"Muerte a todas las que promueven el feminismo"

Las intimidaciones fueron hechas a través de un panfleto firmado por un grupo que se hace llamar ‘Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)’ y que fue dejado en la oficina de la lideresa Patricia Cardozo hace un par de semanas.

Una vez más, la Plataforma Feminista Boyacense recibió amenazas por medio de un panfleto firmado por un grupo autodenominado ‘Autodefensas Unidas de Colombia’. En ese volante se menciona, además, a la lideresa feminista Patricia Cardozo, declarándola objetivo militar y estigmatizándola de guerrillera.

El hecho se presentó el pasado 11 de julio y las intimidaciones también fueron dirigidas contra las defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Plataforma por promover “las ideas socialistas y comunistas de Boyacá”. El panfleto dice, además, que “matarán” a quienes fomentan el feminismo y apoyen a la comunidad Lgbtiq+, con el argumento de que estas “ideas quieren dañar a los niños de Boyacá”.

¿Pero, en qué contexto irrumpen esas amenazas que expresan un alto contenido discriminatorio y de ataque político contra esta Plataforma?

Vienen de tiempo atrás

Gina Rojas Hoyos, fundadora de la Fundación Sobreviviente y cofundadora de la Plataforma Feminista Boyacense, asevera que este panfleto se suma a otros más que han venido recibiendo desde hace un año y que van dirigidos contra la lideresa Cardozo, contra quien se materializó el 10 de abril de este año cuando fue atacada con ácido se dirigía a su casa, en Tunja.

El ácido afectó el 4% del cuerpo de Cardozo, en especial su rostro, parte del tórax y los muslos. Tras el ataque, fue remitida al Hospital San Rafael, donde trabaja. El gerente del centro asistencial rechazó el acto de violencia contra la funcionaria, al igual que diferentes organizaciones sociales de Boyacá y el país. 
Ante tales hechos, los colectivos feministas convocaron a un plantón frente a la Alcaldía de Tunja exigiendo la pronta investigación de los responsables del ataque y solicitando medidas urgentes para proteger a la lideresa. El caso aún está sin esclarecer y sin dar con los responsables.

Un año antes, un hombre intentó atacar en la calle a Cardozo, circunstancia que fue denunciada de inmediato ante las autoridades y que se suman a otras más contra ella y su familia.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó cartas en el asunto y calificó el riesgo de Cardozo como “extraordinario”, por lo que se le asignó un esquema de protección. Sin embargo, no fue entregado a tiempo y para el 10 de abril recibió el ataque con ácido. Después de ese hecho, dispusieron del esquema para protegerla en el hospital y en su domicilio.

Pese a ello, el pasado 11 de julio, cuando llegó a su oficina, en el Hospital, encontró la amenaza por escrito, en el que también están los nombres de las organizaciones Colectivas La Ramonas, Feminidiversas, Fundación Sobreviviente, Asseinsa y la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). 

Esa situación alertó aún más a la Plataforma Feminista y a las demás organizaciones sociales quienes temen por la vida de la lideresa, pues varias de las amenazas se han cumplido.

Defensa de derechos humanos

La Plataforma Feminista Boyacense se creó un 8 de marzo, hace cuatro años, con la intención de “sumar fuerzas para atender casos de violencias, especialmente basadas en género, de mujeres y población Lgbti+”, cuenta Rojas.  A su vez, surgió como una respuesta a la violencia institucional que venían sufriendo mujeres trans, especialmente trabajadoras sexuales. 

Esta organización realiza procesos de capacitación a través de diplomados sobre derechos humanos en Tunja y Duitama. Además, hace parte del mecanismo articulador departamental y municipal de Tunja para el seguimiento de casos de violencias basadas en género, y cuentan con un observatorio de feminicidios para el departamento y para el país.

Y justamente, los hechos preocupan a estas activistas. En lo que va corrido de este año, la Plataforma registra seis casos en Boyacá, pero, según Rojas, “no todos han sido tipificados como tal. Hay varios que están en proceso, pero nosotros hemos pedido que se tipifiquen como feminicidios por evidencias que ha venido recopilando el equipo jurídico y el seguimiento a esos casos”.

La cifra es bastante alta, si se tiene en cuenta que el año pasado se registraron seis casos en doce meses. Las alarmas están prendidas.

Otra labor importante que hace la Plataforma en Boyacá en la defensa de los derechos humanos es el seguimiento a políticas públicas basadas en género para garantizar su cumplimiento.

La articulación con diversas organizaciones en este departamento, que cuentan con diferentes especialidades, les permite abarcar un mayor espacio y tener alta incidencia en el acompañamiento a las personas violentadas, poniendo atención en la comunidad trans, que recibe constantes ataques.

Al respecto, Rojas es enfática en afirmar que “la diversidad tiene que ser una lucha feminista y que no hay lucha feminista sin lucha transfeminista”.

Enfoque de género

Esta es una clara estigmatización con enfoque de género ya que son las mujeres y la comunidad Lgbtiq+ las que aparecen en el panfleto enviado a Cardozo. Para Rojas, estas nuevas amenazas evidencian la insistencia de desconocidos de minimizar el trabajo de la lideresa y afectar toda su red de apoyo. 

“Para nadie es un secreto que la red feminista boyacense ha asumido la vocería para hablar de lo que le viene pasando a Patricia, para defender los derechos humanos, para hacer acompañamiento y por supuesto para liderar la exigencia de las investigaciones, no solo de los ataques contra Patricia como lideresa social, sino contra decenas de mujeres que son víctimas a diario de violencias en el departamento de Boyacá”, reflexiona Rojas.

Frases como “muerte a todas las que promueven el feminismo” o “las ideas que quieren dañar a los niños”, es una muestra del estigma que existe en Boyacá contra el feminismo y las propuestas que apoyen la diversidad.

Ante ello, Rojas afirma que eso genera una presión social hacia ellas: “Es un retroceso a las luchas feministas que hemos venido adelantando, en la incidencia política que tenemos. Es una clara amenaza para restringir lo que nosotras venimos haciendo en territorio, tanto en Tunja como en Duitama. Busca poner en contra de nosotras a la sociedad en la que hemos ganado espacios para la lucha por la vida de las personas”.

Lo que preocupa a la Plataforma Feminista Boyacense es que aún no tienen claro de dónde vienen los ataques ni las amenazas, aunque los panfletos los firmen las AUC, una sigla que tiene una fuerte recordación por toda la barbarie que desató en el pasado la organización paramilitar que llevó ese nombre.

“Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado resultados”, indica Rojas. “Hay que recordar que después de que sucedió con Patricia hubo que hacer presión social para que la UNP enviara el esquema de protección para ella, pero que además la Fiscalía adelantara el proceso”. 

El apoyo que han recibido por parte de las entidades del Estado es casi nulo desde que empezaron a llegar las amenazas y los ataques directos. “El único acompañamiento hasta el momento es de la Defensoría del Pueblo. De resto, no se ha recibido un acompañamiento adicional”, se lamenta Rojas. 

En el caso de Cardozo, la Fiscalía adelanta las investigaciones de rigor, pero hasta el momento no ha entregado resultados concretos. La UNP, por su parte, mantiene su esquema de protección a ella y a otras lideresas de la organización que también corren riesgos. 

No obstante, hay quejas. “Si pueden acceder a una oficina en el Hospital San Rafael y dejar un panfleto, está fallando la institucionalidad y por eso seguimos insistiendo en la necesidad de que se sumen los esfuerzos por parte del departamento y de las administraciones locales en donde hay incidencia de la Plataforma Feminista Boyacense”, insiste Rojas.

En una reunión sostenida con funcionarios de la Defensoría del Pueblo en días pasados les pidieron que hicieran verificación de los municipios donde la Plataforma tiene incidencia y emitir la respectiva alerta temprana con el caso, pero Rojas advierte que la incidencia es en los 123 municipios del departamento, pues en todos se presentan casos de violencia y a todos llegan a hacer acompañamiento.

Aún así, pidieron mayor vigilancia en las ciudades de Tunja y Duitama que es donde se concentra la mayoría de lideresas. Al cierre de este artículo, ninguna institución se ha pronunciado frente al caso.