Intimidaciones en redes sociales contra Max Yuri Gil, docente y defensor de derechos humanos de Medellín

Durante la movilización pro Palestina del 7 de octubre en Medellín, se hicieron virales unos videos donde Andrés 'El Gury' Rodríguez, concejal del Centro Democrático, increpa y amenaza con un bate a manifestantes que se pararon frente al McDonald’s del barrio El Poblado a gritar arengas. Argumentó que estaban dañando el bien público y que habían secuestrado a niños.

Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación preliminar al cabildante, ya que “habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”. En el comunicado que emitió para anunciar la apertura de esa medida, la entidad también señaló que busca establecer si el comportamiento de Rodríguez “constituye faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”.

Otros videos denuncian que funcionarios con chalecos de la Alcaldía de Medellín agredieron con palos y patadas a manifestantes ese mismo día de la movilización. Por estos dos hechos, diferentes organizaciones sociales de la ciudad y defensores de derechos humanos se pronunciaron rechazando estos actos de violencia provenientes desde la institucionalidad.

Max Yuri Gil, defensor de derechos humanos y docente de la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional, fue uno de los que publicó un trino en X, el 7 de octubre en la noche, donde dijo que “civiles y contratistas de Alcaldía de Medellín golpeando manifestantes en movilización ciudadana deben ser investigados y sancionados, esta historia ya la conocemos, sabemos lo que pasó con Seguridad y Control, con el Departamento de Orden Ciudadano, Convivir y otros”.

Minutos después de esta publicación, la cuenta en X @CarmenTrinando respondió con una amenaza y estigmatización a Gil además de una incitación a la violencia: “Gobernador @AndresJRendonC por este tipo de gente hay que barrer con la @UdeA eso no puede ser un nido de guerrilleros y vándalos. Mano firme”.

El 8 de octubre Gil publicó otro trino aludiendo a que la institucionalidad debe garantizar los derechos humanos en medio de las protestas sociales: “Aunque muchos no lo quieran en Antioquia y Medellín aún está vigente la constitución política nacional de 1991 y en especial, su fundamento en la garantía de derechos. Las autoridades y funcionarios deben actuar conforme a la ley”.

Esta publicación fue respondida con un mensaje intimidatorio y una acusación por la cuenta en X que se hace llamar @CryptoLibertari, lo que generó preocupación al defensor de derechos humanos: “Alguien en Medellín sabe donde vive este guerrillero de la UDEA para ir a hacer una manifestación pro Israel en su casa? Ayuda @AndresGuryRod #Medellín #Farc Se busca MAX YURI GIL Se sabe que estará en la pascasia pronto. Info al DM o en los grupos”.

Ante estos señalamientos, la periodista Ana Cristina Restrepo denunció en X que ese mensaje es una clara amenaza contra Gil e incitación al odio y a la violencia. Las universidades donde trabaja el docente y las organizaciones sociales de la ciudad expresaron su solidaridad con Gil.

Por esos mismos días, @CryptoLibertari hizo 19 trinos dedicados a responder a la periodista y a cada organización social o universidad pública que se pronunció frente a las amenazas recibidas con el siguiente mensaje: “Hacemos responsable a @anacrisrestrepo y @maxgilr de cualquier atentado en contra nuestra y por estigmatizar la protesta en favor del pueblo de Israel. El hecho de convocar a una protesta no puede ser criminalizado por la izquierda fascista”

Las amenazas en redes sociales generan alarmas

Max Yuri Gil es el actual director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad Nacional. Hizo parte de la organización Corporación Región de Medellín, durante cinco años coordinó el equipo académico de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la ciudad y estuvo coordinando el área de Antioquia y Eje Cafetero en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad por cuatro años.

Gil dice que sus publicaciones generaron muchas respuestas y una avalancha de mensajes en su contra, pero que los dos ya mencionados tienen un nivel de agresividad alarmante. “La última cuenta, @cryptolibertari siguió contestándome todo el fin de semana, señalándome de guerrillero, de defensor de Hamas, de cómplice del secuestro de niños, de terrorismo, etc. Digamos que eso ya rebasa lo habitual de la hostilidad en las redes sociales”, agrega.

Ante esta situación, Gil dice que se siente vulnerable por la estigmatización y por las amenazas que generan una sensación de estar vigilado y observado. “La estigmatización tiene sus efectos; en primer lugar, lo reducen a uno con etiqueta negativa. Luego la estigmatización sobre la Universidad de Antioquia como un nido de guerrilleros y terroristas que hay que limpiar. Esto produce que uno tenga inseguridad de qué decir, de qué opinar, dónde decir, dónde opinar”.

Además de cómo moverse y qué lugares frecuentar. Dice el defensor de derechos humanos que es la cuarta vez, en toda su vida, que vive este tipo de amenazas, aunque asegura que en esta ocasión le genera más preocupación. Aún así, la única acción que realizará será interponer una denuncia penal por delitos como calumnia y hostigamiento.

En un análisis más profundo, señala Gil, esta situación demuestra el ambiente de simplificación, polarización y radicalización que hay en Medellín y en Colombia, donde diariamente se construyen narrativas y acciones muy riesgosas. Como ejemplo, cuestiona que miembros de la sociedad civil ejerzan funciones de seguridad.

“Está claro que el mandato constitucional establece que la única fuerza que puede realizar labores de control del orden público es la fuerza pública. La Secretaría de Seguridad dice que son gestores de convivencia especializados en mediación de conflictos y en derechos humanos, pero no es lo que quedó claro en la movilización del 7 de octubre”, indica el investigador académico.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Medellín, los gestores de convivencia encargados de atender manifestaciones públicas son “personas que han sido capacitadas en temas como resolución de conflictos, primeros auxilios y manejo de crisis, y tienen como misión acompañar, garantizar y mediar para que el ejercicio de la manifestación se pueda desarrollar en condiciones pacíficas, sin que conlleve la vulneración de derechos de los manifestantes u otros actores”.

Como consta en un video en X de la Secretaría, estos incluyen a miembros de la reserva militar y policial y veteranos de la fuerza pública. 

Lo peligroso, agrega Gil, es que una organización civil asuma competencias de control público y que las autoridades defienden ese tipo de prácticas. “Ese tipo de cosas son muy riesgosas porque lamentablemente no sólo es una expresión de tomarse atribuciones que no les corresponde, sino que además de eso pueden ser un origen, un embrión, de enfrentamientos generalizados entre pobladores, entre manifestantes”, plantea.

Y con el tema de Palestina en específico, dice Gil que cualquier expresión que manifieste solidaridad contra el genocidio, es caricaturizado, simplificado y atacado. “Yo soy un crítico enorme del genocidio cometido por Israel con el apoyo de Estados Unidos y el silencio y la complicidad de buena parte de la comunidad internacional. Veo con mucha preocupación la destrucción de la institucionalidad internacional de la segunda posguerra, que eran Naciones Unidas y sus diferentes organismos, la destrucción del DIH que es hoy en día un objeto obsoleto y eso es muy grave para la causa de los derechos humanos y la defensa de la libertad y de la vida”.