María Fernanda Cabal miente sobre la participación del Estado en violencia contra la UP

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en entrevista con la Silla Vacía, negó la responsabilidad del Estado en la violencia sistemática contra los integrantes de la Unión Patriótica. “Jamás repita que el Estado fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”, aseguró Cabal en el video que alcanzó 80.578 visualizaciones en el canal de Youtube del medio de comunicación.

Luego de la entrevista, Cabal publicó un trino en su cuenta de X asegurando: “Es la historia. Que algunos se nieguen a aceptar es otra cosa”. El post está acompañado de un recorte del periódico El Tiempo fechado 18 de diciembre de 1989 en el que se describe una supuesta guerra comunista en contra de la UP aludiendo a un secuestro que realizó las extintas Farc al secretariado del partido político.

Las afirmaciones de la congresista generaron mensajes de desinformación y discursos de odio por parte de otros usuarios en la red social X contra quienes reclaman justicia y luchan por la memoria de las víctimas. Algunos publicaron realizaron mensajes como:  “La verdad duele, es obvio que se exterminaron entre ellos mismos”; “Dejamos que la izquierda y Fecode metiera el relato que les conviene alejado de la verdad”; “La 'depuración interna' como perversamente la llaman los comunistas, ha sido práctica recurrente dentro de ese perturbado engendro político”; entre otros.

La publicación en X de Cabal fue respondida por Aida Avella, quien sobrevivió a un atentado en su contra en 1996 y vivió en el exilio por 17 años. La actual senadora de la Unión Patriótica escribió: “La historia se cuenta completa y bien”. Y añadió un recorte de peródico no identificado en el que el Partido Comunista denuncia difamaciones de El Tiempo por supuestas diferencias con la candidatura de Bernardo Jaramillo a la presidencia. Al lado, se presenta una noticia en la que se reseña que los sicarios de miembros de la UP en Valdivia, Antioquia, siguen sueltos a pesar de la muerte del jefe del grupo paramilitar.

Las declaraciones de la precandidata desconocen consideraciones de la justicia local e internacional. En diciembre de 2012, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en su sentencia contra Hebert Veloza García, alias 'HH', exjefe de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), documentó ocho asesinatos de militantes de ese grupo político cometidos por paramilitares y miembros de la fuerza pública en la región del Urabá antioqueño. 

En su fallo, ese sistema de justicia transicional calificó la violencia que padeció la UP como un “genocidio político”. Y estableció que las acciones en contra miembros, simpatizantes y representantes políticos de la Unión Patriótica fueron sistemáticas y generalizadas; la Fiscalía confirmó la participación y colaboración activa de miembros de la fuerza pública.

Además, en su argumentación, los magistrados citaron apartes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual “concluyó que los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica tuvieron la intención de eliminar a sus miembros y simpatizantes por medio de una violencia sistemática que resultó de la coordinación de miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado 'Plan Golpe de Gracia'”.

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que determinó que hubo una clara omisión por parte del Estado colombiano, sino también una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Érika Antequera Guzmán, periodista e hija de José Antequera, líder de la Unión Patriótica asesinado el 3 de marzo de 1989, rechazó con firmeza las declaraciones de  Cabal, a las que calificó como una muestra de “revictimización total” y “negación rampante” del exterminio de la UP.

“Es lamentable y reprochable. Me parece muy rastrero, sobre todo por el carácter de sus palabras”, dijo Antequera.

Para la periodista, este tipo de discursos no son casuales, sino parte de una estrategia política. “Lo hace a propósito, porque empezó la campaña electoral y eso le sirve a un sector de la sociedad que insiste en que esto nunca pasó. No les importa lo que diga la justicia colombiana ni la internacional”, aseguró.

Aunque afirmó que personalmente no se siente revictimizada, Antequera advirtió sobre el impacto que estas declaraciones pueden tener en otras víctimas: “Sus palabras pueden hacer muchísimo daño, porque no son ciertas”. 

A las declaraciones de Antequera se sumaron las de la Corporación Reiniciar, organización que representa a un amplio número de víctimas de la UP: “Estas posturas revictimizan a las familias, sobrevivientes y militantes de la UP, a la vez que ponen en riesgo su seguridad e integridad en un contexto de persistente estigmatización”, expone en un comunicado.

La sentencia internacional que declara responsable al Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2023 al Estado colombiano responsable es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de  integrantes y militantes de la Unión Patriótica desde 1984. 

El tribunal determinó que el Estado vulneró el derecho a la vida por las ejecuciones y desapariciones forzadas, así como por actos de tortura, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio. También concluyó que se violaron los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, y la libertad de asociación, al establecer que las agresiones tuvieron como motivo la pertenencia de las víctimas a un partido político y la manifestación de sus ideas a través de este.

Asimismo, la Corte señaló que las autoridades estatales incurrieron en actos de estigmatización que atentaron contra la honra y la dignidad de los miembros de la UP. Además encontró que incumplió su obligación de garantizar el acceso a la justicia y la debida protección judicial, al no investigar de manera adecuada las violaciones y al criminalizar a algunos militantes del movimiento político, vulnerando también su libertad personal.

Para Antequera, la sentencia de la Corte en instancias internacionales se dio porque “la justicia colombiana nunca dio respuesta al exterminio contra la Unión Patriótica. Los representantes de las víctimas buscaron justicia en todas las instituciones a las que se podía exigir en Colombia. Siempre se le cerró la puerta. Se negó el exterminio. Y no hubo justicia, hubo indiferencia, una total impunidad”. Antequera añadió que, como víctima, la sentencia representó una reparación simbólica: “Es lo mínimo que esperábamos nosotras, las familias de la Unión Patriótica”. 

Estas afirmaciones se sustentan en un informe remitido por la Fiscalía General a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, en el que reconoce la falta de avances en la justicia ordinaria frente a los crímenes cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica. Según el documento, de los 863 procesos registrados, 809 se tramitan bajo la Ley 600 del 2000 y 54 bajo la Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal. En los casos regidos por la Ley 600, el 59,2 por ciento (479 procesos) no ha superado la etapa de investigación previa, mientras que un 33 por ciento (267 casos) se encuentra en instrucción y apenas el 6,5 por ciento (53 casos) ha llegado a juicio.

El informe también advierte que, pese a la apertura de cientos de procesos judiciales por los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, la justicia ordinaria ha avanzado muy poco en el esclarecimiento de responsabilidades de miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y civiles involucrados.

Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, la Fiscalía General de la Nación reportó la existencia de 863 procesos en investigación, en los cuales 277 agentes estatales figuran como presuntos responsables. De esos casos, 53 se encuentran en etapa de juicio y 246 han tenido sentencia, con un resultado limitado: sólo dos exagentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía han sido condenados.

En cumplimiento de esa sentencia, el domingo 9 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un acto de reconocimiento y perdón a los sobrevivientes y familias de la Unión Patriótica. Durante el evento en la Plaza de Bolívar de Santa Marta el mandatario afirmó: “Le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí, a quien me escucha y más allá”. 

No es la primera vez que un presidente reconoce la responsabilidad del Estado en la violencia que hubo contra la Unión Patriótica, en 2016 Juan Manuel Santos también lo hizo. Sin embargo, en esa ocasión se realizó como parte de lo acordado en La Habana durante las conversaciones de paz con la entonces guerrilla de las Farc. En esta ocasión Petro lo hizo cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Caso 06 de la JEP

Según la  JEP, entre 1984 y 2016, al menos 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica; de ese total, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 de desaparición forzada. En  2019 la entidad abrió el Caso 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica al que, a junio de 2025, se habían acreditado 560 víctimas, entre ellas cinco sujetos colectivos. 

Esa jurisdicción de justicia transicional señaló que existió participación directa de agentes estatales en los crímenes cometidos contra los integrantes de la Unión Patriótica. Su Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad identificó “un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios”. Esto permitió la ejecución sistemática de ataques contra miembros del movimiento político.

Los hechos, argumenta la JEP, no se limitaron a una sola región del país, sino que se registraron principalmente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización. Entre los comparecientes vinculados figuran exintegrantes del extinto DAS así como exmiembros del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada XX y de las secciones de inteligencia de las Brigadas XIII y XIV del Ejército Nacional.