El 4 de junio el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario (CNA) lideraron una movilización nacional llamada “Por la vida y permanencia en el territorio”, rechazando la crisis humanitaria que se vive en varias regiones del país debido a la arremetida contra los procesos organizativos y las comunidades.

Esta movilización, que duró hasta el 6 de junio y donde hubo cinco puntos de concentración en toda Colombia, fue estigmatizada por algunos medios de comunicación nacional que incurrieron en la descontextualización.

El noticiero Red Más publicó una nota sobre la movilización donde también habla de una toma de la Nunciatura Apostólica por parte de indígenas, pero el Congreso de los Pueblos, un movimiento político y social de izquierda, lo caracterizó como un “refugio humanitario” allí para ser escuchados. 

“Sí había indígenas, había comunidades negras también, pero la mayoría éramos campesinos y campesinas. También había personas de ciudades”, dice Jennifer Velasco, integrante del CNA, quien también hizo parte de la movilización en la Ruta del Sol, a la altura del departamento de Cesar.

Agrega Velasco que los medios de comunicación, antes de reproducir información que no es cierta, deberían acercarse a los territorios, corroborar lo que dicen, poner en contexto a la audiencia. “Investigar qué está pasando en esos territorios para que la gente comprenda el por qué estamos ahí. Pero un titular como ese, lo que genera es mayor estigmatización”, dice la lideresa del CNA.

“Nosotros y nosotras creemos que estas instituciones tienen mucho que decir y a veces hay silencios”, dice Velasco. Aclara que se instalaron en este lugar porque es importante que, dentro de la defensa de la vida, la Iglesia Católica pudiera decirle algo al país y al mundo frente a lo que está ocurriendo. “Hay titulares que dicen que hubo violencia, eso es mentira. Eso fue pacífico, por supuesto fue ingresar a la institución, pero no hubo daños, no hubo absolutamente nada de lo que se menciona”.

Por otro lado, decir en una noticia que los manifestantes estaban armados con palos, también genera desinformación, pues las mismas guardias indígenas y campesinas han recalcado decenas de veces que no portan armas, lo que llevan son bastones de mando para su autoprotección y que distan mucho de lo que significa un arma.

“No había armas. De hecho, no hubo ninguna agresión física hacia ninguna de las personas de las instituciones ni en los puntos de Ruta del Sol, Suroccidente y Chocó hacia la Fuerza Pública”, dice Velasco. La lideresa explica que el bastón representa un símbolo de la defensa de la vida, la autoprotección de las comunidades, e identidad. “No somos un grupo armado y eso hay que mencionarlo y ratificarlo, porque es gravísimo que aún hoy, se diga eso en un medio de comunicación”, dice.

Un balance publicado por Congreso de los Pueblos durante la movilización reafirma la estrategia de estigmatización contra la protesta social. Dice este documento que los reportes desde los distintos puntos de movilización “indican que la estigmatización, perfilamientos ilegales y la militarización de la protesta continúan siendo una constante, evidenciando la persistencia en la matriz del enemigo interno al interior de las fuerzas estatales”.

Movilización contra el paramilitarismo

Mediante un comunicado, publicado el 4 de junio, el Congreso de los Pueblos informó sobre la movilización nacional que empezaría ese mismo día con el objetivo de “denunciar la arremetida paramilitar en los territorios en desarrollo de la estrategia contrainsurgente y antipopular y la doctrina de seguridad nacional que concibe como enemigo interno a los movimientos populares y a la oposición al régimen”.

Dice en este documento que esa situación constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular y especialmente contra Congreso de los Pueblos, por lo que se han declarado en emergencia humanitaria desde 2019. De nuevo tuvieron que volcarse a las calles para ejercer presión al gobierno y que fueran escuchados.

Los puntos de concentración se instalaron en la Ruta del Sol, Cesar; Barrancabermeja, Santander; vía Quibdó-Pereira, Chocó; vía Panamericana, Cauca; y la Nunciatura Apostólica en Bogotá, además de la visita al Ministerio del Interior.

Un pliego de exigencias común que presentaron al gobierno para una negociación, recogió las preocupaciones y necesidades de esos territorios que se movilizaron. Principalmente, que se cambie la doctrina de seguridad nacional; se desmonte el paramilitarismo; se habiliten mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y la permanencia en los territorios, plan de fortalecimiento del Congreso de los Pueblos, un plan de reparación integral, una mesa permanente de negociación e interlocución nacional, garantías para la movilización; y cumplimiento de los acuerdos que se pacten.

“A raíz de levantar esa voz, de construir propuestas distintas, de hacer oposición en gobiernos anteriores, lo que ha ocurrido es que ha habido un exterminio contra el liderazgo social, y eso incluye a comunidades campesinas, a estudiantes, mujeres y sectores populares”, afirma Velasco.

Por ello vieron la necesidad de salir a la calle nuevamente para mostrar lo que está pasando en las regiones. “Si no salimos, si no decimos, si no gritamos, nos van a seguir matando, nos van a seguir desplazando y eso es muy grave”, dice la lideresa del CNA.

En el primer boletín que emitió Congreso de los Pueblos sobre cómo se estaba desarrollando la movilización, habían identificado una serie de prácticas sistemáticas que atentan contra el derecho a la protesta social y ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas que acuden a ella. “Esta respuesta -sin duda- configura una forma de estigmatización y criminalización de las comunidades y sus acciones de exigencia, que evidencia la continua reproducción de la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno”, dice el boletín.

Dice Velasco que mientras tanto en la Ruta del Sol hubo estigmatización y hostigamiento. “En la Ruta del Sol tuvimos policías con armas largas, presencia del Ejército, personas que fueron enviadas a sabotear la movilización y medios locales que también estigmatizaron a las personas que estaban movilizándose”.

Además, recalca Velasco, el Clan del Golfo estuvo rondando por el territorio y empezó a acechar a las comunidades cercanas a los puntos de movilización.

Los convocantes y participantes de la movilización también exigían que se tomen acciones con el caso de los asesinatos a líderes sociales. Velasco menciona una lista larga de nombres de líderes asesinados, muchos de ellos pertenecientes al Congreso de los Pueblos.

Los últimos asesinatos, como el de Narciso Beleño, el 21 de abril de 2024, en el sur de Bolívar, “nos motivan a decir que aunque creemos en el gobierno del cambio (…), necesitamos que preste atención y especial atención a esto que está ocurriendo en los territorios”, expresa Velasco.

Y agrega: “Cuando nos arrebatan a Narciso, nos arrebatan al presidente de una organización campesina, nos arrebatan un liderazgo y eso tiene muchas implicaciones en las comunidades. Una persona que apostaba por la solidaridad, por la cooperación entre las comunidades para transformar los territorios”.

Después de dos días de bloqueos en carreteras y presión en la capital del país, el Congreso de los Pueblos y el Ministerio del Interior firmaron un acuerdo que permitió suspender las movilizaciones campesinas en Sucre, Santander, Chocó, Cauca y Bogotá. Se instaló una mesa permanente de negociación y concertación y se hicieron cuatro comisiones para abordar los puntos del pliego.

Dice Velasco que en Colombia se tiene mucha prevención con las mesas de negociación porque nunca funcionan. “Se dilatan, no se abordan de manera seria y uno espera de este gobierno que eso no pase, porque el gobierno representa cambios, precisamente en todas estas dinámicas de gobiernos anteriores y pues esperamos que eso no ocurra en esta mesa”.