"Ejército denuncia que niños fueron usados como escudo"

En días pasados circularon declaraciones del Ejército Nacional a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales en las que se afirmaba que el pasado 11 de julio, varios niños fueron usados como escudo para impedir operativos contra la minería ilegal en la vereda Los Trozos, en límites entre los municipios de Anorí y Amalfi, en el nordeste antioqueño. 

En reacción a esas afirmaciones, la organización Proceso Social de Garantías, con sede en Medellín, difundió un comunicado argumentando que lo dicho por las autoridades es falso y calificaron las declaraciones como “hechos de estigmatización y tergiversación”.

Además, las preocupaciones de las comunidades son mayores por el nivel de amplificación que tuvieron las declaraciones de la Fuerza Pública en medios de comunicación regionales y nacionales, así como en las cuentas del Ejército Nacional en redes sociales.

Tras revisar la noticia difundida por Caracol TV, El Colombiano y Teleantioquia Noticias, se observa con claridad que sólo recurren a la voz del comandante de la Brigada XIV del Ejército, coronel Gustavo José Navarro, como única fuente. Incluso, las declaraciones del oficial fueron grabadas por alguien bajo su mando y son las mismas que son replicadas por los medios informativos sin ningún tipo de contrastación con las comunidades afectadas. 

La voz de las comunidades

Un vocero de las comunidades afectadas contactadas por este portal, y quien por razones de seguridad solicitó la reserva de su nombre, pero que hace parte del consejo mayor del Consejo Comunitario del Cañón del Río Porce, explicó lo ocurrido el pasado 11 de julio, en el paraje La Florida, de la vereda Los Trozos.

Ese día, según el consejero, arribaron a la mina El Chispero tropas del Ejército, acompañadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional, con el objetivo de adelantar operativos de quema de maquinaria usada en labores de minería ilegal, especialmente retroexcavadoras.

En reacción a ello, los pobladores del caserío se volcaron al lugar para no dejar quemar las máquinas, pues gran parte de ellos trabajan en esa mina, que se ha convertido en el único sitio del cual obtienen el sustento económico.

La mina queda del lado de Anorí y el caserío está del lado de Amalfi, separados por el río Porce. De acuerdo con el consejero mayor, el centro educativo está muy cerca del afluente.

“Como los niños hasta el momento han sufrido tantos problemas por los flagelos de la guerra, cuando vieron lo que pasaba, esos helicópteros que sobrevolaban, toda esa bulla y el Ejército que había pasado por ahí por el caserío, ellos se salieron de la escuela y se fueron hasta la orilla del río. En la mina trabajan sus padres, de ahí la preocupación”, cuenta el líder.

En las imágenes captadas por el Ejército y difundidas por los medios de comunicación, lo que se observa es una fila de niños y niñas en la ribera del río y del lado opuesto a la mina El Chispero. De acuerdo con el consejero consultado, no se evidencia que fueron usados como escudo, pues allí no hay tropas del Ejército, ni ninguna persona armada.

El consejero insiste en que los menores no fueron usados como escudo porque, según él, “no pasaron a la mina, los niños no tienen acceso a la mina, la mina no permite menores de edad”.

“Eso es un problema tremendo –agrega–, muy graves las afirmaciones que hace el Ejército sobre ese hecho porque eso nunca sucedió. Otra cosa, allí no hubo enfrentamientos, no hubo grupos armados, excepto los de la Fuerza Pública”.

Aunque la quema de maquinaria minera es un procedimiento legal que hace parte de la estrategia del Ministerio de Defensa para combatir la minería ilegal, las aseveraciones que rodearon el procedimiento de las autoridades ponen en riesgo a la población civil y, sobre todo, a unos niños y niñas que están fuera de contexto de la noticia.

Para la comunidad estigmatizada es preocupante que los medios de comunicación no contrasten las graves afirmaciones de oficiales del Ejército y asuman que esa versión es la única que puede transmitirse.

El consejero consultado recuerda que este tipo de acusaciones ya habían sucedido en otras ocasiones, durante similares operativos realizados en veredas como Madre Seca, La Primavera o San Isidro.

“Al ver que no podían hacer el operativo por la resistencia de la gente, los soldados daban versiones diferentes de los hechos para estigmatizar a la población. Quiere decir que eso ha sido una constante de la Fuerza Pública, decir versiones que no son. Para mí eso es como un falso positivo”, sentenció el consejero.

A esos señalamientos se suma la presencia de la guerrilla del Eln; de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’; y de las disidencias de las antiguas Farc, que han hostigado a la población de distintas maneras y a través de sus actividades económicas.

Ejemplo de ello es el cobro de extorsiones a cada mina y a cada retroexcavadora. Además, los grupos armados ilegales insisten en que vuelvan a sembrar hoja de coca para uso ilícito. Ya muchos campesinos lo han hecho, y en reacción también a los incumplimientos de las políticas estatales sobre sustitución de cultivos ilícitos.

En reacción a todo ello, el Proceso Social de Garantías aseveró a través de un comunicado que “es importante que en declaraciones públicas cesen los señalamientos y estigmatización hacia la población civil, ya que expone a las comunidades en alto riesgo”. (Descargar comunicado)

¿Qué pasa con la minería?

Anorí es un municipio minero desde su fundación, hace más de dos siglos (1808). Esta actividad se ha intercalado con la agricultura y la ganadería, pero en la actualidad es la que más mano de obra ocupa y la que más daños ambientales causa.

Al recorrer algunas veredas mineras, se observa la devastación y contaminación que ocasionan esas labores extractivas. El impacto es mucho más profundo si se tiene en cuenta que buena parte de Anorí hace parte de áreas de reserva forestal.

En el pasado, la actividad minería tenía un carácter más artesanal: se usaban la batea y la pala, pero en las últimas décadas irrumpieron dragas y retroexcavadoras, de propiedad de inversionistas que sólo tienen la intención de explotar las tierras y los afluentes a una escala mucho mayor, sin las mínimas medidas para proteger el medio ambiente. 

El vocero del Consejo Mayor asegura que la minería en Anorí abarca el 70 por ciento de sus actividades económicas: “Hay mina de socavón, mina de aluvión y en todas las esferas, desde la batea, la matraca, hasta la draga, la minidraga, el motor, elevadoras y entables de retroexcavadoras y ya hay entables de mina de filón que es la mina de veta que ya están formalizados”.

La formalización es una de las luchas de los mineros de Anorí desde que se creó el Código Minero, en 2001. Han hecho paros y movilizaciones, y citado a instituciones del Estado a nivel departamental y nacional, pero es poco lo que ha logrado. 

Según algunos mineros, por exigir esa formalización, la Fuerza Pública los ha señalado de criminales, pero dadas las normas que rigen esta actividad, no se ha podido llegar a acuerdos. Por una parte, porque en el municipio hay zonas de reserva forestal y otras fueron declaradas de utilidad pública, entre ellas el cañón del Porce. En ellas, las normas impiden que se otorguen títulos o se formalicen las actividades que ya existen.

El gobierno nacional está adelantando una caracterización de todas las unidades mineras en el municipio. “El plazo va hasta el 30 de julio para quedar en esa caracterización y quien no quede ahí lo van a atacar”, dice el líder consultado, y se lamenta de que haya mineros que no estén enterados de ese proceso.

Diversas voces en Anorí señalan que en una zona donde la minería es un factor importante de economía, se hace necesario que se establezcan acuerdos para trabajar de manera responsable y se ofrezcan otras posibilidades laborales.

También hay consenso en este pueblo del nordeste antioqueño de que la estigmatización de las autoridades contra la población civil no es la vía para regular unas prácticas que terminan siendo nefastas para el medio ambiente y, a su vez, para alimentar el conflicto armado.