Ciertos estigmas que recaen sobre líderes y lideresas sociales y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz llevan a una indiferencia de la opinión pública con respecto a la violencia que sufren y sus reivindicaciones, según un estudio académico reciente.  

“Es necesario transformar las normas sociales para cambiar la percepción sobre los reclamos colectivos”, señala la investigadora Isabel Güiza Gómez, candidata a doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de Paz en la Universidad de Notre Dame, quien, junto a Abby Córdova, profesora asociada de la Escuela Keough para Asuntos Globales de la misma universidad, encabezaron la investigación.  

Varias organizaciones sociales en investigaciones académicas consideran que existe una estrecha relación entre la estigmatización y diferentes tipos de agresiones que padecen actores que abanderan los derechos humanos y la construcción de paz. De hecho, considera que, en sí misma, la estigmatización es una forma de agresión. (Leer más en Estigmatización, un camino que allana terreno para la violencia) 

Según cifras de organizaciones de derechos humanos, más de 400 excombatientes firmantes del acuerdo y más de 1.600 líderes sociales han sido asesinados desde noviembre de 2016. El estudio advierte que el asesinato de miembrios de ambos grupos sociales configura una barrera para la reforma agraria, la redistribución de la tierra y la participación en política local. 

El estudio surgió como respuesta a lo que Güiza llama una falta de “reacción ciudadana de rechazo contundente” contra la violencia que ha recaído contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Inició en 2022 con un estudio de las actitudes ciudadanas frente a esa  violencia, y de la opinión pública sobre la movilización social de estos actores. 

Según Guiza, si el público general condenara con contundencia las violencias contra los desmovilizados y líderes sociales, los políticos tendrían mayor presión para establecer medidas efectivas de protección y establecer programas de prevención de violencia.

El estudio se basa en las opiniones de 2.945 personas de diferentes estratos sociales, regiones del país e identidades de género que entre noviembre y diciembre del 2023, El respondieron una encuesta en línea que buscaba medir las actitudes iniciales de los ciudadanos hacia los constructores de paz, al igual que la violencia que enfrentan debido a su liderazgo. 

Algunas de esas preguntas buscaban, por ejemplo, conocer las palabras que los entrevistados asocian a la figura de líderes o excombatientes, la percepción sobre luchas por reformas sociales, y las posiciones sobre el proceso de paz en Colombia. 

En el caso de las palabras, los resultados arrojaron que la ciudadanía relaciona, para el caso de los líderes sociales, la defensa de los derechos humanos, el liderazgo comunitario y los riesgos que estos enfrentan; mientras que las palabras frecuentes para hacer alusión a los firmantes de paz están vinculadas a la paz, reincorporación y violencia. En el caso de los excombatientes aparecían palabras más negativas como “secuestro” o “delinquir”.

Esta primera encuesta arrojó que en lo referente a los tipos de reclamos que abanderan estos promotores de paz hay diferencias en la aceptación de la ciudadanía, como ocurre entre reclamos por la tierra y demandas por la educación. Así mismo, se encontraron diferencias en la percepción de los encuestados frente al tipo de movilización que empleaban, por ejemplo, entre la protesta social y la recolección de firmas.

Los resultados fueron poco alentadores: si bien los análisis arrojaron que a los encuestados les importa poco la violencia contra ambos grupos sociales, lo cierto es que a la opinión pública le interesa menos la violencia que padecen los excombatientes. Según el estudio, sólo 52%  de encuestados expresaron actitudes positivas hacia líderes sociales y el 22% hacia firmantes del Acuerdo de Paz. Esto refleja que los estigmas sobre los excombatientes son mayores y terminan configurando un sentimiento de justificación de la violencia ellos son las víctimas.

El estigma emocional —que corresponde a sentimientos de inseguridad respecto a

determinados actores— fue el que registró índices más elevados contra los dos grupos. “Alrededor del 66% de entrevistados indicaron, entre un nivel medio y alto, que se sentirían inseguros si estuvieran en un lugar donde la mayoría de personas fueran líderes sociales y este porcentaje es un poco mayor al 77% en el caso de los firmantes de paz”, recoge el estudio.

En un segundo momento, el estudio buscó contactar a la mayor cantidad de personas que participaron de ese primer grupo de encuestados y se les puso a prueba. “Esa especie de experimento consiste en revisar qué pasa si pongo a una persona a pensar en cierta situación y luego le hago unas preguntas para saber cómo cambian sus actitudes, versus lo que me dijo en la primera encuesta”, precisa Güiza.

De esta manera, lograron identificar cómo, dependiendo de ciertos escenarios, cambian las actitudes frente a los estigmas que recaen sobre los líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Concluyó que dependiendo de la persona, el tipo de reclamo y la manera en la que ejecuta su lucha se configura una percepción más positiva o negativa en la opinión pública sobre la preocupación por el asesinato de estas poblaciones.

Por ejemplo, un escenario hacía alusión a que un grupo de firmantes de paz le solicita al Estado que redistribuyera tierras para reducir la desigualdad de tenencia entre ricos y pobres, para lo cual convoca a una protesta en las calles. Otro escenario, por el contrario, hacía referencia a un grupo de líderes sociales que le solicita al Estado que mejore la educación pública, para lo cual recogía firmas y enviaba cartas. Otro escenario mencionaba que un grupo de ciudadanos, sin otorgar mayor información sobre este grupo, recoge firmas y enviaba cartas para que el Estado redistribuyera tierras para reducir la desigualdad de tenencia entre ricos y pobres.

“Nuestro hallazgo central es que los reclamos colectivos, con independencia del grupo que lo haga —firmantes de paz, líderes sociales o incluso ciudadanos—, por la redistribución de tierras están asociados con mayor estigmatización y actitudes que justifican la violencia letal, tales como baja preocupación empática y mayor culpabilización a las víctimas”, señala la investigadora. Eso significa que los encuestados expresaron actitudes negativas tanto frente a un grupo de firmantes de paz como un grupo de ciudadanos que le solicitan al Estado que redistribuya la tierra para disminuir la desigualdad.

Tierras, un punto en fricción

Diferentes estudios sobre conflicto y ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica del país han señalado la relación entre la desigualdad en la tenencia de la tierra, la falta de políticas públicas para la redistribución de la tierra en favor del campesinado y el conflicto armado.  

Este fue uno de los puntos al que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) llegó en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final: “En los comienzos de los años sesenta, se trataba de salir de un régimen excluyente dominado por las élites tradicionales, en una enconada lucha por el poder político y la propiedad de la tierra que tuvieron un papel decisivo en el estallido del conflicto”.

Al tocar este tema en su estudio, Güiza y Córdova encontraron que la percepción ciudadana sobre las exigencias de  una política estatal para desconcentrar la tenencia de la tierra, está asociada a la violencia que recae sobre líderes sociales y firmantes. Su lectura es que la ciudadanía asocia el largo conflicto por la tierra como un elemento desestabilizador que genera violencia en el país.

“Eso significa que, por ejemplo, si las personas muestran poco apoyo por políticas de redistribución de tierras, como la reforma agraria que ahora está siendo impulsada por el gobierno, hay un mayor estigma, independiente de si es líder o excombatiente”, explica la investigadora. Cuatro capítulos del Acuerdo de Paz vinculan acciones de política agraria. 

Eso quiere decir que para la ciudadanía las diferencias entre líderes sociales y firmantes de paz se empiezan a acortar cuando las personas identifican a cualquiera de estos grupos con reclamos redistributivos. Incluso, la manera en que hagan esos reclamos, como a través de  la movilización social o la recolección de firmas, pasa a un segundo plano si se identifica que el asunto es sobre tierras.   

Y los ciudadanos que más están de acuerdo con políticas de redistribución, creen más que el Acuerdo de Paz fortalece la democracia del país. “Cuando la gente apoya más la redistribución, está más dispuesta a participar en instancias que impulsen la implementación de Acuerdo de Paz”, señala Güiza. 

“En la medida en que haya un respaldo estatal de empujar esta política pública, que sea con reglas claras y procedimientos transparentes, va a generar un círculo virtuoso en el sentido de mejorar las actitudes ciudadanas en general sobre la democracia”, dice la investigadora. 

Sin embargo, con otras preguntas del formulario pudieron identificar que los ciudadanos estigmatizan a cualquier grupo de personas que abanderen reclamos de tierras y redistribución, y justifican la violencia que eventualmente pueda recaer sobre estas personas solo por el hecho de estar movilizados por asuntos de tierras.

Para transformar estas percepciones la investigadora considera que es necesario empezar a ver a los firmantes del Acuerdo y a los líderes sociales como agentes constructores de paz, que buscan el fortalecimiento de la democracia. Y una posible acción para mitigar los efectos de la estigmatización radica en un ejercicio constante en el que ambos grupos recuerden públicamente que ellos tienen derechos y sus reclamos son válidos, pero es más importante, recuerda, que sea el Estado mismo el que envíe estos mensajes contra la estigmatización , así como los medios de comunicación, los cuales deben empezar a transformar estas percepciones.  

Esto se ajusta a la estigmatización sobre los reclamos por la tierra. “La principal agenda de acción estatal debería dirigirse a reformular esos reclamos sobre la tierra como un asunto de derechos, o sea, no es un asunto de desestabilización del orden social sino es un asunto mínimo de democracia en el país”, concluye Guiza.