"Tienen rabo de paja"

Dos días después de que la revista Semana publicara una supuesta investigación periodística centrada en el testimonio de un desmovilizado de las antiguas Farc, que no fue contrastado, el senador Migue Uribe Turbay estigmatizó a Aida Avella, colega suya en el Congreso de la República por la UP y quien estuvo exiliada por la violencia que padeció ese partido político en los años 90.

El legislador republicó el artículo de Semana en su cuenta de la red social X y señaló que Avella fue acusada de dar la orden de asesinar a militantes del partido del EPL, lo cual no es cierto, pues ninguna autoridad judicial dictó esa orden y no hay investigaciones en curso por esos hechos. 

Además, la señaló de tener rabo de paja, metáfora utilizada con ironía para insinuar que tiene cuentas pendientes con la justicia por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Su publicación fue vista por casi de 300 mil internautas y más de 7 mil interacciones.

¿Qué dijo Semana? El medio capitalino publicó una nueva versión de Marco Fidel Giraldo Torres, alias 'Garganta', desmovilizado de las Farc, que ante la justicia transicional habló sobre crímenes que la otrora guerrilla más antigua del país cometió en el departamento de Antioquia.

El 16 de junio de este año, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el exguerrillero habló sobre su paso en la guerra. Su relato se centró en masacres cometidas por las antiguas Farc en la región del Urabá y en el asesinato de miembros de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación (Epl), quienes se desmovilizaron en 1991 y crearon el partido político Esperanza, Paz y Libertad. 

Según alias 'Garganta', las órdenes de asesinar a los 'esperanzados', nombre con el que se conocía a los militantes del partido que se creó tras la dejación de armas y como parte de los acuerdos con el Estado colombiano, provinieron de las direcciones del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de la Unión Patriótica (UP), constituido en mayo de 1985 como parte de las negociaciones de paz de las antiguas Farc con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). 

El exguerrillero versionado responsabilizó de una buena parte de esos asesinatos a la hoy senadora Aída Avella, quien estuvo exiliada durante 16 años tras sobrevivir a un atentado en medio de la persecución que padecieron integrantes y simpatizantes de la UP.

Otros medios de comunicación también revelaron el testimonio de Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina', curtida guerrillera de las antiguas Farc, quien se refirió en términos similares a los expuestos por alias ‘Garganta’. 

La exjefa guerrilla, que se entregó a las autoridades en 2009 y quien también comparece ante el sistema de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, indicó que, efectivamente, las antiguas Farc no sólo asesinaron militantes del partido del extinto Epl, sino también de la UP.

Las publicaciones sobre los testimonios de ambos desmovilizados causaron polémica porque sectores políticos las usaron para atacar y estigmatizar a sobrevivientes de la UP. 

Voces y documentos de rechazo

Tanto las afirmaciones de los exguerrilleros como las reacciones de sectores adversos a la UP fueron rechazadas por diferentes organizaciones sociales y de militantes del movimiento político, tras considerar que estigmatizan y revictimizan a los sobrevivientes de uno de los episodios de violencia política más grave de la historia reciente del país y que está catalogado por algunos tribunales como genocidio. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)

Los niveles de violencia y persecución contra la UP llegaron a tal punto, que más de cinco mil de sus integrantes y simpatizantes fueron asesinados y otros más tuvieron que optar por el exilio. Ante la falta de justicia por esos hechos, el pasado enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio político de ese movimiento.

Ese fallo se suma a la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín fechada el 6 de maro de 2022, mediante la cual se dictó sentencia contra nueve desmovilizados de las Farc, entre ellos 'Garganta' y 'Karina'. 

Esa providencia judicial contradice parte de las declaraciones de 'Garanta' citadas por la revista Semana y pone en entredicho la veracidad de su testimonio. Por ejemplo, en el perfil de cada uno de los condenados, el fallo consigna que el exguerrillero ingresó a las filas de las antiguas Farc cuando tenía 17 años de edad y no 13, como se afirma en el artículo publicado por el medio capitalino.

Por otro lado, el Semanario Voz, medio del Partido Comunista, analizó el testimonio del exguerrillero y encontró más inconsistencias, entre ellas contradicciones en fechas y nombres de responsables, lo que demostraría que se trata de montaje contra la UP, el PCC y Aida Avella.

“Pedro Nel Higuita, quien era miembro del PCC, fue asesinado hasta 1996, cuando el exterminio de los movimientos de izquierda en el Urabá ya llevaba varios años; además que a quienes señala de dar las órdenes desde la colectividad, para la época de los hechos ya habían sido asesinados”, se reseña en este periódico.

Nuevo caso de revictimización

Stella Aponte, directora de la Corporación Reiniciar, organización peticionaria ante la CIDH y representante de víctimas del caso de la UP desde hace treinta años, dice que le llama mucho la atención “que estas versiones surjan en un momento en el que se ha proferido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Unión Patriótica y que se inicia el proceso de implementación de las medidas de reparación que trascienden a las víctimas e irradian a la sociedad en general que dispuso la honorable corte interamericana”.

Asegura que dentro de Reiniciar no conocen las declaraciones judiciales de ninguno de los dos exguerrilleros: “No tenemos por qué seguir las declaraciones de estas personas, conocemos sólo lo de los medios de comunicación, pero lo que se ha publicado, indudablemente, nos hace pensar que es otro intento por deslegitimar la reclamación de las víctimas de la Unión Patriótica para que haya justicia”.

Aponte no vacila es explicar que esas versiones son un nuevo intento por empantanar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Un intento por deslegitimar el reconocimiento de las víctimas y un intento por deslegitimar las medidas ordenadas por la corte, que van, no solamente dirigidas a las víctimas individuales, sino también al conjunto de la sociedad”.

La directora de Reiniciar precisa que una persona que se somete a la justicia y que da ese tipo de declaraciones, le corresponde al mismo aparato de justicia investigarlo y procesarlo. 

“Lo que nos preocupa –agrega– es que no lo investigan, no hay avances ni resultados en la administración de justicia, pero el medio de comunicación lo presenta como un hecho verídico y un hecho que pone nuevamente en tela de juicio la victimización de la UP, el rol político de la UP, el rol político de sus dirigentes y sobre todo que pone a las víctimas como si fueran victimarios y además, estas afirmaciones van en contravía de decisiones ya tomadas por la administración de justicia”.

Por ejemplo, dice la representante de las víctimas, que la Corte Suprema de Justicia anuló resoluciones de acusación que había fabricado la Fiscalía General de la Nación contra un significativo grupo de líderes de la UP, “que además fueron juzgados y condenados y alcanzaron a pagar casi dos décadas de prisión por un crimen que no cometieron ellos; y ahora hay una especie de reciclaje de esa historieta en voz de otros actores ilegales y contra otros dirigentes de la UP”.