Revista Semana asocia a la Guardia Campesina con el Eln

El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hizo público el proyecto de decreto que “promueve la movilización y organización campesina para la reforma agraria” y en el que se plantea, entre otros asuntos, la creación de los llamados comités municipales y territoriales para la reforma agraria.

Se establece en el documento que esos comités “son espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria, conducentes al acceso a la tierra, agua y activos de la producción por parte de los campesinos y comunidades étnicas”. Además, plantea que las comunidades pueden hacer parte de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria.

El proyecto de Reforma Agraria propone que el número de integrantes de cada comité sea mayor a cinco personas, con plena autonomía política: “Se constituyen en instituciones sociales territoriales impulsadas a partir de procesos de organización y movilización por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en proceso de reforma agraria que vive el país”. 

También, Los comités serán instancias para que las comunidades “aprendan de la ejecución, manejo, administración, control social, veeduría y vigilancia del proceso de reforma agraria”. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el encargado de coordinar las acciones para la promoción de “asambleas campesinas por la tierra”, que serán los espacios locales de debate de la reforma agraria.

Reacciones al proyecto

Al darse a conocer el borrador del decreto y ser anunciado por la ministra Mojica en redes sociales, diferentes medios de comunicación y periodistas reaccionaron generaron desinformación o sembrando mantos de duda hacia los campesinos, que derivan en señalamientos y estigmatización.

La revista Semana publicó la noticia con erróneas interpretaciones del decreto, haciendo asociaciones que no son planteadas ese documento y que vinculan a ciertas organizaciones campesinas con la guerrilla del Eln. 

Por ejemplo, ese medio 'informó' que el gobierno nacional obligaría a las Guardias Campesinas a marchar en favor de la reforma agraria, con financiación estatal. No obstante, borrador del decreto no hace alusión alguna a las Guardias Campesinas, que son un mecanismo protección colectiva que no usa armas, creado por las comunidades rurales, para ejercer la defensa de los derechos humanos y de sus veredas.

Además, la revista hace un grave señalamiento, pues indica que, con la propuesta del gobierno nacional, “se legalizarían guardias con nexos con el ELN”. El artículo se centra en decir que las Guardias Campesinas están vinculadas con grupos armados.

Por otro lado, en el programa 6 A.M. Hoy por Hoy de Caracol Radio; los periodistas Luis Carlos Vélez y César Augusto Londoño; y la Federación Nacional de Ganaderos, también hicieron señalamientos que producen desinformación o estigmatización contra los campesinos.

Señalamientos a la Guardia Campesina

En medio de la controversia que se desató en redes sociales y medios de comunicación, el campesinado y su Guardia fueron objeto de varios mensajes en contra, pero no es un asunto nuevo. 

En medio del Paro Agrario de 2013, se consolidaron guardias campesinas en Cauca, Norte de Santander, Magdalena Medio, Nariño y Meta, como una forma de afrontar, de manera no violenta, las agresiones que reciben las comunidades por parte de los distintos actores armados que confluyen en el campo, y atender emergencias de todo tipo.

Desde sus inicios, diferentes sectores del país han hecho señalamientos vinculándolos con grupos armados o que cometen actos vandálicos. Para Jesús Aquiao Chilhueso, coordinador de la Guardia Campesina de Corinto, Cauca, el papel que juega ese mecanismo de defensa de derechos humanos “es hacer respetar el territorio, proteger la vida y poder trabajar con tranquilidad en las parcelas”. Además, afirma que una función importante de la Guardia es dialogar con cualquier grupo armado, legal o ilegal, “con quienes nos ha tocado aprender a convivir, porque están ahí así no queramos”.

En cuanto a la frase de que el gobierno, con el proyecto de reforma agraria “obligaría a las guardias campesinas a movilizarse con financiación estatal”, Chilhueso responde que “la reforma agraria es un sueño, una historia y una lucha que ha ganado el campesinado, hay que defenderla para tener vida digna en nuestros territorios”.

Asegura que siempre salen de manera voluntaria y se apoyan en “una cultura solidaria, coordinamos con nuestras organizaciones municipales, departamentales y nacionales y redes de derechos humanos, pero no coordinamos con el gobierno ya que este es un funcionario y debe cumplirle a la ley”.

Es por ello que para el coordinador de la Guardia Campesina de Corinto, mensajes como los cuestionados “hacen parte de red de desinformación, no están para defender denuncia del campesino, siempre nos van a estigmatizar”. 

El tema de fondo

Para Carlos Duarte, investigador del Centro de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana Cali, este proyecto de decreto para la Reforma Rural es claro porque busca que la propiedad rural por fin cumpla con una función social y ecológica.

Por ello afirma que “históricamente, siempre que se quiere tocar la inequidad en la distribución de la tierra y recuperar las acumulaciones de tierras mal habidas por vías legales, las élites regionales reaccionan frente a un proyecto que, modernizando la ruralidad, afecta las gobernanzas sobre el usufructo rentístico de la tierra”.

Lo anterior contrasta con la manera en la que algunos medios de comunicación y sectores económicos se pronunciaron sobre el borrador de decreto, pues dan por sentado que movilización significa protesta, la cual está asociada en la opinión pública con violencia y perturbaciones del orden público. De ese modo, arrecia la estigmatización contra el campesinado y las organizaciones que han creado para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Incluso, la Procuraduría General de la Nación también planteó su postura mediante un comunicado publicado el 8 de septiembre, mostrando su “gran preocupación respecto al proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura”. Ese órgano de control sostiene que el decreto “no alude al derecho fundamental de la reunión y la protesta pacífica previstos en nuestra constitución (art 37)”.

Frente a eso, el investigador Duarte plantea que la movilización difícilmente se decreta, “pero podría verse como una manera de generar interlocuciones de participación territorial del campesinado en los procesos de reforma agraria”.

Además, cita el libro Redistribution by State Action, de Michael Albertus, quien sostiene “que el apoyo estatal a la movilización es un factor clave para el éxito de los procesos de reforma agraria: los campesinos son los principales beneficiarios, pero también los actores más débiles en el conflicto por la tierra, por lo que este sector necesita el apoyo del Estado para poder organizarse y defender sus derechos”. 

Estigmatización histórica al campesinado

Los campesinos han sido los más afectados por el conflicto armado de Colombia. Despojo de tierras, desplazamientos, asesinatos, poca inversión al campo, poca regulación de precios, nulo acceso para vender sus productos y otros factores han hecho del campo un lugar inseguro y poco productivo. 

Al respecto, Duarte indica que la reforma agraria es importante, “porque nuestro conflicto armado es fundamentalmente agrario y se basa en sucesivas oleadas de despojo y victimización a las poblaciones rurales por parte de todos los actores armados”. Y asegura que uno de los elementos clave en el contexto actual es “una gigantesca inequidad en la distribución de la propiedad rural y una informalidad galopante de este activo”.

El informe Guerra contra el campesinado (1958-2019). Tomo 2: Patrones de violencia sociopolítica, preparadopor Dejusticia, organizaciones campesinas y el IEI de la Universidad Javeriana Cali, hace una radiografía de las afectaciones del campesinado.

Esa investigación establece siete patrones de vulneraciones que padecieron los campesinos en seis décadas: despojo del poder político, desterritorialización, la economía marcada por la violencia, estigmatización, guerra contra las drogas, violencia patriarcal y heteronormativa, y violencia contra los jóvenes.

Teniendo en cuenta el anterior panorama, los señalamientos realizados por algunos periodistas y medios de comunicación, pueden avivar esa violencia y alimentar la estigmatización contra el campesinado, al vincularlo con grupos armados y al señalar que las Guardias Campesinas se movilizarán con dineros de la Nación.

Frente a esto último, Duarte no ve una correlación a priori: “Se está buscando incentivar la participación campesina en una política pública legalmente constituida. La intervención del gobierno en la sociedad civil no es nueva, miremos por ejemplo cuánto del presupuesto gubernamental se va a los fondos parafiscales de los gremios agrícolas como el del azúcar, el café o el ganadero”.

Y tampoco son nuevas este tipo de iniciativas con la reforma agraria. Carlos Lleras Restrepo promovió la organización campesina en 1967, los campesinos se organizaron, los líderes participaban en tomas de decisiones. Aun así, la reforma agraria no se dio, se redujo el gasto social donde más hubo organización campesina. 

“En tierras, nada de lo que se ha propuesto es novedoso en la actualidad. Las herramientas legales están ahí desde el siglo pasado. El asunto es hacerlas valer e implementarlas”, afirma Duarte.

Otro de los temores de los terratenientes del país es que haya extinción de dominio a grandes latifundios para una mejor distribución de la tierra. Al respecto, Duarte señala que el mejor mecanismo para avanzar con la reforma agraria es combinar elementos: “Solamente el mercado de tierras no basta, se debe sumar formalización de los baldíos, recuperación de baldíos a personas que no son sujetos de reforma agraria y hacer cumplir la función social y ecológica de la propiedad”.