El miércoles 29 de enero, a las 5:25 de la tarde llegó, de manera consecutiva y anónima, una amenaza al Whatsapp personal de tres dirigentes y a la comunicadora  de la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO) en Barrancabermeja. 

El mensaje declara objetivo militar y persona “no grata en el territorio” a César Loza, presidente de la USO, del que afirma que es del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano, “a su secuaz y militante de las Farc” Martín Ravelo, quien es el secretario de Salud y Seguridad social de este sindicato, a Daniel Sosa, tesorero de la USO, del que dice el mensaje, es el “brazo político del Partido del Trabajo”.

También nombran a Edwin Palma, expresidente de la USO, “viceministro de Trabajo, jefe de esta banda capitalista y negociantes de derechos laborales”, como lo señalan en esta amenaza. El mensaje también llegó a la directora de comunicaciones del sindicato, Lina Brujes, de la que dicen “que se ha convertido en una experta en vender una imagen falsa de estos vendepatrias y corruptos atornillados al poder”.

Esa misiva de 42 líneas inicia nombrando la “insurrección comunera” de José Antonio Galán, en cuyas consignas se recogen “ni un paso atrás” y “Libertad o muerte” y dice que rechazan los incumplimientos entre las distintas fuerzas políticas que hay en el interior de la Unión Sindical Obrera. “Condenamos que la actual ‘dirección’ del Sindicato esté aliada con la corrupta y mafiosa administración de Ecopetrol, dejando al lado los intereses de la clase Obrera”. Termina con la frase “no hay vuelta atrás”.

Al día siguiente de recibir la amenaza, la USO publicó la denuncia en redes sociales y mediante un comunicado rechazó esta intimidación. Llamó a las subdirectivas a salirle al paso a estas provocaciones y reforzar la unidad interna. “Rechazamos cualquier tipo de señalamiento que intente vincular el movimiento sindical con los grupos armados, como una medida que legitime su eliminación”, dice.

Mediante la denuncia, la USO dijo que han circulado en los últimos meses otro tipo de ataques, incluso que conocen la procedencia de algunos. Saben, por ejemplo, que algunos se originaron en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de hacer el llamado a este grupo armado de suspender los confinamientos a poblaciones, el reclutamiento forzado, atentados y ataques. 

“Nosotros no estamos diciendo que es el ELN, pero hay coincidencias con los comunicados que ellos sacan”, dijo a VERIFICO César Loza, actual presidente de la USO. Sin embargo, destaca que la amenaza utiliza consignas alusivas al ELN, y que la Fiscalía ha dicho que  “quiénes hacen esa amenaza tienen estructura política”.

Destaca Loza que Ecopetrol ha sido muy diligente en facilitar las condiciones de protección para los sindicalistas, en mantener los esquemas de seguridad y ayudar a implementar los protocolos de autocuidado con cada uno de los amenazados. “Hay algunas recomendaciones como no desplazarnos a algunas áreas del país, asistir a reuniones muy puntuales y no frecuentar sitios públicos, pero no nos vamos a ir del país como nos lo han recomendado, porque eso es precisamente lo que buscan los actores de estas amenazas y es que abandonemos la actividad sindical”, dice Loza.

Ataque constante a sindicalistas

El movimiento sindical en Colombia ha sido protagonista de luchas y de la defensa de mejores condiciones laborales para los trabajadores, lo que ha desencadenado una violencia sistemática y graves violaciones a los derechos humanos contra quienes hacen parte de estas agremiaciones, siendo los más afectados los líderes sindicales.

La violencia y los discursos antisindicales se han mantenido en las esferas del poder  al relacionarlos con las guerrillas o de querer desestabilizar económicamente a las empresas.

En la última publicación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), llamada Cuaderno de derechos humanos Nº29, emitido en noviembre de 2024, dice que su Sistema de Información de Derechos Humanos ha registrado entre los años 1971 y 2024, unos  15.855 casos de violaciones de derechos humanos contra las organizaciones sindicales, “indicador de que la violencia antisindical es un elemento que aún permanece en las dinámicas del mundo del trabajo en Colombia”. Entre 1985 y 2024 fueron asesinados 2.650 sindicalistas en el país.

Según esta publicación de la ENS, entre 2020 y 2024 la violencia contra este gremio bajó en intensidad pero lo atribuye a un cambio de las dinámicas. “Estas pueden estar más direccionadas hacia las organizaciones sindicales en su conjunto, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Adicionalmente, un reforzamiento en las violencias simbólicas que van desde lenguajes hostiles y la negación del sindicalismo como un actor clave para las democracias”, dice el informe de la ENS.

Durante los últimos cuatro años el tipo de violación a los derechos humanos que predomina contra el sector sindical es la amenaza, con un 65,8 por ciento; y le sigue el asesinato con el 13 por ciento. Las actividades económicas más afectadas son la educación, la agricultura y la explotación de minas y canteras, según la publicación de la ENS.

Afirma Loza, el presidente de la USO, que en Barrancabermeja la situación de orden público es particularmente complicada.  “En lo que va (del) año han asesinado 25 personas y eso creo que es un indicador de la difícil situación que hay en la ciudad. Además convergen diferentes grupos armados”, por lo que el movimiento sindical también es atacado constantemente y no paran las amenazas.

Dice el comunicado de la USO que el sindicato ha participado activamente con sus opiniones y propuestas en relación con los temas que están en el centro de interés de la opinión pública a nivel nacional, como el “conflicto y la paz, la defensa de Ecopetrol, la transición energética justa y la crisis de los derechos humanos”.

La USO se ha opuesto a la propuesta el presidente Petro de vender la participación de Ecopetrol en la Cuenca Permian en Texas, una de las cuencas petroleras más productivas del mundo en donde Ecopetrol y Occidental Petroleum tienen un joint-venture y que se explota mediante fracking. 

“Ecopetrol produce un poco más de 750.000 barriles diarios de crudo y no tener la producción en Estados Unidos, sería quitarle 100.000 barriles al día, lo cual significa que se le saca de las cuentas de Ecopetrol en materia de producción el 13%. Lo otro es que la empresa ha invertido desde el año 2019, 4.200 millones de dólares. Ese dinero hay que recuperarlo”, dice Loza.

Además, agrega que el sindicato rechaza con vehemencia esa determinación del gobierno y “hace un llamado a la cordura porque el tema de la transición energética no puede ser un tema que se desarrolla solamente de forma apasionada sino que tiene que ser una transición energética justa, responsable, teniendo en cuenta todos los actores”.

La USO tiene alrededor de 25.000 afiliados en todo el país, 20 dirigentes y 28 subdirectivas, por lo que todo tipo de violencia que se da contra alguno de sus afiliados o líderes, lo que hacen es reforzar la capacidad de autoprotección, como lo señala Loza, además que no van a aceptar las calumnias y mentiras como las recibidas en el último mensaje anónimo. 

“Estamos en una situación del país de mucha convulsión, hay una guerra abierta en el Catatumbo, incluso contra los firmantes de paz, hay atentados contra dirigentes sociales, sobre todo los que son parte del proceso de paz y nosotros no estamos exentos de esa violencia”, dice.

“Las amenazas no van a paralizar el rumbo y la política sindical, ni van a silenciar nuestra voz sobre los candentes temas que están al centro del debate en el país”, afirma el comunicado de la USO.