“El mismo que se arropa en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas”

Aunque el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron miembros de la Fuerza Pública entre 2002 y 2008, en las que asesinaron a miles de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, ha avanzado a pasos agigantados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas continúan reclamando por la presunta responsabilidad expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haber presidido la Nación durante esos años y ser el comandante de las Fuerzas Armadas.

Por esos crímenes, que mediáticamente fueron denominados como 'falsos positivos', ante la JEP comparecen 3.582 exintegrantes de la Fuerza Pública y algunos civiles que fueron sus cómplices. Sin embargo, ese tribunal de justicia transicional no tiene competencia para indagar o procesar a expresidentes de la República.

Ante ese impedimento y los nulos avances de las autoridades competentes, el pasado 9 de noviembre, en representación de familiares de once víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, demandaron penalmente en Argentina al expresidente Álvaro Uribe Vélez. (Leer más en: La JEP y Álvaro Uribe: luces y sombras en los ‘falsos positivos’)

Al conocerse la noticia el exmandatario reaccionó inmediatamente con un mensaje estigmatizante que se centró en el CAJAR. Lo hizo en su cuenta de la red social X, que tiene 5,2 millones de seguidores. Con su post, buscó deslegitimar la historia litigante de ese colectivo, que buena parte de su trabajo se ha centrado durante décadas en la defensa de víctimas del conflicto armado.

Uribe Vélez no sólo hizo sindicaciones que no tienen sustento jurídico pues ninguna autoridad ha establecido supuestos nexos del CAJAR con grupos terroristas ni hay investigaciones en curso, sino que también desinformó sobre el episodio de las falsas víctimas de Mapiripán. Ese mensaje fue visto por más de 350 mil personas y tuvo alrededor de 7 mil interacciones.

Entre ellas se produjeron mensajes de otros usuarios de X que continuaron alimentando la estigmatización contra esa organización defensora de derechos humanos. Algunos refieren al CAJAR como un “fabricante de falsas víctimas”; otros lo denominan como “un grupo de bandidos”; algunos lo califican como “defensores de criminales terroristas”; y otros hacen asociaciones con “la guerrilla”.

No es la primera vez que Álvaro Uribe reacciona de esa manera cuando es indagado por su presunta responsabilidad política en los 'falsos positivos', ya sea por acción o por omisión. El pasado 23 de septiembre, Rodrigo Uprimny, jurista y expresidente del centro de estudios Dejusticia, escribió una columna en el diario El Espectador al respecto y la respuesta del exjefe de Estado fue similar: lo señaló de ser uno de los posibles “responsables morales y políticos del terrorismo”. Aquí documentamos y contrastamos ese mensaje estigmatizante.

Respuesta del CAJAR

Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo José Alvear Restrepo, señala que la reacción del expresidente Uribe a la denuncia en Argentina es un capítulo más de la larga historia de estigmatización contra su organización. 

“En el año 2003, en una ceremonia de ascenso de la Fuerza Área, se dio un primer discurso muy fuerte contra organizaciones de derechos humanos. Fue un discurso dirigido al general Édgar Lesmes y se refirió a las organizaciones de derechos humanos como hablantinosos y traficantes de derechos humanos. Mencionó que existen colectivos que, amparándose en la figura de defensores de derechos humanos, la usan como fachada para defender al terrorismo”, recuerda.

Que 20 años después se repita la misma situación, para Ortegón evidencia una falta de garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos y, en este caso, la defensa de víctimas del conflicto armado que buscan justicia. Y aunque Uribe Vélez ya no cuenta con el poder político de antaño, alerta que sí posee un alto número de seguidores, que pueden movilizar discursos y acciones a partir de sus palabras.

Recuerda que en 2003, tras el discurso en la ceremonia de ascenso en la Fuerza Área, el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), emitió una amenaza contra diferentes organizaciones de derechos humanos, en la que retomaron su discurso. “La amenaza se llamaba 'Por qué ladran los perros'. Se refería al CAJAR, a Credhos, a la CCJ y a la Organización Femenina Popular, y se repetían las palabras del expresidente”, precisa.

En el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ven el nuevo mensaje de Uribe Vélez como un intento por desviar la atención del debate sobre su presunta responsabilidad en los 'falsos positivos' y en que un grupo de víctimas haya acudido a los estrados judiciales internacionales para buscar respuestas ante la falta de acción de las autoridades locales.

“Nosotros hemos decidido no responder públicamente, porque creemos que el centro de la decisión son las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que no han recibido justicia. Sus palabras intentan desviar el debate sobre su responsabilidad política y, simultáneamente, nos ponen en riesgo”, refiere la presidenta del CAJAR.

Por otro lado, Ortegón indica que el expresidente recurre a la desinformación para deslegitimar la labor de su organización, haciendo alusión a “las falsas víctimas de Mapiripán”, puesto que las investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal, no encontraron responsabilidad alguna por parte del CAJAR.

Entre 12 y el 20 de julio de 1997, hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), provenientes de Antioquia, incursionaron en ese municipio de Meta, matando y desapareciendo a decenas de campesinos. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por acción y omisión de 26 homicidios cometidos en esa arremetida paramilitar. Y en octubre de 2011, la Fiscalía de Justicia y Paz, que se creó en el sistema de justicia transicional para juzgar los desmovilizados de las Auc, encontró que diez personas que fueron reconocidas como víctimas en ese fallo internacional, habían falseado su condición y que sus seres queridos estaban vivos.

A pesar de que las investigaciones respectivas establecieron que el CAJAR no tuvo responsabilidad en esa situación, el expresidente Uribe y demás personas suelen señalar lo contrario para tender mantos duda sobre su labor.

“Llevamos 13 años en los que cada vez que el CAJAR tiene una decisión judicial favorable o que presenta una acción internacional, sea en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a nivel de derecho penal internacional, recibe este tipo de agresiones en redes”, señala Ortegón, y agrega que, por ética, le devolvieron a la Nación el dinero que recibieron por representar a las personas que se hicieron pasar como víctimas de la masacre de Mapiripán.

Ante los ataques de estigmatización que reciben su colectivo y otras asociaciones, propone que el Estado desarrolle una campaña de reconocimiento de la labor que han ejercido las personas y organizaciones de derechos humanos para generar condiciones favorables para su labor.