Por protestas de comunidades afro en Bogotá, fue estigmatizada la Guardia Indígena

El 16 de febrero, comunidades afro y campesinas llegaron hasta el Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con la reforma rural, la restitución de tierras, la protección del territorio y garantías de seguridad en el norte del Cauca.

Aunque la movilización fue convocada por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), ese mismo día la revista Semana publicó titulares en los que atribuyó una retención de funcionarios a la Guardia Indígena. La revisión de las notas muestra que la precisión sobre quiénes estaban detrás de la protesta aparece varios párrafos después del titular, lo que contribuyó a un contexto de desinformación y estigmatización contra esta organización.

¿Qué ocurrió el 16 de febrero?

De acuerdo con Alexis Ramos, consejero mayor de la Aconc y participante en la movilización, la protesta respondió a una situación “muy complicada” en el norte de Cauca, donde las comunidades enfrentan confinamientos, presencia de estructuras armadas, reclutamiento de menores, afectaciones por minería ilegal y el incumplimiento histórico de acuerdos firmados con el Estado desde 1986. “Eso nos obligó a salir, a exigir que se nos atendiera y que se nos colocara cuidado”, explicó.

Ese día, los manifestantes llegaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno. Según el relato del líder comunitario, la tensión se produjo por desacuerdos sobre el lugar donde debía instalarse la mesa.

“Hubo un momento en que se cerraron las puertas. Luego se dejó salir a las mujeres, después a los hombres. No hay ningún tipo penal que pueda arrojar que había secuestro. La gente salió, comió y estuvo normal”, aseguró.

Horas después se instaló una mesa de diálogo con distintas entidades del Estado. De acuerdo con Aconc, se pactaron compromisos en materia de tierras, seguridad y seguimiento institucional, y actualmente se adelantan reuniones con entidades como la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas e Invías.

El líder comunitario fue enfático en un punto que resulta clave para esta verificación: en la movilización no participó la Guardia Indígena. “No estaba la Guardia Indígena, estaba la Guardia Cimarrona”, afirmó. 

A menudo se suele confundir a la Guardia Cimarrona con la Guardia Indígena. Ya que ambos son mecanismos ancestrales de autoprotección, resistencia pacífica y defensa del territorio en Colombia. Ambas ejercen autoridad comunitaria con bastones de mando –los que emplean las comunidades afro se llaman chontas–, protegiendo la vida, la cultura y la autonomía. Sin embargo, la Cimarrona, pertenece a los pueblos raizales, afrocolombianos y palenqueros.

Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Cimarrona e Indígena.

Revista Semana

El mismo 16 de febrero de 2016, Semana publicó en su sitio web una nota titulada: “Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene ‘secuestrados’ en los juzgados de Bogotá”.

Aunque el titular atribuye la retención a la Guardia Indígena, en el cuerpo del texto la referencia a esta organización vuelve a aparecer únicamente en los pies de foto. En el sexto párrafo se aclara que la situación se dio “en el marco del asentamiento previamente anunciado por comunidades afrodescendientes y campesinas”.

Horas más tarde, el medio publicó una segunda nota titulada: “Corjusticia pide ‘intervención urgente’ de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá por situación en los juzgados administrativos”. En esta publicación se insiste en el primer párrafo en la participación de la Guardia Indígena, mientras que la aclaración sobre los responsables aparece nuevamente varios párrafos después.

En ambos casos, la atribución a la Guardia Indígena se sustenta en denuncias de funcionarios. Sin embargo, la estructura de los textos (con titulares y primeros párrafos que señalan directamente a esta organización) contrasta con la información que posteriormente matiza la responsabilidad y menciona a las comunidades afro y campesinas como convocantes.

No es la primera vez que el medio de comunicación lanza discursos descontextualizados sobre protestas de las comunidades. VERIFICO ha revisado los discursos de Semana que estigmatizan, desinforman y ponen en riesgo los liderazgos sociales en tres ocasiones. 

Por ejemplo, en junio de 2024, Semana calificó como toma de indígenas encapuchados a protesta de campesinos en Nunciatura. En ese momento el texto insistía en que sólo eran indígenas, pero según las publicaciones del Congreso de los Pueblos en redes sociales, la movilización incluía indígenas, campesinos, líderes sociales, guardia campesina, estudiantes y sectores urbanos, y no sólo un sector, por lo que hubo desinformación en la noticia.

La estigmatización en redes sociales

Tras la publicación de las notas el 16 de febrero, los comentarios en X replicaron la atribución a la Guardia Indígena y escalaron el señalamiento. En respuestas a las publicaciones del medio y en trinos que circularon ese mismo día, varios usuarios calificaron la situación como un “secuestro masivo” y asociaron directamente a la Guardia Indígena con grupos armados ilegales. Uno de los mensajes afirmaba: “Secuestro masivo hoy de empleados públicos en el CAN con guerrilla indígena del Cauca (…)”.

Otros comentarios fueron más allá y deslegitimaron la protesta con expresiones como: “Exactamente en qué empresa trabajan estos vagos. ¿Qué empresa les da tantos permisos para que se la pasen viajando a Bogotá a protestar y echar piedra? Digo, aparte de ser guerrilleros que fingen ser campesinos vulnerables”.

Incluso se registraron mensajes que incitaron abiertamente a la violencia contra la organización, como uno que señaló: “Excelente oportunidad para meterle un bombazo a la guardia indígena esa y desaparecerlos de la humanidad, no aportan nada en la sociedad y suerte con su deuda de mierda”.

Los comentarios no diferenciaron entre Guardia Indígena y Guardia Cimarrona y reprodujeron la idea de que se trataba de una estructura armada o “guerrilla”. Este tipo de asociaciones, que se difundieron el mismo día en que se publicaron los titulares que atribuían la retención a la Guardia Indígena, contribuyeron a reforzar narrativas de criminalización y odio contra esta organización.

En un contexto de conflicto armado y amenazas contra líderes y autoridades comunitarias, la circulación de mensajes que equiparan a la Guardia Indígena con estructuras guerrilleras o que incitan a la violencia no es un hecho menor.