Las AGC declaran objetivo militar a organizaciones sociales del Magdalena Medio y Sur de Bolívar

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo y recientemente como Ejército Gaitanista de Colombia, difundieron un panfleto por la red social Facebook el 31 de julio, donde amenaza de manera directa a diferentes organizaciones sociales y sus líderes en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Esto se hizo a través de la cuenta “Gaitan Insta”, que parece ser creada para ese fin, pues sólo tiene una publicación.

El “comunicado público”, como lo titulan, es firmado por el Bloque Aristides Meza del Sur de Bolívar y Magdalena Medio. En él declara objetivo militar “a aquellas personas que hacen parte de las siguientes asociaciones, ya que son simpatizantes y colaboradores de los guerrilleros hijueputas que delinquen en la zona”.

Las organizaciones a las que se refiere este actor armado son la Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado (Asorvim), Corporación Regional para de la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), Asociación de Víctimas del Sur de Bolívar (Asvicsur), Asociación de Mujeres e Infancias (Asomin), Covida, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y Asodecov.

Allí también mencionan a Rafael Zanabria, Liliana Chaparro, Lilia Peña, Carlos Morales, María Junco, José Santos Flores, Alexandra Torres, Yolanda Rojas, Carlos Arévalo y Cecilia Alarcón, líderes de esas organizaciones quienes “se hacen llamar líderes sociales”, como se lee en el panfleto.

En las últimas líneas dice que antes se les había advertido, “ahora atengasen (sic) a las consecuencias vamos a acabar con todo lo que huela a izquierda malparidos deben irse de este territorio empezaremos con nuestra limpieza”.

Frente a esta amenaza, Aheramigua, que es una organización defensora de derechos humanos en el sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, publicó un comunicado en la red social X rechazando esos señalamientos que estigmatizan, violentan y transgreden la autonomía de los pueblos y sus líderes. “Hay que resaltar que estas amenazas surgen a pocas horas de la participación con el Ministerio del Interior en un escenario de construcción de paz”.

Un defensor de derechos humanos e integrante de Aheramigua, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, le dijo a VERIFICO que este tipo de amenazas los pone en riesgo como organización y líderes; sin embargo, aclara que no es posible afirmar que el autor sea ese actor armado, así lleve su firma, pues no tienen los medios para investigar y poder decir que fueron las AGC. “No sabemos quién fue en realidad, si fueron los paramilitares, si fueron los elenos, si fue delincuencia común, si son otros terceros, lo que sí es cierto es que quieren interferir en el trabajo comunitario”, dice.

Dos personas que fueron nombradas en el panfleto hacen parte de Aheramigua. María Junco es la actual presidenta de la asociación y Carlos Arévalo es el tesorero. Dice el defensor de derechos humanos que ambos estuvieron en la reunión con el ministro del Interior. “Esto lo vemos con bastante preocupación porque no hay garantías. Además, esta situación genera nuevamente una estigmatización y las comunidades al ver esa amenaza, pues también van a empezar a querer salvaguardar sus vidas e integridad”, afirma el integrante de Aheramigua.

Esa misma situación viene desde años atrás, dice el defensor de derechos humanos, cuando a muchos integrantes de la asociación les tocó quedarse callados frente a las amenazas, y hacer otra actividad distinta a la labor social, porque los actores armados han persistido con las amenazas de muerte.

En el panfleto, cuando dice que ya les habían advertido, se refieren a que en varias ocasiones les han enviado mensajes de texto y llamadas a algunos líderes de la asociación. “Nos dicen que no nos metamos en lo que no nos importa, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Eso no es algo que sea nuevo, es algo que ha venido transcurriendo en el tiempo”.

Uno de esos casos que aún hoy lamentan en Aheramigua, fue el asesinato del líder William Castillo, en El Bagre en 2016. “A raíz de la muerte de William, todos quedamos con una estigmatización muy grande y los equipos de trabajo se desintegraron en El Bagre, y en muchas otras zonas”, dice el defensor de derechos humanos. (Leer más en William Castillo, defensor de la dignidad campesina)

Alto riesgo para defender derechos humanos en el Sur de Bolívar

En el departamento de Bolívar hubo 43 hechos de agresión en contra de defensores de derechos humanos en 2023, de los cuales ocurrieron cinco asesinatos y 22 amenazas, según el informe Puntos Suspensivos del Programa Somos Defensores. El sur del departamento es una zona que históricamente ha sido abandonada por el Estado, ya que está ubicada en la Serranía de San Lucas, un corredor biodiverso con más de 350.000 hectáreas de bosque y de difícil acceso.

Al Sur de Bolívar, especialmente a la Serranía de San Lucas, se entra por el Bajo Cauca antioqueño, por los municipios de El Bagre, Nechí, una pequeña parte de Segovia y Remedios. “Ese es un corredor innato de todo el mundo, tanto de civiles, de la fuerza pública, como de los actores armados ilegales”, dice el integrante de Aheramigua, quien conoce bastante bien esa región.

Tres actores armados siguen azotando la zona: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) que llegó del Catatumbo, y las AGC, quienes tienen mayor control sobre la extracción del oro que es la economía que predomina en este lugar. El ELN y el EMC se han aliado para ganar territorio y poder enfrentarse a las AGC, según algunos expertos en temas de conflicto armado.

Hace una década, allí se cultivaba hoja de coca, deteriorando la producción de la agricultura, la ganadería y la pesca por lo que la minería, que ya estaba instalada hace décadas en el Bajo Cauca, se expandió hacia esa zona, siendo las AGC los que gobiernan la producción aurífera. “La minería en el Sur de Bolívar como en el Bajo Cauca, representa el 70 por ciento de la economía. Entonces, eso es lo que hace que sea muy llamativo para los actores armados; unos para llegar a sacar los que están ahí y los otros para no dejarse sacar”, dice el defensor de derechos humanos.

El Sistema de Alertas Tempranas en la alerta 003 de 2024 para el departamento de Bolívar, dice que hay una disputa entre el ELN y las AGC en esa región, principalmente en los municipios que hacen parte de la región del Magdalena Medio, incluyendo Santa Rosa del Sur, Montecristo y Norosí, donde el ELN adelanta acciones políticas. Por otro lado, dice esta alerta que las AGC, con el bloque Aristides Meza Páez, copa siete municipios del Sur de Bolívar, causando “altos niveles de violencia, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones”.

Dice el integrante de Aheramigua que el Sur de Bolívar cambió desde 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos detuvo la entrega de títulos mineros en la Serranía de San Lucas porque el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales querían crear allí un parque sin gente y dijeron que las comunidades estaban de acuerdo. Sin embargo, ante la falta de socialización se frenó el proceso.  

Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 la figura de parque cambió por distrito de manejo integrado. “Esos distritos sí permiten que las comunidades permanezcan, pero con una serie de condiciones, también permiten que las multinacionales empiecen a hacer los procesos de sustracción para poder hacer los procesos de exploración y explotación”, explica el defensor de derechos humanos.

El ELN y las AGC ocuparon las zonas que las extintas Farc dejaron, dice el integrante de Aheramigua. “En algunos espacios llegaba solamente el ELN, en otros espacios llegaba solamente las AGC, cosa que se suponía dentro del Acuerdo de Paz de que esos sitios iban a ser ocupados por la fuerza pública. Eso no pasó así en el territorio, los que lo ocuparon fueron los actores armados”.

Desde ese momento, las disputas territoriales son más frecuentes y la confrontación armada no ha cesado, generando zozobra en las comunidades que quedan en medio del fuego cruzado y que son estigmatizados y amenazados para que abandonen el territorio.

Dice el líder de Aheramigua que han cambiado las formas en que se puede defender el territorio. “Ya no es como antes de que uno citaba o planteaba una reunión amplia donde llegaban bloques de juntas de acción comunal. Ahora es muy difícil porque la gente primero siente ese temor de lo que van a decir los actores armados. En varios municipios prohibieron hablar de Aheramigua”.

Esta asociación ha recibido amenazas tanto del ELN como de las AGC acusándolos de pertenecer, antes a las Farc y ahora a las disidencias como el EMC. A este líder le han mandado razones con mototaxistas de que no se mueva por ciertos sitios, que no pase por ciertas carreteras, porque lo van a matar. “Todo radica es por el trabajo que venimos desempeñando en derechos humanos, no es por otra cosa. No es como a veces las autoridades quieren hacer parecer, de que los hechos que le ocurren a los líderes sociales obedecen a cualquier otra cosa, menos por la labor de ser un defensor de derechos humanos”.

Aheramigua hace parte de la Mesa de Garantías de Derechos Humanos de Antioquia, y de la Coordinación Colombia Europa. Son los únicos escenarios donde tienen la posibilidad de denunciar.