"El estallido social fue una toma guerrillera"

Mediante un fallo proferido el 19 de julio de este año, el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá sentenció a dos mujeres y a dos hombres a penas que oscilan entre los 12 y los 19 años de cárcel tras encontrarlos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor y en concurso heterogéneo con terrorismo; perturbación en medio de transporte público colectivo u oficial; violencia contra servidor público; y daño en bien ajeno agravado.

Las cuatro personas sentenciadas participaron en Bogotá en actividades del Paro Nacional convocado para el 21 de noviembre de 2019. De acuerdo con las autoridades, tendrían vínculos con las disidencias de las antiguas Farc.

Las manifestaciones comenzaron aquel el 21 de noviembre y se prolongaron hasta el 20 de febrero de 2020. Se trató de una reacción masiva y callejera contra el proyecto de Reforma Tributaria que pretendía impulsar en el Congreso el entonces presidente de la República, Iván Duque (2018-2022) y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Los ánimos se exacerbaron cuando el ministro Carrasquilla quiso explicar a través de la prensa las ventajas de esa reforma, pero desconocía cuánto valía una canasta de huevos. Ese hecho desató una gran polémica nacional y un rechazo generalizado del proyecto de ley que buscaba ampliar la base tributaria para agenciar más recursos para el funcionamiento del Estado.

De acuerdo con reportes oficiales, los manifestantes participaron en la obstrucción de medio de transporte público colectivo u oficial, el uso de la violencia contra la Fuerza Pública e innumerables daños a bienes de uso particular y público. La situación del país era compleja en términos económicos y la gente no aguantaba más el castigo a sus ingresos. Había un descontento generalizado y se expresó en las calles.

Para contener esas marchas, así como para deshacer los bloqueos viales, las autoridades reaccionaron con una agresividad inusitada. Desde Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa se dio la orden de sacar a la calle a la Fuerza Pública, especialmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, para reprimir a los manifestantes. 

Un cruce de cifras al respecto de esa reacción y la confrontación que generó, las jornadas de protesta dejaron cinco personas muertas (cuatro civiles y un agente de la Policía), así como 314 heridos (105 civiles y 209 policías) y 286 detenidos.

Mensaje que estigmatiza

Una vez Noticias Caracol publicó el fallo como una de sus primicias informativas, titulando como “Disidencias de las Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21N de 2019”, la senadora María Fernanda Cabal retomó el tema para enviar a través de la red social Twitter un mensaje contra toda la protesta social: “Lo advertimos desde siempre. El tal estallido social fue una toma guerrillera”. 

Este mensaje de la legisladora, en el que hace una generalización a partir de cuatro casos y condena la masiva movilización en diferentes ciudades del país que surgió como protesta ante el desempeño del gobierno nacional de la época, tuvo un alcance de 160 mil personas y más de 10 mil interacciones. Además, produjo comentarios en los también se generó desinformación y estigmatización.

Algunos de ellos señalan lo siguiente: “¿Y algunos que apoyaron está violenta toma guerrillera, pretenden llegar a la alcaldía de Bogotá? Qué vergüenza”; “¿Quién va a responder por los actos terroristas, en donde hubo muertes, lesiones y daños a la propiedad?”; ¿Y no trabajaron de la mano los narcoguerrilleros farc con  Gustavo Bolívar, el adoctrinador de los terroristas urbanos de la Primera Línea?

Voceros de organizaciones sociales calificaron el trino de la senadora Cabal como estigmatizante y difamatorio contra los manifestantes, puesto que se basa en una generalización sobre lo ocurrido durante el Paro Nacional de 2019.

“No es sorpresa que los representantes de la extrema derecha del país aprovechen esta situación para deslegitimar la protesta social tratando de vincular todo el estallido social a disidencias de las Farc o grupos al margen de la ley, porque se trata de desconocer las causas que llevaron al paro”, afirma el abogado Brahiam Corredor, miembro de Humanidad Vigente Corporación Jurídica y de la Campaña Defender la Libertad. 

Estallido social

Desempleo, pobreza, reformas tributarias desfavorables, políticas erradas que perjudicaban a la población y bombardeos que cobraron la vida de varios menores de edad, entre otros, se convirtieron en detonantes que llevaron a producir, inicialmente, un cacerolazo y, luego, el posterior estallido social que se venía gestando desde 2019.

Las calles se inundaron de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, indígenas, campesinos, artistas y obreros que reclamaban políticas sociales y económicas más justas e incluyentes. El estallido estuvo a la par con otros en varios países de América Latina, como el de Chile y Argentina, donde también se protestaba por situaciones similares a las de Colombia. 

Afirmaciones como la de la senadora Cabal pretenden darle una connotación de ilegalidad a una protesta que, diversos sectores sociales y políticos consideraban válida y deja ver que no leyó el fallo, en el que se precisó: “En este proceso penal no se cuestiona de ninguna manera el ejercicio de la protesta, la libertad de expresión de los manifestantes, ni mucho menos las motivaciones ideológicas que pretenden sentar una voz de inconformismo ante las autoridades Estatales y la opinión pública en desarrollo de la democracia participativa”.

Ante ello, Corredor afirma que “lo que busca (la senadora Cabal) es precisamente deslegitimar los justos reclamos que tuvo la sociedad en ese momento e invisibilizar las políticas erradas que estaba teniendo el gobierno de turno, es decir el de Iván Duque, del cual la senadora Cabal era aliada, del mismo partido”.

El abogado también deja claro que “hay que tener una cosa muy presente y es que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando presenta su informe en la visita que hizo en el mes de junio del año 2021, indica que las manifestaciones en el país, en su gran mayoría, el 90 por ciento, fueron pacíficas, y un 10 por ciento se dieron de manera violenta”. 

En ese sentido, calificar la protesta social como “una toma guerrillera” es un acto desesperado para atacar a sectores de la sociedad que estaban expresando su inconformidad contra algunas actuaciones del gobierno nacional. Cabe recordar que hubo una fuerte represión a la protesta social, que tuvo características de indiscriminada, con ataques a la prensa, detenciones arbitrarias y discursos estigmatizantes por parte de actores políticos y medios de comunicación.

Según el abogado Corredor, por datos recolectados por la campaña Defender la Libertad y por otras organizaciones no gubernamentales, hay 250 procesos en contra de personas que participaron en la protesta social, de las cuales, alrededor 150 están privadas de la libertad con detención preventiva.

“Así como hay fallos condenatorios como el de 10 de junio, la mayoría de los fallos han sido absolutorios en donde, incluso el mismo juzgado de Bogotá le indica a la Fiscalía que haga investigaciones serias porque son muy deficientes los materiales probatorios; además, han sido evidentes los montajes judiciales, en los cuales los mismos testigos de los procesos son los policías y de pronto alguna que otra persona que difiere de la protesta social”, asegura el abogado Corredor y explica que se volvió muy común la figura de la fuente no formal, es decir, personas anónimas que aparecían denunciando actos de violencias y luego la información de la persona nunca aparecía o no se sabía quiénes habían dado esta información.

Precisamente, organizaciones como Humanidad Vigente, entre muchas otras a nivel nacional, acompañan judicialmente a las personas judicializadas, hacen campañas a favor de los derechos humanos, ayudan con informes y tutelas para darle el verdadero lugar a la protesta social, desmienten mensajes como los de la senadora y apoyan las justas luchas en búsqueda de la igualdad.

Cuestionan fallo

El Juzgado condenó a Justo Ernesto Villarraga Trujillo de 76 años de edad; Wilson Reinel Moreno de 38 años; Erika Lorena Flórez Durán de 27 años; y a Greissy Alexandra Perilla Vargas de 38 años por la “presunta comisión de los punibles de terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación en medio de transporte público colectivo u oficial, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno agravado y obstrucción a vías públicas”.

La decisión también afirma que los sentenciados reclutaron y adoctrinaron a varias personas, sobre todo jóvenes, para que cometieran actos vandálicos y de destrucción de propiedad privada, principalmente de transporte público como Transmilenio, y sustenta que hicieron esa coordinación a través de redes sociales como Whatsapp y Facebook. 

Al expediente se sumaron varias interceptaciones telefónicas que fueron trasladadas de otros procesos penales, lo que le permitió a las autoridades judiciales establecer que en las llamadas conversaban los detenidos con supuestos integrantes de las disidencias de las extintas Farc.

Esas pruebas fueron objetadas por Corredor: “No se logró profundizar hasta qué nivel se obtuvieron estas comunicaciones”. Y reitera que llegaron a estas conclusiones por los informes de inteligencia que presentaron los investigadores de la Policía y es claro, según él, que “son percepciones personales que han tenido cada uno de estos investigadores; no se logró corroborar con quién de las disidencias, puntualmente, se estaba teniendo esas conversaciones, sino que se asumió que eran con personas de las disidencias de las Farc”.

En cuanto al reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes universitarios, el fallo expone que se hicieron a través de mensajes de WhatsApp. No obstante, el abogado de Humanidad Vigente dice que la decisión judicial no especifica cómo llegaron a persuadir a estas personas: “Me parece a mí que le otorga mucha capacidad de convencimiento a estas cuatro personas, por medio de una red social, para determinar que muchos jóvenes en Bogotá, de manera simultánea, hicieran un ataque coordinado”. 

Y añade que tampoco se especifica cuáles fueron las acciones de adoctrinamiento hacia la juventud, por lo que no se puede demostrar un relacionamiento directo entre las personas que llegaron a cometer actos vandálicos o de destrucción de propiedad privada. “No hay un solo testigo que diga que fue reclutado y adoctrinado”, reitera.

Otro de los delitos por los que acusaron a estas cuatro personas es el de terrorismo. Al respecto, el abogado explica que “se abordan desde una perspectiva peligrosista los actos de violencia que se puedan dar en el marco de la protesta, que son espontáneos, y para ello ya hay un delito que se tipifica como la asonada que es un delito político, no obstante, se está utilizando el delito de terrorismo y se adecúan los tipos penales como causar zozobra o causar temor a la población, pero no se profundiza sobre las causas”.

Es evidente que hay parcialidad en la investigación, pues quienes la realizan son víctimas e investigadores al mismo tiempo. Víctimas, porque en medio de las manifestaciones varios policías resultaron heridos en medio de los enfrentamientos. 

“Se me hace que este fallo tiene unas carencias fuertes de sustentación probatoria que ya en segunda instancia, el tribunal superior de Bogotá tendrá que evaluar si el juez de primera instancia valoró correctamente las pruebas que aportó la Fiscalía”, afirma Corredor y resalta que poco se tienen en cuenta las pruebas de la defensa en estos casos.