Líderes sociales de los Montes de María recibieron amenazas

Siete personas defensoras de derechos humanos fueron amenazadas de muerte en el departamento de Sucre por medio de un mensaje de texto que llegó directamente al teléfono del líder Lácides Palme el 8 de septiembre, firmado por alguien que se hace llamar “el comandante Camilo de la organización EGC”. El mensaje los declara objetivo militar, dándoles un plazo de 73 horas para dejar el territorio. La sigla se refiere al Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo.

El mensaje inicia con un insulto y una estigmatización contra el líder pidiendo que conteste el teléfono:  “cuál es el hp miedo guerrillero malparido (sic)”. Dice que serán “dados de baja” Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder Lid Pérez, Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez. “Ustedes están dañando el buen vivir de las regiones que frecuentan se están escondiendo en la fachada del cpdh para llegar a los montes de Maria y del san jorge para hacer reuniones camufladas con el aparentemente de ayudar a las víctimas están organizando invasiones de tierra y fortalecimiento de la ideología izquierdista (sic)”.

En la amenaza también hay una clara estigmatización contra la organización no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y al final dice que no permitirán más reuniones en el territorio “para incentivar delitos contra el pueblo”.

“El mensaje le llegó a uno de nuestros compañeros y le dicen que andamos ilustrando a la gente para que sea comunista, para que sea de izquierda”, dice Candelaria Barrios Acosta, una de las lideresas amenazadas. “Pero nosotros somos defensores de derechos humanos, somos víctimas del conflicto, somos personas también despojadas de tierra, que muchas regresaron a su comunidad. Esta situación nos ha llevado a que tengamos que poner la denuncia y pedir apoyo de la Unidad Nacional de Protección”.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) publicó la denuncia, firmada por ocho organizaciones presentes en el territorio, alertando sobre el riesgo que corren estas personas en una región marcada por décadas de violencia política, despojo y persecución contra las comunidades campesinas y sus liderazgos.

“La comunidad de los Montes de María ha padecido las consecuencias de la criminalidad de Estado y la estrategia paramilitar, que a través de las armas y el miedo han determinado quién puede permanecer en el territorio y buscado detener la labor de defensa de los derechos humanos, el ambiente y el territorio. Por lo tanto, esta amenaza no puede ser entendida como un hecho aislado, sino como una práctica criminal sistemática para silenciar a quienes ejercen su derecho a defender derechos”, dice el comunicado del Movice.

Los líderes amenazados aún siguen en el territorio pero tomando precauciones necesarias para proteger la vida. Dice Barrios, quien también es secretaria técnica del capítulo Sucre del Movice, que en una reunión con el coronel de la Policía se acordó realizar un consejo de seguridad con la presencia de la Gobernadora del departamento. La Defensoría del Pueblo también ha estado acompañando a estos líderes en temas de seguridad.

“Cuando el río suena, piedras trae. Y uno debe estar vigilante y pendiente porque el que quiere hacer daño siempre está oculto y uno sabe qué está pensando”, dice Barrios. “Puede ser para amedrentarlo a uno, para impedirle que uno esté en el territorio y ellos apoderarse de él. Porque cuando uno está como defensor de derechos humanos, estorbamos por nuestro trabajo con las comunidades que necesitan que les ayudemos en los distintos problemas o para denunciar las injusticias”, dice.

Liderazgos desprotegidos

Durante décadas, habitantes de los Montes de María, una subregión del Caribe colombiano ubicada en los departamentos de Sucre y Bolívar, han padecido una violencia sistemática que no los ha dejado descansar. Masacres, enfrentamientos armados, desplazamientos, desapariciones, pueblos arrasados, violaciones, disputas territoriales y de economías ilegales, entre muchas otras adversidades, han hecho de este lugar uno de los más afectados del país por el conflicto armado. 

Dice Barrios que las siete personas nombradas en la amenaza ya habían recibido amenazas en otras ocasiones. “Por defender los derechos humanos hemos sido amenazados constantemente, también estigmatizados. Por ejemplo, recibimos muchas amenazas cuando los campesinos despojados de la finca La Europa retornaron y desde el Movice, diferentes organizaciones sociales y de abogados estuvimos acompañando. Nunca han parado de señalarnos”.

Las amenazas han llegado, en su mayoría, de parte del Clan del Golfo, un actor armado que controla  el municipio de Ovejas, Sucre, donde se ubica La Europa y que es puerta de entrada y salida estratégica de la región para los grupos armados ya que conecta varios municipios de Bolívar y Sucre.

En los últimos meses del anterior gobierno se crearon varias estrategias para proteger la vida de los líderes sociales. El Decreto 0585 de 2026 por el cual se adopta el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026 - 2030, busca  orientar, articular y proyectar las acciones institucionales en derechos humanos durante los próximos diez años.

El Decreto 1028 de 5 de agosto de 2026 acoge la Política Pública Integral de Garantías para el liderazgo y la defensa de los derechos humanos en Colombia y reconoce su importancia y la necesidad de protección. El Decreto 0980 de 2026 adopta y reglamenta el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y busca garantizar el ejercicio libre y seguro del liderazgo de las mujeres y su derecho a defender los derechos humanos.

El Decreto 665 de 2024 establece Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales responsables de agresiones contra personas defensoras y la Sentencia SU546 de 2023 que reconoce el estado de Cosas Inconstitucional por las graves agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y la necesidad de un plan integral de protección.

La Defensoría del Pueblo celebró los decretos, señalando que estas medidas representan avances en las garantías para las personas defensoras de derechos humanos. 

“Su verdadero impacto dependerá ahora de la capacidad del Estado para implementar de manera efectiva las medidas previstas en estos decretos y asegurar su aplicación en los territorios. En ese propósito, es prioritario que el nuevo Gobierno fortalezca la articulación entre las entidades responsables, impulse el cumplimiento de las recomendaciones de las Alertas Tempranas y preserve la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías como escenarios de diálogo y concertación con las personas defensoras de derechos humanos”, dice el comunicado de la Defensoría.

Aún así, no se ha logrado frenar el asesinato ni las amenazas contra líderes sociales. Por el contrario, esta labor se ve cada vez más vulnerada como se pudo constatar al finalizar el gobierno de Gustavo Petro, que si bien tuvo una reducción del 17 por ciento en comparación con la administración de Iván Duque, la violencia sigue siendo sistemática contra quienes defienden derechos humanos.

“En esta labor uno lo que hace es orientar a las personas para que sepan hacer un derecho de petición, sepan exigir en temas de salud, les damos apoyo en los problemas de tierras. Entonces, ya lo que tratan de hacer, quienes están en contra de nuestro trabajo, es exponernos en las diferentes redes para hacerle daño a la imagen de uno, desinformar sobre lo que hacemos y con esto derivan las amenazas y asesinatos” dice Barrios.

El Movice dice que las personas amenazadas son quienes han decidido permanecer en sus territorios, organizarse y defender la vida, la tierra, la memoria y los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. “Amenazarlos es también intentar silenciar los procesos organizativos que durante años han construido las comunidades de los Montes de María”, dice el comunicado.