Amenazan a lideresa estudiantil y organización de derechos humanos en Norte de Santander

El 7 de abril, a través de Facebook Messenger, llegaron intimidaciones contra la lideresa estudiantil Jennifer Katherine López Barroso, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes (Aceu), quien además hace parte del equipo de litigio del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), capítulo Norte de Santander, al que también amenazaron con quemar sus instalaciones en Cúcuta.

Un perfil de Facebook, que se hace llamar Evans Rivers y que ya fue eliminado, envió a López Barroso una serie de mensajes donde hay amenazas de muerte, estigmatización, agresiones verbales y actos de discriminación. “Aquí en Cúcuta manda la derecha vamos a desterrar a todos esos izquierdistas diabólicos gays maricas lésbicos degenerados”.

También menciona al CPDH y a otras personas. “Se esconde en el vpdh a hacer sus estupideces poniendo música diabólica los he visto no los queremos allá par de lesbianas usted valentina loren botello julieth carrillo (...) están jodidas esa guarida del cpdh será quemada asquerosa petrista”.

Después de varios mensajes, con ese tono machista y homofóbico, le dice que no las quieren ver en la Universidad de Pamplona, donde estudia la lideresa y que “su mosita valentina será ajusticiada”, al igual que  López Barroso.

Frente a este hecho, el CPDH, por medio de una denuncia pública, alertó sobre las amenazas contra la lideresa estudiantil y contra su sede en Cúcuta. “Esta amenaza contra nuestra organización constituye una clara violación a los derechos humanos”.

Eliana Zafra, actual directora del CPDH, dice que esta es la tercera amenaza que recibe directamente la lideresa estudiantil; las dos primeras fueron en el marco de la movilización del 2021. Además, durante el paro que realizaron los estudiantes de la Universidad de Pamplona, en 2020, también fue hostigada.

En cuanto al Comité, dice Zafra que después de la amenaza del 7 de abril, “tuvimos otra del 14 de abril, donde hubo una estigmatización que termina rayando en una amenaza, ocurre el mismo día que asesinan al veedor Jaime Vásquez”. (Leer más: Asesinato de Jaime Vásquez reaviva el miedo entre líderes sociales y periodistas de Cúcuta)

La lideresa se refiere a un mensaje que llegó por Whatsapp a María Eugenia Londoño, dirigente sindical de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que hace parte del CPDH y con quien estaban articulando trabajo para un evento de salud en el que iban a hablar sobre reforma de salud para los docentes.

El mensaje, que va acompañado de la noticia del asesinato de Jaime Vásquez, dice que “el comité por la defensa de los derechos humanos capítulo norte de santander es un ente decorativo (...) planeando foros de la salud qué desfachatez (...) claro viven de los contratos (...) con estos delincuentes negocio el partido y la up”.

“Esa amenaza nos pareció muy grave porque había información interna de nosotros que le hacen llegar a ella sobre un evento que íbamos a hacer y que todavía estaba en proceso de organización, o sea nadie sabía”, señala Zafra. Agrega que genera estigmatización con temas de recursos que intenta deslegitimar el proceso y al quererlos relacionar con Jaime Vásquez, con el que no tuvieron ningún escenario de interacción o de trabajo.

El CPDH viene recibiendo amenazas de manera constante desde 2019 cuando una persona desconocida ingresó a la sede, que está en una zona comercial. “Luego, al que era el presidente y representante legal de esa época, ingresaron a su oficina y a su apartamento, se llevaron un computador, USBs. El mismo día también ingresaron a mi lugar de trabajo, se me llevaron el computador”, asegura Zafra.

Esa situación sucedió después de una gira que hacía el CPDH con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos por Europa, denunciando que el gobierno de Iván Duque no estaba implementando el acuerdo de paz con las extintas Farc. “Estaba generando un escenario de conflictividad en la subregión del Catatumbo, que fue un tema muy conocido a nivel nacional”, dice Zafra.

Frente a los responsables de las amenazas de este año aún no saben de dónde provienen ni saben cómo va la investigación de la Fiscalía. “Una vez llegaron las amenazas se puso en conocimiento de las autoridades, pero los únicos que en Norte de Santander están como dispuestos a estar activos y a responder es la Defensoría del Pueblo. De resto, toda la activación del mecanismo lo hicimos de manera propia”, explica Zafra.

Y aclara que, incluso, como CPDH han tenido que atender casos de amenaza de otros líderes u organizaciones, porque ya conocen cómo es la ruta. “Está denunciado, está declarado, está en conocimiento en la Mesa territorial de garantías de Norte de Santander, de las autoridades competentes, pero avances en la investigación no hay”.

Los riesgos de defender derechos humanos en Norte de Santander

Un artículo reciente que hizo VerdadAbierta.com sobre este departamento y la situación de los líderes sociales, detalla la grave situación en donde aumenta el temor para los líderes, a medida de que se incrementa la violencia urbana en los últimos cinco años.

El programa Somos Defensores, en su informe anual de 2023, dice que en Norte de Santander se presentaron 36 hechos violentos contra líderes sociales, entre ellos 18 amenazas y siete asesinatos. Tibú fue el municipio más afectado con cinco asesinatos.

Entre 2020 y lo que va de 2024, la Fiscalía General de la Nación contabiliza 31 líderes sociales asesinados, según Zafra. “Tenemos más de 120 amenazas para los defensores de derechos humanos, sobre todo están muy sectorizadas en la Junta de Acción Comunal”, señala la lideresa.

Sin embargo los hechos no son investigados ni son capturados los responsables. “Sólo hay un fiscal [en Norte de Santander] que atiende amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos en un territorio donde hay una conflictividad supremamente fuerte”, asegura Zafra.

Esa conflictividad se debe a que convergen actores armados de toda índole: hay presencia del Eln, el Frente 33 del Estado Mayor Central, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo, y las bandas criminales urbanas como Los Porras, AK 47, Los Lobos, El Tren de Aragua o La línea. Las disputas entre esas bandas armadas tienen a Cúcuta como el municipio con más masacres ocurridas en los últimos cinco años. (Leer más en: Del campo a la ciudad: las masacres se concentraron en las capitales)

“Estamos en un territorio donde confluyen actores armados, crimen organizado, corrupción y nosotros todo esto lo hemos venido denunciando”, dice Zafra, razón por la cual son foco de amenazas por parte de estos grupos armados. El CPDH, desde su creación en 1979, ha denunciado la violencia en todos los territorios donde tiene presencia. En Norte de Santander está desde el año 2000.

El 1 de abril de 2004 fue asesinado el presidente y representante legal del CPDH en Cúcuta, Carlos Salvador Bernal, por parte de grupos paramilitares. “Antes del asesinato de Carlos Bernal venía un proceso de desprestigio y deslegitimación del CPDH que lo dejó en un escenario de vulnerabilidad”, explica Zafra. 

Dice la directora de esa organización que ya no sólo los amenazan los grupos insurgentes o los grupos paramilitares, sino también los grupos del crimen organizado. Además, Norte de Santander no tiene una política pública de prevención y protección para defensores de derechos humanos. “No hay una ruta de atención unificada que permita articular todo el ejercicio institucional, no creen en las amenazas que se presentan, se pone en tela de duda cada denuncia que llevamos”,  dice Zafra.

En el caso de López Barroso, la persecución y amenazas han frenado parte de sus labores de defensa de derechos humanos. Además de su liderazgo estudiantil, ha participado de procesos que buscan la paz de Colombia, es feminista activista, y fue candidata al consejo de Cúcuta en la lista del Pacto Histórico en los últimos comicios.

Esa serie de amenazas ha tenido efectos negativos en los liderazgos del CPDH, pues venían trabajando tiempo completo en la sede, que también sirve de espacio a otras organizaciones sociales de la capital nortesantandereana, pero ahora sólo van por horas específicas y han buscado alternativas para trabajar.

“Eso nos ha generado miedo a lo que pueda ocurrir con nuestras vidas, con nuestros hijos, temor a lo que pueda ocurrir con las personas que nos apoyan, y claramente, sí tuvimos que disminuir la presencia en los territorios con nuestra labor”, cuenta Zafra. El único apoyo que recibieron del gobierno, dice, es que les pusieron una medida preventiva por parte de la policía, que implica que los visitan cada ocho días y firman un registro.

A pesar de este escenario, los líderes y organizaciones persisten en su trabajo. Es por ello que el CPDH solicita a todas las instituciones del Estado iniciar investigaciones, acompañamientos, activación de rutas de protección de la vida y la labor que ejercen, para que no tengan que lamentarse luego por tragedias ya anunciadas.