Señalamientos de las AGC contra el CINEP lo estigmatizan y elevan el riesgo para su equipo

A comienzos de marzo de este año, a través de redes sociales, el grupo armado acusó al centro de investigación de hacer parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la divulgación de estudios en el departamento de Chocó.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que “la estigmatización de la que está siendo víctima el CINEP, y las organizaciones con las que trabajan en los territorios, no solo vulnera su derecho al buen nombre, sino que pone en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos”.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que está próximo a cumplir 54 años, ha documentado durante décadas violaciones a los derechos humanos, hechos de violencia contra comunidades y dinámicas del conflicto armado en Colombia. Esta labor lo ha convertido en blanco recurrente de amenazas y estigmatizaciones por parte de distintos actores armados.

En mayo de 1997, sicarios de la banda La Terraza asesinaron a los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado. Años después, en 2010, circuló un panfleto firmado por el grupo paramilitar Comando Conjunto de Limpieza que amenazaba con “exterminar” a 17 organizaciones, entre ellas el CINEP. Ese mismo año también se registraron amenazas directas contra el padre Javier Giraldo, uno de los principales coordinadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, uno de los proyectos más reconocidos del centro de investigación.

Estos antecedentes evidencian un patrón de riesgo que se reactiva con los recientes señalamientos en su contra. De acuerdo con investigaciones periodísticas, estas acusaciones no se producen de manera aislada, sino que han surgido como respuesta a los informes en los que el CINEP ha documentado las economías ilegales y las afectaciones sociales y ambientales asociadas a las AGC.

Los más recientes señalamientos hacen parte de una escalada en los ataques de ese grupo armado de origen paramilitar contra el CINEP, que han aumentado de tono desde 2024 tras la publicación de investigaciones sobre sus actividades ilegales.

El origen de los señalamientos

El CINEP ha trabajado en el departamento de Chocó durante más de 30 años, no sólo documentando violaciones a los derechos humanos, sino también analizando fenómenos como la minería ilegal, el narcotráfico, el control territorial de grupos armados y las afectaciones ambientales.

Una primera estigmatización reciente se presentó el 26 de octubre de 2024, luego de la publicación del informe Talando la selva y contaminando las aguas. La investigación, presentada en la COP16 y replicada por El Espectador, denunció la responsabilidad del Clan del Golfo en procesos de deforestación, minería ilegal y narcotráfico en el Bajo Atrato.

El grupo armado respondió mediante un comunicado en el que afirmó que medios de comunicación estaban reproduciendo, “sin ninguna investigación que lo corrobore”, las acusaciones hechas por organizaciones como el CINEP, a las que señaló de responsabilizarnos como “los mayores depredadores del medio ambiente”.

El pronunciamiento generó rechazo de entidades como la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), que respaldaron los hallazgos del informe. Según esta organización, alrededor de 65.100 hectáreas han sido o están siendo deforestadas en el Bajo Atrato, una extensión equivalente a cerca de dos veces el tamaño de Medellín.

La más reciente estigmatización se registró el 4 de marzo, cuando el portal La Voz del País reprodujo, sin sustento, señalamientos que vinculan al CINEP con el ELN. A esto se sumaron mensajes publicados en la red social X por la cuenta @soygaitanista, en los que se reiteraban estas acusaciones.

Además de los señalamientos directos, el grupo armado ha recurrido a la difusión de contenidos sin sustento a través de plataformas digitales, con el objetivo de cuestionar la credibilidad del CINEP y amplificar las acusaciones sin evidencia.

Reacciones y riesgos

Organizaciones sociales como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) rechazaron las estigmatizaciones promovidas por el Clan del Golfo y advirtieron sobre sus consecuencias en los territorios. En un comunicado señalaron que “este tipo de estigmatizaciones resultan particularmente preocupantes en un contexto territorial marcado por la persistencia de la violencia, el control armado y las restricciones a la vida comunitaria”.

A estos rechazos se sumaron pronunciamientos de entidades del gobierno nacional, como el Ministerio del Interior y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, así como de plataformas y actores internacionales.

Por su parte, el CINEP reiteró en un comunicado que no tiene ni ha tenido vínculos con actores armados ilegales. “Nuestro trabajo es público, transparente y reconocido nacional e internacionalmente”, afirmó la organización. Además, advirtió que esta situación “no solo afecta nuestro buen nombre, sino que pone en riesgo a nuestro equipo y a las comunidades étnicas y campesinas que acompañamos en el Chocó y en múltiples regiones del país”.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de señalamientos no solo afectan la reputación de las entidades, sino que tienen impactos concretos en su operación. En escenarios similares, los equipos en terreno han tenido que reducir su visibilidad, limitar desplazamientos y reconfigurar su trabajo comunitario como medida de protección.

En regiones con alta presencia de actores armados, la estigmatización contra organizaciones sociales y de derechos humanos continúa siendo un factor que agrava los riesgos para quienes trabajan en la defensa de las comunidades.