Panfleto atribuido a las AGC amenaza a tres líderes en Antioquia

El 24 de junio circuló en redes sociales un panfleto titulado “Comunicado de muerte a estos sapos”, en el que fueron señalados como “objetivo militar” tres líderes sociales de Antioquia: Andrés Peña, Daniel Ortega y Carlos Andrés Galeano, todos miembros del Partido Comunista Colombiano en Antioquia. El documento los acusa de presentarse como defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, generar divisiones en los territorios, realizar denuncias políticas y “obstaculizar” iniciativas de desarrollo.

Sobre Peña, quien estuvo vinculado a procesos de formalización y adjudicación de tierras a comunidades campesinas, afro e indígenas, hace referencia a los lugares por los que frecuentemente se desplaza. La mención a sus desplazamientos resulta especialmente delicada porque ya había recibido amenazas y contaba con medidas de protección.

El panfleto también señala a Daniel Ortega, a quien califica como “perro comunista” y advierte que no quieren verlo en el Bajo Cauca. Y advierte sobre la posibilidad de atentar contra la vida de Carlos Andrés Galeano a quien, dicen, ya lo tienen localizado.

Aunque el documento circuló con el nombre y los símbolos de las AGC, dos días después el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con que se autodenomina este grupo que también se conoce como el Clan del Golfo, negó su autenticidad. El 26 de junio publicó un comunicado en el que rechazó que el panfleto fuera elaborado por esa organización y negó amenazar a defensores de derechos humanos o personas dedicadas a la protección del medio ambiente y las comunidades.

Las amenazas tienen antecedentes y continúan

El panfleto del 24 de junio no es la primera intimidación contra estos líderes. Según información recopilada por VERIFICO, los tres integrantes del Partido Comunista Colombiano comenzaron a recibir amenazas desde el año 2025. Los mensajes les exigían abandonar determinadas actividades políticas y el acompañamiento a procesos en el territorio, y posteriormente se presentaron nuevas intimidaciones a través de diferentes canales de comunicación. Algunos de esos mensajes estaban firmados como “Antioquia Libre de Comunistas”.

Las amenazas se producen en un contexto relacionado con las actividades políticas y sociales desarrolladas por los líderes en diferentes regiones del departamento. En el caso de Peña, estas han incluido el acompañamiento a procesos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y el acceso y formalización de tierras. Antes de su actual vinculación laboral, trabajó durante cerca de cuatro años en la Agencia Nacional de Tierras, donde participó en procesos de formalización, adjudicación y entrega de tierras a comunidades campesinas, afro e indígenas.

Las amenazas anteriores llevaron a que los tres líderes contaran con medidas de protección. Sin embargo, aún no está claro qué ocurrirá con estas medidas, mientras continúan produciéndose nuevas intimidaciones.

Después de la difusión del panfleto se presentaron nuevas intimidaciones contra integrantes del Partido Comunista, incluidas advertencias contra la sede política de la organización. En medio de esta situación, una persona fue detenida cerca de la sede con una maleta que, según la información recibida por los afectados, contenía explosivos. No está establecido que estos estuvieran relacionados con las amenazas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior, la Personería y la Defensoría del Pueblo.

Un contexto de presencia armada

El Bajo Cauca, Urabá y el Magdalena Medio antioqueño son regiones donde persiste la presencia de distintos grupos armados y las disputas por el control territorial y de economías ilegales. En el Bajo Cauca, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió el 3 de junio de 2026 sobre el deterioro de la situación humanitaria en Puerto López, corregimiento de El Bagre, por la confrontación entre las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo,. Según el organismo, esta disputa está relacionada con el control territorial, los corredores estratégicos y las rentas ilegales del Bajo Cauca, el sur de Bolívar y zonas del nordeste antioqueño.

Entre enero y mayo de este año, la Defensoría documentó en Puerto López al menos dos confinamientos y cinco desplazamientos forzados masivos, además de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos en varias veredas. El organismo también reportó que durante 2026 se habían registrado 14 desplazamientos forzados masivos en distintos municipios de Antioquia y Bolívar, con más de 2.400 personas afectadas, así como seis eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de más de 7.700 personas.

Este contexto de violencia atraviesa los territorios donde los tres líderes desarrollan parte de sus actividades. El panfleto utiliza precisamente esas actividades para señalarlos: a Peña lo relaciona con su trabajo alrededor de la tierra y su actividad política; a Ortega con su presencia en el Bajo Cauca, y a Galeano con su labor en Apartadó.

El riesgo para quienes ejercen liderazgo social también se refleja en las cifras de violencia. Según el visor del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2026 han sido asesinados 88 líderes sociales en Colombia, 12 de ellos en Antioquia. El caso de estos tres líderes ocurre, por tanto, en territorios donde las disputas armadas tienen consecuencias concretas para las comunidades y donde quienes desarrollan actividades políticas, sociales o relacionadas con la defensa de la tierra pueden quedar expuestos a señalamientos y amenazas.