“Un tribunal de Cartagena decidió darle la razón a los invasores”

El pasado 3 de octubre, en diferentes ocasiones, la periodista calificó como “invasores” a campesinos a quienes les fueron restituidos los predios Las Franciscas I y II, ubicados en el municipio de Zona Bananera, Magdalena. Argumentó que, supuestamente, esas tierras “están legalizadas y de las que no han despojado a nadie”. 

Y prosiguió: “En la Corte Constitucional hay en estos momentos una tutela por un caso que leo en una entrevista a nuestro amigo Rodrigo Pombo en el periódico La República, un caso que se llama popularmente la revictimización de los legítimos propietarios de las tierras del Magdalena... son las tierras Las Franciscas I y II, que unos invasores o unos ciudadanos que estaban intentando recuperar sus tierras, entraron a un predio que tenía unos dueños en el Magdalena y un Tribunal de Cartagena decidió darle la razón a los invasores”.

Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a varias de esas familias, por medio de un comunicado, indicó que ninguna autoridad ha establecido que esas víctimas sean invasoras, sino que, por el contrario, “hay es un fallo en el que se reconoce a los campesinos y campesinas de Las Franciscas como personas despojadas de sus predios y víctimas del conflicto que, en efecto, son propietarias de las tierras Las Franciscas I y II”.

Nury Martínez, coordinadora del área de Tierras y Derechos Territoriales de la CCJ, le dijo a VERIFICO que hay un fallo de jueces de restitución de tierras, sujeto al orden jurídico establecido por la Ley 1444 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

“El fallo está en firme, es decir, no tiene recursos ordinarios frente al cual se pueda poner en duda. En ese sentido, el fallo reconoció a las personas de la comunidad de Las Franciscas como personas víctimas del conflicto armado, víctimas de desplazamiento y víctimas de despojo frente a sus tierras, ubicadas en Zona Bananera, Magdalena. Y les otorgó las garantías para que su derecho fundamental de restitución de tierras sea cumplido por parte del Estado colombiano”, recuerda Martínez.

Por otro lado, alerta sobre las implicaciones que un medio de comunicación de alcance nacional califique a las víctimas como “invasoras”, porque eleva sus niveles de riesgo y los expone a amenazas.

“Por una parte, nos podemos encontrar frente a una agresión al derecho al buen nombre y a la honra de estas personas. Se puede incurrir en un delito penal que puede configurarse como calumnia al endilgar conductas que son catalogadas por la ley penal que no está demostrado”, agrega.

Y concluye: “El ser llamados invasores, está relacionado con el conflicto que se sigue desarrollando en esta zona de Magdalena, en donde actores armados y otros actores económicos, que siguen con intereses en las tierras, puedan aprovechar este tipo de señalamientos para ejecutar de nuevo acciones en contra de los derechos de la población”.

La historia de Las Franciscas

 A finales de la década los años ochenta, 54 familias ocuparon las fincas Las Franciscas, que eran terrenos baldíos ubicados en el municipio Zona Bananera. En 1987 iniciaron el proceso de titulación de esos predios por parte del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

Antes de que culminara ese trámite, las familias fueron desplazadas en 1988 por grupos armados locales, en cabeza de Antonio 'Toño' Riascos, quien decía ser el dueño de esas tierras, que luego arrendó a empresas bananeras.

El 6 de enero de 1996 los parceleros retornaron a Las Franciscas y le pidieron al gobierno nacional que continúe con el proceso de titulación. Ese mismo año, en Zona Bananera apareció el grupo paramilitar Walter Úsuga, más tarde conocido como Frente William Rivas, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa agrupación armada ilegal sería el principal verdugo de la comunidad. 

“Este es un grupo de familias campesinas que desde 1987 han sido víctimas del conflicto armado, social, político y militar de la zona”, dice Luis Ernesto Caicedo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas.

Y agrega: “La comunidad sufrió y padeció los hechos victimizantes que podemos concluir como graves crímenes de lesa humanidad y de guerra como consecuencia de seis homicidios, dos desplazamientos forzados, múltiples amenazas y despojo forzado de tierras como consecuencia, en especial, del 7 de septiembre del 2001, en cabeza de las autodefensas del Frente William Rivas quien asesinó en esa fecha a tres de sus integrantes que eran hermanos, a Jorge, Miguel y Gustavo Terán Pérez”. 

Esos crímenes fueron confesados por desmovilizados del Frente William Rivas que se acogieron al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, al que se acogieron los grupos paramilitares que lograron acuerdos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tras negociar entre 2003 y 2006. 

Entre ellos están el antiguo jefe de ese grupo armado que delinquió en Zona Banannera, José Gregorio Mangones, alias 'Carlos Tijeras', y Rolando René Garavito, quienes los reconocieron en audiencia de versión libre rendida ante fiscales de Justicia y Paz el 4 de marzo de 2008.

Finalmente, las víctimas lograron la titulación de esos dos predios de origen baldío el 24 de enero de 2018, por medio de una sentencia expedida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena. Es un proceso que se extendió durante cinco.

“Los opositores en este proceso fueron las empresas Eugenia Limitada y Las Franciscas S.A.S. Luego de la sentencia, las empresas tardaron año y medio para la entrega material del predio a la Unidad de Restitución de Tierras a los beneficiarios”, precisa el abogado Caicedo. (Leer más en: Los silencios en la sentencia que restituye Las Franciscas a reclamantes)

No obstante, el 19 de julio de 2019, la empresa Las Franciscas S.A.S. instauró una tutela buscando la nulidad de lo sentenciado por los togados de Restitución de Tierras. Es una acción que llegó a manos de la Corte Constitucional, que aún no se pronuncia.

Mientras tanto, explica el jurista Caicedo, los campesinos que fueron reconocidos por la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, “tienen el uso, goce y disfrute de esas tierras en virtud de ese derecho del usufructo y uso que están haciendo en las capacidades de sus fuerzas físicas y económicas”.

El presente de la comunidad

Esta comunidad ha sufrido el rigor del paso de los años y del desplazamiento forzado. Muchos de sus integrantes están una edad muy adulta y sus familias ya no están interesados en la producción del campo. En parte, la falta de recursos económicos es una gran barrera: no cuentan con los recursos suficientes para acceder a créditos y sus ingresos no les alcanzan para invertir en sistemas de riego, compra de semillas y demás.

También se han presentado dificultades para el retorno como lo asegura Caicedo: “Los beneficiarios no han podido disfrutar las medidas integrales de reparación. Sobre todo, no han podido acceder a los proyectos productivos y a los subsidios de vivienda, en consecuencia, al problema de los linderos que no coinciden”.

La acción de tutela de la empresa también genera dificultad porque cuestiona la seguridad jurídica de la sentencia y pone en riesgo otros casos similares que puedan fallarse a favor de empresas.

A ella se le suma otro obstáculo jurídico porque la Unidad de Víctimas rechazó la solicitud de la comunidad de ser reconocida como un sujeto colectivo para ser reparada en esa calidad. Según explica el abogado Caicedo, esa negativa limita los componentes de reparación de los restituidos de Las Franciscas a aspectos individuales, negándoles derechos y opciones como asociación, que sí han tenido otras víctimas del conflicto armado colombiano.

En medio de ese panorama, señalamientos como los de la periodista Camila Zuluaga, quien acusa a unas víctimas que durante décadas han padecido los horrores de la guerra, de ser “invasores”, genera revictimización y estigmatización.

Al respecto, Nury Martínez indica también padecen estigmatización por parte de funcionarios judiciales, municipales y departamentales: “Muchos no han podido retornar a sus territorios. Siguen siendo señalados como invasores”.

Por lo anterior, la CCJ solicitó una rectificación por parte de la periodista de Blu Radio. “Hasta el momento no hay una comunicación en el programa, en el mismo horario de franja radial, tal como lo solicitamos, que haya hecho una aclaración contundente frente a los campesinos de Las Franciscas, que en este momento son campesinos que gozan de su derecho a la restitución”, afirma Martínez.

Los campesinos siguen recibiendo amenazas y la falta de información clara y precisa de los periodistas en temas de restitución de tierras, los pone en un riesgo aún más grande. Por ello, la jurista hizo el siguiente llamado: “Los medios deberían estar señalando la importancia de los fallos de restitución y solicitando su cumplimiento, pero lo que están haciendo es poner al servicio de otros intereses económicos estas voces que tienen resonancia en las regiones para sembrar un manto de duda frente a la legitimidad de la propiedad de campesinos y campesinas en el caso de Las Franciscas”.