Es por ello que los defensores de derechos, al tratar de evidenciar esa violencia, son declarados objetivo militar. Asegura el abogado Gamboa que la situación es crítica y no parece mejorar. “Se están presentando desplazamientos forzados, amenazas, homicidios a liderazgos. El Clan del Golfo impone normas de conducta, hay confinamientos de comunidades”, dice.

Según el programa Somos Defensores, en Santander se presentaron 49 agresiones contra líderes sociales en 2023. Una de ellas fue el asesinato al líder comunal, Luis Gerardo Vázquez Pimiento, el 30 de enero. Se presentaron 43 amenazas, siendo este el tercer departamento con más ataques de este tipo y la ciudad de Barrancabermeja la más afectada. Además, fue asesinada en Bogotá la lideresa trans de la comunidad LGBTIQ+ de Barrancabermeja, Rozzana Delgado Trujillo el 14 de diciembre.

La corporación Compromiso, a través del Observatorio de paz y derechos humanos, publicó el informe trimestral de este año sobre violencia en Santander, donde entrega la cifra de 29 amenazas registradas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre enero y marzo de 2024. 

Dice el boletín que a diferencia del primer trimestre de 2023, donde predominaron las amenazas contra líderes ambientales, este año hay más amenazas contra activistas de derechos humanos con 9 casos. Le sigue las organizaciones de derechos humanos con 8 amenazas, liderazgo de víctimas con 5, liderazgo comunal y liderazgo ambiental con tres y liderazgo comunitario con 1 caso. “Las amenazas se concentraron en: Barrancabermeja (69%); Sabana de Torres (17%); Puerto Wilches (11%) y Bucaramanga (3%)”.

Las amenazas, que en su mayoría son realizadas mediante panfletos que envían al WhatsApp personal de los amenazados, generan zozobra a quienes defienden los derechos humanos y esos hechos de violencia tienen graves efectos en los líderes sociales, como tener que dejar sus territorios y frenar sus procesos que llevan con las comunidades.

Dice Gamboa que lo primero que existe es una ruptura del tejido social. “Los liderazgos no pueden seguir ejerciendo su labor de defensa de los derechos humanos, algunos abandonan sus territorios y esto afecta también a las comunidades”, explica. Además, aclara que esas amenazas de las que fueron objeto los líderes el 17 de abril, “afortunadamente no se han materializado”, pero el temor es latente.

Frente a la respuesta del gobierno, expresa Gamboa que existen las rutas en las entidades, pero no están siendo efectivas, en ocasiones ni se aplican. “Le hemos planteado al gobierno que debe existir una articulación real entre la política de Paz Total y la política de garantías para personas defensoras para que exista un modelo de prevención y protección para las comunidades. Esto también requiere voluntad política de los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones) que la verdad no la percibimos”.

Algunos liderazgos ya cuentan con esquemas de seguridad otorgadas por la Unidad Nacional de Protección. “Pero lideresas como Judith Zabaleta, integrante del Movice, capítulo Magdalena Medio, todavía está esperando que le realicen su estudio de riesgo”, dice Gamboa.

El acompañamiento más directo es el que hacen dentro de las mismas organizaciones, denunciando los hechos. Por ejemplo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos realiza un papel de incidencia, visibilización de la situación en los territorios, así como el impulso, acompañamiento y participación en escenarios institucionales para la garantía y protección de los liderazgos y personas defensoras, señala Gamboa.

Es así como las organizaciones sociales, constantemente exigen al Estado que se priorice la seguridad en sus territorios, que se hagan las respectivas investigaciones y que generen garantías para el ejercicio de liderazgo, ya que los grupos armados al nombrarlos “mal llamadas organizaciones sociales” generan un estigma más grande y por lo tanto mayor riesgo para la vida de quienes deciden ser portavoces de sus comunidades.