Sintraunicol recibe amenazas de disidencia de las Farc

Por medio de un panfleto, firmado por la Columna Móvil Jaime Martínez de una de las disidencias de las Farc-Ep, se declara objetivo militar a la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), de la subdirectiva de Cali. Allí mencionan a Edison Méndez quien es el presidente de este sindicato; a Wilson Sáenz, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subdirectiva Valle; a José Milciades Sánchez, secretario de Derechos Humanos de Sintraunicol nacional; y a Harold Balanta, quien es el secretario general de Sintraunicol en Cali.

Este grupo armado, que dice estar presente en las montañas del departamento de Valle del Cauca, especialmente en Jamundí, amenaza con quitarles la vida, y dice que no responde por sus propiedades. Además, les prohíben “hacer proselitismo en la región, reuniones con la población civil de la zona rural y urbana poniéndolos en contra de la organización”. 

Y se refiere específicamente a José Milciades Sánchez, quien vive en Jamundí. “No nos va a costar llegar por usted, le recordamos que deje de estar metiéndose en lo que no le incumbe con nuestras células urbanas y rurales”.

El panfleto lo recibió el sindicato en su oficina ubicada dentro de la Universidad del Valle el 27 de febrero, aunque tiene fecha del 13 de febrero. Dice Méndez, el presidente de Sintraunicol, que la amenaza llegó en un sobre de manila sellado y lo que más le preocupa es que haya logrado llegar hasta la oficina. “Quiere decir que nos tienen muy ubicados y pueden pasar todos los filtros”, dice.

De los cuatro amenazados, dos tienen esquema de seguridad y los otros dos están desprotegidos, entre ellos el presidente del sindicato. Dice Méndez que con esta amenaza, que pone en zozobra el trabajo organizativo y sindical, debe tomar medidas de autoprotección, ya que no ha sido beneficiado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que le presten la seguridad necesaria.

Al sindicato no le consta la veracidad  del  panfleto, sin embargo hicieron las pertinentes denuncias y en los próximos días tendrán reuniones con la Fiscalía, la UNP y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Con amenazas como estas “intentan desmoralizar a la organización, al colectivo. Hay poderes que se están incomodando con nuestras denuncias, poderes mafiosos, poderes fascistas, que en últimas están incrustados desde diferentes tópicos e intentan enrarecer el ambiente y, claro, desmotivar al liderazgo”, afirma Méndez.

Mediante su Sistema Informativo Sintraunicol (SIS), a nivel nacional denunciaron esta amenaza en la que piden garantías inmediatas para la vida, integridad, libertad y seguridad de los dirigentes amenazados. Además, exigen que se adelante una investigación urgente por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público para identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales.

En este comunicado también hacen un llamado a todos los miembros de la Universidad del departamento para que “construyamos juntos la ASAMBLEA UNIVERSITARIA POR LA PAZ, como un proceso de aporte desde las universidades en la búsqueda de la paz con justicia social y la salida política del conflicto político, social y armado que vive nuestro país”.

Méndez supone que la amenaza llegó porque como sindicato han estado desarrollando actividades no sólo de orden reivindicativo y de su labor desde el punto de vista formal como sindicalista, “sino que nosotros abogamos por la solución política y negociada del conflicto armado. Respaldamos claramente las reformas sociales que propone el gobierno y eso, obviamente, hace que nosotros (nos) pongamos en medios y en diferentes escenarios de carácter público”.

Además están en movilizaciones permanentes con organizaciones populares “en términos de las transformaciones sociales que se requieren y trabajamos mancomunadamente a través de la minga social, popular y comunitaria del suroccidente colombiano”.

El temor que genera las amenazas

Esta no es la única amenaza que ha recibido Edinson Méndez. Desde 2015, cuando asumió la presidencia de Sintraunicol, ha sido objeto de hostigamientos. En 2018 recibió una amenaza que fue archivada por la Fiscalía, después de la cual la UNP negó prestar medidas de seguridad porque según sus investigaciones no corría riesgo.

El sindicato estuvo  activo en el estallido social de 2021 en Cali, cuando la Minga Indígena se instaló en la Universidad del Valle. A raíz de eso, le hicieron un atentado junto a otro compañero suyo del sindicato, a quien una bala le alcanzó a rozar una pierna. Y unos días después, un aparente francotirador le apuntó a Méndez con una mira láser cuando llegaba  a su casa.

Dice Méndez que eso le generó un desplazamiento intraurbano con su familia. “Todos sabemos que la violencia antisindical que se ha vivido en nuestro país es absolutamente degradante. Los miles de asesinatos en las últimas cuatro décadas en nuestro país contra líderes sindicales está relacionado con la sistematicidad de la violencia y el atropello de derechos humanos”.

En la última publicación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Cuaderno de Derechos Humanos Nº 29, emitido en noviembre de 2024, dice que su Sistema de Información de Derechos Humanos ha registrado entre los años 1971 y 2024, unos  15.855 casos de violaciones de derechos humanos contra las organizaciones sindicales, “indicador de que la violencia antisindical es un elemento que aún permanece en las dinámicas del mundo del trabajo en Colombia”. Entre 1985 y 2024 fueron asesinados 2.650 sindicalistas en el país.

Según esta publicación de la ENS, entre 2020 y 2024 la violencia contra este gremio bajó en intensidad pero lo atribuye a un cambio de las dinámicas. “Estas pueden estar más direccionadas hacia las organizaciones sindicales en su conjunto, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Adicionalmente, un reforzamiento en las violencias simbólicas que van desde lenguajes hostiles y la negación del sindicalismo como un actor clave para las democracias”, dice el informe de la ENS

Durante los últimos cuatro años el tipo de violación a los derechos humanos que predomina contra el sector sindical es la amenaza, con un 65,8 por ciento; y le sigue el asesinato con el 13 por ciento. Las actividades económicas más afectadas son la educación, la agricultura y la explotación de minas y canteras, según la publicación de la ENS.

Dice Méndez que esas amenazas no sólo lo afectan a él y a los miembros del sindicato, sino a sus familias, y no se sabe ni se investiga sobre el impacto y el daño que causa en términos del tejido social, en las tensiones y presiones familiares, por el miedo instaurado. “La familia es la primera que ejerce la presión para que dejemos de hacer lo que hacemos y ese es el objetivo de esos ataques. No hay protocolos para nuestras familias que también sufren el impacto psicosocial”, dice.

Sintraunicol tiene 34 subdirectivas en Colombia. La de Cali es la más numerosa, según Méndez, con más de 6.000 afiliados. También tiene representatividad en el sector de la educación superior de los no docentes, es decir, los trabajadores administrativos. Esta subdirectiva tiene más de seis décadas de historia porque antes de Sintraunicol estaba constituida como Sintraunivalle. 

“Esos 60 años de historia han permitido consolidar una convención colectiva de trabajo, unos acuerdos, un relacionamiento con los movimientos sociales y populares muy sólido”.  

Dice Méndez que esta amenaza se suma al “carácter sistemático de violencia antisindical y a intentar evitar que haya una expresión que, de manera tranquila y sana, se abra el debate de liberación sobre las grandes transformaciones para este país. Nuestras posiciones son claras en defender la dignidad de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Y lo seguiremos haciendo”.