"Colombia está llena de terrenos vedados y con propietarios locales"

El presidente Gustavo Petro anunció en París, el pasado 21 de junio, que el canal público de televisión (RTCV) se asociará con el documentalista británico Simon Chinn, ganador del Premio Óscar en dos ocasiones, para realizar un documental sobre los cuatro niños indígenas perdidos en la selva del Amazonas durante cuarenta días tras sobrevivir a un accidente aéreo.

El mandatario dijo que había que hablar con las familias, las comunidades y abrir el archivo de imágenes de todo el proceso de rescate, que tuvo como nombre “Operación Esperanza”, y en el que participaron comunidades indígenas y tropas especiales del Ejército Nacional.

En su cuenta de Twitter, el presidente Petro dijo que la idea es contar cómo el mundo indígena y militar se unieron con un objetivo común: el de preservar la vida de los cuatro menores de edad.

La propuesta no cayó bien entre las comunidades nativas. Mediante un comunicado, la Organización  Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (Opiac) expresó su rechazo por cuanto el documental no se había concertado con ningún familiar ni comunidad de la región, ni siquiera para hacer dicho pronunciamiento público.

“Expresamos nuestro rechazo al anuncio de esta producción documental, pues la decisión sobre su realización fue tomada de manera unilateral por el Gobierno Nacional, desconociendo que toda labor de búsqueda fue desarrollada por los equipos de los pueblos indígenas de la zona y por familiares en un principio y posteriormente por las fuerzas militares”, aseveró la Opiac.

Su molestia refleja la falta de concertación con las comunidades indígenas en todo tipo de decisión y del carácter que sea. Para la organización amazónica, “el gobierno no puede tomar decisiones para la realización de documentales ni ningún otro tipo de producción audiovisual (...) pasando por encima de la autonomía, sistemas de conocimiento y gobierno propio de nuestros territorios, la región amazónica y todas las personas que allí habitamos”.

Al respecto, Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI), aclaró que “tomar decisiones sobre las comunidades, sin previamente concertarlo en los escenarios dispuestos por las mismas autoridades indígenas y/o sus organizaciones representativas es desconocer precisamente esa autoridad y autonomía”, aludiendo a que los rescatistas pertenecen a guardias indígenas de diferentes pueblos amazónicos que tienen sus autoridades ancestrales y sus escenarios de diálogo frente a situaciones que los afecte.

Por desconocimiento

La postura de los indígenas generó expresiones de rechazo. La más connotada fue la del periodista Julio Sánchez Cristo. En su cuenta de la red social Twitter lanzó una afirmación que, a juicio de conocedores del tema, profundiza la estigmatización hacia los pueblos indígenas apelando a la ironía y la descontextualización. “Colombia está llena de terrenos vedados y propietarios locales que mandan”, escribió el comunicador en su trino.

Frases similares han difundido empresarios, funcionarios, periodistas y políticos, al referirse a los pueblos indígenas como dueños de grandes territorios, lo que es cierto, pero también es cierto que el 97 por ciento de esos predios hacen parte de zonas de reserva forestal que por ley no se pueden intervenir y que los nativos cuidan con mucho celo. Para labores agrícolas sólo está destinado el 3 por ciento, como ya lo dijo Niño en una verificación anterior.

Esa frase del periodista “denota un claro desconocimiento de la realidad indígena, de nuestras propias concepciones del territorio, así como de nuestros derechos a la autonomía y al gobierno propio”, afirmó Niño y enfatizó que en ese tipo de expresiones hay un desdén encubierto por la diversidad étnica y cultural, derecho que fue establecido en la Constitución de 1991, y desconoce el pluralismo que caracteriza a Colombia como nación.

Este experto aseguró que hay un racismo que viene desde la época de la Colonia: “Se puede pensar también en una discriminación estructural arraigada en la sociedad y en un pensamiento colonizado que impide ver que no se trata de ‘territorios vedados’, sino de territorios sagrados y ancestrales que han sido históricamente arrasados por los actores violentos y por el mismo Estado colombiano”.

Gobierno propio

El Decreto 1088 de 1993 reconoce el gobierno propio en los territorios indígenas y corresponde a formas de organización autónoma que “está fundado en los usos, costumbres y tradiciones que regulan sus particulares relaciones sociales y con la naturaleza, lo cual se enmarca en su derecho a la autonomía, así como en la protección de la diversidad étnica y cultural que establece la Constitución de 1991”, precisó Niño.

El gobierno propio se fundamenta en planes de vida en los que se establece la gobernanza, los modelos de salud y el ordenamiento territorial de cada resguardo o comunidad dentro del territorio nacional. 

Es por ello que una de las principales garantías reconocidas a las comunidades indígenas es la autodeterminación de los pueblos en los territorios que son de propiedad colectiva. 
Cabe recordar que los artículos 63 y 329 de la Constitución de 1991 establecen que las tierras de los resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y son propiedad colectiva de las comunidades indígenas.

“En ese sentido, se consagra constitucionalmente la prohibición de la enajenación y de imponer gravámenes sobre las propiedades colectivas indígenas. Esto, entendiendo que la relación del indígena con la tierra trasciende más allá de un mero título o de una mera explotación de recursos, en tanto el territorio es el eje principal de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, así como del ejercicio de su autonomía, religiosidad y de derecho propio”, apuntó el secretario técnico del CNTI.

Al decir que en Colombia hay “territorios vedados y propietarios locales que mandan”, Sánchez Cristo parece desconocer que en el país hay 847 resguardos indígenas formalmente constituidos, con un total de 35 millones de hectáreas, de las cuales 30 millones son áreas de bosques naturales y zonas protegidas. 

Ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hay 1.094 solicitudes de formalización de territorios indígenas; 186 solicitudes de protección de territorios ancestrales; y 48 solicitudes adicionales de clarificación de la vigencia de títulos de los resguardos.

Ante las anteriores aclaraciones, mensajes en redes sociales como los del periodista Sánchez Cristo, que fue visto por 184 mil personas, lo que hacen es agudizar la discriminación y estigmatización contra los pueblos indígenas basados en el desconocimiento de las leyes o con la intención de tergiversar información que demuestra que hay intereses particulares.