En la capital de Antioquia, la participación de funcionarios en reprimir protestas, como sucedió el 7 de octubre de 2025, ha desatado una serie de violencias contra manifestantes que demuestran una falla estructural en cómo el Estado debe garantizar este derecho. 

La protesta social, amparada por la Constitución Política y por organismos internacionales de derechos humanos, ha permitido que las diferentes necesidades de las comunidades lleguen a oídos de los gobernantes, pero también para mostrar desacuerdo con políticas desfavorables. Por ello, Colombia tiene una larga tradición de salir a las calles a exigir derechos; a lo que se contrapone la represión que el mismo Estado desata contra quienes se manifiestan, argumentando el restablecimiento del orden público y no en la defensa de derechos humanos.

El llamado ‘Estallido Social’ de 2021 dio un giro a la forma en como venía dividida la protesta. Esta vez fue la unión de la mayoría de sectores de la sociedad donde demandaron reivindicaciones estructurales e históricas y fue reprimida fuertemente por el gobierno de Iván Duque. Tanto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un documento con observaciones y recomendaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública con la participación de funcionarios del Estado.

Dentro de las principales recomendaciones está: “Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población. (...) Los funcionarios deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos”.

Natalia Marín Pineda, doctora en Ciencias Sociales e investigadora en temas de protesta social en contextos urbanos, dice que el tratamiento represivo dado a la protesta ha sido una constante en Medellín a pesar de que el anterior alcalde, Daniel Quintero, creó la Secretaría de No-Violencia, donde “posibilitó un tratamiento más garantista, más cercano a los procesos y organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad por medio del diálogo y el despliegue institucional en las calles”. Aún así, eso no evitó el tratamiento represivo dado a la protesta, agrega.

Con el actual alcalde, Federico Gutiérrez, las respuestas a la protesta “han ido en contravía a la garantía del derecho a la movilización y lo avanzado con las organizaciones. El diálogo y la interlocución ha estado reducido a cero”, dice la investigadora. 

Señala que desde los años ochenta “con la creación de comités de seguridad, de defensa y posteriormente de las Convivir, las prácticas de justicia por mano propia, exterminio y ‘limpieza’ social, empezaron a ser recurrentes. El accionar termina siendo enfrentar ciudadanos contra ciudadanos, lo cual no contribuye al desescalamiento de los conflictos, por el contrario, agudiza las contradicciones y termina en muchas ocasiones en la creación de fuerzas paraestatales”.

Pineda ve con preocupación lo ocurrido el 7 de octubre en la ciudad con las movilizaciones apoyando a Palestina donde se presentaron una serie de altercados en los que funcionarios con chalecos de la Alcaldía de Medellín, llamados gestores de convivencia, y el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, agredieron con palos y patadas a manifestantes como se evidenció en videos que circularon en redes sociales.

“El acto claramente constituye una incitación a la violencia, es una violación a los derechos humanos”, dice la investigadora. “Lo preocupante de las actuaciones es que el concejal y los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín terminan usurpando funciones públicas”.

La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto en X, diciendo que los hechos “podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín”. Iris Marín Ortiz, cabeza de esa institución, pidió iniciar investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que excedieron sus funciones.

El 14 de octubre el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que iniciaron investigaciones por estas agresiones. “No podemos permitir que en un país democrático, personas de civil o contratistas asuman funciones policiales y, peor aún, ejerzan violencia contra la ciudadanía”, afirmó el viceministro.

Rondón también hizo un llamado a no estigmatizar la protesta social ni el pensamiento diverso, recordando las lecciones que dejaron los hechos del año 2021 durante el estallido social y las recomendaciones emitidas por la CIDH. 

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Medellín, los gestores de convivencia encargados de atender manifestaciones públicas son “personas que han sido capacitadas en temas como resolución de conflictos, primeros auxilios y manejo de crisis, y tienen como misión acompañar, garantizar y mediar para que el ejercicio de la manifestación se pueda desarrollar en condiciones pacíficas, sin que conlleve la vulneración de derechos de los manifestantes u otros actores”.

El mismo día de la manifestación, el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, del Centro Democrático, increpó y amenazó con un bate a manifestantes que se pararon frente al McDonald’s del barrio El Poblado a gritar arengas, como se pudo constatar en videos que también fueron subidos a redes sociales. Argumentó que estaban dañando el bien público y que habían “secuestrado a niños”. Además, estigmatizó en repetidas ocasiones a quienes se movilizaban llamándolos “guerrilleros, pagados por Petro”, gritando y desafiando de manera violenta.

Por estos hechos, el 9 de octubre la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación preliminar al cabildante, ya que “habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”. En un comunicado la entidad también señaló que busca establecer si el comportamiento de Rodríguez “constituye faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”.

Aún así, no ha habido sanción alguna contra el concejal o contra los gestores de convivencia. Por el contrario, la Alcaldía de Medellín dijo que mantendrá esa figura pese a la violencia desatada.

Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), quien busca  sanción para los responsables de estos casos, dice que la figura de gestores de convivencia que contrata a civiles, algunos retirados de la fuerza pública, “implica la postura de que los civiles pueden ocupar o usurpar las funciones del Estado y eso ya lo hemos visto, y en nuestro contexto, sobre todo el de Medellín. El tema de las Convivir lo demostró, que se configuró como la legalización del paramilitarismo”.

Cambio de discurso para justificar la agresión

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez dijo en su cuenta de X al día siguiente de la manifestación que mientras esté en el cargo va a garantizar el orden público y la libertad de la gente: “Respeto la protesta pacífica y la garantizo. Lo que no permito es la violencia y el vandalismo. Lo de ayer fue un acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños que estaban dentro de un establecimiento comercial”.

Sin embargo, en la decena de videos que circularon por redes sociales, no se vio ni un vidrio roto en el McDonald’s o que hayan atacado locales comerciales. Sólo se les escuchaba gritar arengas o hacer grafitis en algunas paredes.

Lo que sí se pudo ver en los videos es que uno de los gestores de convivencia arrojó una piedra contra un carro que acompañaba la manifestación, otro se quitó la correa y la ondeó frente a las personas que se manifestaban. Lo más grave fue cuando 10 gestores de convivencia acorralaron a un hombre que llevaba un chaleco de la veeduría de la Personería del municipio de Itagüí y lo patearon en la cabeza hasta dejarlo herido. 

Dice Arboleda, de la CJL, que en Colombia, históricamente, la protesta social no se le ve como un derecho fundamental y constitucional de la ciudadanía para participar, exigir derechos y garantías. “Se ve como un factor de riesgo para la seguridad. Eso es determinante porque de allí se desprende la forma como van a tratar la protesta social”.

El abogado dice que si la respuesta del Estado fuese con un enfoque garantista de los derechos y el reconocimiento de un derecho constitucional y fundamental, “entonces se establecerían e implementarían mecanismos para que quienes marchen o se manifiesten puedan llevar a cabo su protesta”.

En cuanto a la marcha del 7 de octubre, cuando los manifestantes se pararon frente al McDonald’s, empresa que ha sido objeto de un boicot internacional por sus supuestas conexiones con Israel, Arboleda dice que actuaron dentro de la ley. “La gente tiene todo su derecho de sentar una postura crítica frente a esta situación, porque estamos ante unos hechos que se configuran como un genocidio y eso no quiere decir que las personas estuvieran agrediendo a quienes estaban adentro, y tampoco que los estuvieran secuestrando”, dice.

Y continúa el abogado: “Entonces, como salieron a la luz los videos y los registros que mostraban lo contrario de lo que se señalaba que había ocurrido, les tocó (Alcaldía y concejal) cambiar el relato y la narrativa, intentar acomodar y decir que los niños fueron secuestrados o que hubo daños a locales comerciales, cosa que no sucedió”.

Diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos rechazaron estos hechos de violencia contra la ciudadanía y advirtieron del peligro de otorgarle a civiles funciones de fuerza pública. Uno de ellos fue el académico y activista Max Yuri Gil, al citar la Constitución Política y la garantía del derecho a la protesta, “las autoridades y funcionarios deben actuar conforme a la ley”. 

Por publicar lo anterior, recibió una serie de intimidaciones y amenazas que ponen en riesgo su vida. Lea el siguiente verificado sobre este caso.

Gil dice que es peligroso que civiles asuman ese tipo de competencias y que las autoridades defiendan ese tipo de prácticas, porque “estos grupos que comienzan a fungir de justicieros con bates, con palos, y ataques contra la gente son muy riesgosas porque lamentablemente no solo es una expresión de tomarse atribuciones que no les corresponde, sino que además de eso pueden ser un origen de enfrentamientos generalizados entre pobladores, entre manifestantes”.

Agresividad y estigmatización por parte de funcionarios el Estado

El 7 de octubre se realizaron marchas pro Palestina en cientos de ciudades del mundo, rechazando y condenando el segundo año de la desproporcionada respuesta de Israel por el ataque que cometió el grupo terrorista Hamas, en el que asesinó a más de 1.200 personas y secuestró a más de 200, que han cobrado la vida de más de 67.000 personas, la mayoría mujeres y niños palestinos, a manos de tropas israelíes.

Estas marchas se anunciaban de manera pacífica y así se mantuvo en Medellín, hasta las siete de la noche cuando apareció el concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez con un bate, gritando de manera desafiante y enfrentándose a los manifestantes con frases como: “Guerrilleros, vine a darle palo a todos ustedes”, “les declaro la guerra a todos ustedes”, “mamertos”, todo con el discurso de que estaba protegiendo la ciudad, niños y familias antioqueñas.

Desde ese momento, el ambiente se caldeó y fue cuando los gestores de convivencia comenzaron a atacar y a golpear personas; la Policía tardó en reaccionar y también lo hizo de manera violenta lanzando gases y bombas aturdidoras. Dice Arboleda, frente a las acciones de la Policía, que esta entidad necesita una depuración tanto de doctrina como de personas que han estado vinculada con el tema de derechos humanos.

“No se puede desconocer que la fuerza pública ha estado relacionada históricamente con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, lesiones a personas por pensar diferente, denuncias arbitrarias, estigmatizaciones, entre otras”, dice el abogado e insiste en que esa institución debe incorporar el respeto a los derechos y garantías a los ciudadanos y no la represión deliberada.

Por otro lado, varias organizaciones de la ciudad realizaron acciones jurídicas contra el concejal Rodríguez, entre ellas la CJL, con el propósito de que “se genere un precedente y esto no vuelva a ocurrir. En un país serio, en una democracia, esto no podría tolerarse, no podría olvidarse”, dice Arboleda. Agrega que el concejal es conocido por estigmatizar y señalar a personas que piensan diferente con el fin de eliminarlas. “Por eso es necesario hacer seguimiento e insistir con la aplicación de sanciones”.

El 9 de octubre, una cuenta en X que se hace llamar Franco, hizo una publicación desafiante que amenaza y llama a reprimir la protesta social por parte de civiles. “Estoy invitado a formar parte del ESCUADRON ANTIMAMERTOS que se ha conformado en Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga. La idea es salir los días de marcha mamerta y acompañarlos... y si se manejan mal entonces el escuadrón interviene. En Cali somos 260 y creciendo. No podrán...”. Ese mensaje tuvo comentarios que intensificaron la estigmatización contra quienes salen a las calles a manifestarse.

Días después de esa movilización del 7 de octubre, el concejal Rodríguez y otras cuentas publicaron fotos de jóvenes que asistieron a la marcha llamándolos guerrilleros y vándalos, continuando con la estigmatización y el perfilamiento. Además, se dedicó a posicionar el bate, tanto que el 27 de octubre salió diciendo que regalará bates en Medellín y publicó en X una foto de un bate con la palabra “diálogo” y una caricatura de su figura con la siguiente frase: “Ya casi están listos los amansa mamertos... porque todo lo arreglamos con diálogo...”.

Algunos medios de comunicación hicieron eco a ese mensaje del concejal, publicándolo como una noticia de relevancia. Dentro de los comentarios surgieron también estigmatizaciones contra la Guardia Indígena quienes han reivindicado su bastón de mando desde hace décadas.

El abogado Arboleda dice que las redes sociales son otro escenario de amenaza muy fuerte donde está conjugado un elemento y “es esa libertad de opinión que tanto reivindican. La pregunta es hasta qué punto es libertad de opinión o se hace apología del delito”. La estrategia que ha implementado Arboleda con el propósito de argumentar y justificar las acciones legales que han diseñado y que han elevado a las entidades de control, es hacer un rastreo de todos esos mensajes amenazantes y estigmatizantes, por parte del Concejal y otros, en contra de personas que se han manifestado y dice el abogado que son decenas de mensajes que tienen el mismo propósito.

Frente a toda esta violencia que se vivió en Medellín durante las manifestaciones pro Palestina, Poder Ver, Plataforma de Control Social de Medellín y de Antioquia, emitió un comunicado firmado por 25 organizaciones donde rechazan lo ocurrido: “Denunciamos una estrategia de seguridad que revive el discurso del enemigo interno y criminaliza la protesta social. Medellín no puede repetir los patrones de violencia que tanto dolor han dejado”.

A su vez, la Defensoría del Pueblo reitera que la protesta pacífica es un derecho de participación democrática y ejercicio de libertad de expresión, por lo que “debe garantizarse en condiciones de libertad, seguridad y respeto, salvaguardando la vida, la integridad personal y los bienes públicos y privados. (...) Recordamos que la empatía, la no violencia y el respeto por los derechos humanos son pilares para construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria”.