Alcalde de Socha criminaliza a comunidad que se opone a la minería

El 18 de marzo, la alcaldía de Socha, Boyacá, emitió un comunicado oficial a través de la red social Facebook, donde dice que rechaza la agresión de la que fue víctima el alcalde de este municipio, Óscar Antonio Hurtado, “por parte de un ciudadano que se identificó como defensor de derechos humanos y miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) vinculada al Representante a la cámara Edwar Sarmiento (sic). Este hecho ocurrió durante su llegada al bloqueo del título minero FGD-141, ubicado en el sector El Alizal de la vereda El Mortiño, donde se mantiene un bloqueo irregular por parte de un grupo minoritario”, dice el comunicado.

Además, manifiestan desde la Alcaldía que durante la mesa de diálogo convocada para resolver el conflicto, “se registraron actos de alteración al orden público (...) Estos hechos demuestran que la protesta ha sobrepasado los límites constitucionales del derecho a la manifestación pacífica”. Al final advierten que se tomarán todas las medidas jurídicas y policiales para preservar el orden público.

El 19 de marzo, el Colectivo Resistencia y Lucha por el Agua del sector El Alizal manifestó su preocupación mediante un comunicado donde dice que la Alcaldía de Socha difundió información falsa y difamatoria en redes sociales de haber sido agredido por un defensor de derechos humanos. “Rechazamos categóricamente estas afirmaciones que carecen de fundamento y buscan deslegitimar nuestra lucha. Existen pruebas audiovisuales que desmienten lo señalado por el alcalde”.

A su vez, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que está acompañando a este colectivo y uno de cuyos miembros estuvo el día de la reunión, emitió una denuncia pública donde explica que el 18 de marzo, en el desarrollo de la mesa de concertación entre comunidades y entidades citadas, “se hace la exigencia por parte de un defensor de derechos humanos, de retirar a la fuerza pública del lugar donde se encontraba la comunidad, dándole a conocer al señor alcalde y las demás entidades presentes, el riesgo al que estaban exponiendo a la población civil”.

Dice la Fundación que esas exigencias fueron tomadas por el mandatario local como una “grave afectación al orden público”, por lo tanto, como organización rechazan el señalamiento, la estigmatización y el tratamiento militar a la protesta social. “Le hacemos el llamado al respeto de las comunidades organizadas en ejercicio de sus derechos evitando el uso de la fuerza, la represión judicial y militar, de lo contrario lo hacemos responsable por acción u omisión de cualquier tipo de acción o represalia en contra de la libertad e integridad de los defensores de derechos humanos”, dice la denuncia.

Lina Arismendy, integrante y vocera del colectivo Resistencia y Lucha por el Agua, dijo a VERIFICO que no hubo disturbios como lo señaló el Alcalde. Por el contrario, “él llegó con una actitud agresiva y de confrontación con la comunidad. La reunión estaba citada para que llegaran representantes de la Alcaldía y un vocero de la empresa, pero esta llegó con obreros que provocaban a la comunidad cada vez que había intervención de la empresa”. En un video del evento se observa que los obreros aplaudían con fuerza cuando el vocero de la empresa minera hablaba.

Dice Arismendy que han notado que el alcalde  ha puesto en peligro en varias ocasiones al colectivo y a la comunidad. “Nos ha acusado de que nosotros estamos apoyados por mineros ilegales, nos ha acusado de tener intereses personales, nos ha acusado de que en las mesas de trabajo no se han llegado a conclusiones por los desórdenes del colectivo. Entonces, eso es lo que busca la administración, porque ellos están del lado de la empresa”.

El representante a la Cámara por Cundinamarca, Eduard Sarmiento Hidalgo, también se pronunció mediante un video, manifestando su sorpresa al ver el comunicado de la Alcaldía con una misiva directa a su nombre por parte del alcalde. “Hemos revisado con rigurosidad los videos y transmisiones de la reunión en El Alizal y no identificamos ningún tipo de agresión que pueda entenderse de tal manera como ha mencionado el alcalde, por el contrario, su mención como un posible agresor y exposición en comunicados puede significar una persecución y estigmatización a la protesta social y al derecho de cualquier ciudadano a manifestarse”.

Sarmiento agregó que la persona mencionada por el mandatario, cuyo nombre es Leonardo Vega, es funcionario de esa curul que habita en ese territorio y es defensor del agua.

Los videos a los que se refieren tanto el colectivo de El Alizal como el representante a la Cámara son de una transmisión en vivo del noticiero regional Matinal Noticias Boyacá, que grabó la reunión durante dos horas. Allí se puede ver que la representante de la Defensoría del Pueblo es quien está dando la palabra, coordinando y mediando la reunión entre comunidad, Alcaldía y empresa minera Carbones El Alizal.

Cuando Vega pide al alcalde que el Ejército se retire, porque como se puede notar en las imágenes, está metido dentro la comunidad, rodeándolos, “está violando el Derecho Internacional Humanitario”, hay discusiones, el Alcalde dice que también se retira con el Ejército y algunos funcionarios se van con él, pero no hay ninguna agresión ni afectación al orden público y la reunión se termina ahí.

Lucha por la protección del agua

El municipio de Socha está ubicado cerca del Páramo de Pisba, a 3.450 metros sobre el nivel del mar y cerca a la laguna de Socha, una región que está protegida por Parques Naturales Nacionales, por lo que la actividad minera está prohibida en ese lugar. Sin embargo, este municipio está rodeado de empresas que explotan carbón y las comunidades que lo habitan ven que sus recursos hídricos se están disminuyendo, por lo que exigen que se respete el derecho al agua, la vida y la permanencia de los campesinos en el territorio.

La reunión del 18 de marzo de 2025 fue convocada por la Alcaldía de Socha para dar informe sobre el avance que ha tenido en la valoración de la resolución de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) que habilitó el título minero FGD-141 a la empresa Carbones El Alizal, que antes se llamaba Carbones Andinos.

Dice Arismendy que esa era la quinta reunión o mesa de diálogo, “Ellos (la Alcaldía) nos habían recibido un pliego de peticiones en la cuarta mesa de trabajo, y la idea era que ellos iban a traer unos avances con la Gobernación (de Boyacá) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) sobre la revisión de la licencia de este título”.

Sin embargo, no hubo ningún avance ni respuesta frente al conflicto social y minero que están viviendo, pues la postura de la comunidad es que no quiere que haya minería en su territorio. “No hubo disturbios en esa reunión, pero sí inconvenientes con los incumplimientos, porque venir a traer pañitos de agua tibia a una comunidad que lleva más de 70 días en una vía es complicado, la gente ya está cansada, la gente quiere soluciones”, dice Arismendy.

La vocera se refiere a que el 14 de enero de este año, 60 personas de la comunidad iniciaron un paro para no dejar que la empresa minera empiece sus labores, ya que desde el 2017 hay un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá para suspender actividades carboníferas en la región por daños ecológicos. Arismendy dice que Corpoboyacá y la ANM incumplieron esto, ignorando la participación comunitaria.

“Corpoboyacá no está siguiendo el conducto regular ni se está haciendo responsable de las decisiones arbitrarias que tomó. No hay una solución a este conflicto ni una solución a esta manifestación”, dice la vocera, y agrega que la empresa Carbones de El Alizal los está dividiendo como comunidad para cansarlos.

Esa lucha por defender su territorio contra la minería se remonta al año 2006, cuando Carbones Andinos quiso empezar actividades de exploración. “Desde ese momento los habitantes empezaron a hacer derechos de petición a las administraciones municipales, a la Corporación Autónoma, a la Agencia Nacional de Minería, a la Personería, que por favor no se permitiera hacer minería en este sitio”, dice Arismendy.

La vocera dice con contundencia que continuarán bloqueando hasta que se suspenda el título minero, que si les toca, se irán a vivir a la carretera con adultos, mayores y niños. “No queremos más minería en la región. El único acuerdo que aceptamos como comunidad es el cierre total de la mina. No cambiamos carbón por agua”.