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El 18 de octubre, la abogada Yessika Hoyos, del Cajar, y tres integrantes del MOVICE Sucre recibieron amenazas de muerte por WhatsApp, semanas después de la condena a William Martínez Santamaría por la masacre de La Guaripa.
El mensaje advertía que, si Martínez iba a prisión, las cuatro personas debían “comprar los cajones”. Hoyos denunció los hechos y pidió que se investigara el origen de las amenazas.
La Defensoría del Pueblo rechazó las intimidaciones y pidió activar las rutas de prevención y protección, investigar los hechos e identificar a los responsables
18 de octubre de 2026 * Colombia
El 18 de octubre, la abogada Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), y los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, recibieron amenazas de muerte por WhatsApp. El mensaje llegó semanas después de que el Tribunal Superior de Sincelejo condenara a William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), a 27 años de prisión por su responsabilidad como determinador de la masacre de La Guaripa.
“Si William pisa cárcel, ustedes, Candelaria, Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos), les tenemos seguimiento” (sic), decía el mensaje, enviado desde un número desconocido que aparecía en WhatsApp.
Tras recibir la amenaza, Hoyos interpuso una denuncia penal, que fue remitida a una fiscalía en Cartagena. La abogada dice desconocer las razones del traslado y pidió que se revisara la decisión. También pidió que se investigara el número telefónico desde el que enviaron el mensaje para identificar a los responsables.
La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas contra las cuatro personas defensoras de derechos humanos. “Es inadmisible que quienes representan a las víctimas y trabajan por el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos sean objeto de intimidaciones por ejercer su labor. Estas amenazas no solo ponen en riesgo su vida e integridad, sino que también afectan las garantías de acceso a la justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señaló la entidad.
El Cajar pidió al presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías activar las rutas de prevención y convocar con urgencia las instancias territoriales de garantías. También solicitó al Gobierno reconocer públicamente la labor del Cajar y del Movice, evitar su estigmatización e informar sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La organización llamó a organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos a acompañar a las personas amenazadas y hacer seguimiento a la respuesta estatal.
“Yo espero un pronunciamiento del presidente de la República y del Ministerio del Interior. A mí me parece muy importante que en estos momentos envíe un mensaje en donde respeten a los defensores y a las defensoras de derechos humanos y al derecho a defender y los derechos humanos. Porque no está bien que por nosotros reclamar que haya verdad, por reclamar que haya justicia, recibamos este tipo de amenazas.”, aseguró Hoyos
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por las amenazas, los hostigamientos, la vigilancia ilegal y los señalamientos contra integrantes del Cajar debido a su labor de defensa de los derechos humanos. En su decisión, la Corte reconoció la labor de defender los derechos humanos como un derecho autónomo y señaló la obligación estatal de garantizar que se ejerza sin intimidaciones ni represalias.
Los hechos ocurren en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, entre enero de 2016 y el 9 de octubre de 2026 fueron asesinados 2.021 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país. Solo en el 2026, el registro contabilizaba 130 asesinatos.
El 25 de enero de 2018, los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado fueron asesinados mientras realizaban labores de cercamiento en el sector El Trébol, en el corregimiento de La Guaripa, municipio de Sucre, Sucre. Según el Cajar, el crimen ocurrió en medio de una disputa por la propiedad de las tierras que se remontaba a 2009, cuando William Martínez Santamaría compró 679 hectáreas, pero reclamó la totalidad de un terreno de 1.200 hectáreas que comprendía las fincas La Concepción y El Trébol. El Cajar señaló que la familia Escobar Mercado había denunciado amenazas, agresiones y cuatro desalojos entre 2015 y 2017.
El caso llegó al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, que en noviembre de 2023 absolvió a Martínez y a los tres autores materiales. La Fiscalía y el Cajar, que representaba a las víctimas, apelaron la decisión y cuestionaron la valoración de las pruebas.
En la última instancia, el Tribunal Superior de Sincelejo revocó la absolución y condenó a Martínez como determinador de los homicidios, y a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como coautores materiales. El órgano concluyó que los tres hombres dispararon contra las víctimas y que la orden de hacerlo provenía de Martínez. Entre las pruebas valoradas estuvieron testimonios, fotografías y el uso de armas provenientes de la finca del condenado. La sentencia también tuvo en cuenta que una medición de la Fiscalía había establecido que el sector El Trébol no hacía parte de la propiedad de Martínez.
La defensa de William Martínez Santamaría tiene un plazo de 30 días desde la sentencia para presentar un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre el 14 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2024
Asesinatos en todo Sucre
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