Gobernador indígena de Nariño recibe amenazas por WhatsApp

Albeiro Nastacuas, gobernador del Resguardo Indígena Inkal Awá Laguneta de Telembí, en Ricaurte, Nariño, denuncia que nuevamente fue amenazado de muerte los días 27 y 28 de enero. Ya en VERIFICO se había publicado una denuncia de amenaza contra él y su comunidad en septiembre del año pasado. Leer más en: Grupos armados hostigan a comunidades indígenas en Ricaurte, Nariño.

Dice el líder que este año recibió llamadas constantes y mensajes por Whatsapp que “lo amenazan, le advierten y le cohíben de transitar libremente por el territorio”. A las 9 de la mañana del 27 de enero le llegaron dos audios después de un “hola” al Whatsapp. En el primero, de 19 segundos de duración, se escucha una voz de hombre con acento del Pacífico. “Ve gobernador hijueputa, te voy a mandar a matar. Te andas metiendo con mi familia. Todos andan contándose que yo trabajo en no sé qué. Te voy a mandar a matar. Le voy a dar 24 horas para que se vaya de Colombia, marica. Y si no le gustó, me dice.”

Y en el siguiente audio que dura nueve segundos, le hace advertencias si no cumple: “Si en 24 horas no se va, lo voy a buscar, le voy a matar a su abuela, le voy a matar a su familia, le voy a matar a todos, para que lo sepa”.

Al día siguiente, a las 6:14 de la mañana, de nuevo le llegó un mensaje, pero esta vez escrito: “Venticuatro oras para que sevaya y sino tevoya matar su familia metido (sic)”. Las llamadas eran tan insistentes que cambió de número telefónico inmediatamente. Dice Natascuas que no sabe de dónde vienen esas amenazas, pero lo que sí tiene claro es que hay diferentes actores armados “disputándose cada metro de tierra”.

El gobernador, en un comunicado público del 8 de febrero, expresó la gravedad de estas amenazas y exhortó al gobierno nacional a proteger su integridad y la de su familia, pues se está vulnerando el derecho a la vida, a la libre movilidad, a liderar procesos en su comunidad. Dice que su tranquilidad sicológica se ve afectada, su estado mental y emocional es perturbado por “el miedo, la angustia, el aislamiento social y la presión constante por parte de estos grupos al margen de la ley”, quienes no aceptan que él ejerza liderazgo ni apoye la propuesta de Paz Total.

En Ricaurte operan diferentes grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diferentes disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, además de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Todos se han dirigido a este líder por medio de amenazas e intimidaciones.

En diciembre de 2023 recibió un panfleto con una amenaza por parte del Frente Comuneros del Sur del ELN. El 17 de julio del 2024 la amenaza llegó por parte de la Segunda Marquetalia con el Frente Iván Ríos de las Farc.

En septiembre, el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, hizo circular un video donde declaraba objetivo militar a las comunidades rurales de Ricaurte. Ese mismo mes le hicieron un atentado con arma de fuego a Abel Natascuas, hermano del gobernador Natascuas, del que salió ileso.

Ante esta persecución, Natascuas y su familia salieron desplazados hacia Pasto. Es la segunda vez que él y su familia, incluidos la abuela y el hermano, han tenido que abandonar el hogar; primero salieron del resguardo, llegaron a Ricaurte y ahí se instalaron para luego tener que irse nuevamente. “Llegamos al municipio de Pasto a pagar arriendo. Hasta ahora tengo un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, pero el resto de la familia no está protegida”, dice el vocero indígena, quien no minimiza estas amenazas.

Natascuas es un joven líder Awá que desde hace cinco años es gobernador, primero del resguardo Libertad Telembí y ahora del resguardo Laguneta Telembí, en el que hay 390 personas. Dice que no está asociado a ninguna de las dos organizaciones indígenas que hay en Nariño: Cabildo Mayor Awá Ricaurte (Camawari) y Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

“Llevamos un proceso de lucha y de resistencia desde la autonomía e independencia, tenemos Guardia Indígena para la protección del resguardo, tratamos de organizarnos en temas de derechos humanos o salud”, dice el gobernador y asegura que por querer cuidar el lugar donde viven los amenazan, los desplazan e intentan matarlos. “Estas últimas amenazas son contundentes y generan mucho miedo. Nosotros no queremos vivir en medio de la guerra, en medio de la zozobra, estamos cansados. Queremos vivir en paz y armonía dentro del territorio”.

Los Awá viven con el temor de ser exterminados

Las amenazas y minas antipersonal, sumadas a los homicidios y desplazamientos forzados, han sumido al pueblo indígena Awá en el terror de la guerra y el empobrecimiento. Esta situación viene siendo denunciada desde el año 2000 por parte de la Defensoría del Pueblo en diferentes alertas tempranas.

En la última, llamada Alerta temprana binacional Colombia Ecuador Nº 001-23, de agosto de 2023, dedicada exclusivamente a los Awá tanto de Colombia como de Ecuador, dice que este pueblo indígena ha afrontado serias dificultades en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el desconocimiento de los mismos y por la presencia de grupos armados ilegales en su territorio.

Los Awá ocupan 610.000 hectáreas, de las cuales 480.000 están en Colombia y 119.000 en Ecuador. En Colombia las poblaciones se ubican en los departamentos de Nariño y Putumayo. En el primer departamento se concentra el 87,6 por ciento de sus habitantes y en el segundo está el 11,6 por ciento.

A toda esta población, dice la Alerta Temprana, se le ha afectado elementos vitales de su cultura, “la cosmovisión y su espiritualidad, al romper los referentes históricos con el territorio, las relaciones de parentesco y en general debilitando la composición social, la cultura y la autonomía”. Por ello los Awá se encuentran en una grave crisis humanitaria.

Cuando Natascuas dice que no minimiza la última amenaza recibida, es porque han sucedido hechos que comprueban que esto puede pasar. Uno de ellos fue el atentado a su hermano y el otro fue el asesinato del líder indígena James Tomás Guangua Quelal, el pasado 2 de febrero en Ricaurte. Guangua era líder del resguardo Pialapi, en Pueblo Viejo y era coordinador de Etno salud de Camawari. Este Cabildo Mayor se declaró en asamblea permanente debido a este asesinato y a las amenazas recibidas en los últimos meses.

La Asociación Abriendo Caminos por la Paz, en representación de las comunidades y víctimas del desplazamiento en el municipio de Ricaurte, Nariño, convocó a un paro indefinido el 17 de febrero. Más de 3.000 indígenas protestaron para reclamar la protección del Estado ante la violencia que sufre ese pueblo en el marco del conflicto armado.

Otra situación grave que están viviendo los Awá es la reciente destrucción, el 20 de febrero por parte del gobierno ecuatoriano, de tres puentes que conectan a las comunidades entre Colombia y Ecuador, vulnerando los derechos fundamentales de estos pueblos, pues se denominan así mismos como una gran familia binacional, para los cuales no existe la frontera.

“Los puentes fronterizos no formales simbolizan para los Awá la comunicación con su territorio y con los miembros de las comunidades que se encuentran en ambos países, dónde incluso existe un puente natural que les comunica, pese a que no son pasos oficiales, permiten la movilidad de estas comunidades transfronterizas”, dice la Alerta Temprana de la Defensoría.

Está previsto que más puentes sean derribados, por lo que el 26 de febrero se inició  una gran movilización en la frontera apoyada por varias organizaciones y resguardos de los Awá en Colombia, argumentando que los puentes son rutas ancestrales esenciales para su vida cotidiana y su economía.

El gobierno de Ecuador alega que son rutas del narcotráfico usadas por grupos armados. Tras muchas solicitudes de ayuda a ambos gobiernos y al no recibir respuestas, se tomaron la frontera para que ambos países reconozcan la importancia de estos puentes.

Según el Instituto de para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año, dos líderes sociales de Nariño fueron asesinados: uno de ellos el líder indígena ya mencionado, de la comunidad Awá de Ricaurte, el 2 de febrero; y otro líder comunal de Tumaco, Jhon Alberto Plaza Llano, el 6 de febrero.

En el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se publica en marzo, dice que el año pasado fueron desplazadas 51.623 personas. El 50 por ciento de las personas desplazadas, pertenece a pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, indica que 138.419 personas fueron confinadas en 2024. El 66 por ciento de estas personas pertenece a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Este organismo de derechos humanos también verificó 18 casos de homicidios de autoridades, guardias y sabedores ancestrales indígenas “cometidos presuntamente por grupos armados no estatales con la finalidad de afectar sus proyectos organizativos y ejercer mayor control de los territorios que defienden”.

Dice Natascuas que con toda esa situación para las comunidades ya no es posible llevar a cabo prácticas ancestrales como la pesca, la caza y la recolección de alimentos como consecuencia del confinamiento y las restricciones a la movilidad en todo el territorio, por parte de los grupos armados que están en todas las entradas de las veredas de Ricaurte.