Amenazas de las AGC contra líderes y organizaciones del Catatumbo

Mediante un panfleto, con fecha de noviembre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “como brazo político de la organización central Clan del Golfo”, amenazan de muerte y ordenan salir del territorio a 13 defensores de derechos humanos y 16 organizaciones sociales del departamento de Norte de Santander.

En el panfleto dicen que anuncian “una guerra sin cuartel por la recuperación de la región nororiental, principalmente Norte de Santander”. Afirman que esta región se encuentra “en dominio por la izquierda”, que le permite al gobierno actual realizar, de manera sistemática, el desmonte de las estructuras que las AGC ya habían consolidado durante los últimos 20 años en esa región del país, lo que afecta a “gremios de la producción clave para la economía regional”.

Además, dice este grupo armado que no cree en la política de Paz Total implementada por el actual gobierno nacional, “ya que lo que ha hecho es fortalecer al ELN, a las disidencias de las Farc y del EPL”, por ello han detectado organizaciones y personas que apoyaron activamente la campaña presidencial de Gustavo Petro y son declarados objetivo militar. “Deben abandonar el ejercicio de acciones políticas, abandonar la región o de lo contrario sentirán el peso del poder de nuestras armas”. Luego arrojan la lista, con nombres y apellidos de las personas y organizaciones sociales amenazadas.

Al final del panfleto, las AGC aseguran que tienen otros nombres de organizaciones que las darán a conocer en “la siguiente comunicación”. Advierten que harán limpieza social en Cúcuta y los demás municipios del área metropolitana. “La izquierda nunca volverá a ganar espacios con su ayuda, ya estamos infiltrados en los barrios y comunas. Esto no es un juego” dice.

A través de un comunicado público, firmado por los líderes y organizaciones amenazadas, rechazan esta nueva intimidación que constituye un ataque directo contra la labor de defensa de derechos humanos, contra el tejido social y los procesos de las comunidades del Catatumbo. “Esta amenaza masiva no es un hecho aislado sino parte de una estrategia de intimidación en medio de una escalada del paramilitarismo en el norte del país y refleja la sistematicidad con que estos grupos armados buscan anular cualquier esfuerzo por la paz, los derechos humanos y la justicia social”.

Wilfrido Cañizares, director de la Fundación Progresar y uno de los amenazados por las AGC, a quien este grupo armado llama “exguerrillero y defensor de derechos humanos”, dice que este mensaje les llegó al WhatsApp personal de varios líderes de las organizaciones más representativas de la región y recalca que ese tipo de panfleto les llama la atención porque hace mucho énfasis en el tema del gobierno, pues los acusan de estar al servicio de este.

Este año, las amenazas han sido muy recurrentes, dice Cañizares. En tan sólo una semana recibieron, como organización, seis casos de amenazas de manera directa. “Entre enero y noviembre acompañamos 85 casos de amenazas contra defensores de derechos humanos. Esto indica que es un tema duro en la región y que no ha cedido. Las cifras de este año son mucho más altas que el año pasado, donde atendimos 62 compañeros o compañeras amenazadas”, afirma Cañizares.

El director de la Fundación Progresar dice que esta organización tiene 33 años luchando por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, por lo tanto son muy visibles en Norte de Santander. “De manera permanente hacemos denuncia pública contra quienes violan los derechos humanos en la región, actuamos jurídicamente, representamos legalmente a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, participamos del movimiento social y de la movilización popular en la región”.

También acompañan a comunidades en riesgo para su fortalecimiento y, dice Cañizares, confrontan permanentemente a la autoridad local y regional frente a los problemas de violencia, de complicidad con el crimen organizado y de corrupción. Por esas acciones, sus integrantes han recibido todo tipo de amenazas y violencias, principalmente de actores armados, incluida la fuerza pública.

“Hemos denunciado ante el gobierno nacional los perfilamientos y las labores de inteligencia que se desarrollan desde la Policía Metropolitana de Cúcuta contra nosotros y otras organizaciones de derechos humanos en la región”, señala Cañizares.

El conflicto armado no da tregua en el Catatumbo

La disputa territorial en esta región del país por parte de grupos armados es la principal amenaza contra la vida de líderes sociales y de las comunidades, quedan en medio de un conflicto que no les pertenece. Allí confluyen guerrillas, disidencias de las Farc, narcotraficantes y bandas criminales generando confrontaciones entre ellos mismos.

Dice Cañizares que las Autodefensas Gaitanistas entraron a Cúcuta en el año 2020 después de que cooptaron a integrantes del grupo armado Los Rastrojos.  “En Cúcuta nosotros tenemos georreferenciada la presencia de los 'gaitanistas' en alrededor de 25 sectores de la ciudad, entre barrios y comunas. Han venido en un proceso de expansión, principalmente en el área metropolitana de Cúcuta como Villa Rosario, Los Patios y El Zulia y en las áreas rurales de estos mismos municipios”.

En el último informe semestral del Programa Somos Defensores, llamado Telegrama, dice que entre 2022 y hasta lo corrido de 2024, territorios como Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Arauca, Putumayo, Bolívar y Caquetá, “han experimentado no solo el deterioro de la situación humanitaria sino también un alto número de agresiones contra personas defensoras y quienes ejercen liderazgos sociales”.

El informe, realizado entre enero y octubre de 2024 por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de Somos Defensores, registró un total de 355 agresiones cometidas en contra de 318 personas. “Esto se debe a que, en algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho”, dice.

Aunque en el primer semestre de 2024 las agresiones contra líderes sociales disminuyeron según este informe, la realidad de algunos territorios sigue generando alarmas. (Leer más en: Agresiones a defensores de DD.HH. mermaron en el primer semestre).

Los departamentos donde se presentó el mayor número de agresiones contra los liderazgos fueron Cauca con 120 hechos, Antioquia con 52 hechos, Santander con 27 hechos y Norte de Santander con 18 hechos. En Norte de Santander, de los 18, cuatro fueron asesinatos contra líderes y 11 fueron amenazas directas contra defensores de derechos humanos.

Sobre esta situación en el Catatumbo y los constantes hostigamientos, VERIFICO ya había registrado amenazas a organizaciones sociales durante el primer semestre de 2024. (Leer más en: Amenazan a lideresa estudiantil y organización de derechos humanos en Norte de Santander.)

En cuanto a la reciente amenaza hecha por las AGC contra defensores y organizaciones de esta región del país, quienes firman el comunicado público de rechazo, denuncian que hay inacción del Estado colombiano, falta de voluntad política, y complicidad de las autoridades para proteger la vida de los líderes.

“Durante años hemos alzado nuestra voz exigiendo garantías y protección, pero el Estado ha fallado convirtiéndose en un actor que por su omisión causa altos niveles de impunidad en las investigaciones (...) y permite que los grupos armados avancen y ejerzan un control en nuestros territorios”, dice el comunicado.

Frente a la gravedad de la situación, exigen a las diferentes instituciones estatales convocar un espacio presencial para atender la emergencia humanitaria que están viviendo líderes y comunidades en Norte de Santander.