"Decir que es 'hecho en socialismo' es poco"

La situación ocurrida con las comunidades campesinas de San Vicente del Caguán y su Guardia es compleja y venía de tiempo atrás. Si bien se tornó crítica y concentró la atención de la opinión pública en los primeros días de marzo, su historia se remonta al 24 de enero de este año.

Ese día, integrantes de las organizaciones comunitarias Asoregional, Corpoayari, Asocampo, Ascal-G y Asopeproc, que están agrupadas en la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), se juntaron para reclamarle inversión social a la empresa petrolera Emerald Energy, que opera en Los Pozos.

Esa coordinación se conformó para plantear de manera unificada las necesidades de las comunidades y discutir con las autoridades las dificultades que enfrentan los pobladores de zonas de reserva forestal y parques nacionales; la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y las fallas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); las oportunidades para proyectos productivos; la ganadería extensiva en la Amazonía, entre otras.

A la petrolera le presentaron un pliego de peticiones porque la explotación de los recursos del subsuelo no se ha traducido en beneficios para las comunidades. Al contrario, reclaman, les ha producido contaminación y otros daños ambientales. También demandaron atención de entidades estatales.

Como las compensaciones ofrecidas por la empresa no satisfacían las expectativas de los delegados campesinos, las comunidades optaron por protestar bloqueando el tránsito de camiones por la única vía pavimentada que conduce a la petrolera. Esas acciones iniciaron el 2 de febrero, esperando que el gobierno nacional se sumara a la discusión.

Nueve días después, Lilia Clemencia Solano, viceministra Nacional para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, junto con otros funcionarios del Ejecutivo, se reunieron con las comunidades y no lograron acuerdos porque las demandas requerían la participación de otras instituciones del Estado.

Para el 18 de febrero se acordó una nueva reunión con delegados del gobierno nacional y directivas de Emerald Energy, pero ninguna de las dos partes asistió al encuentro. Eso provocó que la protesta se trasladara hasta las instalaciones de la petrolera y que llegaran más campesinos de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare para respaldarla. La respuesta del gobierno nacional fue enviar en dos helicópteros a un piquete de policías de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD), lo cual tensionó mucho más la situación.

De ese modo, la situación se empezó a salir de control, pues pasó de ser la concentración de decenas de campesinos que bloqueaban el tránsito en la vía San Vicente del Caguán-La Macarena, a miles de personas haciendo presión alrededor del campo petrolero Capela, en la inspección de Los Pozos.

Los ánimos se caldearon nuevamente el 28 de febrero, tras nuevos incumplimientos del gobierno nacional. Días atrás, las partes acordaron que los manifestantes permitirían el tránsito de camiones con crudo y que sería retirado el destacamento de la UNDMO, para realizar una mesa técnica ese mismo día. Pero tan sólo cumplieron los manifestantes.

La mecha se prendió el 2 de marzo porque, según cuentan miembros de las comunidades, en horas de la madrugada miembros de la Policía lanzaron gases lacrimógenos y aturdidoras contra los manifestantes, ocasionando que la gente se abalanzara sobre los uniformados. Rápidamente, la situación se tornó violenta e incontrolable. 

En la revuelta, Reynel Arévalo, un miembro de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (ASCAL-G) fue impactado por un proyectil de arma de fuego, disparado, según cuentan los presentes, por miembros de la Policía Nacional. Eso hizo que las hostilidades se agudizaran. 

En la histeria del momento, algunos campesinos incendiaron las instalaciones de la petrolera y Ricardo Arley Monroy Prieto, subintendente de la Policía, fue asesinado con arma blanca mientras “se hallaba indefenso en poder de sus captores”, según trinó el ministro de Defensa Iván Velázquez. También, resultaron más de 40 heridos, según reportó la Gobernación de Caquetá.

Posteriormente, sucedieron las imágenes que el país conoció por redes sociales y medios de comunicación: en medio de un cordón de la Guardia Campesina y rodeados por decenas de protestantes, los uniformados marchaban cabizbajos y en medio de burlas, hacia un camión. Políticos e internautas calificaron los hechos como un caso de secuestro y tortura; y otros tantos fueron más allá, al hacer sindicaciones de que ese movimiento campesino tiene nexos con las disidencias de las Farc.

El 3 de marzo, luego de suscribir un acta de acuerdos con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y otros funcionarios de alto nivel, los uniformados y empleados de la petrolera que estaban en custodia de la Guardia Campesina fueron liberados. Al salir del encuentro, el Prada indicó que ese hecho no se trató de un secuestro sino de un cerco humanitario con el que se evitaron más agresiones contra los policías, producto de la rabia y del descontrol que se habían apoderado de la manifestación. Ese hecho también despertó malestar en sectores que se habían solidarizado con los miembros de la UNDMO.

La respuesta de los campesinos

Sin embargo, otra es la versión de los protestantes. Raúl Ávila, representante legal de Corpoyarí, una organización que agrupa a 40 Juntas de Acción Comunal ubicadas en la zona limítrofe de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), que cuenta con Guardia Campesina, explica que la situación no es como se narró en medios de comunicación y redes sociales.

Para Ávila, el rol de la Guardia Campesina fue el de intermediar y evitar que los hechos violentos aumentaran: “En ese momento, si no hubiera habido Guardia Campesina, la situación hubiera sido mucho más desastrosa, con más muertos y agentes de la Policía mutilados, porque eso era una asonada. La gente estaba indignada, había más de 5 mil campesinos y los delegados de la Guardia no superaban los 300”.

Por lo tanto, difiere de los mensajes que señalan que la Guardia torturó y secuestró a los uniformados, los cuales califica de mentiras que ponen en riesgo la labor de protección que realiza ese colectivo. Y aunque hace un acto de autocrítica, señala que el principal responsable de la situación fue a la administración central de la Nación: “Aquí hay muchas responsabilidades, pero responsabilizamos más al gobierno nacional, porque fueron más de 40 días que estuvieron las comunidades movilizadas en ese punto, hasta llegar a los lamentables hechos que terminaron con vidas”.

En cuanto a las sindicaciones de que la Guardia Campesina es un supuesto movimiento guerrillero; de que tiene nexos con las disidencias de las Farc o que se dedica a acciones criminales, indica que es una iniciativa de autoprotección de las comunidades ante el abandono estatal, que, de manera no violenta, busca garantizar la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

“La Guardia es un actor estrictamente civil, no tiene nada que ver con el conflicto armado ni con las armas. Buscamos que las armas no estén vinculadas en la sociedad civil. La única arma que tiene es la identidad campesina y su bastón”, reitera.

Ávila explica que las Guardias Campesinas son conformadas por delegados de las Juntas de Acción Comunal de determinadas regiones y que no pueden pasar por encima de los mandatos que determinen las comunidades por medio de sus órganos de representación. 

Las emociones que produjo la muerte del subintendente Monroy y las imágenes de sus compañeros desarmados y conducidos hacia un camión, despertó la indignación en diferentes sectores de la sociedad y llevaron a que, en medio del dolor y de una compleja situación, en la que también perdió la vida un campesino, surgieran mensajes en contra de la Guardia Campesina, los cuales estaban cargados de estigmas y desinformación. 

Esa situación fue aprovechada por la senadora María Fernanda Cabal para realizar una serie de afirmaciones en las que, además de plantear sus posturas políticas, menciona supuestas alianzas con sectores ilegales y utiliza afirmaciones difamatorias. Realizó insinuaciones sobre supuestos nexos de la Guardia Campesina con disidencias de las Farc y califica las acciones como una consecuencia del terrorismo. Los trinos los realizó los días 6, 8 y 19 de marzo; en total fueron vistos por 207 mil personas y tuvieron más de 7 mil interacciones. 

En las publicaciones de los días 6 y 19 de marzo, la legisladora, apelando a la ironía, al usar a las palaras supuesta y presuntos, en comillas, para referirse a la Guardia Campesina y a los campesinos, terminó sembrando dudas sobre el origen de ese colectivo y creando suspicacias sobre posibles vínculos con disidencias de las Farc. Ese planteamiento fue más directo en su trino del 8 de marzo, cuando por medio de una foto de la región que tiene demarcados polígonos en ella, indicó que esa zona era controlada por grupos armados que se alejaron del proceso de paz.

A partir de esos tuits surgieron una serie de comentarios de internautas que calificaron los hechos ocurridos en la sede de Emerald Energy como una “toma guerrillera”, sindicaron a los campesinos de ser “terroristas”, de pertenecer a una “guerrilla campesina”, entre otros calificativos estigmatizantes.

Este caso ocurrido en Los Pozos es un ejemplo de la difícil situación que padecen las comunidades históricamente abandonadas y con poca presencia efectiva del Estado. Tal vez, si la institucionalidad hubiera contestado efectivamente y a tiempo, los hechos no hubieran llegado hasta ese punto, dos familias no estarían llorando la pérdida de sus seres queridos y la Guardia Campesina de Caquetá continuaría con sus labores sin sufrir estigmatización ni desinformación.