El 29 de octubre de 2025, ese medio publicó una entrevista a la entonces precandidata presidencial. Durante la conversación, Cabal negó la responsabilidad del Estado en la violencia sistemática contra los integrantes de la UP: “¿Cuándo van a tener ustedes claro que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos. (...) Jamás repita que el Estado fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP la exterminaron las Farc y el ELN”.

Además, la senadora señaló que la Unión Patriótica era “el brazo político de las Farc” y afirmó que, en esa medida, “avalaba los crímenes de las Farc, los secuestros, las desapariciones y el reclutamiento”.

Aunque Cabal argumentó que sus declaraciones están protegidas por la libertad de expresión y que no fueron más que “opiniones y valoraciones políticas e históricas” dichas en un debate público, el juzgado concluyó que ese derecho no elimina su responsabilidad como funcionaria pública de ser garante de los derechos fundamentales. Esto, según el juzgado exige que sus expresiones se ajusten a parámetros de veracidad, razonabilidad y responsabilidad, evitando el uso de discursos que puedan desinformar, deslegitimar injustificadamente o incitar al desprecio contra personas o colectivos vulnerables.

Imelda Daza, senadora y sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica, quien estuvo exiliada en Suecia durante 26 años, recibió la decisión como un acto de justicia. “Se hace justicia a la verdad y a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Esta decisión tiene un alto significado porque reconoce nuestros derechos como víctimas y el derecho que tiene todo el país a conocer lo que realmente ocurrió”, dijo. 

Para Daza, este tipo de discursos no son sólo una controversia política, sino un riesgo vigente. “Desconocer una verdad ya establecida por el propio Estado y por la justicia internacional alimenta el odio, reactiva la estigmatización y puede volver a poner en peligro a quienes hemos hecho política de manera abierta y legal”, advirtió.

Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que el fallo es muy importante porque reconoce que los discursos que estigmatizan procesos políticos como el de la UP, “no sólo afectan la honra de las víctimas sino que pueden reactivar imaginarios que históricamente han justificado la persecución, la violencia y el exterminio. En contextos como el colombiano la estigmatización sigue siendo un factor de riesgo real para los líderes sociales, para las organizaciones y movimientos sociales”.

El juzgado también fue enfático en advertir que las afirmaciones de la senadora carecen de sustento y no cumplen con el requisito de veracidad.  “Con todo, ante la ausencia de material probatorio, la emisora del mensaje manifiesta opiniones negativas respecto del mencionado movimiento político y así perpetuar la estigmatización de quienes hoy son reconocidos como víctimas. De este modo, el parecer subjetivo de la senadora no tiene una base cierta y verificable y, además, en su intervención se omite diferenciar claramente entre hechos y opiniones, lo que deriva en la inexactitud del mensaje transmitido”, agrega la decisión. 

Como consecuencia, el despacho ordenó a la senadora rectificar la información mediante una disculpa pública en la que reconozca que incurrió en un error al hacer afirmaciones lesivas sobre la Unión Patriótica. La retractación deberá difundirse en las mismas condiciones y a través de los mismos canales en los que se emitieron las declaraciones originales, y la senadora deberá informar al juzgado sobre su cumplimiento.

González, asegura que más allá de la retractación, “lo fundamental es reafirmar el deber de quienes tienen visibilidad pública de contribuir a un debate democrático sin discursos de odio que puedan poner en riesgo a las víctimas o reproducir patrones de violencia política ya superados”.

Daza, planea que desde el Congreso de la República (lugar en donde Cabal replicó sus afirmaciones) existe una necesidad de frenar este tipo de intervenciones. Advirtió que no se puede permitir que escenarios institucionales como el Senado se conviertan en espacios para la estigmatización. “No se puede aceptar que se use la palabra para calumniar, ofender o denigrar. El Congreso no puede ser un lugar donde se incite al odio o se desconozca la verdad”, señaló.

En esa línea, la senadora y sobreviviente pidió que haya mayor control frente a este tipo de discursos y que se garantice un debate respetuoso, sin señalamientos que puedan poner en riesgo a las víctimas o a quienes participan en la vida política.

Las afirmaciones contradicen decisiones judiciales sobre la UP

La decisión se produjo luego de que la Defensoría del Pueblo interpusiera una acción de tutela para proteger los derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas representadas por la Corporación REINICIAR. Según el fallo, la tutela busca que la senadora se retracte de afirmaciones “que desconocen verdades ya establecidas por decisiones judiciales nacionales e internacionales”.

En esa misma línea, en un comunicado de enero de 2026, la Defensoría recordó que quienes ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad reforzada en la protección del debate democrático, el respeto por la verdad histórica y la garantía de los derechos fundamentales. Por ello, advirtió que deben abstenerse de reproducir discursos que estigmatizan, deslegitiman o niegan hechos históricamente acreditados, en especial cuando están relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

“Nuestro país ha experimentado las consecuencias más graves de la estigmatización política. La historia de la Unión Patriótica recuerda cada día que el lenguaje que deslegitima, acusa o deshumaniza a opositores por sus ideas crea condiciones propicias para la violencia, la exclusión y la persecución”, aseguró la Defensoría.

Para Imelda Daza, la actuación de la Defensoría del Pueblo fue acertada y oportuna. “Valoramos mucho la decisión de interponer esta acción para frenar la estigmatización. La Defensoría actuó en defensa de las víctimas del conflicto armado y cumplió con su deber”, señaló.

González, por su parte, aseguró que esto plantea un mensaje institucional claro e importante: “Cuando se afecta la dignidad de las víctimas o se desconoce la verdad de lo ocurrido, el Estado y cualquier entidad, tiene la responsabilidad  de actuar para proteger estos derechos y evitar nuevas formas de revictimización”. 

Como lo señala la entidad, las afirmaciones de María Fernanda Cabal en la entrevista con La Silla Vacía contradicen decisiones judiciales que han reconocido la responsabilidad del Estado en la violencia contra la Unión Patriótica. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por graves violaciones contra integrantes de ese movimiento, incluyendo ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de estigmatización.

Por otro lado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, encargada de sancionar los crímenes de paramilitares desmovilizados, en sentencia contra Ever Veloza García, alias 'HH', exjefe del grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquió en Urabá, catalogó los crímenes contra la UP como un genocidio político.

Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que, de acuerdo con los informes recibidos, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de una violencia sistemática que afectó sus derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física, sexual y psicológica.

En ese contexto, la jurisdicción ha advertido que en estos crímenes hubo participación directa de agentes estatales. Su Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad identificó la actuación de integrantes de organismos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y estructuras sicariales, lo que facilitó la ejecución sistemática de ataques contra miembros del movimiento.

Aunque el fallo aún no está en firme, pues la senadora puede impugnar en los próximos tres días, la decisión marca un nuevo pronunciamiento judicial sobre los límites de la libertad de expresión frente a la estigmatización de víctimas del conflicto.