VERIFICACIONES

Rodrigo Lara no se retractó por acusar de extorsión a comunidad de Taganga

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Bogotá, D.C

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Rodrigo Lara Bonilla

DIFAMACIÓN
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Unidad de análisis de Verifico

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Ecopetrol, Petrobras y gobierno atacaron al Cabildo Indígena de Taganga argumentando que están “extorsionando” en nombre de la consulta previa.

Mediante acción de tutela, el Cabildo exigió al exministro del Interior, Rodrigo Lara a retractarse de sus señalamientos.

Lara, quien dejó su cargo el 22 de octubre, no rectificó sus acusaciones como lo exigió un fallo del 23 de septiembre.

30 de octubre de 2026 * Colombia

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El Cabildo Indígena de Taganga, en Santa Marta, denunció, el 4 de septiembre que sus miembros estaban siendo atacados por injuria y calumnia y hostigados por motivos étnicos y culturales por la gerente del área Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, y por el gerente de Petrobras, Alcindo Moritz, durante el proceso de consulta previa del proyecto Sirius, que pretende explotar un pozo de gas cerca al parque Tayrona.

Jaimes, en un artículo del periódico El Tiempo, publicado el 2 de septiembre, fue citada diciendo que las exigencias de las comunidades están a “nivel de extorsión”. Ese mismo día, Rodrigo Lara, en ese momento ministro del Interior, citó el artículo en un video en X. “No se puede empezar la obra, no se puede empezar básicamente a extraer ese gas, porque la consulta previa, que es importante y la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar. Esto lo vamos a cambiar (...) Aquí defendemos la consulta previa, porque así lo dice la Constitución, pero le decimos no a la extorsión en nombre de la consulta previa”.

Este video tuvo 109.649 visualizaciones y más de 300 comentarios que continúan con la estigmatización hacia el Cabildo, contra la consulta previa y contra las comunidades que defienden los territorios en general.

El 5 de septiembre, el Cabildo Indígena de Taganga hizo una denuncia penal ante la Fiscalía contra los funcionarios de Ecopetrol y Petrobras y luego interpuso una acción de tutela contra Lara. El 23 de septiembre, mediante un fallo, el Juzgado 801 Transitorio de Familia de Bogotá le ordenó al entonces ministro disculparse y hacer una retractación pública por haberles acusado de extorsionar a las empresas encargadas del proyecto de gas.

El exministro debía disculparse en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo en las cuentas de las redes sociales del Ministerio del Interior en Facebook, Instagram y TikTok y en sus redes personales, en el mismo formato en que se realizaron las estigmatizaciones. Sin embargo, en esas redes sociales no hay evidencia de ello; el 22 de octubre, Lara dejó su cargo como ministro.

“Los señalamientos públicos tienen consecuencias”, dice el comunicado público del Cabildo Indígena. “Nuestra comunidad ya ha comenzado a ser calificada como ‘extorsionista’ y a ser presentada como responsable de impedir que llegue al país un recurso energético estratégico. Esto ocurre mientras líderes de Taganga enfrentan amenazas que han llevado a la adopción de medidas de protección”.

Además, recalca el Cabildo que ninguna de sus autoridades ha hecho exigencias económicas a esas empresas. “Nuestra actuación durante este proceso se ha desarrollado bajo el respeto por la dignidad de las personas, incluidos los funcionarios y representantes de la empresa. Por ello, rechazamos que se estigmatice a la comunidad de Taganga a partir de afirmaciones que, desde nuestra perspectiva, carecen de sustento jurídico y fáctico”, dice el comunicado.

La consulta previa viene siendo atacada por el actual gobierno con insistencia como ya lo mostró VERIFICO en el texto: Ministro de Ambiente desinformó y estigmatizó sobre la consulta previa.

Uno de los argumentos que usó el Cabildo en la tutela interpuesta a Lara, es que el gobierno, a través de sus funcionarios, está tratando de generar una ola de hostilidad frente a la consulta previa “para que se deje de analizar como un derecho fundamental y se empiece a ver como una herramienta ilegítima o como mecanismo de presión indebida”.

La consulta previa opera cuando se determina la posible afectación directa a comunidades étnicas (Indígenas, Raizales, Negras o Afrocolombianas, Palenqueras, Rrom o Gitanas) por el desarrollo de algún proyecto, donde la prioridad es la protección de la integridad étnica y cultural de la nación y el derecho a la participación en las decisiones que se tomen en estos territorios protegidos.

 “Las palabras del exministro lo que hacen es desconocer un derecho fundamental igual a como lo es la vida o la educación”, dice Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).

Para Carmen Mestizo, investigadora de Dejusticia, catalogar un mecanismo legal que tiene categoría de derecho fundamental dentro de la Constitución Política, como un mecanismo extorsivo es una clara estigmatización que trae graves consecuencias para los pueblos étnicos. “Sobre todo cuando un funcionario de alto rango tiene un desconocimiento tan grande de ese derecho o un interés en desconocerlo; aún así la consulta previa está protegida por la Corte Constitucional, por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, indica.

“Decir que la consulta previa es una extorsión no es solamente desconocer la historia del país que pretende gobernar, sino también es extremadamente peligroso con las comunidades y con los habitantes de los territorios”, dice Yuvelis Morales, lideresa de la organización Colombia Libre de Fracking, del municipio de Puerto Wilches, Santander. 

Agrega que la consulta previa es un mecanismo que blinda y protege “no solamente a los territorios, sino también a las comunidades y a sus derechos fundamentales, a sus derechos ambientales, el derecho a la vida digna, a la permanencia territorial, el derecho a la participación, el derecho que tenemos todos y todas de tener un ambiente sano”.

Las palabras del Lara tienen una fuerte carga estigmatizante, que equiparan con un delito a una de las principales herramientas que tienen los pueblos originarios para defender sus territorios colectivos.

El derecho a decidir sobre los territorios étnicos

La consulta previa, libre e informada se origina del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales, que en Colombia incluye a los afrodescendientes, ratificado por la Ley 21 de 1991. 

El Artículo 7 del Convenio 169 dice que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural y que deben “participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Dice Mestizo, la investigadora de Dejusticia, que el sistema de Naciones Unidas empezó a generar una serie de mecanismos y espacios para buscar que estos pueblos no desaparezcan. “Era una preocupación desde Naciones Unidas y por eso se les destinó este tratado en particular y después se crearon otras declaraciones, otros instrumentos de carácter internacional para proteger sus derechos. Entonces, el derecho a la consulta previa es una de las formas como se aterriza el derecho a la participación frente a estos pueblos en particular”.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-039/97, dejó claros los parámetros para la realización de la consulta previa donde da relevancia a la protección y garantía de los derechos de las comunidades y dice que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación”.

La consulta previa se realiza a través de un proceso público obligatorio en el cual se garantiza el debido proceso (principio de oportunidad, comunicación intercultural y bilingüismo). Se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas, legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectar a los grupos étnicos. Durante todo el proceso se debe garantizar el acceso a la información, la cual debe ser dada de manera clara, veraz y oportuna.

Para poner en funcionamiento este derecho la DANCP ha establecido cinco etapas:  determinación de la procedencia de la consulta previa; coordinación y preparación; preconsulta; consulta previa donde hay identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, formulación de acuerdos y protocolización; seguimiento de acuerdos. 

Una vez que la DANCP determine que se debe hacer la consulta previa, convoca a comunidades étnicas y sus representantes, a entes de control como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Personería, a autoridades de orden local como gobernaciones o alcaldías, a autoridades ambientales y a los  interesados en el proyecto o la obra a realizar.

Existen diferentes instrumentos mediante los cuales se puede solicitar la protección de la consulta previa. La acción de tutela es el que más han utilizado las comunidades para defender su derecho ante los gobiernos que lo han ignorado en repetidas ocasiones.
Dice Niño, el Secretario Técnico del CNTI, que los pueblos indígenas han tenido que exigir, por varios mecanismos, el cumplimiento del Estado frente a la consulta previa. 

Y agrega: “En el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe, en el Plan Nacional de Desarrollo no se consultó a los pueblos indígenas y se tuvo que poner tutela para que nos consultaran. En la Ley 1448, de víctimas (del conflicto armado), se tuvo que demandar para que se discutiera y surgiera el Decreto 4633 para comunidades indígenas. Así ha tocado con otras políticas públicas, por ejemplo, el catastro multipropósito, donde los pueblos indígenas han tenido que exigir el deber del Estado en su garantía de protección constitucional y que se le garantice este derecho fundamental al pueblo”.

Mestizo dice que la queja de los pueblos indígenas es “que a veces las consultas no se hacen de buena fe o a veces solo se quiere informarles pero no realmente consultarles, no realmente escuchar su sentir y sus necesidades”.

Agrega que la consulta previa les ha servido para avanzar en la protección de sus derechos. “Por eso la Corte Constitucional establece unos principios, donde no puede ser simple y llanamente decir: 'Voy, le pregunto a los pueblos indígenas de cualquier forma; voy, les informo que se va a hacer un proyecto y me voy y digo ya los consulté'. No es un simple trámite. Esos principios son de buena fe, de flexibilidad, de transparencia”. 

Por su parte, Niño dice que la consulta previa no sólo es para decidir sí o no frente a proyectos minero energéticos porque “desde hace muchos años se ha querido ponerle un valor en términos cuantitativos de pesos y en términos de tiempo a este derecho fundamental. Debe ser un procedimiento informado, por eso se llama la consulta previa, libre e informada. Se debe atender a las comunidades integralmente con vías, salud, educación y presencia del estado para que este derecho realmente sea efectivo”.

Si conoce casos de desinformación o estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, escríbanos a contacto@verdadabierta.com.

DATOS DE CONTEXTO
#NOSESTÁNMATANDO
Asesinato de Líderes y lideresas

Entre el 14 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2024

17

Asesinatos en todo Bogotá, D.C

Género

3 mujeres
10 hombres
4 lgbti

Étnico

2 indígenas
1 afrodescendientes

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Categoría:
Difamación
Datos generales de la estigmatización
Fecha:
10/30/2026
Medio:
X
Datos del emisor
Verificado:
Rodrigo Lara Bonilla
Sector:
Político
Datos Liderazgo afectado
Liderazgo:
Indígena
Género:
Todos
Departamento:
Bogotá, D.C
Municipio:
Bogotá, D.C