Una de las principales funciones de las 1.104 personerías en el país es la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, muchas veces son los mismos personeros que sufren de amenazas, estigmatizaciones y la violación de sus derechos. 

Un sondeo realizado por la Federación Nacional de Personerías (Fenalper) el año pasado con el 52 por ciento de los personeros, arrojó resultados preocupantes: el 35 por ciento de quienes respondieron la encuesta dijeron estar amenazados y sólo el 11 por ciento cuenta con algún apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En total, el 97 por ciento se percibe a sí mismo como defensor de derechos humanos, 

“Las amenazas directas en muchos casos vienen por las actuaciones concretas de ellos en la defensa de las víctimas, en la denuncia de violaciones a los derechos humanos, en intervenciones en conflictos, en seguimientos disciplinarios al poder local”, dice Daniel Contreras, director ejecutivo Fenalper. En su mayoría, las amenazas llegan por parte de grupos armados que hacen presencia en sus municipios.

Adicional a las amenazas, Fenalper ha identificado que los personeros se enfrentan también a las estigmatizaciones y señalamientos. “Los ven como auxiliadores o como parte de algún actor armado o como enemigos del municipio, como obstáculo para el desarrollo de alguna actividad. Estos señalamientos se convierten en una forma de legitimación o de autorización social para agredirlos", dice Contreras.

En junio de 2025, Fenalper alertó al gobierno nacional de los altos índices de amenazas y agresiones contra los personeros del país, por lo que se organizó un encuentro en Bogotá para pronunciarse en defensa de la vida, la institucionalidad y la democracia. 

Allí se revelaron las múltiples dificultades para ejercer sus labores, que además incluyen la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial. Según el sondeo de Fenalper, el 85 por ciento realiza actividades sin vehículo oficial y el 67 por ciento no cuenta con recursos. Sólo el 12 por ciento tiene sedes propias y el 9 por ciento no cuenta con un espacio para funcionar.

“En muchos municipios, sobre todo de quinta y sexta categoría, las personerías operan con una capacidad mínima, con cargas muy altas de atención a la población, pero a la vez con presiones de grupos armados y desde las mismas alcaldías municipales”, dice.

Y aun así, en municipios más alejados, las Personerías son el único vínculo de la sociedad con el Estado. 

Las dificultades no vienen sólo de actores ilegales. Contreras habla de una presión institucional y política, “que parte de campañas de desprestigio, el bloqueo presupuestario, el aislamiento, los ataques en redes sociales, los intentos por remover o por disciplinar al funcionario por hacer control”. Los departamentos con afectaciones más marcadas, según datos de Fenalper, son Norte de Santander, Cesar, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Antioquia y algunos municipios del sur de Bolívar.

Dice Contreras que cuando un personero impulsa algún control disciplinario local o denuncia algún tema de corrupción, cuando participa en consejos de seguridad, su interlocución queda marcada por actores ilegales. “Podría afirmar con certeza que el riesgo de seguridad de los personeros en territorios con presencia armada y alta conflictividad viene en aumento y lo que fue 2025 y en lo que va del 2026, las preocupaciones de los personeros y personeras en territorios es alta. Es recurrente el riesgo cuando este activa rutas por reclutamiento, por violencias intrafamiliares, por confinamientos o cuando acompañan denuncias sobre operaciones armadas o excesos de la fuerza pública”.

Personero de Ocaña es estigmatizado por el gobierno nacional

En enero de 2025, el Catatumbo estaba viviendo una crisis humanitaria grave debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Farc que se disputaban el control del narcotráfico en la zona fronteriza con Venezuela. El presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior que fue rechazado por diferentes líderes y comunidades de la región.

El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, fue uno de los que denunció abusos de la fuerza pública en la aplicación de este decreto. Bohórquez publicó en X un video sobre un bombardeo en la vereda El Pino alertando sobre la presencia de civiles, incluidos niños y campesinos, y advirtiendo sobre un posible desplazamiento masivo.

Esa publicación generó una respuesta por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no sólo defendió la actuación de la fuerza pública, sino que lanzó acusaciones en X el 21 de abril: “Señor Personero de Ocaña @jorgearmando04, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”. Esa publicación tuvo 167.500 visualizaciones.

En el consejo de ministros del 21 de abril de 2025 que fue televisado, el presidente Petro se refirió al estado de conmoción interior que se estaba decretando en el Catatumbo y arremetió contra el personero de Ocaña: “Mientras tanto nosotros estamos pasando afugias con el déficit fiscal, recortando gasto, aplazando gasto. Si se les ocurre tumbar el decreto de conmoción, pues nos toca paralizar el Ejército de Catatumbo. ¿Qué es lo que quiere el personero de Ocaña? ¿Por qué quiere el personero de Ocaña, igual que me dijo alguien en el consejo que fui allá al Catatumbo, que se caiga la conmoción interior?”. 

Y luego el mismo presidente dio respuesta a las preguntas: “Pues eso, para que se emborrache de alegría el ELN. No tendríamos cómo financiar al Ejército para detenerlo. Uno a veces se pregunta: "¿Y a quién le trabajan? Entonces, pidiendo eso, la plata guardada en el banco y nosotros sufriendo con conmociones y estados de excepción para que el Ejército tenga para la gasolina para los helicópteros”, insistió el jefe de Estado.

Ante esta serie de ataques, el personero de Ocaña respondió en la misma red social a Benedetti: "Señor Ministro del Interior Armando Benedetti, mi misión siempre será proteger los derechos humanos, sus señalamientos son infundados y peligrosos, ponen en riesgo mi vida en un territorio como el Catatumbo, jamás he estado en contra de las fuerzas militares mi respaldo institucional siempre. Tildarme de insurgente por mi labor como Ministerio Público pone en grave deterioro el estado social de derecho, exijo se retracte, lo invito al territorio y escuche a las comunidades".

Diferentes organizaciones de derechos humanos del Catatumbo, juntas de acción comunal y la Defensoría del Pueblo, también rechazaron las estigmatizaciones contra Bohórquez. Fenalper se pronunció: “Vemos con gran preocupación la estigmatización que viene del @MinInterior contra personeros y personeras municipales. Lo ocurrido con el personero de Ocaña es un grave atentado contra quienes defienden los derechos humanos en el territorio. Que el Ministro sugiera que un personero es sospechoso de colaborar con la insurgencia por ejercer su deber constitucional es inaceptable, irresponsable y peligroso”.

Más tarde, Benedetti publicó otro trino, de nuevo con alusión a Bohórquez y respondiendo a Fenalper: “Respeto profundamente la labor de personeros y personeras en toda Colombia. Desde el Gobierno respaldamos su gestión en todo el país. Pero sí pedimos la colaboración del personero de Ocaña porque está en riesgo la vida de miles de personas en el Catatumbo y el desplazamiento masivo en la región”.

Contreras, de Fenalper, dice que esas declaraciones contra el personero se han convertido en un riesgo real para él y su familia. “Las amenazas se hicieron mucho más constantes y la pérdida de legitimidad que se empezó a dar frente a las comunidades es muy fuerte y, pues, eso constituye un impacto reputacional y de seguridad muy grande”. Desde Fenalper acudieron a la acción de tutela para que tanto el Presidente como el ministro del Interior rectificaran lo dicho. El 18 de noviembre, el Consejo de Estado ordenó la rectificación de esos señalamientos públicos por los mismos medios en que fueron dichos.

“La Federación Nacional de Personerías de Colombia valora esta decisión judicial no solo como una medida de protección individual, sino como un mensaje institucional sobre los límites del discurso estatal. Cuando la palabra pública se pronuncia desde el poder no es neutra: define reputaciones, estructura percepciones, orienta riesgos, legitima o deslegitima instituciones. En territorios como el Catatumbo, una afirmación sin sustento no termina en la controversia mediática: puede volverse combustible para amenazas”, dijo Fenalper en un comunicado sobre el fallo.

Dice Bohórquez, el personero de Ocaña, que en ese municipio “hay muchas situaciones de vulneración en cuanto a temas de seguridad, muchas amenazas en contra de funcionarios públicos, docentes, muchas amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos. Y mientras persista esa situación de violencia en el Catatumbo, vamos a seguir registrando desplazamientos forzados, homicidios y amenazas”.

Bohórquez asegura que en este contexto la situación para los personeros en la subregión Catatumbo no es fácil: “No hemos tenido una respuesta clara por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a los requerimientos que hacen los diferentes personeros, no sólo de la subregión, sino también de Norte de Santander. De los 40 personeros que conformamos el departamento Norte de Santander, 31 han solicitado protección, esquemas de seguridad, porque vienen siendo víctimas de amenazas, de situaciones de riesgo en los diferentes municipios”.

Y afirma que a raíz de los señalamientos antes mencionados, “se evidenciaron todo tipo de amenazas por redes sociales, perfiles falsos escribiéndome. Incluso uno de ellos me llamó la atención cuando decía que a mí había que hacerme lo que le habían hecho al candidato presidencial en ese momento, Miguel Uribe Turbay”.

El ministro del Interior hizo una rectificación en X en el cumplimiento de lo ordenado. “Sin embargo, lo que consideramos desde Fenalper, que también es una posición del personero de Ocaña, es que fue una rectificación muy escueta, digamos, como muy básica, sin responder exactamente a las necesidades, pues que implica una rectificación del nivel al daño ocasional”, dice Contreras. 

“En cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia que resolvió la acción de tutela rad. 2025-04177-01, en atención a la publicación del día 21 de abril de 2025 realizada en la red social X.com, aclaro que en aquella no existe información que asocie al señor Jorge Armando Bohórquez, @jorgearmando04, Personero Municipal de Ocaña, con una conducta de apoyo a la insurgencia de este país”, fue lo que publicó Benedetti.

Bohórquez agrega que su retractación no fue lo que esperaba. “No pidió disculpas como tal por haber dañado mi buen nombre y por eso también hemos iniciado una acción de incidente de desacato”. Hasta la fecha, el presidente Petro no se ha retractado.

Agresiones contra personeros del país

Las estigmatizaciones contra personeros de Colombia ha desencadenado una serie de amenazas, desplazamientos, intimidaciones, atentados y asesinatos. Cada región tiene unas particularidades sobre los modos de agredir a los personeros y personeras. En algunos casos, los ataques vienen de grupos armados que operan en los territorios, bandas de microtráfico, actores económicos, cárceles, otros vienen de los mismos funcionarios públicos y alcaldes de los municipios.

La Defensoría del Pueblo ha alertado en repetidas ocasiones sobre los riesgos que corren las diferentes Personerías en lugares donde hay confrontaciones armadas e insta al gobierno a proteger a quienes asumen estos cargos públicos. En diciembre de 2024, la Defensoría junto a Fenalper, por primera vez, firmaron un acuerdo para resguardar la vida de personeros y personeras.

“El documento conjunto materializa un compromiso fundamental de apoyo a estas y estos servidores públicos que, día a día, ejercen su labor en cada rincón del país. Como garantes de los derechos ciudadanos en los territorios, enfrentan constantes riesgos debido a la presencia de grupos armados no estatales”, dice el comunicado de la Defensoría anunciando el acuerdo.

Dice Contreras, el director de Fenalper, que esta agremiación, que agrupa a más de 700 personeros, ha venido desarrollando algunas actividades de fortalecimiento institucional, ya sea con apoyo directo o con alguna agenda legislativa para poder fortalecer la capacidad de las personerías, como es el convenio con la Defensoría. “Tenemos casos recurrentes donde el riesgo es cuando el personero activa rutas por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por violencias basadas en género, por confinamientos o cuando los personeros acompañan denuncias sobre operaciones armadas o afectaciones a civiles también por parte del Estado”.

Aun con todos los esfuerzos para la protección, en noviembre de 2024 fue asesinado el personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Alejandro Rosero Chaves. En marzo de 2025 fue asesinado el personero de Entrerríos, Antioquia, Federico Hull Marín. Y las diferentes amenazas que han recibido el 35 por ciento de los encuestados por Fenalper y la personería de Bogotá, han generado preocupación y alarmas por la vulneración a su labor.

Jhon Eduard Osorio Londoño, personero del municipio de Sevilla, en Valle del Cauca, dice que desde 2024 su municipio vive las tensiones de muchos territorios donde la ciudadanía intenta hacer su vida en medio de presiones de seguridad, conflictividades sociales y barreras históricas para acceder a derechos. Hay amenazas y silencios, miedo a denunciar, conflictos intrafamiliares, consumo de drogas, disputas comunitarias y, al mismo tiempo, dificultades para responder a tiempo a problemas de salud o para que la institucionalidad llegue a las zonas donde más se necesita.

Osorio Londoño ha sido amenazado y ha enfrentado seguimientos por ejercer su labor. “En mi caso, he tenido esas amenazas atribuidas al Frente 57 disidencia de las Farc, y eso marca una línea roja, porque esto hay que decirlo sin rodeos: amenazar a un personero es amenazar el derecho de la comunidad a tener garantías. No es un asunto privado; es un intento de intimidar la función pública que protege al ciudadano”.

Las dificultades para ser personero son claras, dice Osorio Londoño, porque hay recursos limitados frente a las necesidades, trámites que se vuelven laberintos y el riesgo existe porque el cargo simboliza control institucional: “Cuando usted defiende derechos y pide cuentas, toca intereses. Por eso, ser personero implica resistir la tentación del silencio y sostener la independencia con prudencia y firmeza, incluso frente a grupos armados irregulares”.

Gelvi Ester Cabrera es la actual personera de Gigante, Huila. Lleva 12 años ejerciendo como personera, primero en el municipio de Argentina y luego en Algeciras. Desde 2021 ha recibido amenazas de muerte del frente Dagoberto Ramos, siendo personera de Algeciras, por lo que le tocó desplazarse a Neiva. En 2022, la UNP le otorgó esquema de seguridad y lo mantuvo hasta 2024. 

“En el 2024 me hace el estudio de nivel de riesgo nuevamente, pese a que la Fiscalía emitió el certificado que quienes profirieron mi amenaza no han sido capturados; la UNP me baja el nivel de riesgo, me lo deja extraordinario, pero me quitó el vehículo blindado y me dejó uno convencional y dos hombres de protección y un chaleco blindado”, dice Cabrera.

En el 2025, siendo personera de Gigante, fue nuevamente intimidada cuando un hombre se le acercó en un evento público y le dijo que ella debía informarles de todo lo que sucediera en la zona, ya que entre Gigante y Algeciras, municipios colindantes, “estaban escondidos Los Mordiscos y no querían que eso se volviera como un Catatumbo, que tenía que ser informante de ellos. Yo le dije que no podía hacer eso, que mi función es defender los derechos humanos. Me dijo que iban a empezar a matar mucha gente de la población civil y que a mí me iban a visitar con 'indumil'”.

Aclara Cabrera que esa expresión del 'indumil' es muy común en Huila y significa amenaza de muerte. Ella no supo quién fue el hombre que le dijo eso, pero apenas terminó la amenaza, se retiró del lugar. Inmediatamente informó a los hombres de seguridad lo sucedido, activó la ruta de protección y también se retiraron del evento.

Hizo las respectivas denuncias a Fiscalía, ante la Unidad de Víctimas, la Procuraduría y la Policía, le dieron medida preventiva. Aun así, a mitad de enero de este año, le llegó la resolución del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas Colectivas (Cerrem) diciendo que su riesgo seguía extraordinario, pero además que le quitaban el vehículo y un hombre de protección. “Quedé con las amenazas y desprotegida y tengo que seguir ejerciendo mi cargo en carro prestado y con la zozobra de que cualquier cosa puede pasar”.

Raúl Alexis Forero Ramírez es el actual personero de Algeciras. En febrero de 2025 recibió un mensaje por Whatsapp donde estaba la foto de alias ‘Calarcá’, jefe de disidencias de las Farc, y decía Frente Iván Díaz. “Inmediatamente entró una llamada desde el mismo número y un hombre empezó a hablar, a decirme que necesitaba que saliera a los territorios a impedir el ingreso de Los Mordiscos, que emitiera Alerta Temprana, que hiciera escándalo en redes sociales y, al negarme, dijeron que me iban a visitar con ‘indumil’”.

Esa misma noche, dice Forero, asesinaron al presidente de una junta de acción comunal y luego lo volvieron a llamar. Le dijeron “que no estaban jugando con nadie, que no eran payasos de nadie y colgaron”. Las llamadas continuaron toda la semana. Activó la ruta de protección y salió del municipio. Pidió esquema de seguridad a la UNP pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

“El Estado nos abandona, la UNP no da mérito a la situación que uno está viviendo, lo demerita, es como desacreditar lo que a uno le sucede. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la misma Procuraduría como que se hacen de oídos sordos. Tenemos la violencia por parte de los grupos armados, que a toda hora están presentes y queriendo constreñir, amenazar, instrumentalizar nuestra labor. Y por el otro lado, que la misma comunidad como que ha perdido ese sentido de respeto por la función, por la misma situación del país, ha perdido como esa fe en las personas que ejercemos esta labor”, afirma Forero.

La personera de Maní, Casanare, Alejandra Ramírez, alertó sobre acoso laboral y discriminación por parte del alcalde del municipio, Ferney Chaparro, tomándose como “una persecución personal” sus requerimientos y observaciones. “El alcalde ha intentado sacarla muchas veces de las oficinas de la Personería, con lo cual se genera un control sobre las actividades que realiza la personería, sobre las funciones constitucionales de la personería municipal”, dice Contreras de Fenalper.

Incluso, el mismo personero de Bogotá, Andrés Castro, denunció que fue amenazado en junio de 2025 desde las cárceles de la capital. Le han dado plazos para que se presente en La Picota y La Modelo y, de no hacerlo, amenazaron con aplicarle el “plan pistola”. Dice que los que lo han amenazado conocen el paradero de sus familiares.

Asegura Contreras que las consecuencias de estos tipos de hostigamientos, señalamientos y presiones son muy graves, porque “se restringe la acción preventiva del Estado, se debilita el acceso a la justicia local y sobre todo empuja a muchos personeros y personeras a trabajar bajo el miedo, la autocensura o muchas veces el desplazamiento, porque muchos terminan ejerciendo su función constitucional desde otros municipios o desde las capitales para no poner en riesgo su vida”.

Contreras dice que hacen falta acciones reales del Estado para fortalecer las capacidades de las personerías municipales para proteger sus propios derechos como funcionarios públicos.