Disidencias de las Farc estigmatizan a funcionario de Indepaz

El pasado 25 de agosto circuló un panfleto en el municipio de Argelia, en el sur del departamento Cauca, suscrito por el Frente Carlos Patiño de la antigua guerrilla de las Farc. En ese documento, estigmatizan a Leonardo González Perafán, director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al alcalde del municipio, Jhonatan Patiño, y a la Cooperativa Ecomun Multiactiva Agroforestal Santa Clara (Cemas), que pertenece a excombatientes de Farc que están en proceso de reincorporación.

Este grupo armado ilegal los señala de hacer “falsas acusaciones” sobre la situación en esa región del suroccidente colombiano y alegan que los mensajes “buscan generar una falsa crisis humanitaria que encubre las verdaderas intenciones de la Operación Trueno (adelantada por la Fuerza Pública)”.

Además, hizo énfasis, resaltando en negrita, en que es falso que “el Frente Carlos Patiño de las Farc-Ep esté reteniendo los alimentos, el combustible, el transporte público o se haya impedido el restablecimiento del servicio de energía”. 

Tres días antes del pronunciamiento del Frente Carlos Patiño, la Cooperativa Cemas había denunciado, a través de un comunicado difundido por la Red por los Derechos Humanos y la Vida del Cauca, que “aproximadamente a las 3:30 pm en el corregimiento el Plateado, fuentes comunitarias informan que el grupo armado ilegal, autodenominado ‘Carlos Patiño’ reúne a la comunidad para obligarlos a sacar a la fuerza pública del sector La Leona, parte alta”. Y en líneas siguientes, advirtió que en esa zona hay minas antipersonas y otro tipo de explosivos.

Los habitantes de El Plateado se negaron a acatar las órdenes de las disidencias de las antiguas Farc, lo que generó amenazas en su contra y la imposición de restricciones para someterlos a sus exigencias: “No se permite entrar alimentos, combustibles al corregimiento”. Además, denunciaron que no permitían el acceso de ambulancias ni el restablecimiento del servicio de energía.

El comunicado de Cemas fue compartido por organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y difundido a través de varios medios de comunicación en diferentes redes sociales, como lo hizo la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca que, a su vez, compartió la portada del periódico Alerta Micay, que informa con detalle sobre lo que está pasando en el corregimiento. González Perafán, de Indepaz, se sumó a la difusión de esos comunicados e hizo la denuncia a través de redes sociales. 

En reacción a esas denuncias, el Frente Carlos Patiño difundió un panfleto señalándolos de “propagandistas” y exigiéndoles seriedad en la información. Con respecto al director del Observatorio de Indepaz, el grupo armado ilegal afirmó que “sin ninguna verificación o precisión hace eco a informaciones erradas contra nuestra organización, pero calla ante las evidencias de alianzas entre fuerzas militares, policiales, bandas de narcos y paramilitares”. Y agregó: “Mientras Camilo nos habla de paz, su sobrino Leonardo azuza la guerra contra las Farc-Ep”.

La cita hace referencia a Camilo González Posso, quien fue director de Indepaz hasta hace pocas semanas, cuando el gobierno nacional lo nombró jefe de la comisión de diálogo con las disidencias conocidas como Estado Mayor Central, de la cual hace parte el Frente Carlos Patiño.

La voz de los señalados

Con respecto a ese calificativo de “propagandista”, González Perafán le dijo a este medio que “Indepaz lo que hace es visibilizar las denuncias de las comunidades, y eso fue lo que hicimos aquí, apoyar las denuncias de varias organizaciones campesinas, del colegio, de derechos humanos, del alcalde; visibilizarlo para que haya respuesta del Estado”.

Con respecto al trino que generó el señalamiento, este investigador explicó que fue un mensaje compartido por el presidente Gustavo Petro: “La respuesta fue a la derecha diciendo que miren que el Ejército Nacional sí está en todo lado y que no está escondido como ellos dicen y otras cosas. Eso, por supuesto, hizo que el trino mío fuera una locura porque todo el mundo comentó a favor o en contra y le dio más visibilidad, y me imagino que estos del Frente se dirigieron hacia mí como en respuesta a lo del Presidente”.

Por su parte, la cooperativa Cemas, al día siguiente de esos señalamientos en su contra, aclaró, mediante un comunicado difundido por la senadora Aida Quilcué, que las fuentes que utilizaron para hacer la denuncia son de la comunidad y argumentó que desde que se creó ese grupo armado ilegal, son múltiples las violaciones a derechos humanos que padecen los habitantes caucanos: “Desde 2019 las comunidades del cañón del Micay sufren una barbarie a manos del autodenominado Frente Carlos Patiño del llamado Estado Mayor Central EMC”. 

Igualmente, resaltaron que esos métodos de presión hacia la comunidad han sido usados en años anteriores y citan lo sucedido en diciembre de 2021, cuando ese grupo disidente citó a la población a una reunión para avisarles que harían un paro armado que duró alrededor de veinte días, lo que impidió “el acceso de cualquier tipo de vehículo, alimentos, combustible, ambulancias, personas, etc.”, recordó Cemas.

Al siguiente día de la divulgación del panfleto del Frente Carlos Patiño, Indepaz también publicó un comunicado respondiendo a las afirmaciones de las disidencias, afirmando que el Observatorio de Derechos Humanos “ha hecho un seguimiento a la crítica situación que vive la población civil en el municipio de Argelia y ha hecho eco a las alertas humanitarias, en convergencia con organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo”. 

La organización no gubernamental aclaró que toda la información que reciben la contrastan con distintas fuentes y luego la ponen en conocimiento público. Insisten en que la intención de Indepaz con esos registros y visibilización es “contribuir a la salvaguarda de los derechos y libertades y no tiene relación alguna con operaciones militares ni con iniciativas de litigio y de investigación judicial”. 

Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, congresistas y defensores de derechos humanos rechazaron a los señalamientos proferidos por el Frente Carlos Patiño; sostuvieron que ese tipo de acciones no contribuyen a la Paz Total; y que pretenden vulnerar la credibilidad de Indepaz, además de poner en riesgo a sus integrantes y violar la libertad de expresión.

¿Qué pasa en Argelia?

El municipio de Argelia, situado en el Cañón del Micay, fue dominado por las extintas Farc desde finales de la década de los años setenta, luego irrumpió la guerrilla del Eln y, posteriormente, hicieron presencia los llamados ‘Rastrojos’, una estructura armada ilegal que surgió a mediados de 2006, luego de que culminaran las desmovilizaciones colectivas de las Autodefensas Unidas de Colombia acordadas con el gobierno nacional. 

La crítica situación de orden público se ha prolongado con la presencia del Frente Carlos Patiño, que tiene su origen en las antiguas Farc y que se negó a acogerse al Acuerdo de Paz suscrito con el Estado colombiano en noviembre de 2016. A todo ello se suman acciones violatorias de los derechos humanos por parte del Ejército contra las comunidades.

El corregimiento El Plateado es uno de los sitios que más ha sufrido la violencia. Después de la firma del Acuerdo de paz, hubo calma, pero volvieron los días de terror después de que las disidencias ocuparon los lugares dejados por las antiguas Farc. 

Sobre ello, González Perafán aseveró que lo que pasa en Argelia no es nuevo: “Se han hecho incluso misiones humanitarias a Argelia por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y hay presencia de grupos armados ilegales que pretenden tener un control territorial y un control social en una zona habitada por comunidades. Esa es la crisis en la que están: hay desplazamientos, amenazas, homicidios de líderes, masacres. Todo lo que puede suceder en un conflicto armado está sucediendo en El Plateado”.

Esa crítica situación es bastante conocida por González Perafán, pues desde el observatorio que coordina se le hace seguimiento constante al conflicto armado y a la vulneración de derechos humanos a comunidades y líderes. A finales de julio, el Observatorio que lidera publicó un informe sobre las acciones perpetradas por el Estado Mayor Central entre enero y julio de 2023, que confirman, entre otros hechos, los atropellos del Frente Carlos Patiño contra la población de Cauca. 

“Las subestructuras que más cometieron acciones de no cumplimiento al cese al fuego, confrontaciones armadas y de hostilidades con afectaciones a la población, fueron los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, quienes se ubican principalmente en el departamento del Cauca. Estos grupos suman 83 acciones cometidas”, se lee en el informe.

Además, reseña que el departamento de “Cauca registra el mayor número de acciones de no cese al fuego y hostilidades cometidas por departamento. El municipio más afectado fue Argelia, seguido de Balboa, Caldono y Santander de Quilichao”. 

El alcalde de Argelia, Jhonatán Patiño, gobierna desde la ciudad de Popayán porque fue amenazado de muerte por las disidencias. Los candidatos a ese cargo, que presentaron sus nombres para las próximas elecciones de octubre, también fueron intimidados; les prohibieron el ingreso a ciertas zonas del municipio; y el grupo armado ilegal le pide a la comunidad que les informen sobre sus acciones. Esta situación se hizo pública a través de la red social Facebook, bajo un perfil llamado Argelia Duele.

El Frente Carlos Patiño apunta a cuestionar la Operación Trueno, una acción militar iniciada en enero de 2021 que pretende desalojar del Cañón del Micay a las disidencias de las extintas Farc. La intervención estatal ha ocasionado sendos combates y hostigamientos que mantienen a los pobladores de Argelia en constante zozobra. 

Uno de los factores que hace que este lugar sea estratégico para los grupos armados ilegales es que el 90 por ciento de la población cultivan hoja de coca para uso ilícito y se registran por lo menos 6 mil hectáreas sembradas.

Los cultivadores ingresaron al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, pero no se cumplieron los acuerdos con el gobierno nacional y no recibieron los pagos acordados ni llegaron proyectos productivos. Ante ello, las familias no erradicaron la hoja de coca, por el contrario, sembraron más, aunque desde hace varios meses, están afectados por los bajos precios que los narcotraficantes están pagando por la pasta base.

Ante este panorama poco alentador para las comunidades de Argelia, el temor aumenta, por lo que lideresas y lideresas locales, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, insisten en que la única forma de proteger la vida de sus pobladores es una efectiva e integral presencia del Estado. 

Al respecto, González Perafán espera “que llegue el Estado de una manera integral, no solo con fuerza pública sino también con vías, con escuelas, con salud, es decir, que llegue el Estado con justicia para poder garantizar realmente una paz total, porque de lo contrario se estaría perpetuando la violencia”.

La solución parece venir en camino. El pasado viernes se anunció la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central en el municipio de Suárez, Cauca, que permitirá instalar una mesa de diálogos, así como acordar un cese al fuego, proteger a la población civil, incentivar la participación de la sociedad civil en esta nueva fase de conversaciones y generar confianza entre las partes.