María Fernanda Cabal estigmatiza a quienes defienden el Acuerdo de Escazú

Mediante un trino en la red social X del 1 de julio, la exsenadora María Fernanda Cabal pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, denunciar el Acuerdo de Escazú, tildándolo de una “herramienta de extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”. Esta publicación, que tuvo 258.565 visualizaciones, contiene una estigmatización implícita contra líderes ambientales quienes defienden y apoyan este Acuerdo; además desinforma sobre el propósito de este mecanismo de carácter internacional. 

“Lo primero es que en ese mensaje hay una falacia en el ámbito superficial”, dice Hernán Morantes, abogado e integrante del Comité Santurbán, una de las organizaciones que promovieron el Acuerdo de Escazú en Colombia, “porque quien aprobó y firmó el Acuerdo como representante del Estado colombiano fue el presidente de ese entonces ,Iván Duque, de quien Cabal era partidaria y él o el Centro Democrático no se han proclamado de extrema izquierda”.

Ya en lo sustancial del mensaje, dice Morantes, la defensa del medio ambiente no es de izquierda ni de derecha. “Es un tema de sensatez, de racionalidad, de protección de derechos humanos fundamentales, de los derechos también de la naturaleza. Y eso no le corresponde a un sector político. Es un deber que le corresponde a todos los sectores en la sociedad. Y más en el caso colombiano, en donde ocupamos las primeras cifras de homicidios a líderes ambientales”, dice.

Según los registros de Indepaz, de los 77 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre enero y julio de 2026, cinco pertenecían al sector ambientalista en los departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, departamentos donde hay grandes intereses extractivistas.

Estigmatizar a líderes ambientales en Colombia tiene consecuencias graves que pueden llevar a judicializaciones, desplazamientos, amenazas o asesinatos, y después silenciar a las comunidades, quedando esto en la impunidad. Dice Morantes que mensajes como los de la exsenadora generan peligro para “el actuar y el día a día de nosotros, que nos estamos viendo expuestos a un sinnúmero de amenazas, a un sinnúmero de hostigamientos que cada vez se están afianzando más en el país. Estamos viviendo una persecución, un hostigamiento, una amenaza, una cooptación de comunidades, incluso también ataques desde la misma prensa tradicional para lograr un encerramiento y llegar a satanizar y a estigmatizar al defensor ambiental por oponerse a proyectos extractivistas”.

En cuanto a la afirmación de Cabal sobre que el Acuerdo de Escazú entrega la soberanía a terceros, dice el abogado que es una incongruencia y está desinformando sobre lo que representa este mecanismo de defensa de áreas protegidas y de la vida de líderes ambientales.

“En el caso del Acuerdo de Escazú no es cesión de soberanía. Por el contrario, es complementar el andamiaje jurídico que ya se tiene para proteger la naturaleza, los defensores de la naturaleza y darle la oportunidad también a los defensores ambientales de acudir a mecanismos internacionales para la defensa de la propia vida, como de la vida misma de la naturaleza y de sus derechos”, dice Morantes.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a información ambiental, participación pública en decisiones y justicia en asuntos ambientales. Busca proteger a los defensores ambientales y reafirma explícitamente la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. Fue adoptado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Los países tenían hasta septiembre del 2020 para firmarlo en la sede de las Naciones Unidas. El Acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Colombia firmó en 2019, lo incorporó a su ordenamiento mediante la Ley 2273 de 2022, la Corte Constitucional lo declaró exequible en 2024 y fue ratificado ese mismo año. Hasta 2026, 24 países han firmado y 19 han ratificado el Acuerdo. Se han celebrado cuatro reuniones de la Conferencia de las Partes (COP), la última fue en abril de este año y en la cual Colombia asumió la Vicepresidencia de la Mesa Directiva. En estas reuniones los Estados Parte evalúan avances, adoptan decisiones para su implementación y fortalecen mecanismos de cooperación en torno a la gobernanza ambiental.

Dice Morantes que en Colombia la implementación del Acuerdo está en fase de diseño. “Pero sí se nota un cambio incluso en la accionar de las entidades porque hacen reuniones, hacen eventos, se estructuran planes para implementación del Acuerdo y eso es importante porque apertura también espacios institucionales de discusión en política ambiental y de protección de defensores de la naturaleza y lo coloca en un rango de bastante relevancia a nivel institucional, sobre todo en los ministerios de ambiente, en las defensorías del pueblo”, dice. 

Incluso propone que la Fiscalía se transforme para responder al reto “porque en parte, las violaciones del derecho a la vida contra defensores de la naturaleza se exacerban por la impunidad y la falta de judicialización a quienes cometen estos crímenes”, dice Morantes. “Todo esto es atravesado por un ritual interno como país donde se revisa la constitucionalidad de ese Acuerdo y se revisa si tiene esa fuerza vinculante que parte de nuestra soberanía constitucional de decidir cómo se adopta y qué se adopta en materia de tratados y acuerdos internacionales”.

El Acuerdo de Escazú no prohíbe la minería, la extracción del petróleo ni los proyectos de infraestructura. Lo que exige es la transparencia en decisiones sobre recursos naturales, acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia y garantías para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente; además, fortalece las acciones judiciales contra daños ambientales, da mayor protección a líderes ambientales y comunidades afectadas y promueve una mejor gobernanza ambiental.

La presión internacional facilitó que el artículo 9 del Acuerdo incluyera tres compromisos esenciales: garantizar a los defensores ambientales un entorno seguro y libre de riesgos, establecer mecanismos eficaces para reconocer y proteger sus derechos, y adoptar medidas oportunas para prevenir y sancionar cualquier forma de amenaza o agresión en su contra.

Aún así, desde la entrada en vigor del Acuerdo, no se ha producido una reducción clara de los ataques contra las personas defensoras, por lo que muchas organizaciones ambientales ven la importancia de avanzar en su implementación y no en los ataques o la eliminación de esta herramienta. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el segundo informe de seguimiento de sus recomendaciones sobre la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, señala la importancia del rol que desempeñan estas personas y que su labor solo puede ejercerse de “manera libre y efectiva cuando quienes defienden derechos no son objeto de amenazas, hostigamientos, agresiones físicas o psicológicas, ni de actos de criminalización que limiten su accionar legítimo”.

La CIDH recuerda que la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y ambientales requiere protección reforzada por su papel clave en el fortalecimiento democrático, la fiscalización del poder público y la defensa de la naturaleza. Además, reitera la obligación del Estado de Colombia de prevenir, proteger, investigar y sancionar las agresiones contra estas personas, lo que a su vez es esencial para la existencia misma del Estado de derecho y de una democracia participativa.