"Una marcha de delincuencia financiada con recursos púbicos"

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a marchar en favor del “Gobierno del Cambio”, luego de las multitudinarias movilizaciones en contra de sus políticas y sus principales reformas sociales (pensional, laboral y sanitaria) del pasado 21 de abril. 

“Trabajadoras y trabajadores, jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas, este 1 de mayo a la calle”, declaró la semana pasada en un trino que acompañaba un video promocionando la marcha publicado en la red social X. El mandatario invitó a la ciudadanía a “acompañarlo” a caminar hasta la icónica Plaza de Bolívar, donde dió un discurso.

Además de las principales centrales sindicales del país, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente estuvo acompañado por miles de indígenas de la Minga Suroriente del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), entre otras comunidades y pueblos indígenas.

En un comunicado emitido el 29 de abril a través de su portal web, el Cric afirmó su respaldo al llamado del Jefe de Estado durante las manifestaciones del 1 de mayo, declarando: “como movimiento indígena del departamento del Cauca, una vez más nos movilizamos para apoyar las reformas políticas del gobierno progresista”. 

No obstante, a lo largo del Día de los Trabajadores, así como antes y después, surgieron varios mensajes estigmatizantes en las redes sociales que sugieren que las comunidades indígenas están participando en las movilizaciones a cambio de remuneración por parte del gobierno o siendo instrumentalizadas, en lugar de hacerlo por convicción.

Uno de esos mensajes provino del congresista Miguel Polo Polo, quien ha sido un férreo opositor al gobierno de Gustavo Petro. En su cuenta de la red social X, señaló que diversos sectores sociales marcharían el 1 de mayo movilizados por el Ejecutivo y gracias a los recursos del Estado. En su trino que fue visto por 92 mil personas, equiparó al movimiento indígena con las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln.

Por su parte, Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático,  reiteró la idea de que los “indígenas no marchan gratis”, como lo había referido en una anterior movilización que acompañaron los indígenas, en septiembre del año pasado. (Leer más:  "Los indígenas no marchan gratis")

Con la intención de desacreditar las marchas de las comunidades indígenas del Primero de Mayo, dos días antes afirmó en su cuenta X que “en las marchas de apoyo a Gustavo Petro del pasado 27 de septiembre de 2023, el gobierno nacional movilizó 570 buses y repartió 22.000 kits de comida para lograr llenar sus eventos en Medellín y Sincelejo”. 

Respuesta de voceros indígenas

Estas afirmaciones, calificadas como “irresponsables, racistas, clasistas y cobardes” por el Cric, constituyen el principal argumento utilizado para desinformar y tratar de deslegitimar la marcha de los indígenas, insinuando que dicha movilización se llevó a cabo con fondos provenientes de los impuestos pagados por los colombianos.

Ante esos mensajes, Camilo Niño, líder del pueblo indígena Arhuaco y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explica que su “movilización expresa nuestro reconocimiento de un gobierno sensibilizado y comprometido con nuestros derechos y es manifestación de nuestro apoyo a los procesos políticos que promueven y establecen escenarios que reafirman la vida y el territorio”.

Ante los cuestionamientos de que estas comunidades promuevan las reformas del gobierno nacional a pesar de que algunas no pagan impuestos y cuentan con su propio sistema de salud, Niño sostiene que “cuando las comunidades indígenas marchan, lo hacen desde un compromiso colectivo de construcción del país (...) para defender los derechos humanos”.

Así, tanto para la CNTI como para el Cric, la participación masiva de los pueblos y las comunidades indígenas en las marchas del Primero de Mayo fue sobre todo para demandar la protección de sus derechos fundamentales, incluido su derecho a la garantía del territorio y a la defensa de la vida, ante el asesinato de sus líderes. 

“Es la primera vez en la historia del país que se han designado líderes y lideresas indígenas en escenarios de decisión y de gestión para avanzar en la garantía de derechos”, explica Niño.

Por otro lado, la senadora Aída Quilcué, quien proviene de la comunidad Nasa del departamento de Cauca, insiste en que la idea de la instrumentalización y contratación del movimiento indígena para favorecer los intereses del actual gobierno es una estrategia muy peligrosa de “quienes han querido que los pueblos indígenas desaparezcamos de este planeta, nos han estigmatizado y nos han tratado peor que los zapatos de ellos”. 

Y en cuanto a las palabras del exvicepresidente Francisco Santos, también realizadas con motivo de esa movilización, denuncia que tienen un carácter deshumanizante. “Pacho Santos dice 'se alquilan' como si nosotros fuéramos animales, como si nosotros fuéramos un objeto”, expresa con preocupación. 

Niño recuerda que esa estigmatización no es nueva: “Los mensajes publicados por estas personalidades mantienen la estigmatización de los pueblos indígenas, que representan expresiones de discriminación y racismo, que resultan ser problemáticas estructurales dentro de nuestra sociedad y que demuestran que se siguen manteniendo discursos y prácticas institucionalizadas que desconocen la diversidad multiétnica y pluricultural que como sociedad nos constituye.”

Además, es insistente en señalar la gravedad de la falta de sanción moral y pública, así como el tratamiento pasivo o complaciente que algunos medios de comunicación dan a este tipo de opiniones “que han estado vinculados ideológica e históricamente con el de despojo de nuestros territorios y con la violación sistemática de nuestros derechos humanos”.